Los salarios siguen congelados –es decir, en concreto, a la baja debido al aumento proyectado del IPC o costo de la vida-, y la estrategia de financiarización y convencimiento multimediático del país de que las cosas no podrían ir mejor. Aunque la apreciación del peso favorece las importaciones para el capital comercial y el consumo interno y termina por destruir las rémoras de industria nacional, las mercancías de procedencia oriental por muy baratas que estén no justifican el alza de las ventas a esos niveles. Sólo el aumento general de los salarios generales. Pero como ello no es real, el crédito fácil es lo único que lo explica.
En tanto, se amplía el empleo por medio de sus formas más precarizadas, tanto en el bajo precio de la fuerza de trabajo, como en el tipo de empleo, precarias relaciones contractuales (cuando existen) y la multiplicación de los trabajadores a cuenta propia (en el paisito hay cada vez más taxis y microscópicos comerciantes, mini especuladores de golosinas y baratijas). Por eso, también según números oficiales, la cesantía se estancó en alrededor de un 8%. No así el subempleo, la tercerización y el trabajo informal. Ese crece como espuma. Por otro lado, de acuerdo a proyecciones gubernamentales, el Estado recibiría por impuestos al cobre US$ 9 mil millones por parte de la estatal Codelco (que concentra el 27% del la explotación del metal rojo), mientras que las mineras privadas pagarían US$ 8.500 millones (que concentran el 73% de la explotación cuprífera). ¿Cuánto desarrollo necesario en todos los ámbitos, tanto sociales, como de promoción industrial diversificada con irrestricta protección de la naturaleza finita, podría propugnarse y beneficiar a las grandes mayorías, al pueblo trabajador, si el cobre fuera explotado únicamente por el fisco chileno?
Hace unas semanas se presentó en Santiago de Chile el anuario estadístico de CEPAL, donde la exportación de productos primarios en la Comunidad Andina aumento al 82,3% el 2009, y en el MERCOSUR llegó al 63,1%. Detrás de Bolivia, que ranquea este fenómeno generador de dependencia y fragilidad, está Perú, Ecuador y Chile. CEPAL afirma que los indicadores de comienzos de 2010 ratifican la tendencia. Esta es la misma historia de siempre. Una clase dominante rentista y parasitaria dueña del Estado que obtiene utilidades a través de la venta de recursos naturales (privada o fiscalmente) que utiliza para comprar mercancías terminadas y nunca medios de producción y tecnología con el fin de de diversificar la economía.
Por eso en el país el sector servicios y comercio a toda escala emplea a casi el 80% de los trabajadores asalariados, con o sin contrato. Mientras tanto, poco más de un 20% revienta yacimientos de cobre y minerales asociados, bosques, y pescado. Es CEPAL y no la Internacional Comunista –que por lo demás no existe- la que indica que tras este añoso patrón económico dominante en América Latina y Chile, además de pulverizar con celeridad dramática los recursos naturales agotables hace imposible crear “estrategias de desarrollo endógenas y autónomas”. Esto es, que vuelve a la Región más lejos de la independencia genuina, más lejos de la prosperidad; en fin, más lejos de la igualdad básica para la libertad auténtica y la soberanía en todos los planos.
Tal como se ha señalado profusamente, una de las características sustantivas del capitalismo en Chile se expresa en el movimiento compuesto por la concentración del capital y la desigualdad social aguda. Al respecto, cuatro cadenas de supermercados condensan prácticamente el 90% del mercado a agosto de 2010. Sólo Wal-Mart (que en el país se llama Líder) posee el 33,4%. Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) tiene el 30,5%; el grupo Saieh el 17%; y Southern Cross (Supermercados del Sur) poco más del 7%. La concentración funciona imponiendo los precios de venta a los demandantes, y los precios de compra a los proveedores de los supermercados sobre todo de frutas y verduras. Se trata de las llamadas micro y pequeñas empresas condenadas a las condiciones determinadas por los gigantes de la venta al detalle.
Su alternativa son las ferias libres, cada vez más castigadas jurídicamente, pese o porque en más ocasiones que las convenientes para los monstruos del sector, venden productos más baratos al público. Aquí los gobiernos municipales han ordenado la destrucción concreta de ferias enteras en la Región Metropolitana. Es decir, se manifiesta una colusión entre los intereses de los grandes supermercados y los gobiernos locales contra los feriantes. Mucho de los empleos con los cuales engorda las cifras el gobierno, se trata de trabajadores feriantes, puro y duro mal trabajo informal.
2. En la política de los de arriba, ante la crisis de la componenda que cogobierna con la derecha tradicional y gatillada por la reforma educacional privatizadora de Joaquín Lavín (hasta la vista, todavía pre candidato de la ultraderecha UDI) aprobada con los votos de la Concertación en el Congreso, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijo sobre la proposición de recrear esa alianza que “Estoy disponible para revisar el nombre de la marca”. Por otro lado, ex concertacionistas como Jorge Arrate y Sergio Aguiló se empeñan en formar una Asamblea de Izquierda, donde en lo central se plantea que “rechaza las alternativas neoliberales y su marco institucional, que fue dado por la dictadura. Somos partidarios de una nueva constitución, participativa, democrática, que surja de una Asamblea Constituyente”. Uno de los aspectos inquietantes de la iniciativa es la composición de su conducción, toda vez que se trata de ex personeros de la propia Concertación y de otros que colaboraron de una u otra forma en distintos momentos con ella.
Por lo demás, en las últimas elecciones, el ex candidato de la izquierda tradicional, Jorge Arrate, pasó a la historia por llamar en la segunda vuelta presidencial a votar “todos contra la derecha”, y muchos años antes, por capitanear desde el exilio europeo la “renovación socialista”, que en buenas cuentas, facilitó la salida pactada de la dictadura, manteniendo el régimen económico dominante intacto durante los 20 años que administró el Estado la Concertación, tanto como la imposibilidad de procesar a Pinochet en Chile o en el extranjero, entre otras cosas.
¿Qué fuerza progresiva en el país no querría transformar la Constitución? Lo que ocurre es que el movimiento es inverso. La Asamblea Constituyente y el producto de una nueva Constitución pro popular es la hija jurídica de las fuerzas sociales hegemónicas del pueblo trabajador que todavía no son, pero que comportan el desafío para que sean. ¿Dónde, cuándo y cómo ha habido asambleas constituyentes pro populares en América Latina? En los países donde, sustentados sobre fuerzas sociales genuinas y severas crisis de gobernabilidad, primero se ha accedido al Ejecutivo. De acuerdo a las relaciones de fuerzas actuales, con fortuna, una Asamblea Constituyente podría matizar la regente. Simplemente porque la hegemonía del liberalismo financiero y la clase mandante domina poderosamente todavía las relaciones sociales, y las fuerzas populares progresivas recién amanecen. Naturalmente una nueva Constitución es un horizonte. Pero aún se mantiene en un limbo superestructural. Si no se tuvo la fuerza para crear una AFP del Estado que compitiera con las privadas, o un Banco del Estado que realmente basculara la usura extraordinaria del sistema financiero privado y transnacional que opera en Chile, ¿cómo se realiza una Asamblea Constituyente para modificar la carta de navegación que enmarca y expresa el predominio objetivo del capital sobre el trabajo, de los intereses de la minoría por sobre los de la mayoría? Un misterio.
Como un misterio es que la nueva formación no termine colaborando con el retorno de la Concertación al Ejecutivo. Lo cierto, es que más allá de los prejuicios (por muy justificados que resulten), hay que observar y evaluar con serenidad el curso que tome. Aquí no sobra izquierda. Por el contrario. El problema llano es quién lleva el pandero, el contenido de clase de su dirección, y cuáles son sus objetivos estratégicos independientemente de la radicalidad o no de su programa hoy. De lo contrario los intereses históricos del pueblo trabajador una vez más serán postergados o empleados como moneda de canje para cuestiones distintas a un proyecto y alternativa verdaderamente independiente de la Concertación o la “marca” que eventualmente adopte. El derecho a la sospecha no es sectarismo o maximalismo o extremismo o gusto malsano por la denominada “marginalidad política” o miedo al poder o una mirada conspirativa de la historia y la política. Es sólo eso. Derecho a la sospecha de acuerdo, en este caso, a la composición de quienes encabezan y coordinan la iniciativa.
3. Después de todo, con las alzas del precio del transporte colectivo (Transantiago y el metro); la vuelta en marzo de estudiantes y profesores y su reacción movilizadora y antiprivatizadora ante el acuerdo sin más sujeto que los congresistas de las dos variantes en el Legislativo; y la sonada visita del presidente norteamericano a Chile en el mismo mes, marzo se advierte como un otoño donde ya se oye el crujir de las hojas secas bajo el calzado de los luchadores sociales en la calle. De los luchadores sociales que están y de los que se agregan silenciosa y diariamente.
Enero 27 de 2010
La Haine
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