Más de 35 testigos protegidos,
penas que amenazan con 103 años de cárcel, doble proceso judicial
-militar y civil- y una prisión preventiva que ya supera el año y 8
meses, son algunos de los rasgos del juicio que actualmente se
desarrolla en Cañete contra 17 comuneros mapuches. Han pasado más de
tres meses desde el fin de la huelga de hambre mapuche y el conflicto
aún no es resuelto.
La medida de presión que involucró a 34 comuneros del pueblo de Lautaro en el reclamo por la aplicación de la Ley Antiterrorista se revive por estos días, en el Tribunal Oral de Cañete,
lugar donde son procesados 17 de los ex huelguistas. Durante los
últimos dos meses se ha extendido la investigación respecto a las
supuestas responsabilidades de los indígenas en el ataque al fiscal Mario Elgueta,
ocurrido el año 2008. Los comuneros y sus familiares han denunciado una
serie de irregularidades en el juicio, que se relacionan con la
polémica Ley Antiterrorista.
Las acusaciones de los mapuche se
centran en las facultades otorgadas por dicha ley que, según sus
representantes, entorpece el curso normal de las investigaciones del
caso. Entre éstas, se considera que se han presentado 36 testigos “sin
rostro” -cuya identidad es desconocida, sin derecho a que la defensa la
compruebe- y algunos de los cuales, incluso, han denunciado torturas por
parte del Ministerio Público; el “secreto de
investigación” –que ha ocasionado la lentitud en el acceso a los
archivos oficiales para su refutación-; el doble proceso judicial que
enfrentan cinco comuneros –lo que significa un juicio paralelo ante la
justicia civil y militar- y las altas penas a las que se ven
enfrentados, que van desde los 50 a los 103 años de cárcel.
Además, los comuneros procesados están
en prisión preventiva durante el tiempo que se ha extendido la
investigación y por lo que queda del juicio, que se traduce en 20 meses
de reclusión -casi dos años hasta la fecha- para los 17 mapuche.
“Durante estos meses, todo lo que ha existido son testigos secretos,
carabineros, gente de investigaciones y escuchas telefónicas y éstas no
son interpretadas por los jueces, sino por agentes de la PDI”, relata Pamela Pessoa, familiar de Héctor Llaitul, uno de los comuneros procesados.
LAS CONFESIONES DE LOS TESTIGOS SECRETOS
Entre los más de 35 casos de testigos
“sin rostro” que han ofrecido sus declaraciones en el Tribunal de
Cañete, diversos situaciones han llamado la atención de la comunidad
mapuche y de quienes han presenciado el trabajo de la Fiscalía.
“Hay casos cómicos que se han dado, de personas que declaran en la
sala: analfabetos, alcohólicos y sordos que, sin embargo, son
presentados como testigos de oídas”, declaró Fernando Lira, presidente de la ONG Libera –que
ha participado activamente de las demandas de la causa mapuche en los
últimos meses-. El uso del cuestionado recurso de los testigos secretos
ha sido criticado con frecuencia por organizaciones internacionales en
defensa de los Derechos Humanos.
No obstante, lo verdaderamente extraño
sucedió hace unos días, cuando dos de los testigos secretos confesaron
que habían sido torturados para ser obligados a declarar contra los
comuneros indígenas. Es el caso de Rodrigo Viluñir, quien relató que fue detenido por Carabineros y
posteriormente colgado de un puente boca abajo, donde se le forzó a
firmar un documento sin antes poder revisar de qué se trataba. Rodrigo
sólo tenía 17 años. “Me dijeron que hablara y yo le dije que no tenía
que hablar nada, si no sabía nada. Ahí me dijeron ¿Querí’s morir? ¿Vai a
hablar o no? (sic). Llegó uno, sacó la escopeta y la cargó. Ahí me puse
a llorar y me torturaron. Después, en Cañete, me hicieron firmar hojas y
yo les dije ¿Puedo leerlas? No, me dijeron, tú no podí’s leer nada, te
vai pa´la casa al tiro (sic)”, relata Viluñir. El joven perteneciente a
la comunidad Caupolicán, del territorio de Lleu Lleu, acudió al líder mapuche de la zona, Patricio Cona, para relatar su experiencia y la de su hermano José, quien fue detenido a fines de 2009, en pleno mandato presidencial de Michelle Bachelet.
LAS PROMESAS INCUMPLIDAS TRAS LA HUELGA DE HAMBRE
En la huelga de hambre que se extendió
por más de 80 días, los comuneros exigieron el derecho a un juicio justo
en el que no fueran acusados por la Ley Antiterrorista, vigente desde
la dictadura. Dicha cláusula legal fue defendida por diputados como José Manuel Edwards (Renovación Nacional),
quien manifestó que “todo delito que se realiza para infundir terror en
la población, es delito terrorista”. Edwards se declaró a favor de la
aplicación de la Ley Antiterrorista, recordando que “debemos concentrar
más esfuerzos en las víctimas del terrorismo y no en los victimarios”.
El gobierno chileno, no obstante,
accedió a algunas de las demandas tras la fuerte presión mediática,
internacional y ciudadana frente a lo que denunciaba el pueblo mapuche.
Así, se retiraron las querellas amparadas en la Ley Antiterrorista,
dejando en manos del Ministerio Público (con facultades punitivas en
Chile) la posibilidad de recalificar los delitos, lo cual no sucedió y
los comuneros siguen procesados por esta Ley. En la actualidad, se
mantiene el juicio por 9 delitos, entre los que se encuentran: Amenaza
terrorista, emboscada, asociación ilícita terrorista e incendio
terrorista en contra de los 17 implicados en el caso del atentado al
Fiscal Elgueta. Si bien el Gobierno retiró las acusaciones por la Ley Antiterrorista “y sigue como querellante por delitos comunes, la Fiscalía sigue adelante”.
Ellos perserveran, dicen que van “a
seguir aplicando la Ley Antiterrorista porque son un organismo autónomo,
distinto al Gobierno”, relató Natividad Llanquileo, ex vocera de los huelguistas de hambre en Concepción.
En opinión de Pamela Pessoa, “la ley antiterrorista se aplicó durante
toda la investigación y actualmente se ha aplicado durante todo el
juicio”. Pessoa agrega, además, que todo el proceso legal ocurrido en Cañete
“ha estado avalado por esta ley antiterrorista, lo que ha impedido el
derecho a hacer una buena defensa por parte de los abogados”.
Por otro lado, uno de los puntos más
conflictivos se refiere al doble procesamiento (civil y militar) que
están recibiendo cinco de los comuneros mapuche, que arriesgan penas
superiores a los castigos punitivos comunes por la misma clase de
delitos, sin la aplicación de la Ley Antiterrorista. Es el caso de
Héctor Llaitul Carrillanca, identificado como líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quien aún corre el riesgo de ser condenado a 103 años de prisión.
ETAPA FINAL DEL JUICIO
Durante esta semana, el juicio oral que
enfrentan los comuneros en el Tribunal de Cañete está entrando en su
recta final. El pasado lunes 17 de enero se dio paso a la defensa legal
de los mapuche, proceso que antecede al alegato de clausura del caso,
donde se certificará su eventual cierre y la autenticidad de las pruebas
presentadas, lo que será determinante en la futura sentencia. Los
resultados del juicio en Cañete podrían ser considerados como un
antecedente de lo que va a suceder en los próximos procesos legales en Lautaro, Temuco, Angol, Victoria y Chol Chol, también protagonizados por comuneros mapuche.
Tras varias horas de reunión con Monseñor Ezzati, actual arzobispo de Santiago; y Cristián Larroulet, secretario general de la Presidencia,
Natividad Llanquileo declaró que aún están analizando las medidas ante
una eventual sentencia negativa para los procesados y que “al fin y al
cabo los que evalúan esto y cómo se va desarrollando el proceso legal
son los presos”. Cristián Larroulet, en cambio, no quiso emitir
comentarios al respecto.
La ex vocera de la huelga de hambre
mapuche ha llamado a diversas organizaciones internacionales y medios
alternativos a poner atención al curso del juicio en Cañete con el fin
de transparentar las irregularidades que ahí están sucediendo. Por su
parte, Pamela Pessoa, al ser consultada sobre la posibilidad de volver
sobre una medida de presión similar a la del 2010, afirma: “La huelga de
hambre siempre es una opción. Seguramente la pasada no fue la última”.
El Ciudadano
Foto del juicio: wichaninfoaldia.blogspot.com
Foto de Natividad Llanquileo: Ismael Muñoz/El Ciudadanohttp://www.elciudadano.cl/2011/01/20/graves-irregularidades-en-juicio-a-comuneros-mapuche-en-canete/
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