(Proceso).- Por los llanos despoblados del semidesierto, en lugares
donde la vista tal vez alcance para ver un tendido eléctrico pero
ninguna otra señal de vida humana, el peligro acecha a los forasteros
que pasan por aquí.
La carretera 57 México-Piedras Negras, en el tramo que surca
Coahuila, al igual que las brechas y caminos que entroncan con ella, son
sitios propicios para que mucha gente quede convertida en cenizas o
desaparezca sin más.
Pero las familias de los desaparecidos no olvidan. Recorren la misma
ruta buscando a los ausentes, pidiendo a las autoridades que
investiguen y den con su paradero, preguntando entre quienes pudieron
verlos por última vez, aunque en respuesta suelen obtener desde
indiferencia hasta intimidación.
La mayoría de los desaparecidos eran trabajadores con una existencia
itinerante, caminantes que ofrecían mercancías artesanales, migrantes
obreros que iban a probar suerte en la maquila, profesionistas
solitarios y, algunos pocos, agentes de seguridad pública que evitaron
coludirse con el hampa.
Trabajadores y pobres al fin. Como Pablo Ponce, quien, padre de tres
hijos, dejó de ser campesino para emplearse como vendedor de muebles
artesanales recorriendo las calles de ciudades desconocidas. Uno de sus
compañeros, prófugo del arado también, José Luis Hernández Gómez,
llevaba 10 años visitando ciudades norteñas, a más de mil kilómetros de
su rancho en Michoacán.
Se supone que ambos pasarían por Monclava el 20 de octubre, y desde
entonces sus familias no supieron más de ellos. Originarios del rancho
Las Cañas, Santiago Undameo, siete michoacanos desaparecieron en esa
fecha y hasta el momento, como ha ocurrido con otras desapariciones
grupales, señaladamente de cambaceros, la Fiscalía General del Estado de
Coahuila (FGE) no ha logrado avances en las investigaciones.
Ya son muchos los casos de desapariciones colectivas. A mayor
precisión, de las 104 víctimas documentadas por Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec), sólo 17
personas desaparecieron de manera individual, y el resto en grupo.
Para la activista Blanca Martínez, las desapariciones colectivas son
características de Coahuila, pues a partir del intercambio sostenido
con organismos que documentan los casos de otras entidades, sólo aquí
se registra con tanta gravedad esa modalidad y, hasta donde han podido
indagar, no hay experiencia internacional semejante, salvo en los
registros históricos de países gobernados por dictaduras.
Cero avances
La información que ha recogido Fundec establece que la mayoría de las
desapariciones en grupo son perpetradas por civiles armados.
Hasta el momento, apenas en cinco casos se ha indiciado por hechos de este tipo a policías o militares.
A bordo de lujosas camionetas de modelo reciente, los comandos
establecen perímetros donde, con una coordinada precisión, operan a sus
anchas en frenéticas cacerías para enseguida desaparecer con sus
víctimas.
El caso más reciente es el de los michoacanos que, el 20 de octubre,
desaparecieron en algún paraje indeterminado de Monclova. Poca
información existe al respecto, y el fiscal ministerial, Domingo
González Favela, apenas confirmó la desaparición y los datos que las
propias familias han expuesto: que no se pidió rescate, por ejemplo.
Blanca Martínez describe la ausencia de resultados en la FGE:
“La respuesta es muy limitada. A partir de la presión que se ha hecho
con Fundec, la FGE empieza a moverse. Están apenas empezando a aplicar
procedimientos que debieron realizar desde el día de la denuncia. No
es sino hasta ahora que comienzan a mover las averiguaciones, lo que
habla de la irresponsabilidad, de la ineficacia en Coahuila.”
A partir de las denuncias, marchas y protestas de Fundec, el
gobernador Humberto Moreira se comprometió a dar celeridad a las
investigaciones, pero el resultado es el mismo: nada.
Los casos se multiplican y, de acuerdo con la sistematización de
Fundec, del total de 104 desaparecidos, cinco son mujeres, un niño y un
adolescente. En 10 ocasiones se han llevado a dos personas. Nueve veces
han corrido la misma suerte entre tres y seis individuos. El de los
vendedores de pintura de Ecatepec es el único en el rango de 11 a 15
personas desaparecidas en un mismo hecho.
En el rango de 21 a 25, se cuenta con el registro de un contingente
de trabajadores de la industria automotriz, originarios de Saltillo, que
desaparecieron en Piedras Negras en abril de 2008.
A pesar de ser un caso donde las familias se encuentran dentro del
mismo estado, sólo una de ellas se animó a denunciar, pero las
autoridades no han logrado avances en las investigaciones. Como las
víctimas, el caso se esfumó también de la escena pública.
Extranjeros en riesgo
Sólo avanzar por la ruta es temerario. No hay ningún puesto de
vigilancia, excepto aquellos de policía municipal que, “en revisiones de
rutina”, indagan quiénes viajan, qué transportan y a dónde van. Son
patrulleros que acechan bajo la sombra de un huizache al forastero.
Apenas en noviembre, un motociclista canadiense subió al canal de
videos de internet www.youtube.com las escenas de una extorsión que
protagonizaron policías de Castaños, Coahuila.
–To moch… –decía el agente municipal escribiendo “$100 usd” en una hoja.
–Yu… –señalaba el agente el dibujo de un monito triste que se hallaba tras las rejas–, yu no moch.
Puede ser peor.
Un retén carretero de civiles armados marca el alto cada tanto. Hasta
los políticos en sus recorridos deben obedecer las órdenes y someterse
a la revisión de delincuentes o atenerse a las consecuencias.
Pueden ser letales. Como ocurrió con un grupo de canadienses y
estadunidenses el 9 de junio, cuando a bordo de dos camionetas se
introdujeron a México. Pertenecían a una organización internacional de
ciclismo de montaña, dedicada a recabar fondos para conservar senderos
montañosos.
Los ambientalistas tenían como propósito llegar a Múzquiz, Coahuila,
donde conocerían un rancho que pretendían comprar para hacer pistas de
carreras. Luego se supo, por declaraciones de amigos y familiares de
ellos en medios de comunicación de sus países, que esa era la forma en
que deseaban colaborar para combatir la violencia en México: cuidar los
bosques, hacer deporte…
A unos 50 kilómetros de la frontera, por la carretera 57, se
detuvieron en el regionalmente famoso “Machacado Doña Herlinda”, de
donde vieron salir a varios hombres a los que esperaban ostentosas
camionetas.
Serían alrededor de las 13:30 horas cuando los extranjeros terminaron
su almuerzo, y al disponerse a partir notaron que los anteriores
comensales los estaban esperando en un convoy. Un joven se acercó a la
ventanilla de Peter Charles Klowak, un canadiense de 44 años que,
asustado, emprendió la marcha. El adolescente, de unos 14 años de edad,
trepó con habilidad al toldo del vehículo, disparó y lo mató de un tiro
en la cabeza.
La camioneta de Klowak se volcó. El convoy se llevó al joven ejecutor
y dio por muerto a un acompañante del baleado que, rescatado por
cuatro sujetos de origen estadunidense –presuntos agentes extranjeros–,
lo condujeron al puente fronterizo de Piedras Negras y le dieron
dinero para un taxi. Ya en Eagle Pass, narró lo ocurrido, de acuerdo
con un informe de la FGE.
Tierra de nadie
A veces una patrulla de la Policía Federal ronda por ahí. Pero jamás
ve nada. Las cámaras de vigilancia en gasolineras, negocios o garitas
no han sido utilizadas en las indagatorias, y si algún civil se atreve a
mencionar un dato relevante lo hace desde el anonimato, nunca como
declaración ministerial.
El 22 de marzo de 2009, un grupo de vendedores de pintura desapareció
con todo y vehículo en una zona cercana a Piedras Negras. Compañeros
de ellos reportaron el hecho y también terminaron desaparecidos. En
total, 12 personas procedentes de Ecatepec, Estado de México,
desaparecieron sin dejar rastro.
Los casos se reproducen:
El 17 de abril de 2009, José Flores, Agustín Núñez y Sergio Cárdenas,
procedentes de Guadalajara, visitaban a sus clientes por la zona
norte. La última vez que se supo de ellos pernoctaban en un hotel de
carretera. Nadie volvió a verlos.
El 29 de agosto de 2009, el jefe de celadores del penal de Saltillo,
Esteban Acosta, desapareció en esa ciudad, junto con sus dos hermanos y
su hijo. No se sabe de su paradero.
Pero sí que las víctimas suelen ser trabajadores.
“Nos llama mucho la atención el promedio de edad que alcanzamos a
calcular. Son entre 28 y 29 años. Es gente en edad productiva. Hay un
número alto de trabajadores de oficio rudo, como albañiles.
“Una de las hipótesis de las familias es que se les puede estar
usando para realizar algún trabajo. Es una hipótesis que da esperanza.
En todos estos casos no hay solicitud de rescate. Como no hay petición
de dinero o patrimonio como intercambio, no es secuestro y no hay
elementos para identificar el hecho como ajuste de cuentas o algo
semejante”, advierte Blanca Martínez.
“La desaparición sirve como mecanismo de control social, de
implantación de terror, pero también creemos que están siendo utilizados
para algún tipo de trabajo”, agrega.
Además de la ausencia de resultados en las indagatorias, las familias
de los desaparecidos han tenido que enfrentar actos de intimidación.
Sin contemplaciones, como si buscaran a un criminal y no a una
víctima, los policías ministeriales de Coahuila se introducen en las
viviendas, no se identifican, son groseros con los denunciantes, quienes
se quejan de que aquéllos obstaculizan su derecho a exigir justicia.
Blanca Martínez concluye:
“Ese es el común denominador: que las familias no obtienen
respuestas, y las autoridades les recomiendan que dejen todo así, que no
le busquen… es una obstaculización a la gente que exige sus derechos, y
los expedientes prueban la inacción de la autoridad.”
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87076
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87076
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