En Chile hay más de 7 mil
kilómetros de borde costero, lacustre y de ribera, que son bienes de uso
público y que pertenecen a todos los chilenos según la ley. Pero ya son
eternas las disputas legales con particulares que prohíben o cobran
hasta 6 mil pesos por persona para acceder a las orillas. Este verano
apenas comienza y ya hay denuncias por estas razones.
Domingo 19 de diciembre de 2010, 16 horas, acceso a playa Ritoque, en la comuna de Quintero.
Una barrera y una caseta de seguridad obstruyen el camino hacia la
playa. Un guardia contratado por una agrupación de propietarios del
balneario detiene a los peatones e indica que para acceder a la playa se
debe cancelar 2 mil pesos por persona. Martes 21, 17 horas, acceso
playa Cau Cau (en la foto), de la comuna de Puchuncaví. Una caseta y un guardia indican que el ingreso a la playa es restringido y tiene un valor de mil pesos por persona.
Ambos guardias indican que el cobro es
por “motivos de seguridad”, para resguardar a los propietarios del
sector, y que sus acciones son amparadas por autorizaciones municipales.
Ambos efectivos de seguridad desconocen que por el decreto ley Nº 1.939,
de 1977, se establece que los propietarios de terrenos privados deben
abrir un acceso gratuito para fines turísticos o de pesca deportiva o
recreativa y que no pueden construirse barreras ni rejas que obstruyan
el libre paso peatonal para llegar a las orilla de los ríos o del mar.
Como Bienes Nacionales de Uso Público,
las playas son incomerciables, es decir, están fuera del comercio
humano. No son susceptibles de propiedad privada, así como no pueden ser
objeto de declaraciones de voluntad entre vivos o en testamentos y
tampoco pueden ser poseídas exclusivamente por una persona. A su vez,
son inalienables, permitiendo su uso libre e igualitario, sin que puedan
ser transferidas del patrimonio público, característica que se mantiene
a perpetuidad. Por lo mismo, la usurpación de particulares debe ser
denunciada.
El mismo decreto ley, define que en caso de impedimento para su uso o acceso, es competencia del Ministerio de Bienes Nacionales corregir la situación. Por eso, cuando exista una limitación al acceso o uso, se debe presentar la solicitud en la Intendencia Regional quien la canalizará y le dará curso.
Es así como debería proceder un
propietario de un terreno aledaño a un borde costero, lacustre o ribera,
quien debe regularizar ante la Intendencia respectiva un paso liberado y
gratuito para uso público, denominado “servidumbre de paso”.
EL VACÌO LEGAL
Pese a la norma vigente, ésta no
consigna multas para los particulares o privados que denieguen el
acceso, como tampoco algún tipo de protección para quienes se vean
impedidos de acceder a un balneario porque el propietario de los
terrenos no ha solicitado la fijación de la servidumbre de paso.
Hace un año, los senadores Guido Girardi, Nelson Ávila, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro y Carlos Ominami,
presentaron una moción que regula este derecho, estableciendo multas
entre 37 mil y 37 millones de pesos a quienes impidan el ejercicio de
este derecho, propuesta que no ha surtido efectos, dado que este año
algunos privados siguen impidiendo el libre acceso y tránsito en
dirección a los bordes costeros.
Según lo consignado por los
parlamentarios en la presentación del recurso, “no solo es grave la
obstrucción al libre tránsito hacia playas, ríos o lagos, sino también
la situación en aquellos casos donde los propietarios de predios
ribereños cobran por el acceso.., invocando una serie de normas –que no
existen-, conforme a las cuales exigen el pago de tarifas”. La moción
aún no ingresa al trámite legislativo y duerme en los archivos del Congreso.
“Está claro que no existe la voluntad ni
política ni social de dar curso a esta modificación legal, ya que cada
vez son más los proyectos inmobiliarios que están construyéndose en los
bordes costeros, obstaculizando el paso, la visual y por sobre todo,
rompiendo con el esquema natural del sector”, argumenta Alejandro Capetillo, presidente de la agrupación “Por el libre acceso de playas”, red que tiene adeptos en diversas regiones del país. Según Marcelo Torres,
también integrante de esta agrupación, hay sectores en el sur, que pese
a las campañas realizadas por los gobiernos, hacen oídos sordos de las
disposiciones legales y continúan denegando el paso público. De acuerdo a
registros en Bienes Nacionales, durante el verano de 2009 hubo 53
denuncias de cobros indebidos u obstrucción de acceso, entre los que se
cuenta la playa La Virgen en Caldera, Mirasol en Algarrobo, Luna, Caucau, Ritoque, entre otros.
Entre los casos más repetitivos y famosos son los conflictos que cada año se suscitaban en Pingueral, en la Octava Región del Bío Bío, y en el camino Santa Filomena, en el sector norte del lago Villarrica. En ambos casos los dueños de los predios recurrieron al Tribunal Constitucional aduciendo que abrir un acceso viola sus derechos de propiedad privada.
Luego de 37 años de litigios entre los
dueños de estos terrenos y el Ministerio, se abrió un acceso que sólo
conduce a un sector del lago, donde no hay área de baño, sino empedrado y
roqueríos. Hasta el momento no hay denuncias formales en el Ministerio
ni en las distintas intendencias regionales, sin embargo, y tal como
comprobamos, siguen obstruyendo el paso o cobrando tarifas por el
acceso.
La problemática sigue estando viva y los
usuarios aún no tienen acceso de los bordes costeros. La ley existe,
pero es letra muerta dada la falta de control, y sigue habiendo manos
privadas que impiden que los chilenos y chilenas puedan hacer uso de sus
derechos, al menos libres de pago.
Por Claudia Pedreros Saá
El Ciudadano N°94, primera quincena enero 2011
Vìa :
http://www.elciudadano.cl/2011/01/28/libre-acceso-a-playas-rios-y-lagos-una-norma-que-sigue-naufragando/
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Muy buen articulo, anduve en playa cau cau y pude acceder, pero para estacionar vehiculo se piden $2.000. La escalera acceso a la playa esta en muy mal estado.
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