(apro).- El modelo de producción industrial de
alimentos deja ver sus grietas en Alemania. Una cantidad indeterminada
de cerdos, aves y huevos contaminados con dioxinas ha llegado a la mesa
de los consumidores. El efecto tóxico en el organismo puede prolongarse
durante décadas.
La contaminación fue provocada por una empresa productora de forrajes
y alimento balanceado para animales. 4 mil 760 establecimientos
agrícolas fueron clausurados, y algunos países han prohibido la
importación de huevos y carnes provenientes de Alemania.
Los productores agrícolas afrontan duras pérdidas. Las acusaciones
cruzadas entre los políticos llevan ya tres semanas. Sectores
independientes denuncian un problema estructural. Proponen una
producción de alimentos saludable, orgánica, más humana con los animales
y favorable con el medio ambiente.
La empresa Harles & Jentzsch, con sede en el estado de
Schleswig-Holstein, utilizó grasa adulterada para la producción de sus
forrajes. Los cereales o la soja componen hasta 85% de estos piensos. El
resto son minerales y aditivos.
La grasa, que da cohesión al forraje y provee energías, debe
obligatoriamente ser de origen animal. Harles & Jentzsch, sin
embargo, usó grasa más barata, proveniente de la producción de
biodiesel. Hasta 3 mil toneladas de esta grasa industrial contaminada
con dioxina fueron vendidas, en noviembre y diciembre de 2010, a 25
productores de alimento para cerdos, pavos, pollos y gallinas ponedoras
en varios estados alemanes.
Los investigadores estiman que la grasa fue mezclada en una
proporción de 2 a 10%. De esta forma la contaminación habría alcanzado
entre 30 mil y 150 mil toneladas de forrajes. Las dioxinas llegaron así a
miles de granjas y establos. Y de allí al comercio minorista y a la
mesa de los consumidores.
Las autoridades ordenaron el retiro de los alimentos de los supermercados a fines de diciembre. La publicación Hannoversche Allgemeine Zeitung
informó, sin embargo, que los alimentos contaminados habían estado al
alcance de los consumidores desde mucho antes. El pasado viernes 7
publicó el análisis que un laboratorio privado hizo de una muestra de
forraje, a pedido de Harles & Jentzsch. El resultado del estudio,
fechado el 19 de marzo de 2010, consignaba un nivel de dioxinas de 50%
por encima del límite aceptado por la Unión Europea. El análisis no fue
transmitido a las autoridades.
Ya nadie cree en la justificación de Harles & Jentzsch, esgrimida
en un comunicado que hablaba de un involuntario “error humano”. La
ministra de Alimentación, Agricultura y Protección al Consumidor, la
socialcristiana Ilse Aigner, cuyo cargo ha pendido de un hilo en las
últimas semanas, tildó a los responsables de emplear “manejos
criminales”. La empresa ha llamado a concurso de acreedores. La fiscalía
general investiga el caso.
Arma química
Las dioxinas son compuestos químicos que se obtienen como derivado de
la producción de pesticidas, conservantes y desinfectantes. Son poco
biodegradables y suelen penetrar en la cadena alimentaria. Llegan al
cuerpo humano a través de huevos, lácteos o carnes. Se almacenan durante
años en el hígado y los tejidos.
Los efectos nocivos de largo plazo incluyen afecciones del sistema
inmunológico, las vías respiratorias, la tiroides y enfermedades graves
de la piel, tales como el cloro acné, que puede perdurar durante
décadas. En experimentos con animales de laboratorio se han detectado
efectos cancerígenos y reducción del éxito reproductivo. Entre los
humanos las dioxinas pueden acelerar el crecimiento de tumores. Pero no
se sabe a ciencia cierta si pueden desencadenar el cáncer en células
sanas.
La toxicidad de algunas dioxinas también se da en concentraciones
pequeñas. En algunos casos llegan a ser letales. La dioxina 2.4.5-T es
uno de los componentes del agente naranja, arma química utilizada por el
ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Dicha dioxina fue
también utilizada en el atentado contra el político ucraniano Víctor
Yúshenko, durante la campaña electoral de 2004, que lo llevo a la
presidencia de su país.
El cloro acné desfiguró el rostro de Yúshenko. Los médicos le
diagnosticaron un probable aumento del riesgo de contraer diabetes,
cáncer o tener un ataque al corazón. Concluyeron que Yúshenko había
sufrido un envenenamiento por vía oral, con dioxina de alta pureza.
El contenido de dioxina en huevos no representa “ningún peligro grave
para los consumidores”, declaró Helmut Schafft, director del Instituto
Federal para la Evaluación de Riesgos. Schafft sostuvo que las
concentraciones de dioxinas encontradas en los alimentos para consumo
humano “no son exorbitantes”.
“Lo difícil, incluso desde el punto de vista jurídico, es que los
riesgos a la salud por la ingestión de dioxina no se pueden determinar
concretamente”, dijo Thilo Bode, director de la organización de
protección al consumidor Foodwatch, en entrevista publicada el viernes
14 por Zeit Online.
Udo Pollmer, director del Instituto Europeo de Ciencias de los
Alimentos y la Nutrición en Munich, consideró además que es poco
pertinente transpolar los resultados de laboratorio hechos con hámsteres
hacia los seres humanos.
Muchos consumidores creen que se puede minimizar el peligro si optan
por alimentos orgánicos. Sin embargo, “allí el nivel de contaminación
promedio –sea en huevos, carnes o lácteos– es mayor que en el establo”,
sostuvo Pollmer, según publicó el diario Jungewelt el pasado viernes 7.
Es que las dioxinas están ya en todas partes. Y son ingeridas por el
ganado o las aves que andan fuera del establo. “Ni siquiera con medidas
más severas podemos evitar la ingestión de dioxina con los alimentos”,
dijo Helmut Schafft en una entrevista publicada el 7 de enero por el
sitio en internet del semanario Spiegel.
De todas formas, en los últimos 15 años el grado de esta
contaminación ha disminuido en Alemania. Esto se nota en la leche
materna, que refleja claramente el nivel de asimilación de dioxinas que
se produce a través de la alimentación.
Problema de comunicación
En este escándalo, como en otros anteriores, el problema de fondo
poco a poco fue tapado por la airada discusión política y las
acusaciones cruzadas. Los verdes pidieron la cabeza de la ministra
Aigner, acusándola de falta de controles e inacción ante la crisis. El
altercado más notorio se dio dentro de las filas conservadoras. La
ministra Aigner acusó al gobernador de Baja Sajonia, el democristiano
David Mc Allister, de haberle ocultado información acerca de la magnitud
del problema.
La canciller Angela Merkel medió entre ambos. Criticó la forma en que
se transmitía la crisis hacia a la opinión pública. Se había tratado,
una vez más, de un “problema de comunicación”, eufemismo al que suele
apelar el gobierno cuando no acierta a dar una explicación convincente a
la sociedad.
Finalmente, el lunes 17, el gabinete aprobó un plan de acción
propuesto por la ministra Aigner. En el futuro, el sector de forrajes
deberá cumplir con una acreditación obligatoria, contratar un seguro
contra terceros para proteger a los productores agrícolas. Se anunció un
mejoramiento de los controles y una posible elevación de las penas para
los adulteradores.
A lo largo de las tres semanas que lleva el escándalo, los
consumidores no pudieron conocer el nombre de los casi 5 mil
establecimientos clausurados. El peso recayó pura y exclusivamente en
Harles & Jentzsch. “Sólo porque unos pocas personas en el sector de
forrajes han obrado de manera criminal, ahora se demoniza a todo el
sector agrícola”, señaló el presidente de la Federación de Agricultores
de Alemania, Gerd Sonnleiter, al inaugurar el miércoles 19 la Semana
Verde, la feria de alimentos más importante del mundo, que se realiza
cada año en Berlín.
El diario Märkischer Allgemeine Zeitung publicó el jueves 20
una noticia que dio mayor impulso a este tipo de argumentación. El jefe
de Harles & Jentzsch, Siegfried Sievert, de 58 años, habría sido
durante casi dos décadas soplón de la Stasi. Su área de acción era la
fábrica de aceites en Brandeburgo para la que trabajaba. No pasó de ser
un informante raso. Su nombre de guerra era “Pluto”.
La extinta RDA, de paso, recibe un poco más de tierra bajo su abultada alfombra.
Las medidas anunciadas por la ministra Aigner fueron saludadas por la
industria alimenticia, los productores agrícolas y la federación de
protección de los consumidores, pero criticadas duramente por sectores
independientes.
“El gobierno no quiere cambiar nada”, sostiene Thilo Bode, quien
dirige Foodwatch después de un largo paso como manager de Greenpeace.
Bode cree que ni la ministra Aigner ni tampoco sus antecesores se han
atrevido a enfrentarse al sector de los forrajes.
“Esta industria se sienta en la mesa de discusiones y elabora
propuestas. Esto es como si uno le pidiera a un ladrón de coches que
hiciera propuestas sobre cómo uno puede evitar robos de coches”, añade.
Bode tampoco cree que en este sector haya sólo unas pocas ovejas
negras con un gran impulso criminal. A su juicio es la falta de
regulación la que invita al abuso.
Los productores y distribuidores de forrajes se someten a dos tipos
de control: los estatales y otros a los que se obligan voluntariamente.
“El sistema es llevado a cabo por las propias empresas agrícolas y de
alimentos. El sector se controla a si mismo, pero voluntariamente y de
manera no vinculante”, objeta Thilo Bode.
El hecho de que Harles & Jentzsch, ya en marzo de 2010, haya
ocultado frente a las autoridades la contaminación en sus forrajes,
avala esta desconfianza. “Es un secreto a voces que los productores de
forrajes rebajan las partidas muy contaminadas, para no sobrepasar los
valores tope”, continúa Bode. “Con la dioxina eso no sirve mucho, ya que
es un veneno de efecto prolongado y se asimila a la cadena
alimenticia.”
El jefe de Foodwatch propone obligar por ley a las empresas a
examinar todas las partidas, y a destruirlas en caso de comprobarse un
alto componente de dioxinas. Esto facilitaría el trabajo de los
inspectores estatales. “La propuesta es buena, y por eso no le interesa a
la señora Aigner. El ministerio federal de Agricultura representa los
interesas del sector agrícola, no el de los consumidores”, agrega el
jefe de Foodwatch.
Exportaciones
La Federación para la Protección de la Naturaleza de Alemania (BUND,
según sus siglas en alemán) ve en el escándalo sólo un síntoma de una
política que favorece una producción industrial de carne que perjudica
el clima y el medio ambiente. “Desde que Angela Merkel está al frente
del gobierno, primero con los socialdemócratas, ahora con los liberales,
Alemania se ha convertido en un centro de cría industrial de animales.
El costo en daños a la salud y el medio ambiente es subsidiado por la
población.”
La industria alemana de la carne tiene amplios mercados. Fomenta una
política de exportación. Para que ésta florezca y sea competitiva,
presiona sobre los precios de forrajes. Al mismo tiempo, el gobierno
federal subsidia la exportación de carne de cerdo desde 2010, con fondos
provenientes de la recaudación impositiva.
Las últimas noticias son poco edificantes. China y Corea del Sur
prohibieron la importación de carne de cerdo y productos con huevo de
Alemania. Japón anunció controles estrictos para la entrada de estos
productos. Carne de cerdo contaminada fue a parar a los mercados checo y
polaco.
“El gobierno está atrapado en la trampa de sus lobbystas”,
dice Thilo Bode. “Ahora los chinos y los surcoreanos no quieren comer
más cerdos alemanes con dioxina. Esta política no sólo es una burla a
los consumidores. El sector político actúa al servicio de la industria
de forrajes y la protege de controles más estrictos.”
Una agrupación de 300 catedráticos, entre los que hay profesores de
Filosofía, Ética, Teología, Agronomía y Medio Ambiente, exige el fin de
la crianza industrial de animales. Piden una regulación mayor de este
sector a través de los responsables políticos. Condenan que un tercio
del cereal que se produce en el mundo se destine a la producción de
forrajes, causando hambre en países pobres y tala de bosques en
Latinoamérica.
Aprovechando la presencia en la Semana Verde de ministros de
agricultura de todo el mundo, y de representantes de las multinacionales
del agro, convocaron a una manifestación que programaron para el sábado
22. Se oponen a la industrialización de la agricultura a través de una
política basada en tecnología genética, fábricas de animales y
exportación a precios de dumping, con subsidios estatales. Proponen una
producción de alimentos saludable, orgánica, más humana con los animales
y favorable con el medio ambiente.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87572
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87572
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