“En Colombia se
comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en
todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y
selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano:
esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas
asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de
violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical
colombiano.”
LA ORGANIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, PASO FUNDAMENTAL PARA PONER PUNTO FINAL A LAS PRÁCTICAS GENOCIDAS
La violencia antisindical se da en medio
de la persistencia de la crisis de derechos humanos, la continuidad del
conflicto interno, la implementación de la política de “Seguridad
Democrática” y la militarización de la sociedad, que muestra fenómenos
de reincidencia en el actual momento de victimización de los jóvenes,
niños y niñas como en el caso de Arauca por agentes del Estado; la denuncia de la Presidenta del Polo Democrático, Clara López,
donde señala que del 7 de agosto al presente, han sido asesinados 50
líderes y defensores de derechos humanos, entre ellos, líderes que
reclamaban la restitución de tierras; una nueva escalada de masacres,
una diaria ocurrida en la semana del 8 al 12 de noviembre de 2010, lo
que arroja como resultado una creciente victimización de la sociedad
colombiana demostrando la persistencia de fenómenos como la
parapolítica, el apoyo a la violencia por parte de algunos empresarios y
multinacionales, los falsos positivos, las interceptaciones ilegales
como el reciente y denunciado “Plan Escalera”, del pago ilegal de
informantes por parte del DAS, para sustraer
información de los sindicatos, la reorganización del paramilitarismo, la
sostenida impunidad, la profunda crisis social en el empleo y la salud,
empiezan a ser reveladas y no pueden ser ocultadas por el Gobierno.
Señalamos que no existen condiciones
para la realización de los derechos de las víctimas. En primer lugar,
porque como lo anticipábamos desde el movimiento sindical y algunas
organizaciones de derechos humanos, fracasó rotundamente el proceso de
negociación y reinserción de los grupos paramilitares y su instrumento
jurídico la Ley de Justicia y Paz, cerrando las
posibilidades de reconstrucción de la verdad, justicia y reparación a
las víctimas; en segundo lugar, por las profundas limitaciones de un
proyecto de ley de víctimas que hoy inicia su debate a partir del
proyecto del gobierno de la “Unidad Nacional” que no consultó a las
organizaciones de víctimas, ni a las organizaciones sociales y
sindicales victimizadas, y tampoco reconoce a todo el universo de
víctimas. El Estado se abroga la facultad de definir quién es víctima y
quién no, y que el tema medular para la discusión del Gobierno es el
costo y la sostenibilidad fiscal, por encima de los derechos de las
víctimas; y además, entre otras cosas, el proyecto gubernamental no
contiene la reparación colectiva a las organizaciones que hemos venido
siendo arrasadas, y el Estado no asume, por acción por omisión, su
responsabilidad en el genocidio.
De esta forma, señalamos que el Estado y
el gobierno colombiano, en unión con empresarios, multinacionales y
sectores de derecha, adelantan acciones para tratar de ocultar el
genocidio desarrollando una labor diplomática a nivel internacional con
el fin de desconocer que el movimiento sindical continúa siendo
victimizado, buscando imponer el olvido a la sistemática violencia
antisindical.
CIFRAS DE VIOLACIONES
Partimos de señalar que en ningún
momento podemos caracterizar que estamos en una situación de
posconflicto, por el contrario, nuestros afiliados, que se encuentran en
casi todo el territorio nacional, y nuestras organizaciones afiliadas
sufrimos altos niveles de violaciones, si revisamos lo ocurrido durante
el 2010, 39 sindicalistas han sido asesinados, de los cuales, 17 son
educadores afiliados a Fecode, persiste que cada día se
viola un derecho a la vida, a la libertad e integridad de los
sindicalistas, como ha ocurrido durante los últimos 25 años. Entre el 1
de enero y el 30 agosto de 2010, se han dado 275 violaciones. Entre
ellas 201 amenazas, 16 atentados, 10 hostigamientos, 5 secuestros, 5
desapariciones, 2 allanamientos ilegales, 1 detención arbitraria y los
homicidios mencionados. Estos datos son preliminares para el 2010 y
muestran un escenario aterrador y peligroso para quienes deciden
abanderar las luchas de miles de trabajadores y trabajadoras.
Este fenómeno es la continuación de una
política de exterminio y arrasamiento de las organizaciones sindicales,
nuestros encuentros vienen levantando el reclamo a la comunidad nacional
e internacional de poner punto final al genocidio contra el movimiento
sindical colombiano. En esa lucha hemos logrado que organizaciones
sindicales hermanas a nivel internacional, organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos se solidaricen con nuestra
situación, e instancias como la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
parlamentos y gobiernos de la comunidad internacional, reconozcan que
en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se
presentan en todo el mundo. Denuncia que ha significado la no
aprobación o ratificación de tratados de libre comercio con el Gobierno y
los empresarios colombianos, como el caso del Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos o el grupo EFTA,
de los países nórdicos. Frente a nuestro reclamo por genocidio los
encuentros de víctimas han dado cuenta que el movimiento sindical
colombiano ha padecido una violencia histórica, estructural, sistemática
y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado
colombiano.
Esta violencia deja por lo menos desde
1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más
de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el
movimiento sindical colombiano. Las regiones más victimizadas, en su
orden, son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, César y Magdalena.
Los sindicatos más victimizados, teniendo en cuenta la información
entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de agosto de 2010: Fecode y los
educadores aparecen como la organización más victimizada, con 921
homicidios, le siguen: Sintrainagro con 798; USO, 116; Anthoc, 58; Sintraelecol, 50; Asonal, 47; Sutimac, 38; y, Fensuagro,
37. El análisis de esta información evidenció que la violencia contra
el sindicalismo se concentró en 15 sindicatos, es decir, el 78,2% de los
homicidios se realizaron contra los integrantes de estas
organizaciones, de lo cual es posible deducir que hubo una violencia
orientada al exterminio de las organizaciones sindicales más allá del
individuo víctima de un homicidio [1].
Este fenómeno tiene hondas raíces
históricas, no solamente para el movimiento sindical, sino para muchos
sectores sociales, étnicos y políticos que han sufrido una práctica de
exterminio masivo. Desde el surgimiento del movimiento sindical en
Colombia, la violencia antisindical ha sido una constante y a las
organizaciones y sus afiliados se les ha impuesto el rol de víctima por
el sólo hecho de ejercer los derechos de asociación y el ejercicio de
las libertades sindicales. Podemos mencionar como antecedentes
históricos de las respuestas violentas frente a las peticiones de los
trabajadores, las luchas y gestas históricas de trabajadores de
ferrocarriles, petroleros, navieros y la tristemente recordada lucha de
los trabajadores agrícolas y bananeros que lograron sus primeras
reivindicaciones a costa del sacrificio de vidas entre sus dirigentes y
afiliados.
LA IMPUNIDAD ASEGURA LA PERSISTENCIA DEL GENOCIDIO SINDICAL
Frente a la grave situación de violencia
contra el movimiento sindical, las medidas del Estado han sido casi
nulas. Sólo hasta mediados del 2007 la Fiscalía y la Judicatura emprendieron
alguna clase de medida, impulsada por la presión del movimiento
sindical colombiano y mundial, en el marco de las discusiones sobre el
Tratado de Libre Comercio que el gobierno de Colombia quería firmar con
Estados Unidos.
La intolerable situación de impunidad se
mantiene, demostrando que la unidad especial de la fiscalía y los tres
jueces encargados de los crímenes contra sindicalistas, no constituyeron
una medida seria, adecuada y efectiva para realizar avances. Si en el
año 2007 se hablaba de una impunidad del 100%, hoy pese a la denuncia,
la presión internacional y los diferentes pronunciamientos del Estado
colombiano, la impunidad, para el caso de homicidios es del 96,11% y en
otras violaciones, la impunidad está en el 99,84%. Haciendo la precisión
que en la mayoría de los casos se determinan sentencias para autores
materiales, pero es casi inexistente las sentencias para identificar a
los autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos de
los sindicalistas. Lo cual manda un mensaje muy negativo del alto grado
de impunidad y de permanente revictimización a las víctimas del
movimiento sindical, en la medida en que no se desmontan las estructuras
generadoras de la violencia antisindical.
El movimiento sindical, y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores que
viene ofrendando el 87% de las víctimas de la violencia antisindical,
tiene el compromiso moral de rescatar la memoria y reivindicar los
derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no
revictimización, tanto individual como colectiva y defender de esta
manera el derecho a existir en el libre ejercicio de las libertades
sindicales y la defensa de los derechos de los trabajadores.
NOTA:
[1] Cuaderno de derechos humanos No. 22. Que os duelan las sangres ignoradas.
Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las
sindicalistas y la situación de impunidad, 2009-2010 y 2002-2010.
Colombia: ENS y Comisión Colombiana de Juristas, 0ctubre de 2010.
Por Luis Alberto Vanegas – CUT
Fuente: www.tercerainformacion.es
Vìa :
http://www.elciudadano.cl/2011/01/21/60-de-sindicalistas-asesinados-en-el-mundo-son-colombianos/
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