“A un chaval marroquí le apalearon, le desnudaron, le pusieron en
cuclillas y le empezaron a pegar patadas. Le acusaron de haberle dado a
otro compañero un teléfono móvil. Le pusieron la foto de su madre
delante en el suelo, y la pisotearon”. Esta es una de las imágenes que a
Pedro se le han grabado en la memoria tras su paso como trabajador
social de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Convencido
por su experiencia con inmigrantes, hace unos meses quiso “meterse en el
ojo del huracán” y “ayudar desde dentro”. Ahora, meses después, sólo
quiere denunciar la situación que viven los miles de inmigrantes sin
papeles que pasan cada año por estos centros en España.
“Mi primer día en el CIE uno se tiró por la escalera”, relata Pedro
(nombre falso de un trabajador social) que habla de un “clima depresivo”
y de “mucha tensión” entre los extranjeros que han sido detenidos por
estar en España sin papeles. Según él, los policías presentes se
limitaban a verlos pegarse “riéndose sin hacer nada”, para después
castigarlos en celdas de aislamiento, incomunicados, durmiendo en el
suelo y con sólo una pequeña ventana.
A los cuatro meses, Pedro decidió no seguir siendo parte de un lugar
donde, según él, se practica una “tortura sofisticada”, bajo la forma de
amenazas, insultos racistas, y se “deshumaniza poco a poco” a los
internos. “El edificio en sí es una tortura, todo está hecho para
torturar. La gente que venía de la cárcel pedía que por favor les
devolvieran a prisión”.
“Pensé que iba a volverme loco”
Jérôme vivía en España desde que llegó de Malí hace tres años. Estaba
sin trabajo, y tenía una pareja española, cuando la Policía Nacional le
pidió un permiso de residencia que nunca consiguió. Tras dos días en el
juzgado y cinco minutos de juicio, Jérôme llegó al CIE en el barrio
madrileño de Aluche, donde pasaría los siguientes 58 días.
“Lo primero que me dijeron es que ahí se llamaba a la gente con un
número”. Pronto comprobó las condiciones del centro. “No te dan nada: un
colchón y una manta, pero nada de aseo”. Para él, lo peor del ingreso
fue no poder avisar a nadie dónde estaba. “Cuando me detuvieron di el
número de teléfono de mi novia y de mi abogada, pero no los llamaron”.
A los pocos días, comprendió que los insultos, sobre todo de carácter
racista, y las palizas no eran una excepción. “Te encontrabas gente sin
poder moverse”, dice este joven sonriente de Malí, que llegó a pensar
que iba a volverse loco después de ver a hombres mayores llorando solos,
y de conversaciones en las que sus compañeros le contaban que sus
familias no sabían dónde estaban.
Tras cumplir 60 días de arresto en un CIE, si no se ha ejecutado la
deportación, la persona tiene que ser puesta en libertad, aunque
señalada con una orden de expulsión que él mismo debe aplicarse. Ése fue
el caso de Jérôme, que se quiere quedar en España, pero sabe que esa
orden le impedirá cualquier tipo de contrato legal: de trabajo, de piso,
de teléfono… es decir, lo mantendrá en la ilegalidad permanente.
Tensión por el hacinamiento
Desde el ministerio del Interior, cartera responsable de los CIE,
defienden que estos dispositivos cuentan “con todas las garantías”
propias de “un estado de derecho”. Fuentes de este ministerio recuerdan
que los CIE están “sometidos al control” de distintas instituciones, y
si bien reconocen “críticas puntuales” por parte del Defensor del
Pueblo, al mismo tiempo aseguran que el Parlamento Europeo “no ha
cuestionado el funcionamiento” de los CIE.
Desde el ministerio español no dudan en afirmar que “en ningún caso
es verdad” que se produzcan hacinamientos. Respecto a las denuncias por
malos tratos por parte de la Policía Nacional, sostienen que ha habido
“algunas puntuales”, y que siempre se han abierto las “correspondientes
investigaciones”.
Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su
portavoz José María Benito, se lamenta del “hacinamiento” y de unas
“condiciones muy malas” en los CIE. Según Benito, estos centros “no
reúnen las mínimas condiciones” para los internos, por lo que los
policías que allí trabajan “sufren también la tensión” que se vive
dentro de ellos.
Respecto a las denuncias de abusos por parte de miembros de la Policía Nacional, desde el SUP subrayan que “no les consta” que existan “de forma generalizada”, aunque conceden que “puede haber algún caso aislado”
“Eso es tortura”
Respecto a las denuncias de abusos por parte de miembros de la Policía Nacional, desde el SUP subrayan que “no les consta” que existan “de forma generalizada”, aunque conceden que “puede haber algún caso aislado”
“Eso es tortura”
Distintas ONG de apoyo a los inmigrantes califican los CIE como los
“Guantánamos españoles”, por las vulneraciones de derechos humanos que
allí ocurren y el hecho de que se niegue el acceso tanto a periodistas
como a muchas organizaciones sociales. En este sentido, Javier Ramírez,
coordinador de SOS Racismo Madrid señala “una total falta de
transparencia de lo que allí ocurre”. Para este abogado, en los CIE “se
niegan o dificultan derechos básicos como el acceso a la Justicia”, lo
que permite que las posibles agresiones policiales queden impunes.
Por su parte, Ignacio Trillo, abogado de la asociación Ferrocarril,
denuncia que la realidad de los CIE “se corresponde perfectamente” a la
definición de tortura que especifica la ley española. “En los CIE sí hay
tortura, se trata de una violencia sistemática, un sistema de miedo que
empieza en las redadas en la calle”, añade. Un miedo que Jérôme todavía
tiene, y que parece contagiarse entre todos los extranjeros que no
consiguen el permiso para vivir en España.
http://radio.uchile.cl/noticias/99103/
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