lunes, 13 de abril de 2015

Indignado: Galeano en 'La Jornada'...../ La Jornada

A continuación, una lista de notas sobre Eduardo Galeano, así como de algunos artículos publicados en el diario La Jornada
El infinito Galeano/ La Jornada Semanal
La vena literaria de Galeano / Entrevista
Galeano invocó las luchas de Atenco, de Oaxaca y por la sagrada tierra
El narco prospera donde hay gobiernos de derecha, señala Eduardo Galeano
Galeano pone a sus lectores de EU a verse entre sí y los captura en sus reflexiones
Obedecer a los poderosos no es nuestro destino, manifiesta Eduardo Galeano
Eduardo Galeano recuerda en NY que estamos hechos de historias
Celebra Eduardo Galeano 73 años de vida
México, víctima de la hipocresía del norcosistema universal: Galeano
Un huracán feroz despedaza los derechos de los trabajadores: Eduardo Galeano
El dominio enloquece al mundo: Galeano
Trepidante expansión de la prosa afilada de Eduardo Galeano en España
Nuevas Ventanas de Eduardo Galeano dan vida a un mural cerámico en Argentina
Amalia Solórzano simboliza a las mujeres de México: Galeano
Eduardo Galeano, fenómeno literario en territorio español
Llama Galeano a una AL unida para revertir "el miedo y la resignación"

Artículos del escritor
Gaza
Disculpen la molestia
Cuba duele
"La independencia es otro nombre de la dignidad"
La paradoja andante
Los mapas del alma no tienen fronteras

Invisibles
Espejos
Aprendizaje, desafío y viaje de las palabras
La amenaza haitiana
Haití, país ocupado

vía:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/04/13/galeano-en-la-jornada-748.html

Indignado: EN 2012, GALEANO CONVOCO A UNA MULTITUD EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES....“Estamos hechos de historias”......Por Silvina Friera



El autor uruguayo llenó la Sala José Hernández. Y alrededor de dos mil personas lo siguieron desde afuera. Se ganó la ovación del público gracias a varias de sus misceláneas imperdibles, la mayoría extraídas de su libro "Los hijos de los días".






Y los días se echaron a caminar... y la voz de Eduardo Galeano, una especie de chamán, ejerció a todas luces una fuerza hipnótica entre los fieles lectores que lo acompañaron en la Sala José Hernández. Imposible calcular cuántas personas se quedaron afuera. Lo escucharon, mano a mano, más de 700 personas. Pero quizás unas dos mil se desparramaron en la puerta del auditorio principal de la Feria –resistiendo el frío de la noche del sábado– y en otra de las salas –la Borges–, donde se proyectó la narración de varias de las efemérides que integran su último libro, Los hijos de los días (Siglo XXI). El fenómeno comenzó temprano, mucho antes de que el autor uruguayo, una de las visitas más esperadas de esta 38ª edición, se presentara. Apenas La Rural abrió sus puertas, la fila empezó a crecer, cuando la levadura de la esperanza de ingresar parecía garantizada para todos. Los breves relatos, misceláneas punzantes sobre la desigualdad, el hambre, el racismo, el derecho humano a la información, los “miedos” de comunicación, los desaparecidos y los niños robados, el medio ambiente y derroteros diversos de la civilización resonaron como si el pasado, el presente y el futuro fueran un tiempo siempre igual a sí mismo.

Un pequeño trabajo zoológico que se le ocurrió, sobre unos bichitos que se llaman sanguijuelas, “uno de los principales productos de importación de los países europeos”, fue el prólogo de una dedicatoria muy ovacionada. “Aprovecho esta lectura para mandar un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, Tinogasta, Andalgalá y otros que no se dejan engañar con los cuentos de las sanguijuelas modernas, que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio”, dijo Galeano, manifestando su apoyo a quienes están resistiendo la minería a cielo abierto.

“Y los días se echaron a caminar. Y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días.” Así arrancó Galeano, sentadito en un sillón que agigantaba su figura y rubricaba el conjuro de una intimidad expansiva, con unos papeles en la mano que casi no leía, como si tuviera inscripta cada una de sus palabras en los labios. Como si fuera un narrador oral o un cuentacuentos. Un mismo día, el 8 de octubre, le permitió afilar la cuchilla de la reflexión en torno de aquellas figuras que se niegan a menudear los derroteros de la humanidad. “En 1967 se acorraló al Che Guevara en Bolivia; en 1919, Emiliano Zapata fue acribillado en México; y en 1934 mataron a Augusto Sandino en Nicaragua. Los tres compartieron el mapa y el tiempo, y fueron castigados por negarse a repetir la historia”, recordó. De pronto su voz se perdió. El micrófono y el sonido se trenzaron en una confabulación para romper la magia. Cuando se solucionó el problema, el escritor y periodista insufló una dosis de humor al mal trago sonoro: “Este es el micrófono que yo quería porque mejora las palabras, la calidad del texto”.

Uno de los momentos más celebrados fue cuando el autor de Las venas abiertas de América latina eligió, de ese calendario bisiesto –una historia por cada día– que conforma su último libro, contar el 11 de abril, sobre “los miedos de comunicación”. “En el día de hoy, en el año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos volcados a las calles restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron.”

Para comprobar si el hechizo operaba a la perfección, exceptuando el inconveniente previo con el sonido, el escritor preguntó: “¿Lo que digo sale alindado por el micrófono como me dijeron?”. Después de la ratificación del público, Galeano bromeó: “La tecnología hace milagros”. Y nuevamente echó a rodar esas frases cortas, pulidas de adjetivos, certeras y concretas. Dardos que dan en el blanco. “Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado”, subrayó con ese tono solemne que buscaba enfatizar el remate contrario: la carcajada. “¿No será que el hambre de los pobres sacia nuestro apetito y su desnudez es la que nos viste?”, preguntó. No hubo ni la más mínima chance de sonreír, como si el interrogante temblara ante las posibles respuestas. En el catálogo del narrador uruguayo, la cinta de la historia es rebobinada bajo el microscopio despiadado de una oralidad que intensifica los tópicos y sujetos interpelados. También leyó las efemérides en las que alude al secuestro de niños como botín de guerra. “La dictadura argentina robó más de 500 niños, pero mucho más niños robó la democracia australiana, con permiso de la ley y aplauso del público”, afirmó el autor de El libro de los abrazos y Espejos, entre otros títulos. “La dictadura franquista dictó orden de olvidar: robó a los niños y robó la memoria”, agregó. Y recordó, además, a Macarena Gelman, la nieta del poeta, una de las víctimas del plan Cóndor, “un mercado común del terror de las dictaduras latinoamericanas”.



vía:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-270413-2015-04-13.html

Indignado: Murió Eduardo Galeano...pagina12

El escritor y periodista uruguayo, autor de libros emblemáticos como "Las venas abiertas de América Latina", "Memoria del fuego" y "El libro de los abrazos", murió en Montevideo a los 74 años. El jurado que le entregó el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana en 2001 lo definió como "un recuperador de la memoria real y colectiva sudamericana y un cronista de su tiempo".




Eduardo Germán Hughes Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940, era hijo de Eduardo Hughes Roosen y de Licia Ester Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para firmar como escritor o periodista. Cuando era un adolescente comenzó a publicar caricaturas para El Sol, un periódico socialista en Uruguay, con el seudónimo de "Gius", también fue obrero en una fábrica de insecticidas y pintor de carteles entre otros oficios, a pesar de provenir de una familia de la clase alta.

Se inició como periodista a comienzos de 1960 como editor del semanario Marcha y del diario Época luego del golpe de Estado en su país del 27 de junio de 1973 fue encarcelado y posteriormente se instaló en la Argentina. Una década después fue el director de la revista cultural y política Crisis, fundada por Federico Vogelius (1919-1986): "Fue un largo acto de fe en la palabra humana solidaria y creadora (...) Por creer en la palabra, en esa palabra, Crisis eligió el silencio. Cuando la dictadura militar le impidió decir lo que tenía que decir, se negó a seguir hablando", dijo al cierre en agosto de 1976.

Ese mismo año, su nombre integró la lista de condenados por la dictadura militar argentina, presidida por Jorge Rafael Videla, y viajó a España. Allí escribió la trilogía "Memoria del fuego" (Los nacimientos, 1982; Las caras y las máscaras, 1984, y El siglo del viento, 1986) donde revisita la historia del continente latinoamericano.

Cronista de su tiempo, la visión de una América Latina unida se vio reflejada en su narrativa que se remonta a títulos como "Los días siguientes" (1963), los relatos de "Vagamundo" (1973), "El libro de los abrazos" (1989), "Patas arriba. La escuela del mundo al revés" (1998).

En 1985 regresó a Montevideo cuando Julio Marí­a Sanguinetti asumió la presidencia del paí­s por medio de elecciones democráticas. Junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro, entre otros funda el semanario Brecha. Y luego su propia editorial El Chanchito. Además, integró la "Comisión Nacional Pro Referéndum" (entre 1987-1989), constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de los crí­menes cometidos durante la dictadura militar en su país (1973-1985).

Por su obra, Galeano fue galardonado con el Premio Casa de las Américas 1975, 1978; Premio del Ministerio de Cultura del Uruguay 1982, 1984, 1986, American Book Award 1989, Premio Stig Dagerman 2010 y Premio Alba de las letras 2013.

En ocasión de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana en 2001, el escritor dijo: "He amado a esta isla de la única manera que es, digna de fe, con sus luces y sombras", mientras que el jurado definió con certeza al escritor y periodista como "un recuperador de la memoria real y colectiva sudamericana y un cronista de su tiempo".

En 2004 escribió una "Carta al señor futuro", que sintetiza sus anhelos. "Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos lo patean, como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra, como si fuera una granada de mano; y los voraces lo exprimen, como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano que tarde el mundo podrí­a no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma", advierte en esa carta. "De eso se trata, señor Futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando, que usted siga siendo -apunta-. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo".



vía:
 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-270412-2015-04-13.html

Sociedad: Medios de Comunicación



España: Un millar de personas han dicho en Madrid: “No tenemos miedo, frente a la represión, tomemos las calles”...Por Kaos. Represión







La marcha había sido convocada por el Bloque Unitario para denunciar “la brutal represión del estado contra cualquier voz discordante con el gobierno actual” cuya última acción brutal fue la Operación Piñata del 30 de marzo y las leyes violatorias de principios básicos democráticos aprobadas en los últimos tiempos por las que el gobierno acumula advertencias y reclamos de las organizaciones mundiales de derechos humanos, tales como las Naciones Unidas, los relatores de la Comisión de DD.HH de la Unión Europea, Amnesty Internacional, Reporteros sin fronteras, Comité europeo contra la tortura y muchos más.



Asi informaba el Diario Público sobre esta manifestación:

Cientos de personas protestan contra una “ley represiva a medida”

En respuesta a la operación Piñata ordenada por el juez Eloy Velasco que ha mandado a prisión a cinco de los quince anarquistas detenidos el pasado 30 de marzo, y contra la corrupción del partido en el Gobierno y la llamada Ley Mordaza, cientos de personas se han manifestado esta mañana por el centro de Madrid partiendo de la Plaza de España.

Al grito de “¡Basta ya, del Estado policial!” o “¡Libertad, libertad, detenidos por luchar!”, y tras el lema “No tenemos miedo, frente a la represión, tomemos las calles”, diversos colectivos y ciudadanos de a pie se han dado cita precedidos y escoltados por seis furgones de la policía. “El Estado intenta luchar jurídicamente ante lo que era incapaz por medio de la represión, se han hecho una represión a medida, ya que por la vía administrativa son jueces y parte en cada caso”, explica Rafael, activista de la PAH, en referencia a la Ley Mordaza.

“Se trata, a fin de cuentas, de una actualización del enemigo”

En esa misma línea, protesta un beligerante Javier Paredes, afiliado a la CGT y para quien dicha ley se parece “de forma alarmante” a otra que a él le tocó sufrir durante su juventud, a saber; la franquista ley de vagos y maleantes. “Se parecen mucho y con el paso del tiempo se parecerán más, la tendencia es a una mayor represión”.

Según denuncian los convocantes, “el PP ha realizado una saca para estrenar su nueva Ley Mordaza. Como hace 50 años, de madrugada, se ha detenido a activistas de derechos civiles y democráticos y a luchadores por las libertades”. Una criminalización que, como apunta el escritor y editor Servando Rocha, presente en la movilización, “crea un precedente de creaciones fantasmales de enemigos que no existen, se trata, a fin de cuentas, de una actualización del enemigo”.

http://www.publico.es/politica/cientos-personas-protestan-ley-represiva.html

FOTO PORTADA: @Danips



GRACIAS A LAS COMPAÑERAS @Danips , @alitwittt , @xpresando_ POR COMPARTIR SOLIDARIAMENTE SUS FOTOS

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En @ofiviviendamad no nos olvidamos de las compañeras de #AturemElParlament



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http://kaosenlared.net/un-millar-de-personas-han-dicho-en-madrid-no-tenemos-miedo-frente-a-la-represion-tomemos-las-calles/

Chile: Sexo adolescente... tras la censura social y la omisión del Estado.... Vanessa Vargas Rojas



El Desconcierto

La difusión del video que mostró a un grupo de adolescentes teniendo sexo volvió a evidenciar el fracaso de la educación sexual en Chile. Mientras el Estado se olvida de su responsabilidad de educar al respecto, la sociedad censura las prácticas de jóvenes bombardeados por la cultura hípersexualizada de la tv y la publicidad.

La reciente divulgación de un nuevo video sexual grabado por adolescentes volvió a recordar el abandonado problema de la educación sexual en Chile. Esta vez, y como suele ocurrir, toda la atención mediática se concentró en “Fifi”, la estudiante menor de edad que participa de la grabación y que fue rápidamente fue convertida en la protagonista de la noticia. Pero, ¿qué hay acerca del fondo del problema? En redes sociales, numerosos adultos compartieron sin escrúpulos el link del video cuyo almacenamiento, por lo demás, implica un delito asociado a la pornografía infantil. En tanto, los comentarios de los usuarios -hubo 80 mil menciones sólo en Twitter- apuntaron siempre a denigrar la dignidad de la joven y a cuestionar la naturaleza del sexo en la adolescencia.
Nada ha cambiado, después de todo. El fracaso de la educación sexual es, a estas alturas, evidente, y la opinión generalizada de la misma sociedad al respecto no es tan diferente a lo ocurrido en 2007, con el video denominado “Wena Naty“. En dicha filtración, también es una mujer la protagonista y las reacciones registradas fueron muy parecidas: desde la burla a los cuestionamientos por su forma de vivir la sexualidad, que también se extienden a sus compañeros, aunque no con tanto ahínco.
El sexo adolescente
¿Cuál es la edad adecuada para comenzar a tener sexo? La pregunta parece sencilla, aunque no existe actualmente un consenso al respecto. La mayoría de los adultos todavía observan con recelo la posibilidad de que sus hijos adolescentes empiecen a tener una vida sexual activa cuando aún no han salido del colegio. Sin embargo, a estas alturas, ya es parte de una realidad que no puede seguir siendo ocultada.
La última encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en 2012, reveló que un 71% de la población juvenil aseguró encontrarse sexualmente activa, mientras que un 22% manifestó no haber tenido relaciones sexuales con penetración. Según datos aportados por el mismo estudio, en 2010, los jóvenes chilenos inician su sexualidad, en promedio, a los 16 años, mientras que las mujeres comenzarían a tener relaciones sexuales a los 17. No obstante, aunque no se registran estudios oficiales posteriores sobre el tema, dicha edad podría haberse acortado.
“En Chile , el promedio de la iniciación sexual en varones es aproximadamente entre los 12 y los 14 años y medio, y en las mujeres, entre los 14 años y los 17. Hablamos desde el ciclo vital como una etapa de exploración de la corporalidad incipiente, por lo tanto cualquier vivencia exploratoria en esta etapa es incompleta, es necesario seguir desarrollándola, conociendo principalmente los propios límites personales”, explicó el psicólogo infanto juvenil, Daniel Riveros.
El especialista señaló que, debido a la exposición que hace más accesible la pornografía, sumado el rol de los medios de comunicación y determinados estilos musicales, dicha etapa de exploración puede verse sobre-estimulada. Así, “la corporalidad se desvaloriza como tal, sin tampoco tener una conciencia clara de la fijación de los propios límites en el ámbito de la sexualidad, algo que a los 14 o 15 años es algo incipiente todavía. En este sentido, al carecer de una buena identidad y construcción de límites, se arriesga tener sexo sin protección, con lo que eso conlleva, embarazo adolescente, y riesgos de ETS, entre otras consecuencias”.
Educación sexual: el irresponsable abandono del Estado
Una investigación reciente del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, reveló que sólo un 34% de las mujeres encuestadas prefieren conversar los temas de sexo con sus padres, mientras que sólo un 18% afirmó haber recibido información sobre métodos anticonceptivos de parte de sus progenitores.
El académico Leo Arenas es investigador y trabaja su tesis acerca del desarrollo de la educación sexual en Chile. Desde su perspectiva, el colegio es la fuente más importante de conocimiento formales y condicionante de actitudes y conductas. Sin embargo, no todos los docentes parecen preparados para educar en materia sexual, libres de prejuicios y miradas censuradoras.
“La educación sexual ha quedado en el aire. No hemos tenido una orientación clara ni una unidad que se dedique a esto. Hoy en las aulas ven el aparato reproductor, la parte mecánica del hecho de tener sexo, no hay un trabajo respecto de la sexualidad de verdad. La educación sexual debería tener una asignatura obligatoria, al mismo nivel de lo que se enseña en Lenguaje o Matemáticas, por la importancia que tiene”, recalcó.
En opinión de Arenas y otros especialistas, el Estado está obviando una de sus obligaciones, ya que la instrucción sexual es uno de sus deberes educativos. Además, no ha existido una línea curricular laica y libre de discriminación. “Existen programas desde el ala conservadora que discriminan la diversidad sexual. Se educa para no tener sexo hasta el matrimonio, siguiendo una línea que se adoptó en los viejos programas de prevención del SIDA”, acota.
Para graficar la desprolija tarea que se ha realizado en este aspecto, vale la pena revisar lo ocurrido durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando el entonces ministro de Educación Joaquín Lavín propuso la creación de siete programas sobre educación sexual para que fueran escogidos por cada establecimiento según sus criterios y valores.
Entre las propuestas destacaba una llamada “Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad”, creada por el Centro de Estudios de la Familia de la Universidad San Sebastián. Ésta contemplaba una unidad de contenido denominada “Trastorno de la identidad sexual: Homosexualidad y lesbianismo”. Otro de los programas, liderado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, proponía contenidos de valoración de la castidad, rechazo al aborto y lecciones acerca del “don de la virginidad”.
El psicólogo Daniel Riveros recalcó que hoy, la responsabilidad de conversar acerca de sexo recae en la familia, puesto que desde el Estado estos temas han sido dejados a la deriva.
“Los valores son capturados para seguir determinadas y variadas ideologías que forman parte de todo sistema de educación formal, donde no existe ningún tipo de consenso respecto de qué es lo saludable respecto de la sexualidad, determinados por el sistema de valores de cada colegio, o inclusive censurados abiertamente. Hay una ausencia de una política pública que determine líneas base de contenidos e instancias de formación en niños y adolescentes”.
El desconocimiento en el desarrollo de los jóvenes, sumado a “la sobreexposicion de contenidos sexualizados que banalizan el sexo, que cosifican a la mujer, que imponen visiones machistas y violentas implícitamente respecto de las relaciones sexuales, son una mezcla muy nociva”.
Además, apunta Arenas, Chile se ha caracterizado por tener una cultura sexual prohibitiva para los jóvenes, donde la única opción saludable parece ser la abstinencia. A estas alturas, todavía predomina en la sociedad una visión moralista acerca del sexo, una que no ve con buenos ojos que los adolescentes vivan el sexo tan tempranamente. En este contexto, sin acceso a educación sexual, las únicas lecciones a la mano de los jóvenes parecen ser otorgadas por la pornografía y los medios.
Otro asunto pendiente
Aunque aún no se ha obtenido ningún pronunciamiento oficial respecto de las medidas de educación sexual pendientes, sí se pronunció la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña, quien presentó una denuncia en la Brigada del Ciber Crimen de la PDI.
“Presentamos la denuncia, porque entendemos que la grabación y exposición de estos niños es también un abuso, además de un delito que es sancionado en Chile. No podemos permitir que una niña quede expuesta como objeto sexual”, explicó.
Actualmente, la difusión de pornografía infantil en Chile es un delito que considera penas de cárcel desde los 3 a 5 años. Sin embargo, el video superó las 16 mil reproducciones en un sólo portal y es posible que siga siendo difundido en el mismo tono jocoso en que La Nación presentó la noticia al respecto: “El nuevo fenómeno de la #Fifi la rompe con sus videos de sexo adolescente“.
Labraña hizo hincapié en un hecho que deja en claro el sexismo en el que se enmarcan estas polémicas. Luego de enfrentar a los difusores del video, éstos le argumentaron que “el problema estaba en que la niña se había dejado grabar”.
Lo peor de este episodio, sin embargo, es que el video de Fifi difícilmente pasará más allá de la anécdota y el morbo de las redes sociales. “Los profesores no se van a referir a él en el aula. Se va a ocultar y a tapar, pero sería un buen detonante de reflexión en la sala de clases”, apunta Arenas. Un debate más pendiente.
Fuente: http://eldesconcierto.cl/sexo-adolescente-tras-la-censura-social-y-la-omision-del-estado/

vía:
  http://rebelion.org/noticia.php?id=197529

Argentina: Viaje al paralelo 28 (I).....Por Carlos del Frade






Por Carlos del Frade

(APe).- “En el norte santafesino, donde crecen los palmares, allí se encuentra un pueblito que se llama Los Amores. Dicen que no era un jardín ni tus mujeres son flores: para mi sos lo más lindo, pueblito de Los Amores”, son los versos que se repiten en cada convocatoria popular muy cerca del paralelo 28, límite entre las provincias de Santa Fe y Chaco.
Desde la escuela secundaria 560 aún sin nombre, impulsaron las “jornadas por la memoria y la militancia” y en 2008 lograron que la plaza del pueblo llevara el nombre del maestro Alberto “el Indio” Galarza, uno de los 30 mil militantes revolucionarios desaparecidos. Hijo de un obrero de La Forestal, Alberto nació en Tartagal, también en la geografía del departamento más grande de Santa Fe, Vera. Se recibió de maestro normal en 1968, cuando tenía solamente 19 años. Estudió Psicología en Rosario y de regreso al norte, ya militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, comienza a enfrentarse con las burocracias sindicales de diferentes organizaciones.

“En 1974 su rumbo lo lleva hacia Los Amores para dar clases en la escuela primaria. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan por su perfil bajo en la relación con ellos, silencioso y refugiado en el aula, usando siempre un poncho rojo para enfrentar el frío. Fiel a su estilo, se relaciona con peones de estancia estimulando el espíritu de la organización. Con dos agrupaciones, “Los toros orejanos” y “Los pueblos Olvidados” viajaron a Rosario a participar el VI congreso del Frente Antimperialista y por el Socialismo en el club Tiro Federal…allí en ese marco festivo de 25 mil personas el Indio ingresa al estadio con su peonada vestida en ropa tradicional”, cuentan las memorias que circulan en la escuela de Los Amores.

-El pueblo de Los Amores, capital del olvido, del tordo y la nutria, inundado en un 90 por ciento y con una calle transitable, solicita a las autoridades correspondientes una inmediata solución al problema de la inundación, construyendo para ello un puente sobre la ruta 3 que permita a las aguas seguir su curso natural hacia el arroyo Los Amores y por esa vía al Paraná…entre los otros anhelos de la comunidad de Los Amores se destacan los siguientes: la instalación de agua potable en la escuela número 46 cuyos trámites pertinentes ya encaró la comisión de ex alumnos, la instalación de una escuela albergue que permitirá la educación de los hijos de peones rurales, cosecheros y peones golondrinas, iniciativa ésta que es llevada adelante por los maestros de la localidad - escribía la Asociación de los Pueblos Olvidados el 26 de julio de 1974.

Cuarentaiún años después, el nombre de Alberto Galarza desde la plaza de Los Amores sigue exigiendo lo mismo.

En 1995, por ejemplo, Carlos Reutemann, entonces gobernador y hoy senador nacional apoyando a Mauricio Macri, prometió hacer una escuela secundaria nueva en un mes. Dos décadas después las pibas y los pibes, las maestras y los profesores, ruegan al Gauchito Gil y otras tantas entidades que los techos de las viejas casonas del ferrocarril levantadas a principios del siglo veinte no se les caigan encima mientras usan un solo baño y se las arreglan para prender los equipos de la FM Andares cuando hay tensión eléctrica. En esa escuela secundaria donde el agua potable aparece en bidones que generan furor en esas chicas y esos chicos que no conocen el sabor del agua potable porque los 32 años de democracia todavía no le trajeron ese lujo.

Para la directora de la escuela secundaria de Los Amores, Elizabeth Maidana, hay una relación directa entre la muerte por peritonitis de su querido ex alumno Ovidio Fernández, ocurrida el 27 de febrero de 2014, y la lucha que llevaba adelante el maestro Galarza denunciando la situación de los pueblos olvidados.

En viaje hacia el paralelo 28, la existencia de las pibas y los pibes demuestra la insoportable levedad de la democracia permitida.

Fuentes: Entrevistas del autor, material de la escuela secundaria de Los Amores.

vía:
http://www.pelotadetrapo.org.ar/viaje-al-paralelo-28-primera-parte.html

Brasil: ¿qué le pasa a ese país? Eric Nepomuceno

Eric Nepomuceno




Brasil es, hoy, un país con un escenario económico grave y tenso, preocupante. Los agentes del mercado financiero, los especuladores de siempre, dicen que es un panorama crítico y caótico. No hay datos concretos para que se crea en esta versión; sin embargo, para creer que se trata de un cuadro tenso y grave, hay muchos.

Brasil es un país dividido, que enfrenta una oleada de insatisfacción popular, amplia y hábilmente manipulada por los grandes conglomerados de comunicación, y blanco del oportunismo vulgar de una oposición que no tiene otro proyecto alternativo que pedir a gritos la renuncia o la destitución de una mandataria elegida por mayoría de votos hace cinco meses.

Es también un país dividido entre los beneficiados de siempre, que ahora reclaman la devolución de sus privilegios, y los ninguneados de siempre, que lograron subir al escenario del mercado de consumo y de un bienestar mínimo, y ahora exigen, con todo derecho, más y más.

El tránsito social que elevó, en los pasados 12 años de gobierno del PT, a más de 40 millones de brasileños de la pobreza a una clase mínimamente media es motivo de críticas sonoras y severas. Dicen los privilegiados de siempre que no se trata de otra cosa que una banal maniobra populista, que costó miles de millones al Estado.

Es una reacción típica y previsible de una clase mezquina, que jamás admitió perder algo de lo mucho que tiene para que muchos que no tenían nada pudiesen tener algo.

Y, curiosa y paradójicamente, uno de los grandes nudos de Brasil es precisamente esa nueva clase media, que vio cómo la vida mejoró a lo largo de los 12 años pasados, pero de la puerta de casa hacia adentro. Hacia afuera, en el mundo del cotidiano, todo sigue igual: la salud pública que no cura, humilla y mata; el transporte público que no transporta, tortura, la educación pública que no educa.

En suma, uno de los grandes nudos en que se metió Brasil es precisamente esa nueva clase social que fue llevada a las puertas del paraíso de la clase media, pero no logró entrar. Quedó en el umbral, luego de haber conocido parte de sus bondades, pero sin librarse del universo de maldades que atormentaban su vida anterior.

Si se logra olvidar por un instante todo el inmenso océano de actuales circunstancias vividas por Brasil –escándalos de corrupción, el agotamiento del sistema de financiación de campañas electorales, el colapso de los partidos políticos, la crisis terminal del llamado presidencialismo de coalición, que establece y consolida el chantaje y el canje de intereses menores como principio básico del quehacer político– , lo que se verá es un país en plena contradicción.

Hay un partido, el PT de Lula da Silva, agobiado frente al bombardeo de denuncias de corrupción. Y un gobierno, el de Dilma Rousseff, que parece inerte. Sin embargo, también existe sólido espacio para creer que, con lucidez y tiempo, se logrará salir del actual cuadro.

El problema es saber cuál será la herramienta mejor capacitada para corregir los equívocos de la política económica a lo largo de los últimos dos o tres años, bajo la primera presidencia de Dilma Rousseff. Y también saber cómo quitar de la piel del PT el sello de corrupción, para retomar el proyecto de crear un nuevo país.

El actual cuadro es motivado, de un lado, por una formidable y tremenda campaña de los grandes conglomerados de comunicación, que alienta el respaldo de una oposición que, a falta de propuestas concretas, se lanza al peligroso ejercicio del cuánto peor, mejor.

En ese mismo cuadro, pero del otro lado, están las conquistas logradas por el proyecto político que desde hace 12 años preside el país. Y en ese punto hay que atentar para un detalle delicado: el mismo proyecto que llevó a por lo menos 40 millones de personas –casi una Argentina entera– al mercado de consumo, a la clase media, ha sido incapaz de propiciar mejor transporte urbano, mejor educación, mejor sistema de salud, mejor seguridad pública.

Quizás el gran equívoco del proyecto de Lula y del PT haya sido no haberse precavido frente a un dato específico: al crear una nueva e inmensa clase media, creó un nuevo frente de reivindicaciones.

Los que ascendieron asumieron, muy rápidamente, las posiciones de las clases medias tradicionales, las mismas que los reniegan y siempre los renegaron. No se trata, de ninguna manera, de un caso de ingratitud, se trata de un caso de falta de previsión.

Es una falla estratégica grave de quienes, al lanzar e implementar un plan de inclusión social de larguísimas dimensiones, creyeron que con esto bastaba.

No, no basta. Además de refrigeradores, automóviles y televisores, hay que entregar al pueblo servicios públicos básicos y esenciales de calidad. Entre ellos, la concientización, la idea de qué es ser ciudadano. O sea, el derecho de reclamar derechos legítimos sin dejarse manipular por quienes siempre se los negaron.

Ello es algo dramático y triste que se ve en Brasil: los ninguneados de siempre, que ahora son alguien, lado a lado con los que los ningunearon siempre, y siempre los ningunearán.

vía:


http://www.jornada.unam.mx/2015/04/12/opinion/015a2pol


México: Alimentos, una industria muy pesada....Informador. Mx

Las ganancias netas de operación de la industria alimentaria de México ascendieron el año pasado a 28,339 millones de dólares, 46.6% más que las registradas por el mismo sector en Brasil, reveló un análisis de la consultoría Global Insight.
Sorprendentemente, el monto de las ganancias de esta industria mexicana superó a las reportadas por el conjunto de seis países: Canadá, Indonesia, Turquía, Chile, Corea del Sur e India. Las de todos ellos llegaron a 24,851 millones de dólares en el 2012.
“México es un país rentable para localizar unidades de producción de la industria alimentaria”, concluyó la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico.
La fabricación de alimentos procesados se ha fortalecido por sus bajos costos. De acuerdo con el estudio “Competitive Alternatives 2012” de KPMG, México ofrece ahorros de 14.1% respecto de Estados Unidos.
ProMéxico destacó como ventaja la consolidación del mercado interno, ya que actualmente “existe una expansión del crédito que ha impulsado la actividad económica, además de que las ventas de establecimientos comerciales al menudeo han crecido de manera constante en los últimos tres años”.
Preferencias arancelarias
Las industrias alimenticias gozan de otras ventajas, como la reducida competencia en algunas ramas y la red de tratados comerciales, que les permite acceder con preferencias arancelarias a grandes mercados como Europa y EU.
“Cuando uno habla de problemas de competencia y de precios, habla de telecomunicaciones, de cemento (…), pero pocas veces reflexionamos que hay mercados que no funcionan perfectamente en el sector de alimentos. Y uno de los temas, por ejemplo, es: ¿cuántas empresas en México producen harina de maíz? Son dos”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
El Congreso de la Unión aprobó este año la Ley Federal de Competencia, de la que aún está pendiente la ley secundaria, y la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de ley que incluye un impuesto de 5% sobre la comida empacada de altas calorías, así como un gravamen de 1 peso por litro a refrescos con azúcar.
Nueve de las 10 empresas transnacionales más importantes de alimentos procesados en el mundo tienen presencia en México, entre ellas Nestlé, Pepsico, Unilever, Danone, Bimbo y Kellogg’s.
Considerando sus ventas del 2011, las mayores empresas mexicanas de alimentos son: Grupo Bimbo (9,550 millones de dólares), Gruma (4,949 millones de dólares), Grupo Industrial Lala (4,220 millones de dólares) y Grupo Bachoco (3,020 millones de dólares).
Con un valor de 124,000 millones de dólares, México se colocó entre los principales 10 productores a nivel mundial de alimentos procesados.
LAS CIFRAS
Mayores en 46.6% fueron las ganancias netas de operación de la industria alimentaria en México el año pasado respecto de las de Brasil.
Nueve de las 10 empresas transnacionales más importantes en alimentos procesados en el mundo tienen presencia en México.
Fuente: Informador. Mx

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_Alimentos_una_industria_muy_pesada

Nuestra América-Venezuela: Nicolás Maduro...Discurso Completo.....Cumbre de las Américas



El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue enfático al afirmar que para Venezuela “la historia es una fuerza, viva” y apuntó que trajo consigo más de 11 millones de firmas que solicitan la derogación del decreto de Barack Obama, que declaró a ese país suramericano como una “amenaza a la seguridad nacional”. teleSUR http://multimedia.telesurtv.net/v/mad...

Guatemala: Periodistas de Guatemala.. morir por informar por Randy Saborit Mora

Cumplir con su trabajo puede costarles la vida a reporteros de Guatemala. Las agresiones contra la prensa se multiplican en un país con graves problemas de pobreza y corrupción. Los últimos dos asesinatos cometidos contra periodistas que denunciaban prácticas corruptas ha provocado un clamor social por que los hechos no queden impunes..


Guatemala, Guatemala. El reciente asesinato de dos periodistas en Guatemala pega en la piel de sus colegas como terapia electro-convulsiva para recordar a todos que la locura de denunciar la corrupción cometida por autoridades de poder se paga con la vida.
El corresponsal de Prensa Libre, Danilo López, fue ultimado a balazos en el parque de Mazatenango, 167 kilómetros al suroeste de esta capital, mientras que a Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, también le segaron la existencia.
El periodista de un canal local, Marvin Túnchez, sobreviviente de ese atentado, confesó que recuerda muy poco del hecho, pero aclaró que el homicida se acercó en forma directa a Danilo, en tanto que Salazar y él fueron víctimas colaterales.
Con vigilancia policial y una bala alojada en el pecho, Túnchez declaró al periódico guatemalteco Publinews que el Estado no garantiza la libertad de emisión de pensamiento.
“Siempre he sabido que expresarse libremente no es posible y menos al dedicarme al periodismo. Nosotros informamos a la población, no somos delincuentes”, señaló al anunciar su retiro de este oficio.
Afirmó que antes de ese suceso había analizado concluir su labor como periodista, y que lo hará luego de graduarse de abogado, carrera en la que cursa el séptimo semestre. Presentir la muerte
“Tengo miedo, el ambiente está muy cargado”, habrían sido las palabras dichas por López 1 hora antes del trágico desenlace, cuando llamó a la Unidad de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público.
Un funcionario de la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público –que pidió no ser identificado– dijo al medio informativo Plaza Pública que el martes a las 11:30 horas el reportero Danilo se comunicó con él.
Quien hace 8 años se desempeñaba como corresponsal de Prensa Libre en el departamento de Suchitepéquez explicó al fiscal que su temor se debía a una investigación (en reserva hasta el momento) que realizaba sobre lavado de dinero en una municipalidad de Suchitepéquez.
El Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) informó el 9 de julio de 2013 que el alcalde de San Lorenzo Suchitepéquez, José Linares, profirió amenazas contra el corresponsal López.
Según el texto periodístico, supuestamente el jefe edil estaba molesto por una nota publicada en abril de aquel año referida a su gestión, por lo que le advirtió que se atuviera a las consecuencias.
Durante una cobertura, López saludó a Linares en el lugar, y después de un apretón de manos éste lo golpeó varias veces por el lado izquierdo del pecho, diciéndole que él se encontraba en el poder y tenía el dinero necesario para tomar acciones en su contra, apuntó la agencia Cerigua.
La amenaza surgió aparentemente de una publicación del 10 de abril del 2013, en la que se señala a la municipalidad de San Lorenzo por ejecutar 2.8 millones de quetzales (360 mil 360 dólares) en obras inexistentes.
López acudió a la Fiscalía del Ministerio Público en Mazatenango, donde presentó la denuncia del hecho y solicitó investigar por qué el alcalde vertió esa amenaza en su contra, al manifestar que temía por su vida o la de o algún familiar suyo.

Presuntos responsables y condena

La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó al presunto autor material del homicidio, Artemio Ramírez, en la aldea El Carmen, en Retalhuleu (Suroccidente), cuando iba manejando un camión, precisó el Ministerio Público en un comunicado.
La captura, coordinada por la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez y la Unidad de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, se efectuó 2 días después de la detención del supuesto cómplice Valdemar Cardona.
La audiencia de primera declaración de Cardona fue programada para el 31 de marzo, cuando el Ministerio Público lo sindicará del delito de asesinato.
El Observatorio de los Periodistas de Cerigua, la Fundación Rigoberta Menchú Tum, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) fueron algunas de las instituciones que repudiaron el homicidio.
“Todo acto de violencia que queda impune es una invitación abierta a nuevos actos de violencia”, declararon conjuntamente los respectivos representantes en Guatemala de la Oacnudh y la Unesco, Alberto Brunori y Julio Carranza.
Ambas organizaciones expresaron en la nota que han observado con preocupación el incremento de ataques contra periodistas que, según registros de la Fiscalía correspondiente, de enero a la fecha alcanzan la cifra de 21 casos.
Túnchez, el reportero herido, pertenece al mismo medio de comunicación donde trabajaba Carlos Orellana, periodista ultimado en 2013, recordaron en la nota conjunta.
Brunori y Carranza reiteraron la importancia de contar con un Mecanismo de Protección a Periodistas conforme al compromiso asumido voluntariamente por el Estado de Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos en 2012.
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-Maiz) se sumaron a la avalancha de manifestaciones de condena por el asesinato de dos corresponsales.
El Secretario General de URNG-MAIZ, Ángel Sánchez, al condenar la violencia, destacó que ésta se registra en el contexto de la inseguridad que como partido han identificado y favorecen la impunidad y la corrupción como formas del ejercicio del poder.
Por su parte, Codeca, como movimiento social pro Derechos Humanos, exigió a las autoridades investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este acto violento.
Instó, además, a los sectores del poder a “parar con la política de persecución y criminalización contra pueblo organizado, defensores de derechos y comunicadores sociales”.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo llamó a quienes tengan señalamientos contra medios o periodistas que los diriman por la vía correspondiente y no por amenazas o presiones, como ha ocurrido en estos casos.
Asimismo, reclamó más responsabilidad de las autoridades políticas locales para que apoyen la investigación de hechos delictivos y no emitan amenazas, frases de descrédito o utilicen cualquier forma de presión contra quienes informan sobre la acción pública y denuncian delitos.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco consideró que esas víctimas se suman a las de “un Estado fallido que retorna a las tácticas de la guerra para acallar la voz de los que luchamos por construir juntos una patria en donde podamos vivir con dignidad”.
Decenas de periodistas, fotógrafos y comunicadores sociales hicieron un plantón frente a la capitalina sede del Ministerio de Gobernación (Interior), y marcharon hacia la Casa Presidencial para demandar acción al Estado y esclarecer el ataque.
La muerte de López y Salazar ocurrió 5 días después de que la coordinadora del Observatorio de los Periodistas de Cerigua, Ileana Alamilla, recordara que en la época electoral los reporteros están propensos a ser blanco de agresiones por parte de las autoridades y miembros de la seguridad de éstos.
“Pese a que el Estado es el responsable de garantizarnos la vida y la seguridad, nosotros podemos poner de nuestra parte para minimizar los riesgos”, subrayó Alamilla el pasado 5 de marzo durante el lanzamiento de documentos para periodistas y comunicadores sociales.
Aunque el año pasado no se reportaron asesinatos de trabajadores de la prensa en Guatemala, en 2013 sí perdieron la vida cuatro comunicadores sociales.
Esta práctica de callar las voces a balazos y amenazas pone en alerta a quienes ejercen en cualquier latitud lo que el Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, definió como el mejor oficio del mundo.

 Fuente
Prensa Latina (Cuba)
Contralínea (México)

Artículo bajo licencia Creative Commons
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Perú: El drama de la titulación comunal...Por Jorge Agurto ...Servindi

La aparición del informe alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT es una ocasión propicia para analizar una de las más grandes deudas históricas del Estado peruano: la titulación de las comunidades como expresión de los pueblos originarios.

Por Jorge Agurto

Servindi.- El documento Pueblos Indígenas del Perú: Balance 2014 elaborado por organizaciones indígenas peruanas con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destaca que un sinnúmero de problemas territoriales se deben a la falta de una política pública adecuada para garantizar el reconocimiento y titulación de los pueblos originarios.

Al respecto, Luis Hallazi, especialista del Instituto del Bien Común (IBC) afirmó en el desayuno de trabajo donde se presentó el citado informe que “la promoción de megaproyectos se hace de manera, desordenada y sin criterios ambientales y de territorialidad, política errada que genera múltiples superposiciones de derechos donde los más afectados son los territorios indígenas”.

Desborde del Estado por cuatro ilegalidades

Los problemas territoriales en el país se agravan en un contexto donde el 47.8 por ciento del territorio de las comunidades campesinas tienen concesiones mineras, y un 75 por ciento de la amazonía se encuentra concesionada a lotes de hidrocarburos. Pero lo más grave es la permisividad y complicidad del Estado en actividades ilegales que lo desbordan ampliamente como la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción generalizada en todos los niveles del Estado.

Mientras que por un lado el Estado asume de “boca para afuera” compromisos ambientales y climáticos con el fin de captar recursos internacionales no es capaz de articular una política seria y coherente para proteger los ecosistemas, la biodiversidad, asegurar los servicios ambientales de los bosques y frenar la emisión de los gases de efecto invernadero ocasionada por factores previsibles como el cambio de uso de los suelos y la deforestación.

La oportunidad de financiar planes de titulación provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras rurales en el Perú (PTRT 3), el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial, o la Carta de Intención Perú-Noruega-Alemania en lugar de fortalecer la confianza de las comunidades genera preocupación ante las campañas mediáticas alentadas por sectores económicos que exhortan a titular parcelas individuales dentro de las comunidades.

Las propuestas indígenas que buscan consolidar sus territorios comunales para fortalecer sus planes de vida, desarrollar formas sostenibles de producción, contribuir a la soberania alimentaria y a la vez frenar el cambio climático son ignoradas por el Estado peruano que se muestra incapaz de frenar casos clamorosos como las mafias de tala ilegal que asesinan a comuneros defensores de los bosques como en el caso de la comunidad de Saweto-Alto Tamaya que alcanzó gran notoriedad a raíz del asesinato de cuatro dirigentes indígenas.

Los obstáculos para la titulación en la amazonía

Recientemente, el antropólogo Alberto Chirif y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda expusieron un alegato en el que demuestran que las autoridades peruanas no respetan el ordenamiento jurídico vigente y trasgreden sistemáticamente el Estado de Derecho al menoscabar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas amazónicos.

En el artículo: Los obstáculos para titular los territorios de las comunidades nativas en el lote 192identifican siete obstáculos específicos que se derivan de la actitud obstruccionista de los funcionarios que invocan un conjunto de leyes y decretos supremos para justificar el incumplimiento de las normas contenidas en el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los siete obstáculos identificados son:

1. A pesar que la amazonía es principalmente bosque solo se titulan tierras con aptitud agrícolay no las tierras con aptitud forestal.

2. Las tierras con aptitud forestal sólo se ceden en uso por un tiempo determinado mediantecontratos de cesión en uso, nunca en propiedad.

3. Los estudios de clasificación de suelos se ha convertido en una traba burocrática y un requisito discriminatorio para trabar los procesos de titulación.

4. Se sigue entregando servidumbres gratuitas a favor de empresas de hidrocarburos sobre territorios indígenas.

5. La inscripción registral a nombre del Estado denominada “primera de dominio” se ha convertido en un requisito que desvirtúa el fundamento del derecho territorial de los pueblos originarios pues con esta figura el Estado “cede” a las comunidades una propiedad que las comunidades no tenían, trasgrediendo y desnaturalizando el derecho de propiedad ancestral.

6. Las áreas naturales protegidas (ANP) restringen y limitan el derecho de propiedad de los pueblos originarios, el cual es anterior a los regímenes de ANP de lo que resulta que los verdaderos propietarios sean tratados como intrusos.

7. Ausencia de políticas públicas adecuadas en materia de titulación de comunidades nativas.

Remover dichos obstáculos implica modificar leyes y decretos supremos para adecuarlos al ordenamiento constitucional. Los autores indican:

“Esta adecuación la debe hacer el Congreso en caso de leyes, y el Gobierno en caso de normas reglamentarias (decretos supremos), o en su defecto los jueces a través de procesos constitucionales de inconstitucionalidad o acción popular, que realizan el control constitucional de normas legales y reglamentarias. Incluso a través de procesos de amparo se puede lograr que no se apliquen estas normas a casos concretos”.

La conclusión a la que arriban es que es el Estado, es el Gobierno “el que está violando y está desconociendo su propio Estado de Derecho, su propio ordenamiento jurídico constitucional” a pesar que de acuerdo el art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) está obligado a “remover” todos los obstáculos que impiden la vigencia de los derechos humanos que tienen rango constitucional.

Un diagnóstico imparcial

La Defensoría del Pueblo, uno de los pocos organismos públicos que goza de un indudable prestigio y calidad en su desempeño político, ha contribuido al tema al elaborar el año 2014 el Informe:Análisis de la Política Pública sobre Reconocimiento y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas.

El documento fue elaborado luego de supervisar a 22 gobiernos regionales que ejercieron su competencia para promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico y legal de la propiedad. La Defensoría concluye que “el Estado no cuenta con una política pública adecuada que aborde de manera integral el reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas en nuestro país”.

La Defensoría del Pueblo identificó también siete problemas generales que limitan la titulación tanto de las comunidades campesinas como nativas. Los problemas son:

1. La normatividad que regula el asunto es compleja, dispersa y contradictoria.

2. El Ministerio de Agricultura y Riego no ejerce adecuadamente su rol de rectoría en materia de saneamiento y formalización de la propiedad agraria.

3. No existe un único registro oficial que permita conocer el número de comunidades reconocidas y tituladas.

4. Las Direcciones Regionales de Agricultura no cuentan con personal especializado.

5. No existen herramientas para difundir entre las comunidades los derechos y procedimientos para reconocer y titular sus tierras.

6. Faltan recursos presupuestales para implementar el reconocimiento y titulación.

7. No existen lineamientos claros para resolver las controversias de derechos e intereses por superposición de concesiones, áreas naturales protegidas, etc. sobre tierras indígenas.

La vulneración de los paquetazos mediante normas “ómnibus”

A pesar de los problemas señalados el panorama de inseguridad y vulnerabilidad se agrava aún más en un contexto de amenaza y agresión sistemática dirigido de manera artera a debilitar la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas.

La estrategia política y legal adoptada por el actual gobierno de Ollanta Humala es la expedición de paquetes normativos o normas “ómnibus”, al decir de Luis Hallazi, abogado del Colectivo Territorios Seguros, y que se caracterizan por introducir en una norma contenidos de muy diversa índole, que colocan piezas legales que facilitan la inversión, debilitan los controles ambientales y de paso desmontan el derecho de propiedad de los pueblos originarios.

Hallazi enumeró las normas que se han venido expidiendo de manera consecutiva por el actual régimen y que menoscaban los derechos territoriales de los pueblos indígenas a la vez que abren las compuertas para que los intereses privados actúen por encima de ellos, vulnerando el estado de derecho constitucional en el Perú.

Una de las características de los denominados paquetazos es que afectan directa e indirectamente derechos de propiedad comunal y los articulados referidos a pueblos indígenas no cumplieron con el requisito de consultados previamente en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

Por lo pronto las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil anuncian la interposición de recursos constitucionales a fin de frenar en éste ámbito las principales normas. Estas acciones constituyen un severo llamado de atención a una representación congresal que no cumple a cabalidad su función legislativa y no filtra normas elaboradas en ámbitos privados y que son enviadas por el Poder Ejecutivo desafiando abiertamente el estado democrático de derecho y generando condiciones para incrementar la conflictividad social, política y ambiental en el país.


Normas ómnibus que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas


Primer paquetazo:

  • Decreto Supremo 054-2013-PCM (mayo 2013) sobre Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Felizmente el Poder Judicialdeclaró nulos los artículos 2 y 6 de este decreto que disponía en los hechos de los territorios de los pueblos indígenas en beneficio de actividades extractivas gracias a una demanda constitucional de acción popular presentada por las asociaciones de Cusco Aporvidha y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

  • Decreto Supremo 060-2013-PCM (mayo 2013). Contiene disposiciones especiales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada y que buscan agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados los que serán aprobados en menos de 100 días.

  • Ley 30025 (mayo 2013). Modifica la Ley General de Expropiaciones y faculta al inversionista privado a gestionar la adquisición por trato directo de los inmuebles afectados para la ejecución de las obras de infraestructura y, de fracasar en estas gestiones, iniciar el procedimiento de expropiación. Dispone que los predios y edificaciones de propiedad estatal, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura señaladas en esta Ley, son transferidos a título gratuito y automáticamente al sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el proyecto, por el solo mérito de la resolución que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN), en un máximo de 45 días, teniendo un plazo de 30 días desde la vigencia de la resolución de la SBN, para desalojar y entregar la posesión de los citados bienes. Cabe destacar que la parte final del artículo 13 de la mencionada ley se deja a salvo la posibilidad de que las comunidades campesinas y nativas puedan oponerse a la transferencia de sus tierras en posesión o uso tradicional si por error fueran consideradas como de propiedad estatal (artículo 13.5).

Segundo paquetazo:

  • Ley 30230 (julio 2014). Establece medidas tributarias, simplifica procedimientos y otorga permisos para promover y dinamizar la inversión. Aunque se criticó fuertemente los aspectos ambientales y tributarios de la norma, en dicha ley algunos artículos, muy imprecisos y generales, pueden permitir la pérdida de los derechos de propiedad sobre la tierra, en especial de las comunidades campesinas y nativas. En este sentido representa la amenaza más grave para las comunidades. Crea procedimientos especiales (Título III) para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión –consistentes en la ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, nuevos ejes viales, etc.–, “independientemente del uso actual o futuro que se les de a los predios”. El riesgo, dada la generalidad de las normas contenidas en esa ley, es que esas inversiones puedan desconocer los derechos consagrados en la legislación nacional e internacional a favor de las 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas en todo el país, dado que el 72.7% de ellas (5,483 en total) no tienen forma de acreditar categóricamente su derecho de propiedad.

Tercer paquetazo:

  • Ley 30264 (Noviembre 2014). Contiene principalmente medidas tributarias para promover el crecimiento económico, mejorar la competitividad e impulsar la eficiencia de las empresas del Estado de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica mediante la participación de la inversión privada.

  • Decreto Supremo 001-2015-EM (enero 2015). Establece que será la Junta Directiva, y no la Asamblea Comunal, la que decidirá aprobar la realización de actividad minera en su territorio despojando de esta facultad a la máxima instancia de gobierno de las comunidades campesinas, vulnerando la autonomía comunal y modificando mediante una norma de menor jerarquía lo dispuesto por la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.

Cuarto paquetazo:

  • Proyecto de Ley 3941-2015-EM. Tiene por objeto “promocionar las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”. Cuenta con dictámenes sustitutorios y favorables en el Congreso. Preocupa que los títulos referidos a la imposición de servidumbres, la protección de derecho de vía y la expropiación de bienes inmuebles para proyectos de infraestructura de gran envergadura pondrían en riesgo las tierras y territorios de los pueblos indígenas, posesionarios, así como de las comunidades nativas y campesinas en proceso de reconocimiento y/o titulación. Sobre la solicitud de servidumbre de terrenos eriazos del propiedad estatal se precisa que ésta se formula siempre y cuando los terrenos no estén ocupados por comunidades campesinas y nativas, que se regulan por la ley de la materia. Sin embargo esto es insuficiente dado que en la actualidad existen muchos pueblos indígenas que aún se encuentran en proceso de titulación o de reconocimiento. La norma además es materia de cuestionamiento en aspectos de simplificación y plazos para la aprobación de un EIA a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que expedirá la Resolución de Certificación Ambiental Integrada, conteniendo en el mismo acto tanto la aprobación del EIA-d como los títulos habilitantes correspondientes. Además, se permite que el titular de un proyecto de inversión usar la información de la Línea de Base de un EIA-d o de un EIA-sd aprobado previamente, sea a su favor o de terceros.

  • Proyecto de Ley 2462/2012-CR. Intenta rebajar la votación para que las comunidades campesinas de la sierra dispongan de sus tierras comunales. La pretendida reducción es de dos tercios al cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la asamblea instalada.
Fuente: Servindi
vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peru_El_drama_de_la_titulacion_comunal

Nuestra América-Ecuador: Rafael Correa-Discurso Completo en la VII Cumbre de las Américas


Chile: Minería ilegal en Maipú..la destrucción de la Quebrada de la Plata.... EMPRESA EXPLOTA CONCESIÓN MINERA QUE ARRIENDA AL DUEÑO DE HUILO HUILO....Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación

Por : en Reportajes de investigación 

Por tres años, Minera Esparta ha explotado ilegalmente una mina de cobre en la Quebrada de la Plata, una de las últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana. Nunca tuvo la autorización de la U. de Chile, dueña del terreno superficial, ni permisos ambientales o mineros. Tampoco patente municipal. Toda la institucionalidad operó para detener la faena, desde la Municipalidad de Maipú, pasando por Sernageomin, Conaf, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la Superintendencia del Medioambiente y el Tribunal Ambiental, pero nadie ha podido hacerlo. A mediados de marzo fue el último intento: encontraron una tonelada de explosivos escondida en los matorrales.

En la Quebrada de la Plata, a una hora de caminata por un árido sendero entre los cerros del extremo poniente de Maipú, había hasta hace poco una cerca de alambre de púas, un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera” y un guardia que con perros impedía el paso. Ni a Marcelo Orellana, hasta hace poco administrador del Fundo Rinconada de la Universidad de Chile (del cual forma parte la quebrada), lo dejaban pasar. Lo mismo le pasó a inspectores de Sernageomin, de la Superintendencia del Medioambiente (SMA) y de la Municipalidad de Maipú: cuando iban a fiscalizar, no les permitían entrar. Así consta en distintos informes. Incluso al alcalde Cristian Vittori le habrían prohibido con perros el ingreso a la Mina Panales, una faena minera que desde 2012 ha operado ilegalmente en terrenos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) y que ninguna institución ha sido capaz de detener de forma definitiva.
La Corte Suprema paralizó la faena a comienzos de 2014 “hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan (ver fallo). Pero la explotación continuó. No fue ni la primera ni la última vez que la empresa a cargo del proyecto pasó por alto una orden de cierre. Ya en julio de 2013 la Corte de Apelaciones había sentenciado el cese total de los trabajos. Dos veces el Sernageomin decretó la suspensión indefinida de las faenas. Y la Municipalidad de Maipú una vez la clausuró. Al día siguiente, los sellos estaban rotos y los trabajadores operaban como si nada. En noviembre de 2014, el Tribunal Ambiental decretó el cierre temporal de la mina, una medida que ya ha tenido que renovar cuatro veces porque Minera Esparta (ex Minera Española Chile), la compañía que fundó y controla Branko Donoso Vidal y que está detrás de la extracción ilegal de cobre en la Quebrada de la Plata, simplemente no se detuvo.
Víctor Petermann
Víctor Petermann
La empresa de Donoso es responsable de la destrucción de una de las últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana, aunque es sólo una arrendataria de la mina. La verdadera propietaria es una sociedad del empresario Víctor Petermann Fernández, controlador de Tehmcorp, un holding compuesto por al menos 18 empresas con intereses desde la minería al turismo. Es también dueño del hotel y la reserva biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos.
Tanto Huilo Huilo como la Quebrada de la Plata son áreas de interés ecológico a nivel internacional. En el mundo hay 34 zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad o hotspots, sectores que concentran un mínimo de 1.500 especies de flora y fauna endémica en peligro de desaparecer. Uno de ellos está en Chile e incluye tanto a la selva valdiviana como al bosque esclerófilo de la Zona Central del país. La Quebrada de la Plata, a 16 kilómetros de la Plaza de Maipú, es parte importante de ese último ecosistema: un laboratorio natural que la Universidad de Chile ha usado para investigaciones científicas sobre flora y fauna vulnerable durante las últimas ocho décadas. Pero ya no más: aunque el sector es considerado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) como zona de preservación ecológica, Minera Esparta lo convirtió en una mina a rajo abierto que ha pasado por encima de todas las regulaciones mineras y medioambientales del país. Y de paso, ha demostrado las limitantes institucionales para detener las faenas que operan al margen de la ley.
-No es habitual que la SMA se enfrente a este tipo de titulares de proyectos. Generalmente no se oponen a la fiscalización. El de la Quebrada de la Plata es un caso muy especial, y también lo es para el Tribunal Medioambiental, por el perfil del infractor: uno absolutamente fuera de la ley –dice Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.
Cuando CIPER visitó el lugar el 23 de febrero, hacía más de tres meses que el Tribunal Ambiental había ordenado el cierre temporal. Ya no había cartel ni perros ni guardias ni ruidos. La cerca estaba en el suelo, pero había huellas frescas de vehículos. Poco antes había llovido en Santiago y las marcas seguían allí. Los trabajadores de la empresa de Branko Donoso parecían haberse ido, dejando un cerro destruido y la faena abandonada, sin cumplir ningún protocolo de seguridad. Pero los antecedentes recopilados por CIPER dan cuenta de que no era así y que había indicios de que volverían: todavía había maquinaria pesada en el lugar, cientos de miles de toneladas de cobre aún sin extraer y cerca de mil kilos de explosivos que habrían quedado abandonados y que un mes después Carabineros hallaría escondidos entre los matorrales por casualidad.

LOS DUEÑOS DEL SUBSUELO DEL FUNDO RINCONADA

En 1933, la familia de Pedro Aguirre Cerda vendió a la Universidad de Chile el Fundo Rinconada de Maipú: 3.000 hectáreas en la Cordillera de la Costa que se convertirían en una estación experimental para estudiantes, académicos e investigadores de su Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA). El predio está fraccionado en tres partes. Por un lado, las dos mitades que conforman todo lo que está en la superficie. La primera se divide entre terreno cultivable, zonas para la crianza y estudio de ganado, la casona que utiliza la facultad como sede académica, la Escuela de Suboficiales del Ejército y unas instalaciones militares que fueron ocupadas por la DINA en los ’70 y que hoy se encuentran en ruinas.
Vista frontal del impacto de Mina Panales en la quebrada.
Vista frontal del impacto de Mina Panales en la quebrada.
La otra mitad son las 1.500 hectáreas de cerros que, tras casi 80 años sin intervención, habían experimentado una importante recuperación de su flora y fauna endémica. Ahí es donde está la Quebrada de la Plata con sus 800 hectáreas. Entre las plantas, hay espinos, quillayes, maquis, peumos, boldos, litres, guayacanes y maitenes. En el cielo planean las águilas. Vuelan también por ahí chincoles, gallinas ciegas y pitios, una especie de pájaro carpintero. Hay también pequenes que se alimentan de los ratones cola de pincel y de los cururos, que también son alimento para zorros culpeos y quiques. Allí habitan reptiles como la iguana chilena y algunas culebras, y marsupiales, como la yaca. La mayoría de estas especies está incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por ser consideradas vulnerables o en peligro de extinción. Muchas de ellas desaparecieron desde que comenzaron los trabajos mineros.
De todo lo anterior es dueña la Universidad de Chile. Pero queda una tercera fracción que no se ve: lo que está en el subsuelo. Y allí la universidad no tiene ninguna propiedad.
El Código Minero define a las concesiones mineras como “un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial”. En simple: el dueño de un terreno no es necesariamente propietario de lo que hay debajo de él. Si un tercero inscribe a su nombre lo que hay en el subsuelo en el Registro de Minas, la concesión pasa a ser suya, sin importar lo que diga el dueño del terreno superficial. Eso ocurrió en el Fundo Rinconada de Maipú.
El Catastro Minero del Sernageomin da cuenta de que bajo el predio de la Universidad de Chile se esconde un enorme potencial minero: hay más de 40 concesiones registradas por terceros (ver tabla). En esa lista, la Mina Panales figura inscrita a nombre de la Compañía Minera de Fosfatos Naturales, que según su sitio web, fue creada en 1988 para explotar un yacimiento de fosfato en Bahía Inglesa. Sus dueños siguen siendo los mismos que la fundaron hace 27 años: el ingeniero en minas Víctor Petermann Fernández –que hoy la controla a través de Inversiones VPF SpA–, su hermana María Victoria y Patricio Campos Poblete. Esa sociedad nada tiene que ver con Branko Donoso, salvo porque le arrienda sus pertenencias en medio de una zona protegida. El precio acordado: 12,5% de las ventas de mineral que registre Minera Esparta (ex Minera Española Chile), o un mínimo de $5 millones al mes. Fue ese contrato, firmado cuando la empresa de Donoso ya llevaba al menos cuatro meses de operaciones ilegales, el que formalizó la destrucción ilegal de la Quebrada de la Plata.

SUENAN LAS PRIMERAS TRONADURAS

Lo primero fue el movimiento de camiones en los cerros cercanos a la quebrada. Era 2010 y un grupo de personas se había instalado en Lomita, una concesión minera ubicada casi por completo en el Fundo Chorrillos, el predio vecino que está justo entre el terreno de la FCA y la Cuesta Lo Prado. Pero un vértice de esa concesión está dentro de los límites de la propiedad de la Universidad de Chile. Y precisamente era en ese vértice que habían instalado, sin permiso, el campamento.
-Nos avisaron que salían camiones desde el terreno de la FCA por la Cuesta Lo Prado. Fuimos a inspeccionar con un Comité Operativo de Fiscalización (COF) conformado por funcionarios de distintos organismos del Estado, pero ya no estaban: habían huido. Encontramos restos de explosivos y de material minero, huellas de un campamento que habían retirado y toda la ladera de un cerro con tronaduras y caminos por hacer. Creo que eso fue sólo un sondeo del sector y que en realidad buscaban llegar a los sectores bajos de la quebrada, porque aquí está la mayor ley del cobre. Lomita no era más que un buen vehículo para pasar con sus camiones –recuerda el ex administrador del fundo universitario, Marcelo Orellana.
No hubo novedades hasta que en 2011 se vieron nuevamente camionetas circulando al interior de la quebrada. Fue ese año, a fines de septiembre, que los hermanos Branko y Josué Donoso se asociaron con William Ghione Tudela para constituir la empresa Minera Española Chile, con un capital de $100 millones. Fue la primera de una serie de sociedades que los tres hombres crearon en apenas unos meses.
No eran dueños de la Mina Panales, pero sí tenían una llave de acceso: derechos sobre las concesiones La Plata 3 y La Plata 4, ubicadas justo al lado. De hecho, Branko Donoso figura en los registros como titular de cinco concesiones como persona natural y de seis a través de Minera Esparta (ex Minera Española Chile). Si solicitaban permisos para explorar esas concesiones al Sernageomin, podrían llegar fácilmente a la Mina Panales y construir caminos que salieran por el Fundo Chorrillos hasta la Cuesta Lo Prado. Al año siguiente se instalarían en la quebrada, ensancharían los caminos, cortarían bosque nativo, pondrían explosivos y reducirían gran parte de un área de alto interés ecológico a un montón de roca suelta.

GUERRA EN TRIBUNALES

En agosto de 2012, la empresa de los hermanos Donoso y William Ghione informó al Sernageomin sobre su proyecto de reconocimiento en La Plata 3 y La Plata 4. También entregó una carta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fechada en 2008 y a nombre de Ángel Raúl Burrows, para explotar la Mina Panales. Pedían autorización para extraer 1.000 toneladas de mineral al mes. Para ambos trámites la respuesta fue negativa. Sobre lo primero, el servicio dijo que antes de iniciar cualquier actividad, debían sanear la propiedad de las concesiones, que aún estaban en estado de manifestación, y cumplir las normas ambientales y de seguridad minera. Sobre lo segundo, rechazó la carta de pertinencia por ser antigua, referirse a otro proyecto y estar a nombre de otra persona. Sernageomin no autorizaba las actividades mineras en la quebrada. Pero Minera Esparta comenzó a trabajar igual.
Foto de perfil de Facebook de Branko Donoso.
Foto de perfil de Facebook de Branko Donoso.
A los cuatro meses ya se podía ver el impacto. Fueron el entonces decano de la FCA, Luis Antonio Lizana, el alcalde Cristian Vittori, el senador Guido Girardi, personal de Sernageomin, de la universidad y de la municipalidad y representantes de organizaciones sociales. No los dejaron entrar. Veían desde afuera el movimiento de máquinas y el polvo en el aire. Oían los camiones. La faena no tenía permiso de la universidad ni patente de la municipalidad. CONAF realizó ese mismo mes su primera inspección: detectó el corte ilegal de 2,8 hectáreas de bosque nativo, lo que derivó en una multa y la exigencia de un plan de reforestación que nunca se entregó. CONAF volvió otras dos veces y cada vez la situación era peor. Para octubre de 2014 ya eran 39,7 las hectáreas de bosque nativo destruidas ilegalmente.
Al partir 2013, la Universidad de Chile y la Municipalidad de Maipú presentaron recursos en la Corte de Apelaciones. Eran causas distintas, pero apuntaban a lo mismo: como la Quebrada de la Plata es parte del sitio prioritario El Roble, una zona de preservación ecológica protegida por el Estado, Minera Esparta vulneraba la ley al no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizara sus actividades. Los trabajos debían parar.
Fue el mismo criterio que tuvo el entonces director metropolitano del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Rodrigo Núñez, cuando en marzo de 2013 respondió una carta en que Branko Donoso preguntaba si debía o no ingresar al SEIA. Fue la primera vez que quedaron documentadas las características del proyecto Mina Panales, ya en plena operación. Donoso pedía autorización para explotar a rajo abierto y mantener por más de 13 años una producción de 3.000 toneladas de material al mes, ya que “según estudios geológicos se ha estimado una reserva de material de 500.000 toneladas de mineral”. Para ello se utilizarían 280 kilos de explosivos al mes. Núñez respondió que sí debía ingresar porque el sector prioritario El Roble es “una zona protegida para efectos del SEIA”.
En vez de parar, la minera adoptó dos estrategias paralelas. La primera: blindarse legalmente. Contrató a los abogados Juan Larenas y Rafael Hormazábal, del estudio jurídico Ascui & Cía., quienes basaron la defensa en que era errada la lectura que hacían del PRMS la universidad, la municipalidad y el SEA.
-Un error garrafal se había repetido históricamente en todos los organismos públicos: consideraban que la Quebrada de la Plata es una zona de preservación ecológica por supuestamente estar en el Cerro El Roble. Pero no es así, porque ese cerro está en el Parque Nacional La Campana, en Tiltil, muy lejos de Maipú. El PRMS sí cataloga a la quebrada como un área de protección ecológica con desarrollo controlado, y eso no requiere RCA –explicó Larenas a CIPER.
Ese argumento tendría eco meses después en la reconsideración del SEA. Su director ejecutivo, Ignacio Toro Labbé, revirtió la decisión de Núñez en junio de 2013 y resolvió que el proyecto ya no tendría que pasar por el SEIA. Dos meses antes, la municipalidad había clausurado la faena porque no tenía patente. Pero la mina siguió operando como si nada. Por esos mismos días, Sernageomin fue a la quebrada y constató que la minera, sin avisar inicio de actividades, extraía ilegalmente cerca de 450 ton/mes de material oxidado de cobre y operaba sin libro autorizado, sin un método de explotación aprobado y sin un plan de cierre. Ordenó la suspensión inmediata, total e indefinida de la faena (ver informe). Aun así, la empresa no paró. Aunque llevaba meses operando ilegalmente, el vuelco del SEIA cambió por completo el escenario. Sernageomin tuvo que echar pie atrás y aprobar el proyecto. Por poco tiempo, Minera Esparta operó “legalmente” en la Quebrada de la Plata.

LA OTRA ESTRATEGIA DE ESPARTA

Durante la primera mitad de 2013, Minera Esparta dejó en claro cuál era su segunda estrategia: pasara lo que pasara, no parar la faena. Y eso no iba a cambiar.
A menos de un mes de la autorización del Sernageomin, la Corte de Apelaciones falló en la causa que la municipalidad llevaba contra la empresa de Branko Donoso. Los jueces desecharon el supuesto error en la lectura del PRMS y sentenciaron “la paralización de todas las actividades mineras llevadas a cabo por la recurrida, en tanto no dé fiel y oportuno cumplimiento a la normativa ambiental aplicable”.
De nuevo, la empresa no paró. Vino entonces una querella por desacato que aún está en trámite.
Restos de actividad minera ilegal tirados en la quebrada.
Restos de actividad minera ilegal tirados en la quebrada.
-Lo que hay es un vacío legal en la legislación medioambiental. La ley no establece medidas claras para poder sacar a este tipo de personas de ahí –explica el abogado Sergio Zúñiga, miembro del equipo jurídico de la Municipalidad de Maipú que ha intentado infructuosamente detener las faenas ilegales desde fines de 2012.
La causa de la Universidad de Chile tropezó dos veces en la Corte de Apelaciones. Primero porque los magistrados consideraron que el recurso era extemporáneo. Después, por imprecisiones en el texto. Pero en enero de 2014, la Corte Suprema zanjó la disputa con una sentencia que obligó a la empresa minera a “cesar y abstenerse de ejecutar faenas mineras de toda índole en el predio de la recurrente hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan” (ver fallo). A la semana Carabineros envió un informe sobre el cumplimiento del cierre. Decía que los trabajos en Mina Panales seguían activos. No hubo ninguna sanción.
Tras el fallo de la Suprema, el SEA revocó su carta de pertinencia y volvió a exigir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Minera Esparta nunca presentó. Sernageomin volvió a decretar su cierre tras verificar que además de no tener permisos, vulneraba todas las normas de seguridad minera. Eso fue en marzo de 2014. En junio sus fiscalizadores volvieron, pero no los dejaron entrar. Los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia del Medioambiente (SMA). El informe detalla el cierre definitivo y las multas de Sernageomin contra la empresa de Branko Donoso. Propone también una fiscalización conjunta, ya que “Minera Española Chile Limitada, o su representante, continuarían ejecutando labores mineras ilegales en dicho lugar”.
Por esos días, Minera Española Chile pasó a llamarse Minera Esparta y la SMA formuló cargos en su contra por no contar con una RCA, una “infracción gravísima”. El proceso sancionatorio aún está abierto (ver expediente online). Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la superintendencia, dijo a CIPER que una vez terminado el proceso, las sanciones podrían resultar en la clausura total del proyecto o en una multa de hasta 10.000 UTA (unos $5.183 millones).
En agosto de 2014 fueron inspectores de la SMA a la Quebrada de la Plata. No los dejaron entrar. En octubre volvieron y comprobaron el aparcamiento de camiones y maquinaria pesada al interior de la mina, los que habían estado operando hacía sólo minutos. También descubrieron un socavón al interior del cerro. Con eso fueron al Tribunal Ambiental y pidieron medidas provisionales. Se clausuró la mina por un mes, el máximo que permite la ley. Pero no pararon. El fiscal de la SMA dio cuenta de que la minera seguía activa y solicitó el auxilio de la fuerza pública. Poco después, funcionarios de la municipalidad fueron con un notario para certificar su inspección. No pudieron entrar. Se encontraron de nuevo con un guardia con perros y un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera”.

UNA TONELADA DE EXPLOSIVOS

Tras reiteradas visitas efectuadas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, un grupo de ciclistas constató que la faena seguía en operación. El pique era ahora mucho más profundo. La maquinaria pesada estaba paralizada adentro del socavón, como si estuviera escondida. Todo aparece detallado en la denuncia que presentaron ante la SMA contra la empresa de Branko Donoso por no acatar la orden de cierre.
Cuando CIPER ingresó a la mina el 23 de febrero, la maquinaria se encontraba detenida afuera, como resguardando la entrada. En la cueva, solo se oía un goteo que se filtraba de un tubo que bajaba por el cerro y se introducía hasta perderse en la oscuridad. En una pequeña bóveda en la roca había un generador eléctrico, y pocos metros más allá, un negro profundo que se extendía hacia el corazón del cerro. Afuera, montones de roca y pedazos de montaña que han volado con explosivos. Trabajadores y habitantes de los predios vecinos aseguraban que las tronaduras aún sonaban a lo lejos. Marcelo Orellana decía que menos de una semana antes oyó el retumbar de las explosiones. Parecían haberse ido, pero todo indicaba que la faena continuaba. Clandestina, como desde el inicio.
Maquinaria afuera del pique.
Maquinaria afuera del pique.
El Tribunal Ambiental ya ha renovado cuatro veces el decreto de cierre temporal de Mina Panales. La última fue el 11 de marzo. Como “ni las órdenes judiciales y administrativas, ni el recurso a la fuerza pública han sido suficientes para efectivamente detener las labores de Minera Española Chile Limitada en Quebrada de la Plata”, el mismo tribunal ordenó días después la incautación de todos sus vehículos y maquinaria y el desalojo de sus trabajadores. Lo que Carabineros encontró ese mismo día en la quebrada, fueron cerca de mil kilos de ANFO, un explosivo utilizado en minería que habría estado escondido entre los matorrales.
CIPER intentó hablar con Branko Donoso, pero fue imposible ubicarlo. Ni siquiera a través de sus abogados, con los que perdió el contacto desde mediados de 2014. El dueño de Mina Panales, Víctor Petermann, no ha sido siquiera mencionado en los procesos judiciales y administrativos. El contrato de arriendo de las pertenencias mineras fue firmado el 9 de abril de 2013, el mismo día que la municipalidad clausuraba la faena tras cuatro meses de funcionamiento ilegal, cuando el proyecto ya enfrentaba dos procesos en la Corte de Apelaciones. Consultados por CIPER, la Compañía Minera de Fosfatos Naturales envió un comunicado firmado por su representante legal, donde asegura que desconocían los antecedentes de la minera de Branko Donoso y que se enteraron de los problemas legales de Minera Esparta por la prensa y “muy posteriormente a la celebración del contrato de arrendamiento”. También agrega que decidieron dar término al contrato. CIPER pidió a la empresa copia del documento que certificaba el finiquito, pero no hubo respuesta.

Vía:
 http://ciperchile.cl/2015/04/06/mineria-ilegal-en-maipu-la-destruccion-de-la-quebrada-de-la-plata/

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