La guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderón se inventó para
buscar la legitimidad, que no obtuvo en las urnas en 2006, tiene hoy al
país al borde de la desesperación ante las 30 mil 197 muertes que se
habían contabilizado desde el inicio de dicha guerra, hasta el último
día del 2010.
Felipe Calderón lanzó al ejercito a las calles, sin
la más mínima estrategia, a llevar a cabo labores de policía para las
cuales no estaba, y aun no lo está, preparado. El resultado han sido
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y por supuesto los ríos
de sangre que a diario corren por todo el país, desde hace cuatro años.
Ha
quedado demostrado que tener al ejercito en las calles no ha hecho otra
cosa más que aumentar la violencia, los supuestos golpes a los
cárteles-que curiosamente sólo se golpea a ciertos grupos delictivos en
tanto que a otro pareciera que no se le toca-no han sido otra cosa más
que "shows mediáticos"; por cada cabecilla que cae, surgen dos o tres
más para disputarse el puesto vacante haciendo cada vez más sanguinaria
esta guerra, y por lo tanto en terror que a diario se siembra en la
población cada vez es mayor.
La estructura básica de los cárteles
no se ha visto afectada, en tanto que las empresas lavadoras de dinero
del narco no han sido tocadas y por lo tanto se les permite recomponer
ante los supuestos golpes que les dan.
La descomposición social,
producto del sistema neoliberal, va en aumento, lo cual es terreno
fértil para que los cárteles de narcotráfico puedan seguir creciendo, la
falta de oportunidades para lxs jóvenes en México hace que vean en el
crimen organizado una opción de subsistencia.
México se ha
convertido en un campo de batalla, donde cualquier ciudadano es
susceptible de convertirse en un "daño colateral" más-este es el
eufemismo que utiliza Calderón para denominar a lxs mexicanxs que han
perdido la vida en su estúpida guerra-, término que resulta por demás
ofensivo para los millones de mexicanxs que vemos con rabia e impotencia
como nuestro país se desangra.
De esta guerra no solamente son
víctimas lxs fallecidxs, son víctimas también sus padres, sus hermanxs,
sus hijxs, sus conyugues, somos victimas todos y todas. Hoy por hoy el
pueblo mexicano es víctima de una estrategia fallida de Felipe Calderón.
Ante el hartazgo de diversos sectores de la sociedad, un grupo de caricaturistas mexicanos, encabezados por Eduardo del Río "Rius", decidieron iniciar, el lunes 10 de enero, una campaña nacional denominada No + Sangre, como
una forma de gritarle al gobierno de Felipe Calderón que no estamos de
acuerdo con que se nos haya embarcado en una guerra que no pedimos y que
ya estamos cansadxs de ver correr la sangre por nuestras calles y
barrios.
En una entrevista para Proceso Rius
expuso que a partir del 10 de enero se invitará a la sociedad a colocar
en un lugar visible de sus casas, oficinas o vehículos cartulinas o
papeles con la leyenda "¡No + Sangre!" (Proceso No. 1784). Esta sencilla
frase es el grito de un pueblo desesperado, cansado, frustrado, lleno
de rabia y dolor.
Kaos. México
Caricaturistas mexicanos lanzan campaña contra la violencia
Telesur
Los
caricaturistas más famosos de México lanzaron este lunes en los diarios
de mayor circulación del país una campaña en contra de la violencia
ligada al crimen organizado y que ha cobrado la vida de más de 30 mil
personas desde 2006.
Los humoristas gráficos usaron los lemas
No + sangre y Basta de sangre en sus viñetas, en las que hicieron
críticas a la estrategia de combate frontal que emprende el Gobierno de
Felipe Calderón para hacerle frente al narcotráfico.
"Es increíble
que México sea un país que está siendo víctima de esta ola de sangre
igual que si estuviéramos en Afganistán o en Irak. Es inconcebible que
se esté viviendo esto en México'', comentó el caricaturista Eduardo
del Río, conocido como Rius en una emisora de radio local.
Rius
consideró que esta campaña es un "llamado romántico (...) para a ver si
la gente se suma a esta campaña de descontento y se manifiesta en esa
forma pacífica".
Por su parte, el humorista Rogelio Naranjo basó
su trabajo en una calavera vestida con harapos situada en el centro de
un charco de sangre con una pancarta donde se lee No + sangre.
Adicionalmente,
el artista gráfico Helio Flores elaboró una mano que sostenía una
cartulina ensangrentada que decía Basta de sangre.
Por su parte,
el dibujante Rafael Barajas, conocido como El Fisgón usó al presidente
Felipe Calderón vertiendo sangre de un corazón a una tasa, en una obra
humorística donde se observa el lema Basta de sangre.
El pasado 6
de enero, el presidente Calderón admitió que el año 2010 fue uno de los
más violentos en la historia de su país, por la lucha que sostiene su
Gobierno contra el crimen organizado en entidades fronterizas con
Estados Unidos.
En la lucha del estado contra las bandas
delictivas, el Gobierno ha desplegado unos 50 mil militares en varias
zonas del país desde el año 2006 lo que ha desembocado en un incremento
abrumador de la violencia.
El pasado 16 de diciembre la
Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) reveló que en 2010
hubo 12 mil 456 muertes violentas en el territorio, gran parte de ellas
asociadas al crimen organizado.
Alto a la violencia
Editorial de La Jornada
Ante
el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la
delincuencia organizada en el país y la guerra en su contra en la
que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las
víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus
garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral
de la República. Las declaraciones reiteradas y los despliegues
–aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas
de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco
son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la
inacción sociales ante esta catástrofe.
Además de los 30 mil
muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos
visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y
justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la
legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el
desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la
impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes:
de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.
Las
cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan
alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los
presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados,
ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por
corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El
resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la
población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.
Adicionalmente,
los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas
modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector
económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación
incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las
ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El
lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que
ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la
persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.
A
pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el
sentido de que la mayor parte de los muertos de esta guerra han sido
integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es
una garantía individual que corresponde a todas las personas,
independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de
30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del
actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados
culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.
La
actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le
restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de
imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente
mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia
antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la
que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía
nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la
desintegración institucional que ya se vive.
La defensa de la
legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a
la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el
derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el
desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del
país.
El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad,
los costos políticos de su decisión inicial: el emprender unaguerra
–la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar
con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a
cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos
sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política
que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la
movilización contra las organizaciones criminales.
Por definición,
a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con
responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia
supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las
autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones
concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.
Vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-raiz-desesperacion-sociedad-inicio-campana-no-sangre
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-raiz-desesperacion-sociedad-inicio-campana-no-sangre
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