miércoles, 18 de enero de 2017

Mundo: Gasolinazo en México. Lecciones para América Latina ...Por Gerardo Honty*






El pasado 1º de enero entró en vigor una decisión del gobierno mexicano que pretende liberar los precios de los combustibles, medida que ha generado movilizaciones de rechazo en todo el país. Las protestas -en contra de lo que se llamó “el gasolinazo” han alcanzado ribetes en extremo violentos. Tres personas murieron en los enfrentamientos con la policía y al menos 1.500 personas han sido arrestadas en estos días.

El objetivo principal de la medida es abandonar los subsidios a los combustibles y alinear los precios internos con los internacionales. Seis años atrás, en diciembre de 2010 el gobierno boliviano intentó una medida similar —también designada popularmente como “gasolinazo”— que provocó el mismo tipo de revuelta popular. Más allá de las situaciones particulares de cada país, y el tipo de reformas que ambos gobiernos propusieron o proponen el problema de fondo trasciende a las ideologías y a los gobiernos: el fin del petróleo barato.


Los componentes de la crisis


Más allá del debate sobre las virtudes de la liberalización o estatización del sector hidrocarburos, y de las responsabilidades por errores o aciertos del pasado, la medida del presidente Peña Nieto responde a una realidad económica y financiera insostenible. La producción de hidrocarburos es cada vez más costosa, la empresa estatal está fundida y la demanda de combustible es creciente. Sin dudas pudieron haberse adoptado otras medidas en el pasado y en el presente para evitar este desastre actual. Sin dudas Pemex pudo haber sido mejor gestionada y la Reforma Energética pudo haber sido diferente. Pero nada de eso hubiera evitado, más tarde o más temprano, el aumento de los combustibles.

Uno de los componentes que conducen a esta situación es el aumento del consumo de derivados de petróleo en la economía mexicana signada fuertemente por el aumento del consumo de combustibles en el transporte. El transporte representa el 46% del consumo energético total y dentro del transporte, el 91% corresponde al consumo vehicular. El crecimiento del parque automotor mexicano ha sido constante, como lo ha sido en todos países de la región latinoamericana. En 2012 había en México 300 vehículos por cada 1000 habitantes -el doble de la tasa del año 2000- y había alcanzado los 35 millones de vehículos, dos tercios de los cuales eran automóviles privados. Entre 2006 y 2014 el gobierno tuvo que destinar subsidios por 53.000 millones de dólares para sostener bajos los precios de la gasolina y el diésel.

Otro de los elementos de la crisis es la caída en la producción nacional de hidrocarburos. La producción de petróleo y la refinación de derivados se han reducido sustancialmente en los últimos años. En 2004, la producción petrolera mexicana se encontraba en los 3,4 millones de barriles diarios pero en la actualidad no alcanza a 2 millones, el menor nivel desde 1980. Por otra parte la capacidad de refinación apenas cubre el 60% de las necesidades del país lo cual ha obligado al gobierno a importar 2 millones de barriles diarios de gasolina desde los Estados Unidos, más de la mitad de lo que se consume en el país.

Finalmente, las reservas actuales son más caras de explotar. México cuenta con unos 100 mil millones de barriles de hidrocarburos en recursos prospectivos —diez veces más que sus reservas petroleras actuales—, pero estos ya no son los yacimientos “convencionales” que hasta ahora el país había logrado explotar a costos medios de 6 dólares por barril. Se trata de recursos no convencionales en aguas profundas, o que requieren de fractura hidráulica (fracking) para ser extraídos y que —según analistas internacionales— tienen costos de explotación por encima de los 50 dólares por barril.


si bien es probable que haya problemas de gestión en Pemex, parece evidente que este es más bien un problema estructural para toda la industria petrolera en la actualidad

Estos costos son imposibles de asumir para una empresa como Pemex que ha arrojado pérdidas por USD 40.000 millones en 2015, y arrastra deudas por casi USD 100.000 millones. Pero aunque lo pudiera hacer, no podría sostenerse con los precios actuales de la gasolina. Hay muchas críticas al manejo que se ha hecho de la empresa y seguramente hubiera podido ser mejor. Pero vale la pena recordar que todas las grandes compañías petroleras, de la región y del mundo, están sufriendo situaciones similares, tomando deuda y vendiendo activos para tratar de sobrevivir. Más aún las compañías que en los últimos años se han dedicado a la explotación de no convencionales. De manera que, si bien es probable que haya problemas de gestión en Pemex, parece evidente que este es más bien un problema estructural para toda la industria petrolera en la actualidad (1).

En julio de 2015 el sector de los hidrocarburos mexicanos se abrió a la participación privada después de 70 años de monopolio estatal. Más allá de las razones “ideológicas” que pudiera tener el gobierno de Peña Nieto respeto a las bondades de la privatización del sector, lo cierto es que los mejores yacimientos se han agotado en México y el sector privado no va a invertir en recursos prospectivos costosos si el precio de los combustibles no contempla esta realidad. A menos que el estado subsidie la diferencia.

Situaciones similares fueron las que obligaron a Bolivia y a Argentina a darle mayores beneficios a las empresas privadas para aumentar la explotación y exploración de hidrocarburos cada vez más caros.

Una vida sin petróleo




Peña Nieto había asegurado que la Reforma Energética en México no implicaría aumentos en las gasolinas. Ese fue un gran error. Más allá de la incidencia que haya podido tener esta reforma, es más que probable que las gasolinas hubieran aumentado de cualquier manera. Los hidrocarburos son cada vez más costosos y difíciles de extraer y los gobiernos latinoamericanos no tienen ni recursos ni tecnología para hacer frente a esta explotación y deben recurrir a empresas extranjeras.

Atraer las inversiones extranjeras conlleva necesariamente una política de precios que asegure cierto retorno económico para las empresas. Esto puede hacerse liberando los precios al mercado –lo que aumenta los precios al consumo— o aplicando subsidios, directos o indirectos, para mantener los precios bajos. Ni México, ni ninguno de los países latinoamericanos están en una posición económica que les permita sostener esos subsidios.


La particular situación mexicana debería alertar a los demás gobiernos de la región: deben prepararse para unos combustibles cada vez más caros. Seguir alentando sistemas productivos, de transporte y de consumo final basados en hidrocarburos, conducirá inevitablemente a estallidos sociales en el futuro

La particular situación mexicana debería alertar a los demás gobiernos de la región: deben prepararse para unos combustibles cada vez más caros. Seguir alentando sistemas productivos, de transporte y de consumo final basados en hidrocarburos, conducirá inevitablemente a estallidos sociales en el futuro. Porque los ciudadanos tienen su vida organizada en torno a combustibles baratos y dependen de todos los servicios energéticos que estos proveen para su vida: movilidad, calefacción, cocción, etc. El aumento de los precios de estos servicios serán insostenibles para la mayoría y los gobiernos solo tendrán la opción del subsidio para mantener precios bajos.

Las inversiones públicas o el fomento de la inversión privada deberían comenzar a orientarse hacia sistemas productivos y de consumo para una era pos petrolera. Por ejemplo, debería invertirse más en sistemas de transporte fluviales o ferroviarios y ya no invertir en carreteras. Debería invertirse en trasporte público más que en ampliación de avenidas o construcción de autopistas urbanas que aumentan el parque vehicular privado. Debería invertirse más en exploración eólica y solar más que en exploración de hidrocarburos. Y al contrario de asegurar que los precios de la energía no van a aumentar, comenzar a transmitir que la energía será cada vez más costosa y habrá que irse adaptando a esa nueva realidad.


Las inversiones públicas o el fomento de la inversión privada deberían comenzar a orientarse hacia sistemas productivos y de consumo para una era pos petrolera. (...) debería invertirse más en sistemas de transporte fluviales o ferroviarios y ya no invertir en carreteras. Debería invertirse en trasporte público más que en ampliación de avenidas o construcción de autopistas urbanas que aumentan el parque vehicular privado. Debería invertirse más en exploración eólica y solar más que en exploración de hidrocarburos.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lanzó una alerta a fin del año pasado: no se están realizando inversiones en explotación de combustibles fósiles debido a los bajos precios actuales del petróleo y esto traerá como consecuencia un desabastecimiento en el corto plazo. Necesariamente los precios del petróleo y de los combustibles serán más altos porque ya no existe la posibilidad de producir hidrocarburos a costos bajos como ocurrió en el pasado (2).

El aumento de los precios de la gasolina no es responsabilidad del gobierno mexicano, así como no serán responsabilidad de ningún gobierno los futuros aumentos que se avecinan en la región. Esta es una realidad que hay que asumir porque se acabó la era del petróleo barato. La verdadera culpa de los gobiernos es cerrar los ojos ante esta realidad evidente y no asumir ante los ciudadanos que de ahora en más la energía será más cara y hay que adaptarse. Es deber de los gobiernos decirle a la población que ya no habrá gasolina barata, a menos que esté dispuesta a dedicar una parte cada vez mayor de sus impuestos a sostener los subsidios.

La culpa de los gobiernos es no alertar a sus votantes que deben hacer cambios en las formas de apropiación y uso de la energía para sobrevivir. Es no generar políticas para reducir su uso, hacerse menos dependiente de su consumo creciente, promover alternativas de vida menos demandantes de los recursos energéticos. Deben comenzar a hacerlo o sucumbirán. Y los costos sociales serán enormes, como lo demuestran todas las experiencias latinoamericanas que han tratado en los últimos años de adecuar los precios de la energía a sus costos reales.
Notas:

(1) Véase “El adiós al petróleo barato en la globalización” http://www.alainet.org/es/articulo/175158

(2) Véase “Energía global: tiempos difíciles” http://energiasur.com/energia-global-tiempos-dificiles

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*Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social)
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Fuente: ALAI: http://www.alainet.org/es/articulo/182865

vía:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/16/01/2017/gasolinazo-en-mexico-lecciones-para-america-latina

Puerto Rico: La digna lucha de Oscar López Rivera pudo con la brutalidad del Imperio...por Carlos Aznárez.






Festeja el pueblo puertorriqueño con conciencia de Patria. Festeja también desde alguna estrella donde, siempre irreverente, se halla instalado ese gran revolucionario independentista llamado Filiberto Ojeda Ríos, asesinado cobardemente por el FBI en tiempos pasados. Su vieja trompeta acompañará al coro rebelde integrado por Don Pedro Albizu Campos, José Antonio Corretjes, Eugenio María de Hostos, Blanca Canales y Lolita Lebrón, felices por la noticia. Todos y todas ellas, con el puño en alto y abrazando la bandera por la que tanto han dado, incluso su vida, hoy se suman a la celebración. No es para menos, un hermano de sangre, tenaz, inclaudicable guerrero dispuesto a jugarse siempre por los mas humildes, le ha ganado la pulseada al Imperio.

Oscar López Rivera, lo sabe todo el mundo, va a recuperar su libertad en pocos meses, producto de un “indulto” que no es tal sino del fruto de una aguerrída y masiva movilización popular, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional.

No, nos engañemos: de la misma manera que Obama, el carnicero de los pueblos de Medio Oriente, bajó la cabeza recientemente ante la gallardía del pueblo cubano y tuvo que reconocer que el bloqueo sirvió de poco y nada a los intereses de sus criminales promotores, ahora hay que ver este logro de la libertad de Oscar en la verdadera dimensión de lo que significa. Y no es más que una nueva demostración que la férrea unidad del pueblo boricua, más allá de sus diferencias, ha podido arrancar de las cárceles yanquis a uno de sus mejores hijos.

Cabe recordar que cuando mencionamos a Oscar como un patriota, lo planteamos no sólo por las afrentas y dolorosas penalidades sufridas en prisión en estos últimos 36 años, sino por todo su trabajo en pos de una sociedad más inclusiva, menos racista y sobre todo, por luchar denodadamente por romper las cadenas coloniales que atan a su país con el Imperio. En 1981, Oscar fue detenido por su pertenencia a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y condenado a 55 años de cárcel, a los que en 1988 se le agregaron otros 15 años adicionales, como producto de los juicios-farsa que se ejecutan a diario en los Estados Unidos. Antes de ello, cuando como muchos jóvenes boricuas fue obligadamente reclutado para combatir en Vietnam, pudo comprobar in situ lo que significaba la bestialidad descargada por el imperialismo contra otros pueblos. Pero fue a su regreso a Chicago, cuando, con militante conciencia comenzó la lucha por los que Fanon denominó “condenados de la tierra”.

Todas las iniciativas por mayor justicia social, vivienda, educación, salud para los excluidos de la población latina y afroamericana tuvieron a Oscar como uno de sus grandes impulsores. Fogueó su temple emancipador en innumerables actos de desobediencia civil y de enfrentamiento contra quienes de manera descarada explotaban a sus hermanos. En cada una de esas ocasiones la respuesta a demandas pacíficas y más que lógicas, siempre fue la represión, las detenciones, las torturas a quienes osaban rebelarse allí mismo, en el corazón del monstruo.

Cuando en 1976 se enrola en las FALN y pasa a la clandestinidad, Oscar sabía que esa decisión, la de ser un revolucionario, se tomaba para toda la vida, y que indudablemente podía traer aparejado lo que luego se descargó sobre su cuerpo. Esa consecuencia, surgida de entender que la pelea por la independencia exige de grados superiores de compromiso pero también de dignidad, lo llevó a que en 1999 cuando Clinton amnistió a varios presos políticos puertorriqueños, Oscar rechazara esa concesión debido a que otros de sus mejores compañeros aún deberían permanecer en la cárcel. Con ese fuerte gesto en su mochila, se dispuso a seguir mostrándole los dientes a los enemigos de su pueblo, con la confianza que su libertad se produciría por la presión que pudieran hacer los hombres y mujeres por los que él había entregado tantos años de militancia.

Como ocurre con esos muros que los poderosos construyen para separar pueblos o silenciar verdades, la constancia de la movilización popular comenzó a perforar de a poco lo que aparentaba ser imposible de derribar. El rostro sonriente de Oscar se entremezclaba con cientos de banderas puertorriqueñas, las y los jóvenes que en su momento se lanzaron a las calles a homenajear a Filiberto y a los Macheteros, supieron organizar miles de actos, marchas, acciones culturales, en los que el pensamiento de Oscar, sus reflexiones patrióticas (“Amo a mi patria a pesar de que es la colonia más antigua del mundo. Y es por eso que sigo diciendo que amar a Puerto Rico no cuesta nada. Lo que sería costoso es si la perdemos”.) vigorizaba todos ellos y ayudaba para sumar más y más voluntades tanto adentro como fronteras afuera.

La constante solidaridad de Cuba con la causa puertorriqueña ayudó a que la campaña mundial por Oscar adquiriera una dinámica que posibilitó que su caso, en el marco de tantos y tantos prisioneros antiimperialistas, se comenzara a convertir en símbolo de exigencia de libertad para todos ellos y ellas. Así fue, que recientemente, cuando Oscar cumplió 74 años, la movilización popular alcanzó un clímax que ni el propio patrón del Imperio pudo ignorar. Y de allí, no lo dudemos, de esa fuerza incontenible que es la de pelear por las causas justas surge este mezquina concesión de míster Obama, que en vez de abrir ya las puertas de la prisión, posterga hasta mayo esa alegría que todos hoy festejamos por anticipado.

Volverás Oscar a tu amada Nación puertorriqueña, lo harás invicto como los grandes luchadores y luchadoras, y cuando llegues a pisar esa tierra por la que sigues luchando te confundirás en mil abrazos, y entre ellos, en primera fila verás a otro guerrero como tú, que también se alzó en armas y masticó durante décadas la bronca carcelaria y que ahora sigue batallando sin descanso a pesar de los años. Se llama Rafael Cancel Miranda, y ha sido uno de los más insistentes con sus escritos y poemas en reclamar tu libertad a escala internacional. Te bañarás en multitudes Oscar, en merecidos agradecimientos por haber sido tan fuerte como un roble, y lo que es más importante, tu nombre será vitoreado por esas nuevas generaciones que más temprano que tarde serán las llamadas a conseguir la impostergable independencia, por la que patriotas como tú fueron marcando el camino. Ese día, desde todos los confines de Nuestra América, gritaremos: ¡Viva Puerto Rico libre!, no tengas dudas Oscar.

Texto de opinión publicado en Resumen Latinoamericano


vía:
https://desinformemonos.org/la-digna-lucha-oscar-lopez-rivera-pudo-la-brutalidad-del-imperio/

Indignados: De Dakota a la Patagonia, rebeldía que no cesa....Silvia RIbeiro





De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire. Resisten además las mil formas de tratar de invisibilizarlos, de afirmar que no existen o no son pueblos; de que cada lucha, cuando sale a la luz y convoca solidaridad, sea vista como fenómeno localizado y aislado, donde no hay historia, no hay identidad, no hay organización, no hay solidaridad y redes con muchos otros. Las luchas indígenas tienen muchas capas de significación que nos tocan a todas y todos, aunque a menudo solo las percibimos a partir de sus resistencias en momentos de represión y amenaza.

Al Sur del continente, los mapuches , tanto en Chile como en Argentina –su territorio ancestral nunca tuvo esa frontera– son perseguidos judicial y militarmente, por defender sus territorios contra grandes forestales, hidroeléctricas, petroleras y otras empresas y negociados de los gobiernos de turno con sus tierras. En cada conflicto se les ha aplicado –o intentando hacerlo- leyes anti-terroristas, leyes que vienen de las dictaduras militares, con persecución militar, policial y judicial. En ambos casos, particularmente en Argentina, el discurso oficial y mediático niega incluso que existan pueblos indios, como ha sucedido en el caso de muchos otros conflictos en territorios indígenas. A fin de 2016, el caso de la machi mapuche Francisca Linconao (autoridad moral, médica y consejera de su comunidad) levantó solidaridad en todo el planeta, cuando la machi Francisca, que se declara inocente y fue detenida sin pruebas, acusada por un incendio que dejó dos muertos en una finca forestal que ocupa y devasta sus territorios, emprendió una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que le concedieron, no la libertad, sino arresto domiciliario, el 6 de enero 2017. El juicio contra ella sigue.

El pasado 10 y 11 de enero, el gobierno argentino y el gobernador Mario das Neves de la provincia de Chubut, lanzaron en operación conjunta de la Gerdarmería Nacional y la policía local una feroz represión contra una comunidad (lof) mapuche que defiende su territorio en el departamento de Cushamen, Chubut. Este lof mapuche volvió a ocupar esa tierra en marzo 2015, luego de que hubiera quedado encapsulado en lo que desde 1991 es propiedad de la trasnacional italiana Benetton, uno de los mayores terratenientes de Argentina, con cerca de 900,000 hectáreas en la Patagonia.

En lo que Amnistía Internacional definió como una “operación cerrojo”, 200 gendarmes cerraron todas las vías de acceso y avanzaron disparando balas de goma y de plomo contra la comunidad, con enorme brutalidad, atacando mujeres, hombres y niños. El primer día tenían una orden judicial para liberar las las vías de un tren turístico que la comunidad había bloqueado con materiales, no personas. Nada más. El segundo día no tenían ni siquiera esa limitada orden, pero en ambas ocasiones atacaron violentamente a la comunidad, dejando una secuela de heridos y detenidos.

Al ataque brutal, siguieron las manipulaciones mediáticas. Medios locales acusaron a los mapuches de tirar piedras y “resistir violentamente un procedimiento judicial”, implicando que fueron ellos que provocaron la represión. El gobernador azuzó el conflicto declarando “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la patria, ni la bandera… En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva tranquila” ( 12/01/17 lavaca.org). Para el gobernador, “la gente” es la trasnacional Benetton.

Tal como denunció el querido historiador Osvaldo Bayer en el sitio Garganta Poderosa, se trata otra vez, de la Patagonia rebelde, una renovada “Campaña del desierto” (que condujo Julio Argentino Roca a principios de 1900) para terminar con los pueblos y tribus del Sur, ahora para dar paso a las empresas trasnacionales.

En toda la Amazonía, en la resistencia a la minería, petroleras y otras devastaciones están pueblos indígenas. En Ecuador, miembros del pueblo Shuar de la comunidad de Nankitz, Morona Santiago, intentaron en noviembre y diciembre recuperar su territorio, del que habían sido violentamente desalojados en agosto 2016 por fuerzas militares y policiales del gobierno, que nuevamente, dio atención a una orden judicial a favor de la empresa minera china Explorcobres S.A., pese a que el mismo gobierno no había cumplido siquiera con la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas Shuar. En los conflictos, murió un policía y varios resultaron heridos. Como rebote, a la organización ecologista Acción Ecológica, que desde hace años viene denunciando los impactos de la minería y petróleo y la violación de derechos indígenas y humanos en esas áreas, incluso el caso Shuar, el gobierno intentó clausurarla. Esto se logró parar, tanto por la vacuidad de las acusaciones contra esa organización, como por la amplia protesta nacional e internacional, pero las amenazas continúan: sigue la militarización en zona Shuar y situaciones parecidas de desalojos, acoso y violencia, se repiten en varios territorios indígenas del Ecuador donde quieren avanzar la mega minería, a favor de empresas extranjeras, sobre todo chinas.

La defensa territorial de los pueblos indígenas tiene un papel fundamental en la defensa de la vida y de la justicia a través de todas las Américas, como sucedió también con la movilización del Pueblo Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, contra el oleoducto DAPL, otro devastador emprendimiento que logró ser detenido en diciembre por la extendida y firme resistencia indígena. La convergencia de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas de base, así como en varios lugares con otros movimientos sociales, feministas, urbanos, campesinos, no es nueva, pero va adquiriendo nuevas formas y significados.

La historia y contundentes realidades del movimiento y las comunidades zapatistas abona, directa o indirectamente, a todos esos procesos de resistencia. México, casi como un continente en sí mismo, está atravesado de conflictos territoriales, ambientales, sociales, de injusticias, con incontables casos de represión abierta o encubierta, y con cientos de luchas y resistencias locales, muchas basadas en comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios y denuncias del Congreso Nacional Indígena reflejan muchos de ellos. La decisión de formar un Concejo Indígena de Gobierno y contraponer una candidata mujer e indígena a los discursos electorales es otra forma de poner en la mesa, invitando a muchos otros movimientos, estas realidades, heridas, resistencias, indignaciones y construcciones.


vía:
https://desinformemonos.org/dakota-la-patagonia-rebeldia-no-cesa/

Chile: El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA.: $3,8 billones entre 2011 y 2015.....Por : Alberto Arellano en Reportajes de investigación



Por : Alberto Arellano en Reportajes de investigación







La pensión por vejez promedio de las AFP es de $192 mil. La cifra contrasta con los $2,3 millones -también en promedio- que reciben los oficiales en retiro de las FF.AA., a través de Capredena. Entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de $3,8 billones. CIPER obtuvo una lista de 3.090 oficiales en retiro y encontró a 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuestan al Estado $1.200 millones anuales. Al menos media docena de ex DINA y CNI fueron contratados por el Ejército, luego de jubilar, para funciones docentes.

2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.


Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones. En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

También figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.
PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

A la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones. La sentencia en esta causa –en la que están involucrados 33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

En la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.
DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

En febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.
LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.


General (R) Ricardo Hargreaves Butrón

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.
AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

Un ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

Ortega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.



En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.


vía:http://ciperchile.cl/2017/01/16/el-exorbitante-gasto-fiscal-por-jubilaciones-de-ff-aa-38-billones-entre-2011-y-2015/

México: Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos....centroprodh.org.mx

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Ciudad de México - El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.

En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció.

Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.

El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad. En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan.

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.
El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década.

Organizaciones Sociales:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
México Unido contra la Delincuencia
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
Firmas individuales:
Alejandro Madrazo
Antonio Zavala Sánchez

Carolina Pimentel
Catalina Pérez Correa

Denise Dresser

Guadalupe Barrena

Javier Martin Reyes

Jorge Javier Romero

Jorge Javier Romero Vadillo

José Antonio Guevara Bermudez

José Pablo Girault

Josefina Ricaño de Nava

Juan Francisco Torres Landa

Luis F. Fernández

Martha Tagle

Margarita Griesbach

Miguel Concha Malo

Simón Hernández León

vía:http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2150:2017-01-10-23-20-20&catid=209:front-rokstories&lang=es

Perú: Puente Piedra, la punta del iceberg....Gustavo Espinoza M.







Los sucesos ocurridos el jueves 12 de enero en Puente Piedra -un distrito popular ubicado a 20 kilómetros al norte de Lima- han ocupado gran parte de los noticieros de la televisión, y muchas páginas de los diarios. Incluso la
“prensa grande
” y sus portavoces, han debido abordar el tema, incidiendo en su trascendencia e implicancias. Y es que el caso reviste diversas aristas y ocurre en una circunstancia singular, cuando la empresa más directamente beneficiada con la obra puesta en marcha por el Alcalde Castañeda y el Municipio de Lima, ha sido señalada como el símbolo imbatible de la corrupción en el Perú. 




La empresa brasileña Odebrecht, como se sabe, viene operando en el país desde hace varias décadas. Llegó a fin es de los años 70 del siglo pasado, invitada a invertir en el Perú en el periodo final del gobierno de Morales Bermúdez, cuando el régimen militar abandonó definitivamente las prácticas patrióticas y nacionalistas, y renegó en los hechos del mensaje de Velasco Alvarado. Pero ese, apenas, fue un inicio. Desbordo sus operaciones más tarde, en los años 90. Cuando Alberto Fujimori, en servil acatamiento a los dictados del Fondo Monetario y el Banco Mundial, impuso a rajatabla el “modelo neo liberal” que aún subsiste.

Después de Fujimori, administraciones sucesivas siguieron la huella del consorcio de marras y ejecutaron convenios, acuerdos, tratados, licitaciones y “addendas” de distinto corte y variado precio. Por lo que se conoce de la denuncia ya planteada en el Perú, los “negociados” principales tuvieron lugar bajo la administración de Toledo y García, y también de Humala. Aunque todo está aún por despejarse, ya han saltado nombres de personas que oficiaron de “intermediarios” para “operativos” siniestros gracias a los cuales se amasaron ingentes fortunas. La investigación del tema está en la orden del día, pero no concluirá a corto plazo. Lo previsible es que el tema de Odebrecht, y su secuela, ocupe -por lo menos- todo éste periodo de gobierno y esté en la mesa de debates aún para el 2021, como parodia de nuestro Bicentenario.

Múltiples son las expresiones derivadas de este caso. Unas tienen que ver con los gobiernos. Otras, con las coimas y sobornos entregados a gobernantes y funcionarios; pero también con las obras mismas, las más importantes de las cuales son la vìa interoceánica y las centrales hidroeléctricas. Pero de ellas, fluyen “acuerdos menores” como la construcción de caminos y las modalidades de pago que, en beneficio de la empresa, fueron pactados. De ahí es que deriva el tema de los Pagos de Peaje en las carreteras. La empresa, para ganar más –pero también de modo sostenido- puso en práctica la modalidad del pago por el uso de las vías, pretextando la necesidad de “asegurar su mantenimiento”. Y es claro que quienes asumen esos pagos, son los usuarios, vale decir las personas que se desplazan en vehículos, de un lugar a otro.

El transporte no se hace sólo de manera privada. El transporte público también debe transitar por esas rutas y -en el caso- el pago pasa a la cuenta del ciudadano obligado a trasladarse de un lugar a otro, en un micro desbaratado y maloliente. Ese fue el disparador en Puente Piedra. Porque ocurre que los “Peajes” ubicados en el distrito crean una situación singular: todas las personas que se desplazan en el interior del mismo, lucen forzadas a pagar por lo menos diez soles para “entrar” o “salir” del lugar en el que viven. La suma, equivale a algo más de tres dólares al día.

Una población severamente castigada por la crisis, en un país en el que el costo de vida virtualmente se ha hasta triplicado en los últimos diez años sin que hayan subido sueldos ni salarios; considera esta “carga” simplemente impagable. La juzgaría así, si el dinero recaudado fuera a manos del Estado –llamado a asegurar la conservación adecuada de las pistas- pero la juzga intolerable cuando sabe que él, irá a cubrir las arcas de la empresa acusada justamente de envilecer en los últimos años la vida nacional.
Fue eso lo que hizo explotar el caldero. Miles pobladores, la semana pasada, se movilizaron en torno al tema y no pararon hasta prender fuego a las cabinas de peaje, las mismas que, con sorprendente celeridad, fueron rehabilitadas 24 horas más tarde por el Municipio de Lima, a fin de asegurar que Odebrecht cobre “la suya”. El jueves 12, volvieron a tocar las campanas de la rebeldía y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, se prolongaron más de 18 horas; desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche, con una secuela previsible: heridos, contusos, detenidos y prófugos. En verdad, lo que la gente pudo ver por la Tele, fue un río humano golpeando con furia.
Muchos pueden preguntarse qué fue lo que ocurrió, o cuál es el fenómeno que nuestros ojos están viendo hoy en el Perú. Porque los sucesos de Puente Piedra, fueron apenas la punta del Iceberg. Y es que así como en el Círculo Polar Ártico, un pequeño pico de nieve oculta bajo el agua una verdadera montaña; los enfrentamientos en el distrito capitalino son apenas la señal de lo que corre por debajo de la tierra: una profunda, y tensa, convulsión social.

Ahora que andamos de aniversarios heroicos, podemos recordar que el 7 de noviembre de 1917 -según el nuevo calendario- los bolcheviques dieron inicio en Rusia a una etapa de la Revolución: destruyeron el Imperio de los Zares, y abrieron campo a una nueva sociedad. El 1 de enero de 1959 en Cuba los combatientes de Fidel acabaron con la dictadura batistiana, inaugurando un nuevo orden social, más humano y más justo. En un país como el nuestro, las cosas tienen otro signo.
Como aquí no hay una Vanguardia –o varias- que conduzca la lucha del pueblo; en el Perú el pueblo parece haber resuelto marchar sólo y por su cuenta. Y abrir, camino a una revolución social que será, por las condiciones concretas, infinitamente más lenta, y dolorosa, que todas las demás. Un verdadero Parto Social más complejo y difícil que todos los vividos en América.

Alguna vez, al definir la Revolución Social, Fidel dijo que ella era un fenómeno de masas que se producía cuando millones de hombres de un país decidían acabar con los problemas que agobiaban a millones de hombres de ese país. En otras palabras, cuando los pueblos tomaban conciencia de su fuerza, y de su capacidad; y emprendían -ellos mismos- la tarea de cambiar su realidad.
Bien podríamos decir, entonces que lo de Puente Piedra fue apenas un indicio de lo que subyace: la Revolución Social; que como no tiene liderazgo definido, asoma como una vorágine incontrolada. Así fue antes, en Conga, Tía María, y Las Bambas. Y así es hoy, en Puente Piedra. Un río caudaloso y bravío que algunos, aún no aprecian, ni comprenden.

¿Hubo infiltrados senderistas en la protesta? Es posible. También estuvieron los Comandos de Acción del APRA, esos que sirvieron para golpear a Susana Villarán en La Parada, o atizar la violencia reciente en Huaycán. Pero un río no trae solamente agua limpia. Trae piedras, lodo, troncos quemados, restos putrefactos, basura por doquier. Si alguno piensa no cruzarlo porque el agua “está sucia”, quedará la vida entera a la orilla. Jamás llegará a su destino.
Hay quienes se sorprenden porque los manifestantes de Puente Piedra tiraron piedras, usaron hondas o, incluso, lanzaron bombas “Molotov”. “Yo no imagino a los jóvenes fabricándolas, o haciendo uso de ellas” -dijo sorprendida- la Ministro de Justicia, Isabel Pérez Tello. Y es que ella, o ha tenido otra juventud, o “no ha tenido calle”, porque nosotros –los viejos de hoy- también en nuestros años mozos, fabricamos bombas Molotov, y las usamos con destreza Eso, no es nada del “otro mundo”.

Lo que ocurre es que nuestro pueblo, está haciendo su “experiencia de clase”, asimilado en la acción sus “formas de lucha”. Y deslindando los campos como corresponde. Aprenderá a cruzar el río y a destilar el agua, para librarla de las impurezas que hoy la afectan. Pero aprenderá también a transitar el camino del futuro para construir -lo decía el Amauta- “Un Perú nuevo, en un mundo nuevo”.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera


vía:http://rebelion.org/noticia.php?id=221786
 

Argentina: #EsUnCuento...Represión Trabajadores de la Prensa AGR-Clarín



C5N | El debate político - #CasiSeguroQueSi - Programa completo emitido el Lunes 16 de Enero del 2017 - con Gustavo Sylvestre, acompañado por Alejandro Bercovich y Mariano Hamilton

- Invitados a mesa de debate - OMAR PLAINI: Diputado Nacional-CGT; HUGO YASKY:Sec. Gral. CTA; GILBERTO ALEGRE: Diputado FR; GILDO ONORATO: Dirigente Movimiento Evita;

RESUMEN:
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WebSite MinutoUno: http://www.minutouno.com/contenidos/h...
Twitter Gustavo Sylvestre: ‏@Gatosylvestre - https://twitter.com/Gatosylvestre
Twitter Alejandro Bercovich: @aleberco - https://twitter.com/aleberco
Twitter minutouno: ‏@minutounocom - https://twitter.com/minutounocom?lang=es
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YouTube Canal C5N: https://www.youtube.com/user/c5n
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Chile-Pueblos Originarios: Joven mapuche baleado.. “En La Araucanía los carabineros matan niños, no los protegen” ....por Natalia Figueroa



En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Brandon Hernández Huentecol, baleado por efectivos policiales durante un control de identidad en Collipulli, pidió al Gobierno dejar de militarizar la zona. Además, hizo un llamado a participar en la movilización de este martes 17 de enero.


Para este martes a las 10 horas está fijada una marcha, en Temuco, por las víctimas de la violencia ejercida por Carabineros contra el Pueblo Mapuche.

La detención por nueve meses de la machi Francisca Linconao mientras se encontraba en un crítico estado de salud; la muerte de la activista Macarena Valdés; el parto de Lorenza Cayuhan, engrillada, son hechos que han acontecido en los últimos meses y que evidencian este contexto.

Se suma a ello el joven baleado por un carabinero en Curaco, Brandon Hernández Huentecol, quien recibió más de 140 perdigones en su tórax, mientras se le realizaba un supuesto control de identidad.

Pese a que se encuentra internado en la Clínica Alemana de Temuco fuera de riesgo vital, varias de las balas no pudieron ser extraídos de su cuerpo. El joven está siendo atendido por kinesiólogos y, según los doctores, podría ser dado de alta durante las próximas tres semanas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Brandon Hernández Huentecol aseguró acordarse de todo lo ocurrido el domingo 18 de diciembre pasado. Según explicó, estas semanas ha repasado estos hechos y “nada le cuadra”.

“No tenía ninguna relación con nada y me llegó un disparo. Yo estaba asustado, más que nada, porque me apuntaron con la pistola, me tiraron al suelo y de repente sentí el balazo en la cadera. Caí al suelo, apenas veía, me llevaron al hospital. No me acuerdo de nada más”.

El joven de diecisiete años señaló que es recurrente observar agresiones contra niños que quedan en total impunidad.

En esta línea, Brandon hizo un llamado al Gobierno a no seguir militarizando La Araucanía: “Que dejen de mandar carabineros que en realidad son como matones. A los niños los matan, no los protegen”.

Su madre, Ada Huentecol, afirmó que la muerte de niños y adultos mayores mapuche evidencia que el Gobierno les ha dado la espalda:“Queremos que nuestros hijos vivan su niñez libremente y que no sigan allanando nuestros hogares. El Gobierno está haciendo que nuestros hijos se críen atemorizados. Estamos en una guerra”.

Mientras, los familiares de la machi Francisca Linconao expresaron a través de un comunicado que estos nueve días que la autoridad ancestral ha estado en su rehue ha recuperado sus fuerzas, aunque sigue convaleciente.

Una recuperación que no ha estado lejos del “odio que ha generado su cambio de medida cautelar en los más ricos y poderosos e incluso en personajes de la farándula que sin pudor algunos han dejado ver su racismo e ignorancia ante la situación judicial y humanitaria”, explicaron.

Bajo este contexto, también dos estudiantes fueron detenidos el jueves pasado en Mulchén por funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE). Los jóvenes denunciaron ser golpeados y amedrentados sin tener conocimiento de las causas de la detención. Luego, fueron trasladados hasta el Tribunal de Garantía de Los Ángeles y acusados por porte ilegal de armas y receptación dejándolos en prisión preventiva por figurar como un “peligro para la sociedad”.

*Fuente: Diario UdeChile

vía:
http://piensachile.com/2017/01/joven-mapuche-baleado-la-araucania-los-carabineros-matan-ninos-no-los-protegen/

Argentina-Pueblos Originarios: ¡Basta de represión y violencia contra el Pueblo Mapuche!..../ Amnistía Internacional

El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a hombres, mujeres y niños del Lof Cushamen, en Chubut. Por el juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, por la adopción de medidas urgentes para garantizar la integridad física de la comunidad de Cushamen y por la solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad.
El 10 de enero, más de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras indígenas en las que habita la comunidad Mapuche (lof) Cushamen, en el sur de Argentina. A la par, la policía local intervino.
En ambos episodios la comunidad relató públicamente los hechos de violencia y represión que padeció: golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres, y hostigamiento a los niños y las niñas de la comunidad. Las mujeres y los niños dijeron que intentaron protegerse en la “ruca mayor” (vivienda comunitaria) mientras que la Gendarmería los mantenía allí encerrados hasta que decidieron ingresar por la fuerza al lugar. Algunos de los testimonios denuncian que los niños y niñas estaban aterrados por la presencia de hombres armados, que mujeres fueron arrastradas por el piso, así como que casas fueron destruidas, animales robados y muertos. A la par, se concretaron al menos 10 detenciones contra miembros de la comunidad y sus aliados.
El 10 de enero, en el marco del conflicto por el territorio, el juez federal Guido Otranto ordenó “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita…”. Según la orden, no se solicitó desalojar a la comunidad sino liberar el paso del tren turístico debido a un bloqueo. Sin embargo, la orden emitida no encuentra correlato con la magnitud del operativo y no hubo control judicial efectivo sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad, lo que resultó en los abusos y violencia cometidos por éstos.
El 11 de enero, esta vez sin orden judicial alguna, la policía de Chubut volvió a ingresar al territorio y arremetió contra la comunidad mapuche. Miembros relataron que las fuerzas dispararon contra los integrantes y dejaron varios heridos, algunos de gravedad. Uno de ellos tiene el maxilar destrozado y otro politraumatismo de cráneo. Las imágenes dan cuenta de los impactos de bala que mujeres recibieron de la mano de la policía. El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a hombres, mujeres y niños.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma, instando:
  • Que las autoridades avancen en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos de violencia perpetrados el 10 y 11 de enero, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la justicia;
  • Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad Cushamen del pueblo mapuche, con su plena participación
  • Que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad Lof Cushamen
FIRMEN ESTE ACCIÓN Y/O ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE FEBRERO DE 2017 A:
Gobernador de la Provincia de Chubut
Sr. Mario Das Neves
Fontana 50 – Rawson
Provincia de Chubut, Argentina
Fax: +54 (0280) 4480206 /4480239
Correo-e: privada.gobernador@chubut.gov.ar
Tratamiento: Sr. Gobernador
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación
Sr. Claudio Avruj
Av. del Libertador 8151 - C1429BNO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 (011) 5300-4000
Correo-e: privadadh@derhuman.jus.gov.ar
Twitter: @clauavruj
Tratamiento: Sr. Secretario
Ministerio de Seguridad de la Nación
Sra. Patricia Bullrich
Gelly y Obes 2289
C1425EMA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fax: +54 (11) 4809-1656
Correo-e: privadaum@minseg.gob.ar
Tratamiento: Sra. Ministra
Y copias a:
Amnistía Internacional Argentina:
Email: activismo@amnistia.org.ar
Fuente: Amnistía Internacional


vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/!Basta_de_represion_y_violencia_contra_el_Pueblo_Mapuche

México: el ‘gasolinazo’ de Peña Nieto



Los aumentos de hasta el 20,1 % del precio de la gasolina y del 16,5 % del diésel, que han entrado en vigor en México, continúan suscitando multitudinarias protestas en toda la República.

Al grito de ‘Fuera Peña’, miles de mexicanos llenan las calles de varias ciudades del país para mostrar su descontento con estas medidas contrarias a lo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto cuando puso en marcha su reforma energética en 2015. Al menos tres muertos y cerca de 2000 detenidos, son el principal saldo de las manifestaciones y varios incidentes derivados de saqueos en comercios y bloqueos de carreteras, según un balance del Gobierno federal.

El Grupo Gasolinero G500, que agrupa a 1800 estaciones de servicio, anunció que cerrará 400 de ellas que han sufrido actos de vandalismo o amenazas, y la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó ayuda para desbloquear los accesos a terminales de almacenamiento y distribución de combustible.

En esta nueva edición de Enfoque analizamos el impacto social del aumento de los precios de la gasolina en México y la negativa del Gobierno a dar marcha atrás a su impopular decisión.

Para el politólogo Jesús Mesa Montero “parece intuirse una tormenta perfecta en el quinto año de la gestión de Peña Nieto”.

Fran Pérez, secretario Federal de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Izquierda Unida, cree que el aumento de la gasolina es una “medida que viene en una etapa de final de mandato, y que tiene un balance que no resulta positivo”.

Javier Castro Villacañas, periodista y abogado, considera que “esto es echar gasolina al descontento social que se vive en México”

Jorge Vilches, historiador y politólogo, afirma que “el gasolinazo demuestra una crisis política muy grave, en una sociedad desarticulada y que sale a la calle para manifestar su descontento”.

Economía: ¿Desdolarización de la economía mundial? Francisco Navarro y Alfredo Serrano*

Francisco Navarro y Alfredo Serrano*




Introducción: desde los acuerdos de Bretton Woods, a mediados del siglo XX, el dólar ha sido indiscutiblemente la moneda de referencia de la economía mundial. Se construyó un sistema financiero internacional por y para la economía estadunidense con el dólar como estandarte hegemónico.

De esta manera, y hasta hoy, el dólar se ha convertido en la principal moneda internacional tanto de reserva como para los intercambios comerciales, de divisas y el resto de transacciones financieras.

La hegemonía del dólar es un privilegio y una asimetría de poder en favor de la economía estadunidense respecto del resto de economías del mundo. Un poder que se manifiesta en innumerables beneficios para el capital en el sistema financiero y en las relaciones comerciales con el exterior.

Esta hegemonía se incrementó aún más en los años 80 con el crecimiento y la expansión financiera global, así como con la expansión territorial del capital productivo y su nueva división internacional del trabajo y una nueva estructura internacional del comercio.

En palabras claras: el nuevo orden económico mundial neoliberal pivotó sobre la hegemonía del dólar en el mundo.

Indicios para la discusión sobre la hegemonía del dólar. Actualmente el dólar mantiene su posición hegemónica y es, con diferencia, la moneda más utilizada en el mundo. Sin embargo, distintos hechos han acaecido desde comienzos del siglo XXI que vislumbran la posibilidad de transformaciones en la economía global y el sistema financiero internacional que desplacen relativamente el poder central del dólar.

Por un lado, la entrada en juego del euro, moneda con un área económica detrás que tiene un peso en el mundo, en términos de PIB y comercio, equivalente a Estados Unidos. Aunque el euro no ha sido el contrapeso frente al dólar esperado por los más optimistas, su presencia y crecimiento le ha restado algo de protagonismo como moneda de reserva y en el comercio internacional.

Por otro lado, la presencia de los países emergentes (Brics), especialmente de China, cuya importancia de su moneda comienza a reflejar los cambios que se están sucediendo en la economía global. En este sentido, ha habido un progreso en distintos mecanismos, liderados por China, de cooperación financiera y de intercambios comerciales y financieros sin utilizar el dólar que abre espacios regionales en el sistema financiero a favor de otras monedas, especialmente el yuan.

En este sentido, cabe destacar la importancia que ha tenido el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Además, estamos en plena transición geoeconómica: aparecen bloques comerciales regionales que buscan tener relaciones económicas en monedas propias. Se abre una nueva época económico-financiera.

Algunos datos relevantes sobre estos indicios. Aunque estaríamos muy a los inicios de la existencia de un verdadero contrapeso en el sistema financiero que discuta la hegemonía del dólar, la evidencia de los datos bien interpretados puede mostrar indicios de cambios en este sentido.

En cuanto a moneda de reserva internacional que tienen los distintos bancos centrales de los países, el dólar ha visto disminuir su importancia. Si en 2000 representaba como moneda de reserva 72 por ciento del total, actualmente representa 63 por ciento.

El peso del dólar en la cesta de monedas que determina el valor de los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional. El valor del dólar ha caído levemente; unos 2 puntos porcentuales, en la última década.

Pero más importante es en este sentido la inclusión en la cesta del yuan (efectiva a partir del 1º de octubre de 2016). No tanto por el peso que restará al dólar, sino por lo que significa en cuanto al reconocimiento de confianza del mundo capitalista a una moneda de una economía de la envergadura de China. Es un paso muy importante para un futuro papel determinante del yuan frente al dólar en el sistema monetario internacional.

El yuan se usa como moneda de reserva en 40 bancos centrales.

En cuanto a las divisas intercambiadas a escala mundial, si en 2001 el dólar tenía un peso de 45 por ciento de todos los intercambios, en 2010 éste había caído a 42.5 por ciento, aumentando hasta 2016 a 43.8 por ciento.

Vale la pena volver a destacar aquí la fuerte irrupción del yuan con un peso superior a 2 por ciento en la actualidad, siendo en 2010 de 0.45 por ciento.

Otro dato: el comercio Sur-Sur cada vez es más importante a escala mundial: pasó de suponer 6 por ciento en 1985 a 24 por ciento en 2010; mientras el comercio Norte-Norte retrocedió a 38 por ciento.

Un dato importante es el uso de las distintas monedas en la facturación del comercio internacional. Una aproximación a este dato es la moneda utilizada en el crédito documentario, principal fuente de financiación de las operaciones de comercio internacional. Aquí el yuan ha tenido un avance espectacular en detrimento especialmente del dólar. Si en 2012, del total de operaciones, el yuan representaba 1.89 por ciento y el dólar 85 por ciento; en 2015 el yuan había aumentado enormemente su peso hasta 9.43 por ciento, mientras el dólar caía a 79.73 por ciento.

El dólar también ha perdido peso en el comercio exterior de la Unión Europea (UE). Si en 2010 52 por ciento de las importaciones (extra UE) y 34 por ciento de las exportaciones se realizaban en dólares, en 2015 estos porcentajes han caído a 42 por ciento y 27 por ciento respectivamente.

Conclusiones. El dólar sigue estando muy presente, en forma dominante, en las transacciones económicas internacionales. Sin embargo, sí se debe constatar la emergencia de nuevas monedas que comienzan a tener un rol cada vez más protagónico en la economía mundial, como moneda de reserva o de intercambio comercial. La transición geoeconómica sigue su curso. En estos últimos años, la desdolarización de la economía mundial ha comenzado a dar sus primeros pasos. Por ahora, no ha puesto en peligro la hegemonía del dólar, pero sí ha demostrado que existen alternativas, sólidas y eficaces. Veremos qué sucede en la próxima década.

* Economistas, investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.


vía:http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/opinion/018a2pol

Paraguay: la lucha de los campesinos de Guahory



La agudización de los conflictos surgidos en la colonia Guahory ha vuelto a poner sobre la mesa el histórico problema de la tenencia y utilización de la tierra en Paraguay.

Decenas de familias de escasos recursos estaban asentadas en el sitio desde hace mucho tiempo, pero productores brasileños de soja exigieron su desalojo.

Los campesinos critican al Gobierno del presidente Horacio Cartes por apoyar a los llamados brasiguayos y recurrir a la violencia ante cualquier lucha por la tierra por parte de los campesinos, que reclaman una reforma agraria.

En esta nueva edición de 'Enfoque' debatimos sobre las condiciones de desigualdad en la distribución de la tierra en Paraguay y sus consecuencias para un amplio sector de la población, al tiempo que analizamos la respuesta del Gobierno de Cartes a las demandas campesinas.

Invitados:

Miguel Aguinaga, historiador y experto en América Latina
Pablo Lugo, director de Radio Espy FM
Sonia Alda, historiadora y experta en América Latina
Eduardo Castillo, sociólogo y director de la consultora “Strategos”.

martes, 17 de enero de 2017

Sociedad-Chile: ¿Edad de la información o la desinformación?.....Fernando Frias

La publicación de Investigación y Ciencia del pasado mes de Agosto/2016 tiene un extenso artículo titulado “La era de la (des)información” del especialista en redes sociales Walter Quattrociocchi, explicando que la expansión de las redes sociales tiene un lado oscuro y es la difusión masiva de informaciones falsas y teorías de la conspiración.

Se da el absurdo que al buscar desarmar las teorías conspirativas, tenemos exactamente el efecto contrario, es decir, quienes creen en ellas reafirmaran sus creencias.
Hoy debemos incorporar a nuestro vocabulario nuevos términos, como smombie, poquezombie, nomofobia y tenemos que agregar el término “bulo” (en inglés “Hoax”) que consiste en difundir una noticia falsa y hacer creer que es real; no es considerada fraude al no tener un fin delictivo ni de lucro.

Partamos con un ejemplo del año 2013 en Italia: un post publicado en Facebook, durante las elecciones, en una página de contenido satírico y de parodias políticas, informaba que el Senado “aprobó con 257 votos a favor y 165 abstenciones la propuesta del senador Cirenga de conceder a los legisladores 134 mil millones de euros para encontrar puestos de trabajo en caso de una derrota electoral”. La nota tenía una serie de falsedades ya que el Senador Cirenga no existe, nunca se planteó esa ley, el número total de votos es mayor del posible en el Senado italiano y el monto señalado equivale a más del 10% del PIB de Italia. A pesar de todos estos detalles no tardó en hacerse viral y en menos de un mes fue compartida más de 35.000 veces. Pero no paro allí, el meme quedó compartido en una página de Facebook de comentarios políticos. Desde entonces, el post volvió a compartirse, pero esta vez apadrinado por los aires de seriedad del nuevo sitio, y actualmente la supuesta “ley” se usa como ejemplo de los niveles de corrupción de la política italiana.

Un informe del 2013, del Foro Económico Mundial, consideró el “bulo” como uno de los principales riesgos de la sociedad moderna por la gran rapidez en que las redes sociales difunden información infundada y/o rumores falsos, que terminan ganando credibilidad por el simple hecho de ser compartidos ampliamente. Se creían inofensivas, pero ya tenemos casos en que sus mentiras llegan, por ejemplo a nuestros legisladores que ponen en duda la vacunación o hablan de los beneficios de la homeopatía. Los medios de comunicación no lo hacen mejor y tenemos programas y personajes de farándula, como Salfate y Cristián Contreras alias Dr. File, que viven y son populares por difundir este tipo de informaciones.

La forma como se difunden noticias falsas es un tema de estudio para los científicos sociales computacionales, que gracias al análisis del gran volumen de datos que generan las redes sociales y centrándose en el modo en que las teorías conspiratorias están repartidas en Facebook, buscan entender por qué algunas personas son más susceptibles a este tipo de teorías que otras.
Internet modificó la forma en cómo interaccionamos y encontramos amigos. También cambió el modo en que filtramos la información y formamos nuestras opiniones. Sumemos a que normalmente buscamos temas guiados por nuestro sesgo de confirmación, es decir, la tendencia que tenemos para prestar atención o creer información que confirma nuestras creencias, en vez de permitir que éstas puedan cambiar producto de nueva información. Situación que origina la creación de comunidades homogéneas que tienden a retroalimentarse y a ignorar al resto (ej: grupos de creyentes en visitantes extraterrestres o seguidores de las pseudociencias). Se da el absurdo que al buscar desarmar las teorías conspirativas, tenemos exactamente el efecto contrario, es decir, quienes creen en ellas reafirmaran sus creencias. Ello dificulta la difusión de información veraz y hace que resulte casi imposible frenar la expansión de contenidos falaces.

Los grupos conspiranoicos son ideales para difundir bulos paranoicos; que el hombre nunca llegó a la Luna, que los atentados de 11 de septiembre fueron una operación encubierta de la CIA, que el mundo es gobernado por extraterrestres reptilianos o por el Grupo Bilderberg o por el Sionismo o por la Masonería, o que las estelas de condensación dejadas por aviones no son tales, sino que están compuestas por productos químicos, que las vacunas causan autismo, que el Cambio Climático no es real, etc. En realidad las conspiraciones son infinitas y hay mucha gente que cree en ellas a pesar que varias son contradictorias entre sí. La razón es que personas dispuestas a creer en teorías conspirativas son más propensas a interactuar y difundir informaciones falsas.

Mucho tiene que ver un grave producto en nuestra formación escolar y universitaria y es el analfabetismo funcional, es decir, sabemos leer y escribir, pero somos incapaces de comprender y mucho menos cuestionar lo que leemos y escribimos. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, en un estudio del año 2013, muestra que el 44,3% de la población adulta de nuestro país se encuentra en esta situación, con el agravante que las nuevas generaciones no mejoran, a modo de comparación en Europa es 1 persona de 5.
Las redes sociales ofrecen una extraordinaria libertad informativa. Sin embargo, son igual a una espada de Damocles y tiene su falla y es que alimentan la difusión descontrolada de rumores, noticias falsas y de contenidos conspirativos y pseudocientíficos.


vía:
http://www.elquintopoder.cl/ciencia/edad-de-la-informacion-o-la-desinformacion/?utm_source=boletin_semanal&utm_medium=Email&utm_campaign=boletin-169_20170117&utm_content=destacado_principal_3

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