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El pasado lunes 24
de enero, la ministra de Economía presentó en rueda de prensa las
principales líneas directrices para el saneamiento del sector de las
cajas de ahorros. Básicamente, se centraban en el refuerzo del requisito
de ratio de “core capital” hasta el 8%, más allá de lo exigido en
ningún estado europeo, y que sería aún mayor para el caso de aquellas
instituciones que no coticen en Bolsa o que no tengan una presencia
significativa de inversores privados.
Esta propuesta de
saneamiento de las cajas de ahorros tiene una serie de implicaciones que
no sólo afectan a la estructura resultante finalmente del proceso de
reestructuración sino también a su incidencia sobre la evolución
económica general.
En primer lugar, implica que las cajas de
ahorros se ven abocadas a una carrera frenética por captar capital que
las deja a los pies de los caballos de los especuladores
institucionales: fondos de inversión y de capital riesgo,
mayoritariamente, ávidos de beneficios inmediatos por la vía del acceso a
sus líneas de negocio más rentables.
En segundo lugar, sorprende
que se haya lanzado sin que se conozca con precisión cuál es la
exposición al riesgo inmobiliario del sector y, en consecuencia, de qué
necesidades concretas de capital se está hablando. El anuncio por parte
de la ministra de que se necesitarán en torno a 20 mil millones de euros
ya ha sido puesto en tela de juicio hasta por la Comisión Europea (no
digamos por los mercados que, en función de la estimación del ajuste
inmobiliario, barajan cifras que superan los 80 mil millones de euros).
Mal empezamos si la credibilidad de la propuesta queda en entredicho
desde el mismo momento de su anuncio.
En tercer lugar, la
propuesta de recapitalización tendrá repercusiones evidentes sobre la
concesión de créditos y préstamos por parte del sistema bancario por
cuanto cada una de sus operaciones de activo, en función de su
tipología, implica el consumo de recursos propios. Es decir, se abunda
aún más en la restricción crediticia de bancos y cajas, con lo cual
vuelve a ponerse de manifiesto que a fuerza de preservar, no ya la
estabilidad del sistema financiero, sino el que éste no asuma siquiera
parcialmente las consecuencias de los riesgos en los que ha incurrido el
gobierno está dispuesto a continuar sacrificando la recuperación
económica.
Y, finalmente, tampoco debemos olvidar que aquí no se
va a nacionalizar nada, por mucha retórica que circule al respecto. Si
las cajas no pueden acceder al capital necesario, el Estado entrará en
sus consejos de administración por la vía del FROB, pero no para
convertirlo en instituciones públicas sino para sanearlos y venderlos al
mejor postor.
En definitiva, la oportunidad de que la crisis
hubiera permitido una reforma del sistema financiero que deviniera en
una mayor presencia pública directa en el mismo desaparece por completo
del horizonte y, de paso, se agravan las condiciones para la
recuperación económica. ¿Se puede hacer peor?
Alberto
Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121312
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121312
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