En su denuncia los quejosos asentaron que desde hace varios años la
empresa estadunidense Conduit Capital Partners, una sociedad de
inversión con sede en la ciudad Nueva York, en colaboración con la
mexicana Electricidad de Oriente, comenzó a realizar obras de
infraestructura sobre la presa Cerro de Oro, con el propósito de
modificar las vías fluviales locales para producir energía que sería
comercializada a empresas privadas. Para la realización de dichas obras
estaban utilizando un financiamiento de 60 millones de dólares que el
gobierno de Estados Unidos proporcionó a la primera a través de OPIC.
La inconformidad de los quejosos tiene varios orígenes. Uno de ellos
es la falta de información sobre las obras, su objetivo y los
responsables de ellas, pero sobre todo, los impactos que tendrán sobre
su vida y las medidas que se tomaran para evitarlos. En esto último se
encuentra otra fuente de su preocupación porque desde la década de los
años 80, cuando la presa sobre la que ahora se realizan nuevos trabajos
fue construida, a ellos se les afectó profundamente su pasado y su
futuro; decenas de miles de los habitantes fueron desplazados a otras
regiones, no se cumplieron las promesas que les hicieron y algunas
personas todavía mantienen demandas judiciales para que les cubran la
indemnización por los daños sufridos.
Lo peor es que la incertidumbre es alimentada por los efectos que ya
comienzan a verse por las obras que están en marcha: el cemento que se
usa para las obras se está filtrando en el agua que consumen, las
detonaciones de los explosivos están dañando casas, y las prácticas de
adquisición de tierras han afectado la cultura local. De llevarse a cabo
las obras como hasta ahora,
el Arroyo del Sal va a quedar seco, ya no va a haber comida para nosotros. No va a haber nada, porque todo lo que acá cosechamos, lo poco que agarramos, es para nosotros sobrevivir, dijo la señora Yolanda Ortega Esteban, que habita en el pueblo de Santa Úrsula.
De acuerdo con Komala Ramachandra, abogada de Accountability Counsel, que representa a los denunciantes,
este proyecto constituye una clara violación de las propias políticas de OPIC sobre protección social y medioambiental. La empresa ha mantenido a las comunidades en la ignorancia sobre el alcance del proyecto y sus impactos, y ha usado la intimidación para silenciar el disenso. Los impactos son cada vez más evidentes, así como los medios de vida se encuentran también bajo amenaza directa. En otras palabras, las violaciones que la oficina estadunidense investiga son porque la empresa financiada no respeta su normatividad interna.
Ahora que en el estado de Oaxaca existe un gobierno que quiere
diferenciarse de su antecesor, sería muy saludable para el futuro de sus
habitantes que dejara atrás la política del avestruz con que se ha
tratado por muchos años a los pueblos y comunidades indígenas, y
volteara a ver sus problemas con el propósito de buscarles soluciones.
Instrumentos para hacerlo existen: ahí están los compromisos
internacionales del Estado mexicano sobre derechos indígenas, lo mismo
que la legislación oaxaqueña, que tanto se ha presumido como de
avanzada; de igual manera cuenta con la Secretaría de Asuntos Indígenas.
Sólo falta voluntad política y sensibilidad para iniciar un nuevo trato
con los pueblos indígenas. Veremos si lo los integrantes del nuevo
gobierno las tienen.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/13/index.php?section=opinion&article=022a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/01/13/index.php?section=opinion&article=022a2pol
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