Lapidarios fueron los parlamentarios de la oposición al calificar el
informe de Contraloría que ratificaba el sobrepago por la adquisición de
mediaguas para los damnificados por el terremoto. “No sólo muestra una
falta de de planificación y eficiencia sino que podría existir
corrupción”, sentenciaron desde la DC, mientras desde el PS exigieron la
renuncia de las autoridades encargadas del proceso de compra. Desde el
Gobierno, en tanto, negaron cualquier irregularidad y aseguraron que las
adquisiciones se realizaron tomando en cuenta el precio del mercado en
ese momento.
Una ola de reacciones generó el informe de la Contraloría General de
la República que ordena instruir sumarios luego que se constataran
sobrepagos en las mediaguas que adquirió el Gobierno para hacer frente a
la emergencia sufrida después del terremoto del 27 de febrero del año
pasado.
El texto del organismo fiscalizador señalaba que “en efecto, se
advirtió que, en reiteradas oportunidades, se pagaron precios y
cantidades de viviendas de emergencia distintos a los convenidos. A modo
de ejemplo, se puede indicar que durante la última semana de abril
correspondía pagar el valor neto de 480 mil pesos por vivienda
entregada, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de
Abastecimiento, debido a instrucciones recibidas del Comité de
Emergencia de la Presidencia, se pagaron 505 mil pesos por cada una”.
Contraloría detectó además que en el caso de los convenios asumidos
con la Forestal Tromen y Un Techo para Cristo, las viviendas compradas
experimentaron un aumento de precio aún mayor, alcanzado los 820 mil
pesos, “violando el precio superior máximo establecido”, indica la
entidad.
Este primer cuestionamiento del organismo contralor a la
administración de Sebastián Piñera, desató grandes críticas en la
Concertación, desde donde afirmaron que el estudio “sólo confirma las
sospechas respecto de lo poco transparente que ha sido el proceso de
reconstrucción”.
El líder de la bancada de diputados de la DC, Patricio Vallespín,
aseguró que este informe demuestra “no sólo una falta de planificación y
eficiencia, sino serios reparos a las autoridades respectivas en lo que
podría existir, además, corrupción”.
En la misma línea, el senador del PS, Juan Pablo Letelier, manifestó
que “una mediagua por 820 mil pesos evidentemente es un negociado, un
abuso del uso de recursos públicos que son de todos los chilenos, más
aun cuando hasta el día de hoy aún hay muchas familias que no recibieron
la solución habitacional que se les ofreció”.
Más radical aún fue el presidente del Senado, Jorge Pizarro, quien
exigió que los funcionarios que sean encontrados responsables sean
destituidos de sus cargos y que respondan penalmente si se acreditan
delitos.
“Esta forma de gobernar, de hacer las cosas a la rápida, pensando en
que todo es entre amigos, socios o entre operadores económicos, no es la
forma más adecuada. Por un tema de transparencia se tienen que entregar
todos los antecedentes a la brevedad y el gobierno debe responder con
franqueza sin eludir el bulto”, inquirió Pizarro.
La pelota que se tiran en el Gobierno
Si bien, en la resolución exenta 817 del 8 de marzo de 2010, la
Contraloría autorizaba a las entidades públicas a adquirir los insumos
necesarios para el proceso de reconstrucción y para la ayuda de los
damnificados sin necesidad de establecer la toma de razón, el organismo
precisa que ninguna de esas compras se debió hacer pasando a llevar el
límite de lo legal.
En su informe, la entidad apunta sus primeros dardos en contra Comité
de Emergencia de la Presidencia- liderado por Cristóbal Lira – y la
Onemi, quienes fueron los encargados de llevar adelante el proceso de
compras. “Respecto de eso, debe indicarse que, si bien el liderazgo del
proceso de adquisiciones fue asumido por el aludido comité, la Onemi
debió requerir la totalidad de la información generada en éste con la
finalidad de respaldar adecuadamente las decisiones de inversión de
recursos públicos dispuestos para el efecto”, sostiene el texto.
De todas formas, Lira insistió en que el procedimiento se efectuó de
manera correcta y que no existieron sobrepagos y argumentó que “no tiene
ningún aspecto extraño pagar un precio mayor cuando el precio de los
materiales en el mercado había subido prácticamente al doble”.
“Durante abril, frente a la escasez que había de entrega de casas, y
el alza de precios que se había visto en los materiales de construcción,
que prácticamente se habían doblado como el caso del zinc -de 5 mil
pesos a 11 mil pesos aproximadamente- decidimos pagar el tercer tramo
del mes de abril a continuación de la cuarta semana, para poder acceder a
estas casas y cumplir con la promesa que se puso el Gobierno de tener
casas antes de comenzar el invierno”, precisó Lira.
Y para que no quedaran dudas, la ministra de Vivienda, Magdalena
Matte – quien ya tuvo que responder ante una interpelación ante el
Congreso por el proceso de reconstrucción – salió del paso diciendo que
su cartera no tuvo nada que ver con las irregularidades detectadas por
la Contraloría y que todo había quedado a cargo del ministerio del
Interior.
“En ese momento estábamos haciendo la lista de los damnificados,
revisando el terreno y planificando cómo íbamos a reconstruir. La verdad
es que no es un tema del ministerio de la Vivienda porque estamos
preocupados de las soluciones habitacionales definitivas, no de las de
emergencia”, aseguró Matte.
Por su parte, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, negó cualquier
irregularidad en la entrega de mediaguas y precisó que las autoridades
desarrollaron un proceso de “incentivos para agilizar la entrega de
viviendas e impedir que las familias pasaran el invierno bajo la
lluvia”.
La portavoz de La Moneda agregó que enviarán más información “para despejar aquellos casos que no están cien por ciento claros”.
Además de los sobrepagos detectados en la compra de mediaguas, el
organismo contralor descubrió cientos de alimentos que quedaron
almacenados y que no fueron entregados a los damnificados.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/97340/
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