(apro).- La lucha contra el alza del gas que enfrentó a Magallanes,
la más austral región de Chile, con el gobierno de Sebastián Piñera, se
ha saldado con un histórico triunfo para los sublevados.
Con fama de izquierdistas y rebeldes, los magallánicos han clavado
una estocada al gobierno de Piñera, el cual sufrió una crisis interna.
Con su paralización total de labores y movilizaciones masivas no sólo
hicieron retroceder al gobierno, que anuló el alza y anunció numerosos
subsidios. También provocaron un cambio de gabinete.
Efecto dominó
El alza del gas fue determinada, el 28 de diciembre, por el
directorio de la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Suponía
aumentos que fluctuaban entre el 16.8% para quienes consumen menos de
mil metros cúbicos mensuales, y el 60% para quienes consumieran en torno
a 25 mil metros cúbicos. Para las grandes empresas se había fijado un
alza de 11%.
Al momento de tomar la decisión, el directorio de ENAP, de siete
miembros, era presidido por el entonces ministro de Energía Ricardo
Raineri, con una mayoría de miembros de confianza del gobierno.
De acuerdo con lo que señalaron los voceros de la Asamblea Ciudadana,
red de organizaciones sociales que articuló las protestas, esas alzas
provocarían un “efecto dominó” sobre los precios de todos los productos
básicos, lo que encarecería el costo de la vida en al menos un 20%.
En Magallanes, donde el clima es gélido durante gran parte del año,
el gas es casi la única fuente de energía, por eso se le considera un
elemento vital.
De ahí que el anuncio de un aumento de precios, que comenzaría a
operar el 1 de febrero próximo, provocó una especie de “revolución
ciudadana” que tuvo su momento cumbre en la concentración realizada en
la Costanera de Punta Arenas, el pasado domingo 9, donde se reunieron 25
mil manifestantes. Es importante considerar que esta ciudad es habitada
por 116 mil personas, y en toda la región de Magallanes, de 132 mil
kilómetros cuadrados, viven 160 mil personas.
El paro fue respaldado por todos los partidos políticos presentes en
la zona, incluidos los pertenecientes a la oficialista Alianza por
Chile: la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional
(RN). El pasado jueves 13, la totalidad de los partidos presentes en
esta región emitieron una declaración en la que rechazaron el alza del
gas.
Asimismo, los legisladores de la región --los diputados Miodrag
Marinovic (independiente) y Carolina Goic (Democracia Cristiana, DC),
así como los senadores Carlos Banchi (independiente) y Pedro Muñoz
(Partido Socialista, PS)-- apoyaron la protesta. Lo propio hicieron los
alcaldes de las nueve comunas de la provincia liderados por Wladimiro
Mimica (Punta Arenas).
En un reflejo de transversalidad pocas veces vista, el paro contra el
alza del gas también fue apoyado por la patronal Confederación de la
Producción y el Comercio (CPC) y por la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT). La CPC se restó de la movilización el viernes 15, cuando el
gobierno –en la persona del subsecretario de Interior Rodrigo Ubilla--
ofreció anular hasta agosto la puesta en marcha de la impopular medida,
lo que fue considerado insuficiente por la Asamblea Ciudadana, que
continuó con las movilizaciones.
Magallanes es la única región de Chile en la que la prensa no está
controlada por ninguna de las dos grandes corporaciones que mantienen un
duopolio mediático: El Mercurio y Copesa. Las radios y diarios de la
región, sin excepción, apoyaron el movimiento.
Los manifestantes bloquearon todas las carreteras regionales, así
como los pasos fronterizos que comunican con Argentina. Como
consecuencia, miles de turistas se vieron imposibilitados de salir o
entrar al Parque Nacional Torres del Paine, principal atractivo
turístico de Chile. El puerto de Punta Arenas también fue paralizado,
así como la casi totalidad del comercio y los servicios de esta ciudad,
de Puerto Natales (capital de provincia de Última Esperanza) y de
Porvenir (capital de la provincia de Tierra del Fuego).
Con el fin de detener la protesta, el ministro de Interior, Rodrigo
Hinzpeter, amenazó el domingo 16, desde el Palacio de La Moneda, con
aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los organizadores de
las protestas. Esta normativa, creada por el régimen militar de Augusto
Pinochet en 1975, busca castigar a quienes alteren el orden público,
realicen bloqueos de caminos, afecten la actividad económica o impidan
el libre tránsito. Su aplicación supone elevadas penas de cárcel.
El anuncio de Hinzpeter fue ampliamente criticado por políticos de
oposición, como el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), y por los
más altos representantes de la Iglesia Católica, incluidos el arzobispo
de Santiago Ricardo Ezatti y el obispo de Punta Arenas, Bernardo
Bastres, quienes la calificaron como poco prudente.
La “revolución del gas”, como algunos magallánicos ya la llaman, se
dio en el contexto de un significativo descenso de la popularidad del
presidente Piñera.
Según encuesta de la consultora CERC, dada a conocer el pasado
miércoles 12, Piñera es respaldado por 47% de los chilenos. Esto implica
una pérdida de 9% respecto de la medición de septiembre. Según esta
misma fuente, el rechazo al gobierno creció 10 puntos en este mismo
periodo. Y uno de los atributos en que Piñera es peor evaluado es la
credibilidad.
Corrupción y privatización
La canadiense Methanex, fabricante de metanol, es hoy la más
importante empresa de Magallanes. Con ventas superiores a los 300
millones de dólares, aporta más de 20% del producto bruto regional. En
el camino a alcanzar esta posición privilegiada, ha obtenido importantes
apoyos estatales.
El presidente Piñera nombró como miembro de Directorio de ENAP,
empresa que provee de gas a Methanex, a Rodolfo Krause, quien durante 18
años fue el ejecutivo principal de Methanex en Chile. Después de que en
2006 se jubiló de la compañía canadiense, se transformó en asesor
directo del presidente del corporativo de la empresa con sede en
Canadá.
En la actualidad ENAP vende a Methanex 2.5 millones de metros cúbicos
diarios de gas natural, insumo básico en su producción de metanol. Esta
cantidad de gas representa 50% más de lo que recibe el conjunto de los
clientes residenciales de toda la región de Magallanes (1.6 millones de
m3).
Methanex tiene un contrato con ENAP por medio del cual ésta se
compromete a entregar 10 millones de metros cúbicos diarios de gas. Es
decir, ENAP proporciona sólo 20% del gas que debiera suministrarle a
esta empresa. Methanex, según publicó el portal Terra el sábado 15,
estudia querellarse contra ENAP, argumentando “incumplimiento de
contrato”.
Este contrato, sin embargo, no ha sido conocido por la opinión
pública. El lunes 17 la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra
Sepúlveda, se reunió con el diputado Marinovic. En la cita
acordaron solicitar a la Contraloría General de la República que se
investiguen los contratos firmados entre ENAP y Methanex.
Los voceros de la Asamblea Ciudadana han asegurado que Methanex paga
una cuarta parte del valor que los clientes residenciales pagan por el
gas de ENAP.
El gobierno esgrimió como principal razón para decretar el alza que
“el gas y el petróleo son cada día más escasos y hay que cuidarlos para
que no se extingan”. Así lo expresó el presidente Piñera el viernes 7
desde el norteño puerto Mejillones.
Según coinciden diferentes versiones, al ritmo de explotación actual,
el gas se acabará en los pozos de ENAP en menos de diez años. Debido a
ello, una de las demandas centrales de la Asamblea Ciudadana y de los
parlamentarios de Magallanes es que se le suban los precios a Methanex y
que se reduzca, y, de ser necesario, se le deje de vender gas a esta
empresa.
La deuda de ENAP alcanza actualmente los 5.2 mil millones de dólares.
Esta se explica fundamentalmente en los enormes subsidios entregados
durante el último lustro por esta empresa al deficitario sistema de
transporte de Santiago (Transantiago). El subsidio consistía básicamente
en venderle el petróleo a mitad de precio del que lo compraba en
mercados internacionales.
ENAP, junto a la cuprífera Codelco, son las únicas dos grandes
empresas estatales que se han mantenido al margen del proceso
privatizador impulsado por todos los gobiernos, desde Augusto Pinochet
en adelante.
Crisis política
El malestar ciudadano en Magallanes se vio atizado por el mal manejo
del problema por parte de las autoridades. El miércoles 5, el ministro
Raineri declaró a Radio Bio Bio que el precio del gas en Magallanes “es
una fiesta que debe terminar”. Aludía al hecho de que el gas --que es un
insumo de primera necesidad en esta gélida e inclemente región-- cuesta
la séptima parte del valor que en el resto del país. Pero no consideró
que este elemento se produce en Magallanes y que el costo de la vida en
esta región es 30% más alto que en el resto del país, según cifras del
Banco Mundial.
Las declaraciones de Raineri provocaron molestia entre los ciudadanos
y autoridades de Magallanes.
El gobierno pudo haber conseguido --con un poco de flexibilidad--
detener el paro y con ello evitar la crisis del gobierno. Sin embargo,
la tozudez del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, lo impidió. Por
lo menos así lo expresó el miércoles 12 el analista político chileno
Tomás Mosciatti, en uno de sus habituales comentarios en CNN Chile.
Según Mosciatti, en circunstancias que el subsecretario de Interior,
Rodrigo Ubilla, se encontraba –un día antes– en la sede del Gobierno
Regional de Punta Arenas, reunido con los líderes de la Asamblea
Ciudadana, entre los cuales estaban José Hernández y Marcelino Aguayo,
éstos le pidieron que se suspendiera el alza por dos meses mientras se
negociaba con el gobierno un acuerdo definitivo para establecer las
tarifas.
Ubilla telefoneó a Hinzpeter y le preguntó si aceptaba dicha
propuesta. Éste habría respondido con un tajante “no”.
Un día después –el miércoles 12– comenzaba el paro que partió con una
desgracia: la muerte de dos manifestantes: Melisa Silva (23 años) y
Claudia Castillo (19 años), quienes fueron atropelladas la madrugada de
aquel día por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga. Fuera de
ese hecho lamentable, las protestas se dieron en un ambiente de paz, sin
que se provocaran daños a la propiedad pública ni privada.
El paro derivó en una crisis política cuya mejor expresión fue el
cambio de gabinete anunciado por el presidente Piñera el viernes 14 y
concretado el domingo 16 en ceremonia realizada en el salón Montt Varas
del Palacio de La Moneda: el ministro Raineri fue reemplazado por
Laurence Golborne, quien además se mantiene a cargo del ministerio de
Minería.
El senador de Renovación Nacional por la sureña región de Valdivia,
Andrés Allamand, reemplazó al ministro de Defensa, Jaime Ravinet. La
senadora de la UDI por Coquimbo, Evelyn Matthei, ocupó la cartera de
Trabajo, en la que estaba como ministra Camila Merino. En el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones dejó su puesto Felipe Morandé,
entrando en su reemplazo el exejecutivo de LAN Pedro Errázuriz.
Durante la década de 1990, Allamand fue presidente y principal
referente de RN. Como tal, le tocó un papel clave en la puesta en marcha
de la “política de los consensos” llevada a cabo durante la transición
de Chile a la democracia y que consistió, básicamente, en mantener en lo
sustancial el modelo económico creado en dictadura de Pinochet
(1973-1990).
Según un editorial publicado el sábado 15 por el diario La
Tercera, el cambio de gabinete muestra el “fracaso de un diseño”.
De acuerdo con esta interpretación, Piñera intentó –al asumir el 11 de
marzo pasado– instrumentar un “gobierno de gerentes” que habría
fracasado debido a la falta de criterio político de éstos.
Por otra parte, la salida del gabinete del exdirigente de la DC,
Jaime Ravinet, pone la lápida al intento del mandatario de incorporar a
un sector de este partido a su gobierno.
Ravinet estaba en la mira de la prensa desde que el 6 de noviembre el
Consejo de la Transparencia (ente autónomo del Estado) acogió un
reclamo presentado por la empresa británica Mabey Bridge Limited (MBL).
Ésta solicitaba que se diera a conocer los motivos de Ravinet y el
Ministerio de Defensa para comprar en abril pasado, tras el terremoto,
un puente mecano por un valor de 18 millones de dólares a la
norteamericana Acrow Corporation of America, siendo que MBL ofrecía un
producto de similar calidad, dos millones de dólares más barato.
Esta situación derivó en escándalo debido a la negativa de Ravinet a
proporcionar información sobre esa compra.
En entrevista con Apro, el Premio Nacional de
Historia (2006) y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, expresa que la lucha contra
el alza del gas en Magallanes se da en un contexto “de fuerte desarrollo
de las comunidades locales”.
Sostiene que este “es un fenómeno nuevo donde el polo mayor es la
globalización y el mercado mundial y el polo menor es lo local, un polo
esencialmente sociocultural, de la comunidad barrial, local, de
población, ciudadana”.
Salazar estima que se está ante la emergencia “de un proceso nuevo,
de un movimiento social distinto, ya no es de masas, ya no es
sindicalista, ya no es ideológico de partido, tiende a ser ciudadano,
pero dentro de una concepción local de ciudadanía”.
Además, resalta el hecho de que Magallanes tiene una fuerte tradición
izquierdista y de lucha sindical, antecedentes que ayudarían a
explicar el movimiento actual. Y destaca que entre 1919 y 1920 hubo dos
grandes masacres: en Puerto Natales (Frigorífico Bories) y Punta Arenas
(sede de la Federación Obrera de Chile).
“Magallanes siempre ha sido una zona conflictiva y de izquierda”,
asegura el historiador.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/87569
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