Silvia Ontiveros, Luz Faingold y Rosa del Carmen Gómez, víctimas y testigos.
Imagen: Gentileza diario Los Andes
“Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay
compañeras a las que las violaban cada media hora”, explicó otro de los
testigos, ex detenido desaparecido, Fernando Rule.
Como ya salió a la luz en otros juicios por los delitos de lesa
humanidad cometidos, cada vez con más detalles queda en evidencia que
“las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros
clandestinos en forma sistemática”, destacó la abogada querellante del
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel. Para el
abogado Pablo Salinas, también querellante del MEDH, las detenciones de
los dos policías marcan un punto de inflexión entre la impunidad y la
justicia: “Antes había impunidad total llegando al punto de encontrarse
varias víctimas con sus abusadores en lugares de la policía donde tenían
que hacer trámites”, apuntó a este diario.
El debate oral comenzó el 17 de noviembre. El martes último
retomaron las audiencias, que no fueron suspendidas por la feria
judicial. Son querellantes el MEDH, el gobierno provincial y la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el primer juicio por
delitos de lesa humanidad en la capital mendocina. Entre las mujeres que
ya declararon, tres de ellas, Gómez, Ontivero y Faingold, manifestaron
haber sido violadas. Otros dos testigos varones declararon haber tomado
conocimiento de esas prácticas. “La parte más horrible de las torturas
fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como
método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían, pero pasaban,
pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer
con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las
violaciones. A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día
me hacen tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, y hacen
obscenidades y las relatan. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10,
15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”,
contó Rule, y aseguró que una chica cordobesa que estaba frente a su
celda “fue muy torturada y particularmente violada”. Rule fue el primer
testigo del juicio. Su detención se produjo el 9 de febrero de 1976. Por
entonces, estaba en pareja con Ontivero. Sus detenciones fueron
simultáneas. Ella era delegada de ATE. “Ingresé embarazada al D2, pero
lo perdí por la tortura y las violaciones”, contó ante el Tribunal Oral
Federal Nº 1 conformado por los jueces Antonio González Macías,
Alejandro Piña y Héctor Cortés. Fue en la audiencia del 20 de noviembre.
De los golpes que recibió también le partieron la nariz. Ontiveros
estuvo unos 18 días en el D2. Después pasó a la cárcel de Devoto y
recién salió en libertad en 1982.
El 9 de diciembre declaró Rosa del Carmen Gómez. Fue detenida el 1º
de junio de 1976. No era militante de ningún partido. Al parecer, la
habían confundido –dijo– con una “jefa guerrillera”. Su extenso relato
también da cuenta de las terribles violaciones sexuales que sufrió
durante su cautiverio, que se prolongó por nueve meses. A partir del
testimonio de Gómez, que identificó a sus violadores, se produjeron las
detenciones de los policías retirados. “González y Lapaz, junto a Bustos
Medina (ya fallecido), fueron los que más me violaron y me torturaron.
Lapaz y González están vivos, y uno de ellos, Lapaz, trabaja en la
planta verificadora de autos en Las Heras”, afirmó. Lapaz y González no
estaban entre los acusados en el juicio. Los imputados son Tamer Yapur,
Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero,
Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal. En un principio también estaban
siendo juzgados Juan Pablo Saa, que luego fue apartado (porque a los
pocos días del inicio del debate oral sufrió un ACV y quedó en coma) y
Osvaldo Fernández, que también fue separado por tener otra enfermedad
grave.
El abogado Salinas, querellante por el MEDH, recordó que Rosa Gómez
ya había brindado testimonio de las vejaciones sufridas en la D2, una
vez que recuperó su libertad, ante el entonces fiscal Otilio Roque
Romano. “Romano no sólo no hace nada con respecto a los abusos sufridos
por ella sino que además la acusa de subversiva a los términos de la Ley
20.840, en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y violación”,
señaló Salinas. Romano es actualmente integrante de la Cámara Federal de
Mendoza: está acusado como partícipe secundario en sus tiempos de
fiscal –entre 1975 y 1976– en 94 hechos de privación ilegítima de la
libertad, torturas y desapariciones. Presentó su renuncia en diciembre,
pero todavía no le fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández.
Las detenciones de los policías retirados ocurrieron el 27 de
diciembre último, pero se conocieron recientemente. Héctor Lapaz y
Miguel González fueron apresados por orden del juez federal Walter
Bento, a pedido del fiscal del juicio Dante Vega, quien el mismo 9 de
diciembre había solicitado la detención de ambos. Están acusados por
violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad,
todos en carácter de delitos de lesa humanidad. Se abstuvieron de
declarar. Sus defensores pidieron la excarcelación, que fue rechazada, y
quedaron en prisión. Apelaron. La Cámara Federal debe resolver sobre su
situación.
El martes último, cuando se reanudó el juicio después de un par de
semanas de receso, otro testigo, Eugenio París, quien también estuvo en
el D2, confirmó que Rosa Gómez era violada repetidamente porque pudo
verlo por la mirilla de la celda.
“Los de Rosa Gómez y París son testimonios claves, porque a ambos
les tocó hacer tareas de limpieza, para lo cual les quitaron las vendas
de los ojos”, explicó a Página/12 el abogado Salinas. Las violaciones y
el abuso sexual que los represores cometieron en la última dictadura
militar comenzaron a ser tratados como delitos de lesa humanidad recién
el año pasado, ya que previamente fueron considerados hechos eventuales
y, al no ser parte de un plan sistemático, la Justicia los consideró
prescriptos. El primer fallo en establecer la violación como delito de
lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en
abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11
años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de
Inteligencia de esa provincia. En la sentencia, los jueces consideraron
que la violencia sexual que ejerció el represor también constituye una
forma más de tormentos y, por ende, es un crimen contra la humanidad.
Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la
Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea
local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones
reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos
agravados.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160611-2011-01-17.html
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