miércoles, 30 de enero de 2019

Venezuela: Contra la intervención imperial, por una solución democrática desde y para el pueblo....Detener la escalada del conflicto político en Venezuela... Declaración internacional....Rebelión

 
 


Venezuela vive una crisis sin precedentes, que se ha venido agravando paulatinamente en los últimos años, al punto de afectar dramáticamente todos los aspectos de la vida de una nación. El colapso de los servicios públicos, el derrumbe de la industria petrolera y la caída extraordinaria del PIB, la hiperinflación, el aumento vertiginoso de la pobreza, la migración de millones de personas definen esta crisis, entre otros factores. La conflictividad política ha escalado a niveles muy peligrosos, socavando el Estado de derecho, el marco de convivencia social y la salud de las instituciones. La población del país se encuentra en un estado de absoluta vulnerabilidad.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha avanzado hacia el autoritarismo, suprimiendo de facto numerosas formas de participación popular que habían logrado establecerse desde los inicios del proceso bolivariano. Ha aumentado la represión ante las numerosas protestas y muestras de descontento social; ha secuestrado la vía electoral como mecanismo de toma de decisiones colectivas y se ha mostrado intransigente en su meta de aferrarse al poder a cualquier costo; y ha gobernado al margen de la Constitución, aplicando un Estado de excepción permanente. Mientras tanto, se avanza en la profundización del extractivismo y en la aplicación de políticas económicas de ajuste que favorecen a corporaciones transnacionales, e impactan negativamente en la sociedad y la naturaleza.
En paralelo, los sectores extremistas del bloque de oposición que lograron encabezar distintas movilizaciones, han impulsado varios llamados a una salida forzada y radical del Gobierno de Maduro (en 2014 y 2017), lo cual ha generado serias confrontaciones violentas y ataques a infraestructuras. Esto ha contribuido al estrangulamiento de la vida cotidiana de millones de personas, y a una severa afectación a los marcos de convivencia pacífica.
Adicionalmente, en el marco de un auge y alineamiento de las derechas en América Latina, se intensificó la intervención foránea, principalmente del Gobierno de los Estados Unidos, el cual desde 2015 ha asumido una posición mucho más agresiva con Venezuela, a través de Órdenes Ejecutivas, declaraciones amenazantes, creación de lobbies regionales e internacionales contra el Gobierno de Maduro y sanciones económicas que impactaron en la economía nacional. Otros actores internacionales como China y Rusia han incidido significativamente en el curso de los acontecimientos a partir de sus propios intereses expansionistas y apetencias económicas y energéticas, configurando una situación geopolítica sumamente tensa.
La autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como ‘presidente interino’ de Venezuela para encabezar un gobierno de transición, el 23 de enero de 2019, ha desatado una nueva escalada de la crisis. Este intento de crear un Estado paralelo en el país encontró un rápido reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, así como de otros países aliados como Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, entre otros.
La creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, apoyado por EEUU y el llamado Grupo de Lima, abre el escenario para la profundización de la crisis y el desencadenamiento de un conflicto interno armado, una guerra civil con participación internacional. Un escenario devastador para la población y para la República venezolana, la cual podría desmembrarse y ser objeto de rapiña por diferentes intereses internacionales, como ha sucedido en otras regiones del mundo como consecuencia de intervenciones imperialistas recientes.
La agresiva presión del Gobierno de los Estados Unidos, así como las confrontaciones diplomáticas entre este y el Gobierno venezolano, crean situaciones muy peligrosas.
La situación generada ya no sólo representa una amenaza a la posibilidad de democracia, sino a la vida de millones de venezolanos y a la estabilidad en la región. En una confrontación armada, son los pueblos los principales afectados, y más en la situación actual de Venezuela donde la población ya vive una enorme precariedad y violencia en el marco de disputas territoriales.
En este sentido, quienes firmamos,
· Rechazamos el autoritarismo del Gobierno de Maduro, así como la represión gubernamental ante el crecimiento de las protestas en todo el país, por alimentación, transporte, salud, participación política, servicios públicos, salarios dignos, entre otros. El pueblo venezolano, que sufre la enorme precariedad y la represión actual, tiene derecho a protestar sin ser criminalizado por ello.
· Rechazamos la autoproclamación de Juan Guaidó y la creación de un Estado paralelo en el país, que no traerá sino mayor conflicto y no soluciona los principales problemas que afronta el país.
· Repudiamos cualquier atajo político anti-democrático que no tribute a una solución pacífica y decidida por el pueblo.
· Rechazamos el intervencionismo estadounidense, así como cualquier otra forma de injerencia extranjera. Venezuela no debe convertirse en campo de batalla internacional. Es el pueblo venezolano quien debe decidir su destino. Invitamos a los pueblos a apoyar y acompañarlo en este sentido.
· Hacemos un urgente llamado a la convergencia de actores políticos y organizaciones sociales para unir fuerzas con el fin de detener la escalada del conflicto político en Venezuela.
· Instamos a promover escenarios de diálogo y buscar soluciones en las cuales el pueblo venezolano pueda decidir, democráticamente y desde abajo, su destino próximo; a reanudar con los procesos de democratización que había construido la revolución bolivariana en sus inicios. El hecho de que en la Organización de Estados Americanos (OEA) no se hayan obtenido los votos necesarios para apoyar la proclamación de Guaidó da indicios de que todavía hay espacio para un diálogo internacional.
· Pedimos que la solución parta y se apoye en los principios de la Constitución de la República. Es fundamental reconstruir los marcos sociales, políticos e institucionales para el entendimiento.
· Apoyamos las propuestas, formuladas desde Venezuela, de salidas negociadas ya sea por la vía de la mediación ofrecida por los gobiernos de Uruguay y México, y/o por la realización de un referéndum consultivo vinculante para que sea la población venezolana la que decida sobre la convocatoria a elecciones generales.
· Invitamos a los actores políticos nacionales a promover canales para una salida de la crisis económica que está asfixiando al pueblo venezolano. Dichos canales deben contribuir a paliar las carencias básicas de la población y potenciar el resurgimiento de una economía que posibilite el desenvolvimiento de la vida y el bienestar social.
La salida a la profunda crisis que vive la sociedad venezolana debe ser pacífica, constitucional y restituir la soberanía al pueblo venezolano.
Enviar sus adhesiones con nombre, institución/organización y país a: declarvenezuela@gmail.com

Primeras Firmas 

Primeras Firmas
1.    Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
2.    Emiliano Terán Mantovani, Observatorio de Ecología Política (Venezuela)
3.    Miriam Lang, Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador/Alemania)
4.    Alberto Acosta (Ecuador)
5.    Tatiana Roa Avendaño, Censat Agua Viva (Colombia) - Cedla UvA (Amsterdam)
6.    Maristella Svampa, Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
7.    Arturo Escobar, University of North Carolina (Colombia)
8.    Rita Laura Segato, Profesora emérita, Universidad de Brasilia (Brasil)
9.    Vladimir Aguilar Castro, Universidad de Los Andes (Venezuela)
10.    Joan Martínez Alier, Universidad Autónoma de Barcelona (España)
11.    Raquel Gutiérrez Aguilar, Posgrado en Sociología ICSYH-BUAP (Mexico)
12.    Carlos Walter Porto-Gonçalves, Universidade Federal Fluminense (Brasil)
13.    Ashish Kothari, Kalpavriksh (India).
14.    Oly Millán Campos, economista (Venezuela)
15.    Enrique Leff, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (México)
16.    Mina Lorena Navarro, profesora-investigadora BUAP (México)
17.    Klaus Meschkat, Leibniz Universität Hannover (Alemania)
18.    Catalina Toro Pérez. Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
19.    Marco Arana Zegarra, Congresista de la República, Frente Amplio (Perú)
20.    Massimo Modonesi, Universidad Nacional Autónoma de México (México)
21.    Eduardo Gudynas, CLAES (Uruguay)
22.    Leonardo Bracamonte. Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
23.    Pablo Stefanoni, periodista (Argentina)
24.    Felipe Milanez, Universidade Federal da Bahia – UFBA (Brasil)
25.    Andrea Pacheco, Directora del Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (Venezuela)
26.    Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Indígena Nasa-Misak, Pueblos en Camino (Colombia)
27.    Emmanuel Rozental-Klinger, Pueblos en Camino (Colombia)
28.    Ailynn Torres Santana, investigadora feminista (Cuba)
29.    Mario Alejandro Pérez Rincón, Universidad del Valle (Colombia)
30.    Patricia Chávez León - Territorio Feminista/ Docente e Investigadora UPEA (Bolivia)
31.    Marxa Chávez León - Territorio Feminista (Bolivia)
32.    Dunia Mokrani Chávez - Territorio Feminista (Bolivia)
33.    Luis Tapia Mealla –  Docente e investigador CIDES – UMSA (Bolivia)
34.    Gabriela Merlinsky, CONICET (Argentina)
35.    John Cajas-Guijarro, Universidad Central del Ecuador, FLACSO (Ecuador)
36.    Domingo Hernandez Ixcoy, Maya K'iche (Guatemala)
37.    Pabel Camilo López, CIDES-UMSA (Bolivia)
38.    Grettel Navas, Universidad Autónoma de Barcelona (Costa Rica)
39.    Nadia Urbinati, Columbia University (Italia)
40.    Alejandro Bruzual, Presidente de la Sociedad Venezolana de Musicología (Venezuela)
41.    Nina Pacari, ex Canciller del Ecuador (Ecuador)
42.    Pierre Beaudet, Plataforme Altermondialista, Montréal, (Canadá)
43.    Ana Patricia Noguera, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
44.    Pablo Quintero, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
45.    Ronald Cameron, Plateforme altermondialiste, Québec (Canadá)
46.    Aideé Tassinari Azcuaga, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), México
47.    José María Tortosa, Universidad de Alicante (España)
48.    Enrique Viale, asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina (Argentina)
49.    Carlos Eduardo Morreo, Australian National University & Institute of Postcolonial Studies (Australia)
50.    Franck Gaudichaud, Universidad Grenoble-Alpes (Francia)
51.    David Barkin, Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco (México)
52.    Carlos Forment, New School for Social Research (USA)
53.    Gustavo A. García López, Escuela Graduada de Planificación / Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico)
54.    John Foran, University of California (USA)
55.    Gabriela Massuh, escritora (Argentina)
56.    Dayaleth Alfonzo, investigadora agroécologa (Venezuela/Francia)
57.    Horacio Tarcus, CeDInCI (Argentina)
58.    Facundo Martín, Universidad Nacional de Cuyo/CONICET (Argentina)
59.    Jeffery R. Webber, Goldsmiths, University of London (Inglaterra)
60.    Maxime Combes, economista (Francia)
61.    Julio César Guanche, investigador (Cuba)
62.    Nicholas Hildyard, The Corner House (Reino Unido)
63.    Sarah Sexton, The Corner House (Reino Unido)
64.    Larry Lohmann, The Corner House (Reino Unido)
65.    Hiram Hernández Castro, académico (Cuba)
66.    Patricia Pintos, docente e investigadora IdIHCS/UNLP (Argentina)
67.    Thomas Posado, Universidad Paris-8 (Francia)
68.    Andrés Kogan Valderrama, Observatorio Plurinacional de Aguas (Chile)
69.    Ovidiu Tichindeleanu, IDEA / ABC Society (Romania)
70.    Dianne Rocheleau, Clark University (USA)
71.    María Paula Granda, The New School for Social Research (Ecuador)
72.    Fabián Espinosa, SIT Ecuador / Desarrollo, Política y Lenguas (Ecuador)
73.    Javier Reyes, Centro de Estudios Sociales y Ecológicos A. C. Michoacán (México)
74.    Henry Veltmeyer, Universidad de Saint Mary´s (Canadá) y Universidad Autónoma de Zacatecas (México)
75.    Gonzalo Díaz Letelier, Universidad de Santiago de Chile (Chile)
76.    Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo (Bolivia)
77.    Mercedes Centena, Socióloga (Argentina)
78.    Norberto Manzanos, CONICET (Argentina)
79.    Pablo Alabarces, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
80.    Hélène Roux, Universidad Paris 1 (Francia)
81.    Markus S. Schulz, Centro Max Weber de estudios avanzados cultural y social (Alemania)
82.    Valentina Estrada Guevara, consultora social (México)
83.    Federico P. Koelle D., (Ecuador)
84.    Janet Conway, Brock University (Canadá)
85.    Börries Nehe, Goethe Universität Frankfurt (Alemania)
86.    Nicolas Kosoy, McGill University (Canadá)
87.    Udeepta Chakravarty, New School for Social Research (USA)
88.    Adrián Beling, FLACSO Argentina / Universidad Humboldt de Berlin
89.    Federico Lorenz, Universidad de Buenos Aires, Argentina
90.    Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador
91.    Cecilia Chérrez, Ecuador
92.    Pablo Almeida, La Casa Tomada (Ecuador)
93.    Alejandra Almeida
94.    Roberto Espinoza, Red Descolonialidad y Autogobierno (Perú)
95.    Cornelis J. van Stralen, UFMG  - Federal University of Minas Gerais (Brasil)
96.    Octavio Zaya, Atlántica Journal, Canary Islands (España)
97.    Ravi Kumar, South Asian University (India)
98.    Vinod Koshti, IPTA, New Delhi (India)
99.    Silvia Bagni, Universidad de Bolonia (Italia)
100.    Anna Harris, Psychotherapist (Reino Unido)
101.    Anwesha Sengupta, Institute of Development Studies Kolkata (India)
102.    Ruchi Chaturvedi, University of Cape Town (Sudáfrica)
103.    Federico Demaria, Universidad Autonoma de Barcelona, Catalunya (Italia)
104.    Christian Kerschner,  University Vienna (Austria)
105.    Lucile DAUMAS, jubilada, (Francia)
106.    Otávio Velho, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)
107.    Geneviéve Azam, Economista, Attac France (Francia)
108.    Diego Andreucci, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Colectivo Entitle-Red Europea de Ecología Política (Italia)
109.    Didier Prost, arquitecto urbanista (Francia)
110.    Cândido Grzybowski, Presidente do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) (Brasil)
111.    Jorge Rojas Hernández, Universidad de Concepción (Chile)
112.    Boris Marañón Pimentel, UNAM (México)
113.    Boris Alexander Caballero Escorcia, Universidad Autónoma Metropolitana (México)
114.    K. Sudhir, Peoples Architecture Commonweal (INDIA)
115.    César Augusto Baldi, professor universitario (Brasil)
116.    Hermann Herf, Welthaus Bielefeld (Alemania)
117.    Matthieu Le Quang, Universidad Paris 7 (Francia)
118.    Alberto Chirif, Antropólogo (Perú)
119.    Carolina Viola Reyes, Uninomada Sur (Ecuador)
120.    Virginia Vargas Valente, Articulacion Feminista Marcosur (Perú)



vía:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251855&titular=contra-la-intervenci%F3n-imperial-por-una-soluci%F3n-democr%E1tica-desde-y-para-el-pueblo-

Venezuela: Lo que pretende el traidor...Lo que quiere el imperio....El autoproclamado presidente interino de Venezuela tiene planeado impulsar nueva ley de hidrocarburos.....Juan Guaidó va a licitar proyectos de extracción de gas y petróleo: Platts.....Renovará la directiva de Citgo, filial de PDVSA....Periódico La Jornada



El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, alista un plan para licitar entre particulares proyectos de extracción de gas natural y petróleo convencional –tanto pesado como extrapesado– reveló Platts, una de las principales fuentes de información del mercado energético.

Los planes de Guaidó incluyen un cambio de la directiva de Citgo, empresa filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos y la introducción de una nueva ley nacional de hidrocarburos que establece términos fiscales y contractuales flexibles, agregó Platts, empresa propiedad de Standard and Poor’s.

Guaidó anunciará planes para renovar el directorio de Citgo Petroleum con el fin de dar un nuevo liderazgo y reducir las presiones políticas sobre la compañía, añadió Platts, al citar fuentes cercanas al líder de la oposición.

Citgo es una compañía de refinación propiedad de PDVSA, que tiene su sede en Estados Unidos, con plantas en Louisiana, Texas e Illinois. Estados Unidos revocó la visa al actual presidente de Citgo, Asdrubal Chávez.

Platts señaló que un poco menos del valor de Citgo forma parte de las garantías ofrecidas a la petrolera rusa Rosnef por un préstamo de mil 500 millones de dólares al gobierno venezolano.


Además de reformar el liderazgo de Citgo, Guaidó planea introducir una nueva ley nacional de hidrocarburos que establece términos fiscales y contractuales flexibles, mencionó. A ello se agregaría una nueva agencia de hidrocarburos para ofrecer rondas de licitación para proyectos de gas natural y crudo convencional, pesado y extrapesado, agregó, al citar las fuentes cercanas a Guaidó.

Fuentes del mercado citadas por Platts dijeron que el reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó como el presidente interino de Venezuela podría llevar a las refinerías estadunidenses a detener las compras de crudo venezolano mientras Maduro sigue en el poder.

Comerciar con ese país ahora equivale a negociar con un régimen no reconocido por el gobierno estadunidense y no estamos seguros de que muchas empresas asuman y/o los bancos financien ese nuevo riesgo, explicó Olivier Jakob, analista de la consultora Petromatrix.

Las importaciones estadunidenses de crudo venezolano promediaron alrededor de 574 mil barriles por día en diciembre, aproximadamente 40 por ciento menos que en julio de 2016, cuando las refinerías estadunidenses importaron más de 850 mil 700 barriles diarios.

vía:
https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/mundo/023n1mun

Venezuela y la disputa geopolítica....Carlos Fazio ...Bajo la tutela de Washington y en una acción coordinada con los regímenes cipayos de Colombia, Brasil y Argentina −principales integrantes de la patota de Lima,


Carlos Fazio


Después de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el sábado pasado en Nueva York, el conflicto en Venezuela ha adquirido dimensiones geopolíticas. Y como siempre, el petróleo es la sustancia de fondo de la cuestión.

Auspiciado por la administración de Donald Trump, el golpe de Estado en curso contra el presidente constitucional y legítimo, Nicolás Maduro, tiene como objetivo instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y sustento popular con el propósito encubierto de generar caos, anarquía y una guerra civil entre venezolanos como vía para justificar una intervención militar humanitaria de algunos países del área bajo el paraguas del Pentágono.

Para eso, dos propósitos centrales del plan criminal impulsado por los súper halcones de la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo y el director del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton –auxiliados ahora por Elliott Abrams, operador de las guerras sucias y las actividades clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia en América Latina en los años 80− es encontrar un Pinochet o un Videla en el seno de la patriótica Fuerza Armada Nacional Bolivariana y potenciar una contra venezolana, como la que desangró a Nicaragua a comienzos de la revolución sandinista.

El guion, que pretende reeditar una dualidad de poder similar a la del caso libio, se ha ejecutado por medio de una guerra híbrida sin precedentes, que junto con las operaciones sicológicas y otras técnicas clandestinas, incluye las acciones diplomáticas de la maloliente Organización de los Estados Americanos (OEA), viejo ministerio de colonias de Washington, del inefable Grupo de Lima y la Unión Europea; las sanciones y el bloqueo económico-financiero de EEUU y Gran Bretaña para colapsar la cotidianidad de la población venezolana: sabotajes contra instalaciones estratégicas del Estado y objetivos simbólicos en barriadas y urbanizaciones populares, actividades paramilitares de tipo insurreccional con mercenarios camuflados, guarimberos encapuchados y malandros a sueldo; el terrorismo mediático y en las redes digitales (desinformación, fake news, uso de cuentas influenciadoras), el uso de ONG como herramientas de infiltración en la sociedad para generar desestabilización, fanáticos crímenes de odio contra personas identificadas con el chavismo e intentos de balcanización del territorio en las fronteras con Colombia y Brasil.

Bajo la tutela de Washington y en una acción coordinada con los regímenes cipayos de Colombia, Brasil y Argentina −principales integrantes de la patota de Lima, de la que inexplicablemente México aún forma parte−, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado, la figura paragubernamental necesaria para seguir la hoja de ruta de la política de cambio de régimen del Comando Sur del Pentágono.

La fabricación al vapor de una nueva narrativa sobre el joven pacifista Guaidó, que busca alejarlo de la brutalidad paramilitarizada que el ala dura del antichavismo protagonizó en Venezuela los recientes años, y en la que participó como operador del caos y el vandalismo extremista callejero, sólo busca encubrir el inicio de un nuevo ciclo de violencia prolongada como los que fracasaron de 2014 a 2017, dirigido entre otros objetivos clave a intentar fracturar la cadena de mando cívico-militar de la Revolución Bolivariana.

El multipublicitado relanzamiento remasterizado del esquema de la lucha pacífica y popular contra la dictadura de Nicolás Maduro, bajo el liderazgo del hasta hace dos semanas prácticamente desconocido diputado Guaidó −cuya imagen e incluso su color de piel se sale un poco de la siempre caucásica fisonomía de los líderes del ultraderechista partido Voluntad Popular−, busca forzar una transición que estaba paralizada ante la ausencia de dirigentes opositores capaces de erosionar al gobierno de Maduro.

La puesta en escena del fantoche Guaidó −el presidente que nadie eligió−, ahora es una fabricación de la diplomacia secreta de Washington, que tuvo como principal responsable al cubano-estadunidense Mauricio Clavier, integrante del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. El esquema que trata de imponer el trío Bolton, Pompeo, Abrams, con apoyo de legisladores de la mafia cubano estadunidense de Miami (el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, republicanos), sigue el formato libio.

Washington ha logrado posicionar en Europa y América Latina a la Asamblea Nacional opositora como única autoridad con legitimidad de origen en Venezuela y busca potenciar a un Consejo Nacional de Transición Democrática, símil del Consejo Nacional de Transición libio, que fue reconocido en 2011 por la Liga Árabe, EEUU, países europeos y finalmente la ONU, como gobierno legítimo de Libia. Con el apoyo de milicias de mercenarios provenientes de Al Qaeda y armados por la OTAN, llamados mediáticamente 'rebeldes' (recordar los luchadores de la libertad de Ronald Reagan y George Bush padre, creados por Abrams y John Dimitri Negroponte).

Lo ocurrido en Libia se calcó luego en Siria. Pero allí el campo de batalla, además de EEUU, incluyó a Rusia, tras aprender la experiencia libia. Y el Pentágono sufrió una derrota. El factor geopolítico se reaviva ahora en Venezuela, que cuenta con el apoyo de Rusia y China, lo que podría generar un incendio en la región.

La Jornada


vía:  https://www.lahaine.org/mundo.php/venezuela-y-la-disputa-geopolitica

Venezuela: sanciones contra sus habitantes ..Editorial la Jornada....Por donde quiera que se vea, la determinación de Washington es ilegal. Un diferendo político no autoriza a ningún gobierno a bloquear las propiedades de otro y resulta previsible que el de Venezuela denuncie la medida ante organismos internacionales. Independientemente de la posición que se tenga en torno de la confrontación que se desarrolla en el país sudamericano, es inaceptable que la superpotencia viole de manera tan flagrante la legalidad internacional.




El asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, John Bolton, anunció ayer la confiscación de los fondos bancarios de Citgo, filial estadunidense de la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA.

El secretario estadunidense del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo, en tanto, que en lo sucesivo Citgo podrá continuar con sus operaciones siempre y cuando sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada por la Casa Blanca.

El grado de hostilidad de la administración de Donald Trump hacia el gobierno de Caracas puede medirse por el hecho mismo de que se haya hecho participar a Bolton, un conocido halcón extremista, en una conferencia de prensa conjunta que habría podido ser protagonizada únicamente por un funcionario financiero. Para enfatizar el tono bélico de la exposición, el asesor de Seguridad Nacional exhibió ante los medios, en un estilo abiertamente gangsteril, de comunicar amenazas una libreta con la anotación 5 mil soldados en Colombia.

Por donde quiera que se vea, la determinación de Washington es ilegal. Un diferendo político no autoriza a ningún gobierno a bloquear las propiedades de otro y resulta previsible que el de Venezuela denuncie la medida ante organismos internacionales. Independientemente de la posición que se tenga en torno de la confrontación que se desarrolla en el país sudamericano, es inaceptable que la superpotencia viole de manera tan flagrante la legalidad internacional.

Desde otra perspectiva, la confiscación de los fondos de Citgo representa un golpe severísimo para las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro, que dependen en buena medida de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos (unos 500 mil barriles diarios).

Aun si Caracas opta por enviar ese crudo a otros compradores, los costos de transporte y las condiciones financieras reducirán sus ingresos y se acentuará de esa forma la penuria económica que enfrenta Venezuela.

Al margen de las dificultades de liquidez para el régimen, la agresión económica estadunidense se traducirá en una menor capacidad del país sudamericano para adquirir insumos básicos para la población tales como alimentos y medicinas. Así, la principal afectada por la sanción anunciada ayer será la población venezolana.

Es inocultable que la medida apunta a agravar la carestía y la escasez de comida y otros productos básicos para atizar, de esa manera perversa, el descontento popular contra Maduro y de allegarle algún apoyo social al congresista opositor Juan Guaidó, quien en días recientes se autoproclamó presidente encargado, con el respaldo de Washington y sus aliados regionales.

La maniobra anunciada ayer por Bolton y Mnuchin exhibe, pues, la hipocresía del intervencionismo estadunidense en el país caribeño: el gobierno de Trump dice preocuparse por los sufrimientos de la gente venezolana, pero no duda en incrementarlos con tal de lograr el derrocamiento de Maduro y la imposición de un incondicional en el palacio presidencial de Miraflores.

vía:
https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/edito

Venezuela: analiza PDVSA respuesta ante sanciones del Imperio a CITGO




El presidente de la paraestatal petrolera PDVSA, Manuel Quevedo, ofreció este martes una rueda de prensa para analizar las posibles respuestas a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su filial en suelo norteamericano CITGO. teleSUR. https://videos.telesurtv.net/video/76...

Venezuela: la democracia de las cañoneras ...Luis Hernández Navarro .... Es falso que en Venezuela haya dos presidentes. Sólo hay uno y se llama Nicolás Maduro. El 20 de mayo de 2018 fue electo en comicios libres, transparentes y confiables, en los que intervinieron 16 partidos políticos. Participaron seis candidatos y él cosechó más de 6 millones 248 mil, equivalente a más de 67 por ciento de los sufragios... Por todos los medios posibles, hay que evitar que la intentona de golpe de Estado tenga éxito.




Es falso que en Venezuela haya dos presidentes. Sólo hay uno y se llama Nicolás Maduro. El 20 de mayo de 2018 fue electo en comicios libres, transparentes y confiables, en los que intervinieron 16 partidos políticos. Participaron seis candidatos y él cosechó más de 6 millones 248 mil, equivalente a más de 67 por ciento de los sufragios.

En esa ocasión, un sector de la oposición, integrado por tres partidos (Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia), llamó a la abstención. Sin embargo, ningún candidato presidencial impugnó los resultados. No se presentaron evidencias o denuncias concretas de fraude. Se practicaron 18 auditorías al sistema electoral.

El sistema electoral con que se celebraron los comicios del 20 de mayo de 2018, es el mismo que se utilizó en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. Ese sistema garantiza los principios de un elector, un voto. Sólo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de votación.

El proceso fue acompañado por más de 150 personas, entre ellas 14 comisiones electorales de ocho países; dos misiones técnicas electorales; 18 periodistas de distintas partes del mundo; un europarlamentario y una delegación tecnicoelectoral de la Central Electoral de Rusia.

Sin embargo, el pasado 25 de enero, se intentó dar un golpe de Estado tramado desde Washington, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato, se declaró presidente encargado de Venezuela. La figura es inexistente en la legislación de ese país.

No es la primera ocasión en la que la oposición venezolana ensaya la vía golpista para tratar de hacerse del poder. Desde que hace 20 años (1998) Hugo Chávez triunfó, lo ha procurado reiterada y sistemáticamente ante la imposibilidad de ganar electoralmente. La misma Asamblea Nacional que Guaidó preside ahora lo intentó infructuosamente desde 2016.

El pelele de la Casa Blanca fue inmediatamente reconocido por Donald Trump. Y, para que no quedaran dudas de sus intenciones, el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, designó como su personero en Venezuela al halcón Elliot Abrams. Bien conocido en América, Abrams es un profesio­nal en la orquestación de golpes de Estado e invasiones militares. Con eficacia, ­promovió y tapó masacres en El Salvador y Nicaragua. Movió los hilos detrás de la operación Irán- contras. Fue condenado por la venta ilegal de armas para financiar a la contra nicaragüense durante la revolución sandinista.

El nombramiento de un gobierno fue justificado en aras de la lucha por la democracia y los derechos humanos. Curiosa dictadura la venezolana en la que actúan múltiples partidos de oposición, convocan a movilizaciones, son dueños de medios de comunicación que dicen cosas inadmisibles en las democracias occidentales e, incluso, llaman a derrocar al gobierno democráticamente electo.

Sin embargo, la verdad detrás del intento del golpe, es mucho más sencilla. La calificadora Standard & Poor’s la divulgó sin el ropaje heroico de las grandes causas. “Guaidó –publicó la calificadora– planea introducir una nueva ley de hidrocarburos que establece términos fiscales y contractuales flexibles para proyectos adaptados a los precios del petróleo y el ciclo de inversión petrolera”. Añadió: Se agregaría una nueva agencia de hidrocarburos para ofrecer rondas de licitación para proyectos en gas natural y crudo convencional, pesado y extrapesado (https://bit.ly/2CKXnLZ).

En su intentona golpista, Guaidó y la derecha venezolana cuentan con el apoyo de Estados Unidos (y la locura belicista de Donald Trump), Israel, el Grupo de Lima y algunos países europeos, de un sector de las clases medias y la oligarquía venezolana, y con los grandes medios de comunicación. Por su parte, Nicolás Maduro tiene de su lado a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, al Ejército (y a la unión cívico-militar), a las instituciones republicanas, al Partido Socialista Unificado de Venezuela y a naciones como Rusia y China.

Como señala uno de los grandes analistas de la revolución venezolana, el periodista Marco Teruggi, el chavismo tiene una característica: sus niveles de organización y politización. Existe un tejido organizativo en las barriadas populares y zonas rurales. Se trata de consejos comunales, comunas, comités locales de abastecimiento y producción, mercados comunales, consejos campesinos, emprendimientos productivos, milicias bolivarianas, entre otras experiencias. El chavismo tiene una dimensión identitaria y territorial. La derecha no tiene presencia organizada allí, por eso recurre a grupos armados y pagados para crear focos que logren sumar apoyo popular.

La democracia de las cañoneras estadunidenses que abre el paso a la rapiña y la sujeción colonial de las naciones amenaza con desatar un baño de sangre en Venezuela. Por todos los medios posibles, hay que evitar que la intentona de golpe de Estado tenga éxito.

Twitter: @lhan55

vía:
 https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/politica/017a1pol

martes, 29 de enero de 2019

Documentales: LA MONOGAMIA NO ES NATURAL


Documentales: La química del amor (Redes)


Documentales: La historia de los ángeles | DW Documental



¿Por qué tienen los ángeles alas? ¿Desde cuándo son una imagen central en las iglesias del cristianismo? El reportaje muestra cómo y por qué cambió la representación de los emisarios del cielo y, en consecuencia, su significado. Si se cuenta la historia de los ángeles desde la desaparición de los cultos paganos, también se cuenta nuestra historia, la de los hombres. En el cristianismo, los ángeles son los intermediarios principales entre Dios, a quien los hombres nunca ven, y la humanidad, que busca el contacto con ÉL. Son criaturas celestiales que anuncian la Palabra de Dios, guían al hombre y lo ayudan, pero también lo condenan cuando se aleja de la senda de la fe. Los ángeles están estructurados jerárquicamente. Representan al Ejército de Dios, anuncian y ejecutan Su voluntad. Por eso tienen un significado sobresaliente en los mosaicos bizantinos, las primeras obras importantes del cristianismo incipiente. Los ángeles representan el orden del Cielo. Y el orden es necesario, puesto que es un símbolo de perfección. Se convierten en los servidores y ejecutores del Hijo de Dios hecho Hombre. Más tarde deben tolerar a su lado a un ser humano, la Virgen María, a pesar de que los ángeles no son personas sino seres espirituales. ------------------------------------------------------------ DW Documental le brinda información más allá de los titulares. Maravíllese con los mejores documentales de canales alemanes y empresas productoras internacionales. Conozca personas enigmáticas, viaje a territorios lejanos y entienda las complejidades de la vida moderna, siempre cerca de eventos globales y asuntos de actualidad. Suscríbase a DW Documental y descubra cada lunes, miércoles y viernes el mundo que le rodea.

Documentales: Sustitutas - Documental de RT....Resulta difícil entender que alguien entregue su amor, su cariño y tal vez su pasión a 40 kilos de plástico, por mucho que le hayan dado la forma de una adorable jovencita. Así y todo, en Japón la producción de muñecas de tamaño real apenas logra cubrir las demandas afectivas de una población que cada vez siente un menor interés por las relaciones, siempre problemáticas, con seres de carne y hueso. Y las consecuencias de ello superan con mucho en gravedad y amplitud a las pesadumbres personales.



Resulta difícil entender que alguien entregue su amor, su cariño y tal vez su pasión a 40 kilos de plástico, por mucho que le hayan dado la forma de una adorable jovencita. Así y todo, en Japón la producción de muñecas de tamaño real apenas logra cubrir las demandas afectivas de una población que cada vez siente un menor interés por las relaciones, siempre problemáticas, con seres de carne y hueso. Y las consecuencias de ello superan con mucho en gravedad y amplitud a las pesadumbres personales.

Cine: EL RAPTO (1953) con Jorge Negrete y María Félix




Última película del Charro Cantor mexicano Jorge Negrete, protagonizada junto a su esposa María Félix y dirigida por Emilio Fernández. Filmada en 1953, cuando el actor se encontraba bastante mal de salud, es el legado final de quien sacrificó su carrera y hasta su vida por defender los derechos de sus compañeros de la Asociación Nacional de Actores, de la cual fue máximo líder.

Linux: MX Linux 18 Continuum - See What's New




MX Linux 18 codename Continuum has been released, this release features Xfce 4.12 as default environment include xfce4 component, based on Debian 9.6 scratch and powered by Linux Kernel 4.19 series. MX Tools graphical tool to make user easy to access most system tasks was improved. selectable themes for installed system grub boot menu and Plymouth boot-splash via MX-boot-options, system-keyboard and system-locale options allow easy access to configuration of system default keyboard and locales management. the MX Package Installer updates, including faster performance, flatpaks support, and Popular Apps entries, including many popular 3rd party applications (Google Chrome, Skype, discord, etc...). MX-installer (based on gazelle-installer) now includes LUKS encrypted root, home, and swap partition options. mx-codecs updated to install updated S3 texture packs (important for Valve/Steam games in particular) many, many, many additional packages and ISO repository mirrors via mx-repo-manager.

Download MX Linux 18: https://mxlinux.org/wiki/system/iso-d...


 #LINUXSCOOP #MXLINUX #LINUX Support LinuxScoop on Patreon! ******************************* https://patreon.com/linuxscoop Follow and Subscribe: ********************* Youtube : http://bit.ly/1LcWaHK Telegram : https://t.me/linuxscoop Google+ : http://bit.ly/1NtQ2MZ Facebook : http://bit.ly/1Y86LNi Instagram : http://bit.ly/2GXJJ8O Twitter : http://bit.ly/20QcCJx Website : http://linuxscoop.com

Chile: Anulación de la Ley de Pesca, la madre de todas las batallas.....Por Rodrigo Fuentes



Para abogados constitucionalistas la idea es “inconstitucional”, ya que nuestro ordenamiento jurídico no contempla tal figura para derogar una ley, sin embargo, aseguran, se debe igualmente revisar la norma, tomando en cuenta que el proceso de aprobación parlamentario está viciado.

El reciente triunfo obtenido por los pescadores artesanales, quienes consiguieron la exclusividad en la extracción de la jibia, dejó abierta la posibilidad para que las movilizaciones realizadas a nivel nacional por la normativa aprobada, puedan ahora direccionarse hacia la derogación de la Ley General de Pesca. Consultamos a diferentes actores involucrados cómo proyectan la tarea que ya anticipan los dirigentes.
“Quedan muchas batallas todavía, ahora vamos por la Ley de Pesca”, es lo que declaró este miércoles un dirigente del sector artesanal luego de la reunión con el ministro de Economía, José Ramón Valente.
Después de lograr la ratificación de la normativa que regula la extracción de la jibia, tal cual fue votada por el Congreso, ahora los sindicalistas centran su foco en la unidad y movilización para lograr anular la llamada Ley “Longueira”. Criticada por ser votada en medio de actos de corrupción por parte de parlamentarios oficialistas y de oposición.
Hoy día se tramitan en el parlamento dos proyectos. La denominada “ley corta de pesca”, que en lo central  termina con las licencias de extracción a perpetuidad otorgadas a la industria o las llamadas siete familias. Este proyecto fue recientemente aprobado transversalmente en la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado. Ahora la modificación a la Ley General de Pesca pasará a la Sala de la Cámara Baja, donde será remitida a similar comisión, donde continuará su trámite.
La prenormativa es resistida por los empresarios pesqueros, quienes han amenazado con acciones indemnizatorias, de llevar el caso a tribunales nacionales e internacionales, ya que, para ellos, esto significa expropiación y vulneración de derechos de propiedad históricamente adquiridos.
La otra iniciativa parlamentaria de más compleja tramitación es la moción que derechamente pretende anular la legislación vigente. Hace un par de semanas, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la moción que termina con la “ley Longueira”. Pero todavía queda trámite legislativo, ya que ahora está siendo discutida por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de dicha instancia parlamentaria.
Para abogados constitucionalistas la idea es “inconstitucional”, ya que nuestro ordenamiento jurídico no contempla tal figura para derogar una ley, sin embargo, aseguran, se debe igualmente revisar la norma, tomando en cuenta que el proceso de aprobación parlamentario está viciado.
congreso_161220
Para uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado comunista Daniel Núñez, tal como sucedió con la llamada ley de la jibia, la unión y movilización del sector artesanal es fundamental para conseguir que en el Congreso se sumen parlamentarios a esta moción que anula la Ley de Pesca.
“Acá logramos una alianza entre los intereses de la pesca artesanal y toda la oposición democrática, y ese es el camino que probablemente vamos a tener que seguir, como mucha certeza lo digo, ahora que viene la discusión de la anulación de la ley de pesca. Yo estimo que, a pesar de todas las discusiones, diferencias y debates, que han sido muy agrios en estos días, cuando nos unimos gana el pueblo de Chile, y el ejemplo es la jibia, y eso ojalá se vuelva a expresar en la discusión sobre la supresión del actual reglamento”, afirmó.
En tanto, desde el propio sector de la pesca artesanal, advierten divisiones al interior de las diferentes organizaciones y federaciones en torno al tema, ya que argumentan, algunos dirigentes derechamente están “comprados” por la industria.
El vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Nelson Estrada, precisó que en una primera etapa se deben transparentar las posiciones, para luego unirse y movilizarse masivamente en todas las ciudades del país.
“El sector está unido, pero no en su totalidad como se necesita para este caso. Hay que seguir trabajando, pero algunos dirigentes también tienen que dejar de lado sus intereses mezquinos, particulares, que realmente luchen por la pesca artesanal y sus recursos. Yo lo he dicho, la actividad no puede desaparecer porque es un pueblo, una forma de vida y una cultura”, argumentó.
condepp_nueva_mesa_puerto_montt_0
Una opinión similar planteó el director ejecutivo de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas.
Para el representante de la instancia que vela por la protección marina, los próximos meses serán claves para el sector pesquero artesanal, ya que la primera tarea, según él, es determinar quien es quien, al interior de las diferentes federaciones, y luego iniciar un proceso ascendente de movilización, para presionar al Gobierno y el propio Congreso, con tal de lograr terminar con la llamada ley Angelini-Longueira.
“De abril a mayo va a ser un período muy interesante, ya que va a haber una dinámica de reorganización y de unidad, pero al mismo tiempo una lucha interna, discusión en torno al próximo horizonte del sector pesquero artesanal. Si se quedan con el tema de la jibia, como un logro táctico, o van por reformar todo el sistema para recuperar los derechos de acceso y uso de todos los recursos marinos”, subrayó.
El también médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, anticipa el ambiente ante la discusión legislativa del proyecto de anulación de la ley Angelini-Longueira. Según él, va a permitir que la ciudadanía identifique quiénes son los diputados, senadores y partidos políticos que continúan operando bajo la dependencia del dinero de las siete familias.
“Será muy interesante ver el comportamiento de la Democracia Cristiana, partido que votó en bloque el 2012 a favor de la ley (con la excepción de Ximena Rincón), y de los otros partidos de la ex Nueva Mayoría”, concluyó.
.
radio.uchile.cl/2019/01/27/anulacion-de-la-ley-de-pesca-la-madre-de-todas-las-batallas/

Brasil: Brumadinho foi um dos maiores acidentes do trabalho da História do Brasil... Jorge Luiz Souto Maior | Esquerda Online



Solidariedade e respeito às vítimas da Vale em Brumadinho

Ainda não se tem a contagem final do número de vítimas do rompimento de três barragens da Vale S/A, na cidade de Brumadinho, MG, ocorrido na tarde do dia 25 de janeiro de 2019, mas já se pode dizer que, além de uma enorme tragédia, principalmente no aspecto da quantidade de pessoas atingidas, sem esquecer do impacto ambiental, que também afeta a vida de pessoas, se trata de um dos maiores acidentes do trabalho verificados na história do Brasil e é, sobretudo, desse aspecto que pretendo tratar neste texto.

O noticiário e as manifestações sobre o fato não abordam o tema sob esse ângulo, talvez partindo da consideração, plenamente correta, de que vidas são vidas e que não é o caso de se fazer qualquer distinção quando se trata de externar consternação pela dor humana, não importando, pois, a condição social da vítima.

É preciso lembrar, no entanto, que essas mesmas pessoas, na qualidade de trabalhadores e trabalhadoras, têm sido vítimas de enormes ataques desferidos pelos mais diversos agentes públicos nos últimos anos, sem que isso tenha sido percebido enquanto tal. A situação chegou ao ponto de que a identificação da tragédia como um acidente do trabalho pode resultar em uma diminuição do potencial jurídico punitivo dos culpados e da eficácia reparatória das vítimas.

Diante de um discurso econômico, voltado à proteção dos interesses de grandes empresas, se conseguiu, inclusive, consolidar, de 2016 para cá, um revisionismo histórico, que vinha sendo tentado desde a década de 90, que parte de uma visão fantasiada de que trabalhadoras e trabalhadores brasileiros são seres privilegiados e que trata as instituições estatais voltadas à aplicação dos direitos trabalhistas como algozes do poder econômico.

A própria Vale do Rio Doce, por declaração de seu Presidente à época (2008), Roger Agnelli, reivindicou, em dezembro de 2008, sem qualquer fundamento, uma flexibilização das leis trabalhistas do país[i], como forma de combater os efeitos da crise financeira, deflagrando um movimento, claramente organizado, sem apego a reais situações de crise, no qual várias outras grandes empresas começaram a anunciar dispensas coletivas de trabalhadores, com o objetivo de criar um clima de pânico e, em seguida, pressionar sindicatos a cederem quanto à diminuição de direitos trabalhistas, visando mera redução de custo do trabalho para majoração de lucros, e também auferir benefícios fiscais

A Vale do Rio Doce, por exemplo, que encabeçava o movimento, anunciou, no mesmo mês, a dispensa de 1.300 empregos, 260 deles da sede de Minas Gerais. Mas, nos anos antecedentes a Vale havia acumulado enormes lucros. Em 2007, a mineradora havia atingido um lucro líquido de R$ 20,006 bilhões, que, em 2006, já tinha sido R$ 13,431 bilhões. E, em fevereiro de 2009, apesar de todo alarde feito no final de 2008, a Companhia informou que registrou um lucro líquido de R$ 10,449 bilhões no quarto trimestre de 2008, o que representava um aumento de 136,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa obteve um lucro líquido de R$ 4,411 bilhões. A sua receita operacional bruta cresceu 15,62% no quarto trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior para R$ 17,946 bilhões.

Dada a inconsistência econômica e sua afronta ao projeto constitucional, o movimento predatório e irresponsável frente aos Direitos Sociais foi barrado, na ocasião, por firme atuação da jurisprudência trabalhista. No entanto, foi retomado, como se sabe, com todo vigor, em 2016, e esta retomada partiu, sobretudo, de uma contundente rejeição à postura do TST em impor limites às dispensas coletivas. Ou seja, estava na base da “reforma” uma reação do poder econômico à atuação do Poder Judiciário trabalhista para uma liberação plena aos interesses imediatos e particulares de grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, atual Vale S/A.

E vale perceber que o ato de atacar os direitos de alguém, sendo esses ligados aos Direitos Humanos básicos, como são os direitos trabalhistas, vez que destinados à preservação da saúde física e mental no ambiente de trabalho, aos descansos e aos ganhos necessários para uma sobrevivência digna, desqualificando esses direitos como “privilégios”, equivale a negar a condição humana dos titulares desses direitos.

Vale observar, também, que, de um modo geral, com o advento da “reforma” já se verificou um considerável aumento do sofrimento no trabalho[ii]. Além disso, a ampliação da precariedade de direitos[iii] gerou piora das condições de trabalho, majorando o número de acidentes do trabalho[iv], isso em um país em que já se verificava a marca de 700 mil acidentes do trabalho por ano[v] e que já ostentava o posto de quarto país do mundo em número de mortes por acidentes do trabalho[vi].

Segundo informação constante do site do Ministério Público do Trabalho, os “números do primeiro trimestre deste ano (2018) demonstram que os gastos estimados com benefícios acidentários no país já ultrapassam R$ 1 bilhão de reais. Nesse período, foram emitidas mais de 150 mil Comunicações de Acidentes de Trabalho, entre as quais estão notificadas 585 vítimas fatais. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, Smartlab de Trabalho Decente MPT – OIT, acessados no dia 28 de março”[vii].

Nesse aspecto, a tragédia da Vale em Brumadinho seria uma espécie de evento concentrado e acelerado da mesma tragédia que, de modo espalhado e a conta gotas, acomete a milhares de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil ao longo do ano.

Mas a situação é ainda mais grave se percebermos, como vislumbra Luís Carlos Moro, que a “reforma” trabalhista, bem ao contrário do tratamento que as vítimas da Vale em Brumadinho têm recebido da mídia e da sociedade brasileira em geral, rebaixou a sua condição de cidadania, na qualidade de trabalhadores e trabalhadoras que ostentam uma relação de emprego, já que com relação a todas as demais vítimas do mesmo evento a reparação deve ser integral (art. 944 do Código Civil), enquanto que com relação aos empregados, por determinação dos artigos 223-A a 223-G, introduzidos na CLT pela lei da “reforma”, as indenizações serão limitadas a, no máximo, cinquenta vezes os seus salários, sem possibilidade de acumulação com outras formas de indenização, não se falando da própria discriminação estabelecida de medir a condição humana em conformidade com o salário[viii].

​ Diante dessa grave distorção, conforme adverte o mesmo autor, é possível “até imaginar a situação grotesca, mas reveladora da histeria jurídica promovida pela ‘reforma’ trabalhista, de a Vale do Rio Doce buscar a declaração de que as pessoas que estivessem trabalhando como ‘meros’ prestadores de serviço, fossem, de fato, seus empregados, pois, assim, as indenizações devidas seriam sensivelmente reduzidas”[ix].

Quanto à própria responsabilidade da Vale pela reparação dos trabalhadores vitimados, sendo eles empregados e não “apenas” cidadãos como outros quaisquer, o que quer dizer, tendo a sua condição de cidadania rebaixada tanto pela “reforma” quanto pelo modo indevido como parte da jurisprudência trabalhista vêm entendendo o tema do acidente do trabalho, se abriria discussão em torno da necessidade de se provar a culpa da Vale, já que, para alguns, a responsabilidade do empregador pelos acidentes de trabalho não é objetiva, dependendo, pois da prova de conduta culposa.

Então, dentro desse pressuposto jurídico (para mim totalmente equivocado, mas acatado por muitos), se a Vale demonstrar que aquela não era uma atividade de risco ou que tomou todas as providências necessárias, fixadas em lei, para evitar o rompimento (providências estas que, inclusive, foram recentemente reduzidas dado o rebaixamento do grau de risco da barragem Córrego do Feijão[x], contrariando estudos que constituíram a base do PL 3.676/16, cujo parecer do deputado João Vitor Xavier – PSDB – foi reprovado na Assembleia de Minas Gerais e que tinha como base o Projeto Mar de Lama Nunca Mais, elaborado pelo Ministério Público em parceria com ONGs e representantes das famílias atingidas pela barragem Fundão, a partir de uma iniciativa popular, que contou com mais de 50 mil assinaturas[xi]); se argumentar que o rompimento se deu por fato da natureza, como, aliás, sugere o Decreto n. 8.572, de 13 de novembro de 2015 (do governo de Dilma Rousseff), que, invertendo e evitando responsabilidades e até, pode-se dizer, socorrendo a Samarco, utilizou o patrimônio do trabalhador (o FGTS) para que este se “auto indenizasse” pelo dano provocado por ato alheio; ou, ainda, se demonstrar que os trabalhadores, em avaliação individualizada, cometeram algum tipo de “ato inseguro”, como, por exemplo, estarem no refeitório além do tempo formalmente fixado para o intervalo ou fora do horário previsto, terá grande possibilidade de se ver livre de indenizar as vítimas. Ao menos é isso, de certo modo, o que se tem verificado com milhares de trabalhadores também vítimas de acidentes de trabalho no Brasil.

Além disso, como efeito não só da “reforma” trabalhista, mas da abertura para a terceirização na construção civil, promovida com maior intensidade desde as obras de preparação para a Copa do Mundo, que beneficiaram as grandes empreiteiras, não é arriscado dizer que muitos dos trabalhadores e trabalhadoras vitimados na tragédia da Vale em Brumadinho eram terceirizados e, sendo assim, não é difícil antever a dificuldade que seus sucessores terão para haver uma reparação, diante da conhecida debilidade econômica das empresas prestadoras (notadamente para arcar com as consequências de eventos como esse) e da consideração de que a Vale, como “mera” tomadora dos serviços, seria apenas responsável subsidiária pela reparação, cujo valor, inclusive, já se teria fixado em conformidade com o padrão econômico (reduzido) do empregador (a empresa prestadora de serviços).

Desse modo, a grande empresa que terceiriza suas atividades tem ainda em seu benefício o potencial econômico reduzido da empresa prestadora, vez que tem sido este o padrão utilizado para fins de fixação de eventual indenização dos trabalhadores terceirizados e não o potencial econômico da tomadora dos serviços, que, efetivamente, detém o capital.

Aliás, vale destacar que no aspecto da determinação de valores para reparação por acidentes do trabalho a Justiça do Trabalho, em vários julgados, tem tido muito pouca empatia com as dores das trabalhadoras e dos trabalhadores, atribuindo quantias bastante reduzidas, sendo que esses julgados são induzidos, muitas vezes, pelo artificialismo jurídico da terceirização, pelo qual se consegue, então, diminuir e quase eliminar a efetiva responsabilidade do capital pelos acidentes de trabalho.

Por isso, mesmo conseguindo-se chegar à reparação, essa já seria fixada em valor bastante aquém daquele que decorreria do tamanho da indignação social que ora se manifesta em relação à tragédia, e somente seria efetivada com bastante atraso, ou seja, quando se puder atingir o responsável subsidiário, qual seja, a Vale.

Essa condição reduzida de cidadania dos trabalhadores se intensificou com o advento da “reforma” trabalhista e pode ser destacada também pela ausência da concessão dos benefícios da assistência judiciária, que, nos termos da Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) deve ser “integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” e que na lei da “reforma” não é nem integral nem gratuita, sendo que esta fórmula foi utilizada para penalizar os trabalhadores e, assim, facilitar a impunidade dos infratores da legislação trabalhista.

Tal redução é mais trágica ainda quando se lembra que mesmo os demais cidadãos (os não empregados) não têm conseguido obter das grandes empresas a sua devida reparação. Tome-se por exemplo a situação das famílias atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana, em 2015, que até hoje não foram indenizadas.

E é aqui que uma enorme contradição se impõe, porque apesar de todo rebaixamento que se tenta impor aos trabalhadores estes contam com o mais eficiente órgão do Judiciário, a Justiça do Trabalho. Esta, com todos os percalços e mesmo de modo limitado, consegue dar atenção às demandas dos trabalhadores em tempo bastante razoável, em comparação com o que se verifica nos demais ramos da Justiça, tanto que muitos trabalhadores vitimados (ou seus sucessores) no acidente da Samarco, na Barragem de Fundão, em Mariana/MG, já foram indenizados. As informações a respeito, inclusive, seguindo o requisito da transparência, podem ser obtidas no site do Tribunal Regional do Trabalho[xii]. É por essa razão que os ataques que se fazem à Justiça do Trabalho se tornam ainda mais graves, vez que se destinam a retirar dos trabalhadores o mínimo de proteção jurídica que lhes resta, em benefício exclusivo dos infratores da legislação trabalhista.

À tristeza profunda que se sente ao ver o sofrimento experimentado por tantas pessoas na tragédia de Brumadinho soma-se a apreensão de que o movimento público e institucional de solidariedade às vítimas, que é espetacular e mais que necessário, não seja acompanhado do devido respeito aos direitos dessas vítimas enquanto seres humanos e trabalhadores.

Ora, há o risco de que a tragédia, que, como dito, é uma espécie de reprodução concentrada e acelerada da situação vivenciada por milhares de trabalhadores brasileiros, não seja suficiente para abalar as compreensões jurídicas acima evidenciadas e nem mesmo comova o STF no julgamento da ADI 5.870, movida pela Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho), pela qual se busca a declaração de inconstitucionalidade da tarifação do dano extrapatrimonial, tal como preconizada nos artigos 223-A a 223-G da CLT.

Há o risco, também, de ser insuficiente para impedir o projeto do atual governo de facilitar ainda mais a vida das grandes empresas, partindo do pressuposto de que é muito difícil ser empregador no Brasil e de que, portanto, as trabalhadoras e trabalhadores possuem uma vida fácil, tranquila, abastada e isenta de riscos.

Já se eliminou o Ministério do Trabalho, cuja função primordial era abarcar, com maior autonomia e independência, a auditoria fiscal do trabalho, órgão estatal responsável pelas inspeções nos locais de trabalho, para garantia da segurança e saúde dos trabalhadores.

Falou-se, abertamente, em aprofundar a “reforma”, ou seja, reduzir ainda mais os direitos e o poder de negociação dos trabalhadores, aumentando a precariedade das condições de trabalho.

E, por fim, se cogitou em extinguir a Justiça do Trabalho, o que geraria, certamente, redução da atuação do Ministério Público do Trabalho e da advocacia trabalhista, representando um afastamento concreto da presença do Estado, via efetivação dos direitos constitucionais, das relações de trabalho.

Aliás, o ex-deputado Rogério Marinho, que foi relator da “reforma” trabalhista na Câmara e que hoje, sem ter sido reeleito, foi convidado para ser o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, defendeu enfaticamente retirar a tutela do Estado das relações de trabalho[xiii]. O que quer, acolhendo demandas de setores específicos, é deixar as grandes empresas totalmente livres para fazerem o que bem quiserem.

Mas os resultados dessa “liberdade” (que, por evidente, não se utiliza nunca em prol do bem comum, mas para satisfação de interesses privados de majoração de lucros e enfrentamento da concorrência) são facilmente perceptíveis diante de tragédias como a da Vale em Brumadinho, e que, com honestidade intelectual, pode ser visualizada nas inúmeras situações do dia-a-dia das relações hierarquizadas e reificadas de trabalho, fazendo com que a retirada da atuação do Estado das relações de trabalho não seja apenas uma irresponsabilidade para o projeto econômico do país, seja, também, um ato de violência explícita.

Com a insistência em destruir direitos, sindicatos, a ação fiscalizatória do Estado e a tutela jurisdicional trabalhista, àqueles que, por razões não reveladas, almejam a destruição de todas as instituições constitucionalmente consagradas voltadas à aplicação dos direitos trabalhistas, a pergunta que se deve deixar consignada é: Quantas mais mortes, mutilações e dores das trabalhadoras e dos trabalhadores querem debruçar sobre os seus ombros?

Momentos de intensa dor como este nos autorizam, de todo modo, a ter, pelo menos, uma esperança de que a consciência humana aflore.

O Presidente da República, vendo a tragédia do alto, sobrevoando Brumadinho em um helicóptero, disse: “Impossível não se emocionar”[xiv].

O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Ministro Luiz Fux, externou sua posição nos seguintes termos:

“O Supremo Tribunal Federal, em nome do Poder Judiciário, manifesta pesar pela perda das vidas na região de Brumadinho, em Minas Gerais, em decorrência da tragédia do rompimento da barragem.
O Poder Judiciário revela a sua solidariedade às famílias das vítimas e aos moradores da região. Roga às autoridades que empenhem toda sua estrutura eficiente para encontrar os desaparecidos e espera a apuração das responsabilidades em tempo célere, para que o Judiciário possa dar a essa população desvalida uma resposta judicial efetiva de tutela da vida humana e do meio ambiente, valores consagrados na Constituição Federal brasileira.
Sugere, por fim tão logo seja possível, que se concentre na região força-tarefa para recuperação de documentos indispensáveis ao exercício da cidadania.”[xv]

O Poder Judiciário já determinou o bloqueio de R$ 11 bilhões da Vale em razão do ocorrido[xvi].

A grande mídia está fazendo uma grande, importante e responsável cobertura do fato. A sociedade inteira está vendo, lendo e ouvindo tudo a respeito e se manifestando com imensa e comovente solidariedade.

Dias atrás, diante da pressão da GM, buscando maiores isenções fiscais para se manter no Brasil e, com isso, pressionar, também, os trabalhadores, o governo federal, ao menos no discurso, deixou claro que não cederia[xvii].

Então, há de se supor (sem qualquer dissimulação ou ironia) que toda essa comoção deve gerar efeitos reais e concretos não só de solidariedade como também de uma mudança de postura voltada à efetivação dos direitos constitucionais dos trabalhadores, no aspecto mínimo da consideração da integralidade de sua cidadania, dignidade e condição humana, que, juridicamente, se traduz, no tema dos acidentes do trabalho, pela facilitação do acesso à Justiça, isto é, sem a ameaça de custos destinados ao pagamento de honorários de advogados do empregador (no caso específico da tragédia em Brumadinho, dos advogados da Vale S/A), pela declaração da responsabilidade objetiva dos empregadores pelos acidentes, pelo reconhecimento da solidariedade entre todos que se beneficiam dos serviços do trabalhador, pela fixação das indenizações sem tarifação e sem vínculo ao valor do salário e em correspondência com o potencial econômico do tomador de serviços, pois, do contrário, só restaria desse momento uma tragédia ainda maior, que a todos deveria envergonhar, de se promover uma solidariedade insincera, vez que desvinculada do devido respeito aos seres humanos vitimados, que deve vir antes de tudo.

Então, todos nós, sobretudo aqueles que se integram aos meios jurídico e político, devemos nos perguntar: qual é, de fato, a nossa disposição não só para nos solidarizarmos com as vítimas da Vale em Brumadinho, mas também para respeitá-las jurídica e institucionalmente?

São Paulo, 27 de janeiro de 2019.

NOTAS

[i]. http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL922204-9356,00-PRESIDENTE+DA+VALE+QUER+FLEXIBILIZACAO+DE+LEIS+TRABALHISTAS.html
[ii]. https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/11/crise-afeta-saude-mental-e-faz-aumentar-pedidos-de-afastamento-do-trabalho, acesso em 03/01/19.
[iii]. https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/12/e-tempo-de-informalidade-e-flexibilizacao-do-trabalho-no-pais.shtml, acesso em 03/01/19.
[iv]. https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/08/desmonte-da-legislacao-aumenta-numero-de-acidentes-e-mortes-no-trabalho, acesso em 03/01/19.
[v]. http://www.anpt.org.br/imprensa/noticias/3304-brasil-registra-cerca-de-700-mil-acidentes-de-trabalho-por-ano-afirma-anpt, acesso em 07/01/19.
[vi]. http://www.conjur.com.br/2014-jul-04/brasil-quarto-pais-numero-acidentes-fatais-trabalho, acesso em 07/01/19.
[vii]. http://www.anpt.org.br/imprensa/noticias/3304-brasil-registra-cerca-de-700-mil-acidentes-de-trabalho-por-ano-afirma-anpt, acesso em 07/01/19.
[viii]. MORO, Luís Carlos. “Que a lama de Brumadinho não brume o STF”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jan-26/opiniao-lama-brumadinho-nao-abrume-stf, acesso em 27/01/19.
[ix]. MORO, Luís Carlos. “Que a lama de Brumadinho não brume o STF”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jan-26/opiniao-lama-brumadinho-nao-abrume-stf, acesso em 27/01/19.
[x]. UOL. Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/reporter-brasil/2019/01/26/germano-vieira-norma-licenciamento-ambiental-barragem-brumadinho.htm>. Acesso em: 27 de jan. 2019.
[xi]. https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/projeto-que-endurece-regras-para-barragens-nao-avanca-em-assembleia-de-mg.shtml, acesso em 27/01/19.
[xii]. https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1, acesso em 27/01/18.
[xiii]. http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-01/marinho-defende-retirar-tutela-do-estado-nas-relacoes-trabalhistas
[xiv]. https://noticiaaovivo.com.br/noticia/2163/politica/bolsonaro-desaba-e-nao-segura-dor-em-brumadinho-impossivel-nao-se-emociona-26012019, acesso em 27/01/19.
[xv]. https://www.conjur.com.br/2019-jan-26/judiciario-lamenta-rompimento-barragem-brumadinho-mg
[xvi]. https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2019/01/27/justica-brasileira-ja-bloqueou-r-11-bilhoes-da-vale-por-rompimento-de-barragem.htm, acesso em 27/01/19.
[xvii]. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/se-precisar-fechar-fecha-diz-secretario-de-guedes-sobre-a-gm.shtml, acesso em 27/01/19.

Foto: Resgate em Brumadinho. Reprodução TV.

* Souto Maior é mestre, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo, onde leciona desde 2002. Ingressou na magistratura Trabalhista em 1993 e, no ano seguinte, foi promovido a juiz titular, cargo que exerceu na 2ª Vara do Trabalho (VT) de Marília, na 2ª de Araraquara e na VT de Itu. Em 2001 assumiu a titularidade da 3ª VT de Jundiaí, onde atuou até agosto, quando foi empossado como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região (TRT-15). Sua coluna também é publicada no blog Jorge Souto Maior


vía:
  https://esquerdaonline.com.br/2019/01/28/jorge-luiz-souto-maior-brumadinho-foi-um-dos-maiores-acidentes-do-trabalho-da-historia-do-brasil/

Mundo: Militares en el espacio: la nueva guerra entre Estados Unidos, Rusia y China




Estados Unidos ahora ajustarán su postura para defenderse también de cualquier ataque con misiles, incluidos los misiles de crucero e hipersónicos. Estamos, por cierto, muy avanzados también en tecnología hipersónica y misiles. Siempre estaremos a la vanguardia de todo. En cuarto lugar, reconoceremos que el espacio es un nuevo dominio de guerra, con la Fuerza Espacial a la cabeza. Mi próximo presupuesto invertirá en una capa de defensa de misiles basada en el espacio. Es nueva tecnología. En última instancia, será una parte muy importante de nuestra defensa y, obviamente, de nuestra ofensiva, son palabras que sobrepasan la retórica tonta acostumbrada de Donald Trump, porque, aunque las dijo Trump, esto es parte del plan o documento firmado y autorizado para que proceda a desarrollarlo, implementarlo y desplegarlo el famoso DoD, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y todo su ejército científico y espacial. El plan se llama MDR, Missile Defense Review o Revisión Misilística de Defensa, fue presentado hace unos días por Trump ante los máximos generales en su visita al Pentágono en Arlington, Virginia. El plan incluye desplegar bases espaciales con armamento para destruir misiles, implementar una capa protectora en toda la atmósfera para que ningún misil toque suelo estadounidense o aliado, y reconocer que el espacio es el nuevo campo de batalla. Esto inmediatamente sonó las alarmas en el Kremlin, Rusia alertó que lo que está haciendo Estados Unidos con su MDR, podría llevar incluso a la aniquilación humana al despertar una carrera armamentística espacial. La estrategia, de facto, da luz verde a la posibilidad de basar las capacidades de ataque de misiles en el espacio. La implementación de estas ideas inevitablemente llevará al inicio de una carrera de armamentos en el espacio, que tendrá las consecuencias más negativas para la seguridad internacional y estabilidad. Nos gustaría pedirle a la administración de los EE.UU. que piense de nuevo y se aleje de este intento irresponsable de relanzar, sobre una base nueva y de más alta tecnología, el todavía recordado programa “La Guerra de las Galaxias” de la era Reagan, pide el presidente Vladimir Putin a través de María Zajarova, portavoz de la cancillería rusa. Lo que detonó esta fricción comenzó el año pasado cuando EE.UU. acusó fuertemente a Rusia de violar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), el tratado de misiles nucleares intermedios firmado en 1987 con la Unión Soviética. Supuestamente, la culpa recae sobre el misil ruso 9M728, al cual EE.UU. lo denuncia por violar el límite del tratado que fue firmado para proteger a Europa de un ataque ruso debido a la cercanía de sus fronteras. Rusia rechaza las acusaciones, afirmando que el tratado es para misiles que sobre pasan los 500 kilómetros de distancia, y que su nuevo misil ruso 9M728, cae antes, en los 480 kilómetros. Europa está aterrada, El tratado está realmente en peligro, dijo el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg. Cuanto antes Rusia vuelva a cumplir, mejor. Según informes de Inteligencia Rusia creo este misil para defenderse de China, ya que China si ha desarrollado y tiene este tipo de misiles, lo que pondría en peligro el suelo ruso. Los acuerdos militares entre las tres potencias están prácticamente anulados y todo indica que, con la puesta en marcha del nuevo 'plan trumpiano', comenzará una competencia como nunca antes vista para rearmar el planeta y ahora el espacio. Es una guerra de misiles y ahora desde el espacio es la alerta que lanza Rusia y a la cual hoy queremos analizar junto con el desafío que lanza el Pentágono. En Detrás de la Razón, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa concluye. Y si la realidad hace lo que quiere, entonces nosotros volveremos a preguntar. Lo importante es detectar las aristas que no nos dicen. El análisis, las preguntas y respuestas a las nueve treinta de la noche, desde los estudios de Teherán; Londres, seis y Madrid, siete de la noche; México, doce, y Colombia, una de la tarde. Por Roberto de la Madrid

Brasil: El desastre de Brumadinho no fue un accidente, ¡fue un crimen! Editorial de 'Esquerda Online'...Traducción de Ernesto Herrera



 
 
 
En la tarde del viernes (25 de enero), fuimos otra vez impactados por la ruptura de una represa en Minas Gerais. Esta vez la ciudad afectada fue la de Brumadinho, en la región Metropolitana de Belo Horizonte.
Primeramente, queremos sumarnos al dolor de todos los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida. En este momento todavía no sabemos el número de muertes y el impacto medioambiental y sobre la población. Pero con certeza estamos delante de una tragedia anunciada, de enormes proporciones.
La compañía Vale, una de las mayores empresas mineras del mundo, ya informó que 413 de sus funcionarios están desaparecidos, la mayoría de ellos probablemente se encuentran enterrados por la lama del residuo de mineral de hierro. En el momento del accidente muchos trabajadores de la empresa almorzaban en el comedor, situado cerca de la represa destruida.



A la Vale no le importa la vida humana 


Cuando la noticia apareció en la prensa mundial, el presidente de la Vale (ndt: Fabio Schvartsman, presidente-director) salió públicamente a lamentar lo ocurrido, tratándolo como un “accidente”.
Discrepamos con el presidente de la Vale. Brumadinho no fue un accidente. La tragedia de Mariana tampoco lo fue (ndt: ocurrida el 5 de noviembre de 2015). Fueron crímenes contra la vida humana y el medio ambiente. Hicieron parte del deshumano cálculo de riesgo de las grandes empresas capitalistas. Es más barato cargar con juicios e indemnizaciones, que en la mayoría de las veces no son pagas (como ocurrió con los moradores de Mariana, que prevenir.
Todos los ambientalistas son unánimes en decir que hay formas de evitar daños y controlar esos embalses. La Universidad de Minas Gerais (UFMG) desarrolló una tecnología que reaprovecha los residuos de mineral de fierro, transformándolo en ticholos. Esta tecnología le fue ofrecida a la Vale, que la rechazó, porque tenía que gastar más dinero. Y tener menos lucro es inadmisible para cualquier empresa cuya prioridad es remunerar a los accionistas de la Bolsa de Nova York. Para ellos las vidas humanas no importan
Bienes y dinero en cuentas bancarias de la Vale deben ser confiscados, para atender a las víctimas y aliviar los daños ambientales.
La Valer registró solamente en el tercer trimestre de 2018, una lucro de 5,7 billones de reales. Se trata de una empresa que ostenta ganancias astronómicas en beneficio de los grandes accionistas nacionales y extranjeros.
Ante los daños humanos y ambientales incalculables, causados por la empresa, es preciso que el gobierno federal confisque, inmediatamente, los bienes y el dinero de la Vale para colocarlos a disposición de la atención de las víctimas y la recuperación ambiental.
Defendemos, también, que todas las operaciones en las demás minas de la Vale sean suspendidas por tiempo tempo indeterminado (con la garantía de los empleos y salarios), de modo de inspeccionar las condiciones de seguridad para los trabajadores y comunidades próximas.
Es necesario, además de eso, una inmediata y amplia investigación de los responsables por la tragedia en Brumadinho, y comenzar por la averiguación de las responsabilidades de la alta cúpula de la empresa, que precisa ser castigada ejemplarmente si su culpabilidad fuera probada.
Dos de los mayores crímenes de la historia del país son responsabilidad directa de la Vale, una empresa estratégica que fue privatizada a precio de banana por FHC (Fernando Henrique Cardoso) en la década del noventa.
La segunda tragedia en tres años demuestra de modo cabal, cuanto nocivo fue para el país la privatización de la minera. Extraen la riqueza de nuestro subsuelo, utilizan nuestras aguas para lavar el mineral y exportan el mineral bruto sin agregar valor en territorio nacional. Destinan billones y billones a los grandes accionistas, mientras envenenan, destruyen y matan seres humanos y el medio ambiente. Por una cuestión de seguridad nacional, en respeto a la vida de los trabajadores y la naturaleza, la Vale precisa ser estatizada, bajo contro, social, sin indemnización, para servir al desarrollo sustentable del país.


El gobierno Bolsonaro va a aumentar riesgos como los de Brumadinho


En Brasil existen cerca de 24 mil represas en funcionamiento. La mayoría de ellas suministra agua para la agricultura. De estas, % son clandestinas. El otro 40% no tienen condiciones de ser fiscalizadas por los órganos competentes, porque no hay interés. Y así lo hubiere, no sería posible por falta de funcionarios.
Según André Trigueiro, periodista de la Globonews especializado en medio ambiente, si el gobierno federal resolviese hacer una fiscalización rigurosa de las represas existente en Brasil, ¡precisaría 33 años para concluir la inspección!
El gobierno Bolsonaro, ya dejó bien claro cuál es su estrategia para lidiar con el medio ambiente y la minería en Brasil: su gobierno va a favorecer todavía más los intereses de las empresas, es decir, sus lucros. Por eso, designó un ministro que es procesado por crimen ambiental. Y pretende debilitar todavía más la legislación y los órganos de control ambiental, así como acabar con la demarcación de tierras indígenas.
No confiamos en que el gobierno Bolsonaro va a resolver este o cualquier otro problema, pues eso lo obligaría a enfrentarse con las grandes empresas, exigiéndoles la revisión de las normas de seguridad y el uso de tecnologías que prevean o eliminen riesgos a la vida humana y al medio ambiente.
¡Toda nuestra solidaridad con la víctimas de Brumadinho!
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa (https://correspondenciadeprensa.com)
https://esquerdaonline.com.br/

vía:
  http://rebelion.org/noticia.php?id=251803

Venezuela y la disputa geopolítica ....Carlos Fazio




Después de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el sábado pasado en Nueva York, el conflicto en Venezuela ha adquirido dimensiones geopolíticas. Y como siempre, el petróleo es la sustancia de fondo de la cuestión.

Auspiciado por la administración de Donald Trump, el golpe de Estado en curso contra el presidente constitucional y legítimo, Nicolás Maduro, tiene como objetivo instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y sustento popular con el propósito encubierto de generar caos, anarquía y una guerra civil entre venezolanos como vía para justificar una intervención militar humanitaria de algunos países del área bajo el paraguas del Pentágono.

Para eso, dos propósitos centrales del plan criminal impulsado por los súper halcones de la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo y el director del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton –auxiliados ahora por Elliott Abrams, operador de las guerras sucias y las actividades clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia en América Latina en los años 80− es encontrar un Pinochet o un Videla en el seno de la patriótica Fuerza Armada Nacional Bolivariana y potenciar una contra venezolana, como la que desangró a Nicaragua a comienzos de la revolución sandinista.

El guion, que pretende reditar una dualidad de poder similar a la del caso libio, se ha ejecutado por medio de una guerra híbrida sin precedentes, que junto con las operaciones sicológicas y otras técnicas clandestinas, incluye las acciones diplomáticas de la maloliente Organización de los Estados Americanos (OEA), viejo ministerio de colonias de Washington, del inefable Grupo de Lima y la Unión Europea; las sanciones y el bloqueo económico-financiero de Estados Unidos y Gran Bretaña para colapsar la cotidianidad de la población venezolana: sabotajes contra instalaciones estratégicas del Estado y objetivos simbólicos en barriadas y urbanizaciones populares, actividades paramilitares de tipo insurreccional con mercenarios camuflados, guarimberos encapuchados y malandros a sueldo; el terrorismo mediático y en las redes digitales (desinformación, fake news, uso de cuentas influenciadoras), el uso de ONG como herramientas de infiltración en la sociedad para generar desestabilización, fanáticos crímenes de odio contra personas identificadas con el chavismo e intentos de balcanización del territorio en las fronteras con Colombia y Brasil.

Bajo la tutela de Washington y en una acción coordinada con los regímenes cipayos de Colombia, Brasil y Argentina −principales integrantes de la patota de Lima, de la que inexplicablemente México aún forma parte−, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado, la figura paragubernamental necesaria para seguir la hoja de ruta de la política de cambio de régimen del Comando Sur del Pentágono.

La fabricación al vapor de una nueva narrativa sobre el joven pacifista Guaidó, que busca alejarlo de la brutalidad paramilitarizada que el ala dura del antichavismo protagonizó en Venezuela los recientes años, y en la que participó como operador del caos y el vandalismo extremista callejero, sólo busca encubrir el inicio de un nuevo ciclo de violencia prolongada como los que fracasaron de 2014 a 2017, dirigido entre otros objetivos clave a intentar fracturar la cadena de mando cívico-militar de la Revolución Bolivariana.

El multipublicitado relanzamiento remasterizado del esquema de la lucha pacífica y popular contra la dictadura de Nicolás Maduro, bajo el liderazgo del hasta hace dos semanas prácticamente desconocido diputado Guaidó −cuya imagen e incluso su color de piel se sale un poco de la siempre caucásica fisonomía de los líderes del ultraderechista partido Voluntad Popular−, busca forzar una transición que estaba paralizada ante la ausencia de dirigentes opositores capaces de erosionar al gobierno de Maduro.

La puesta en escena del fantoche Guaidó −el presidente que nadie eligió−, ahora es una fabricación de la diplomacia secreta de Washington, que tuvo como principal responsable al cubano-estadunidense Mauricio Clavier, integrante del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. El esquema que trata de imponer el trío Bolton, Pompeo, Abrams, con apoyo de legisladores de la mafia cubano estadunidense de Miami (el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, republicanos), sigue el formato libio.

Washington ha logrado posicionar en Europa y América Latina a la Asamblea Nacional opositora como única autoridad con legitimidad de origen en Venezuela y busca potenciar a un Consejo Nacional de Transición Democrática, símil del Consejo Nacional de Transición libio, que fue reconocido en 2011 por la Liga Árabe, Estados Unidos, países europeos y finalmente la ONU, como gobierno legítimo de Libia, con el apoyo de milicias de mercenarios provenientes de Al Qaeda y armados por la OTAN, llamados mediáticamente rebeldes (los luchadores de la libertad de Ronald Reagan y George Bush padre, creados por Abrams y John Dimitri Negroponte).

Lo ocurrido en Libia se calcó luego en Siria. Pero allí el campo de batalla, además de Estados Unidos, incluyó a Rusia, tras aprender la experiencia libia. Y el Pentágono sufrió una derrota. El factor geopolítico se reaviva ahora en Venezuela, que cuenta con el apoyo de Rusia y China, lo que podría generar un incendio en la región.

vía:
 https://www.jornada.com.mx/2019/01/28/opinion/014a2pol#

Argentina: La destrucción del sistema previsional...Editorial VHM


domingo, 27 de enero de 2019

Indignan-Documental: "No puedes ser neutral en un tren en movimiento"...Howard Zinn




El documental es una equilibrada mezcla de la vida y la obra de este profesor de historia norteamericano. Zinn fue el lider de una amplia generación de jovenes que vieron como un profesor de historia se implicaba activamente contra la Guerra de Vietnam. Fue, junto con Noam Chomsky, uno de los críticos más ácidos de su país, denunciando la cara oscura de la historia norteamericana y mostrando su otra cara no tan conocida: una cara sindicalista, feminista, anti-racista, anti-guerra, anti-imperialista. Zinn rescata los episodios más dignos de la historia de su país que permanecen escondidos en los libros de texto, y demostrar así la posibilidad de éxito para los disidentes de hoy en día.

Archivo del blog

Datos personales

Mi foto
Malas noticias en los periòdicos, asesinatos, enfermedad, pobreza, dolor, injusticias, discriminaciòn, guerras, lo grave es que nos parece normal.

Ecologia2