El 14 de agosto del 2010 en el cementerio de Riohacha, La Guajira, se
exhumó el cadáver de Irina del Carmen Villero Díaz, una joven de 15
años que fue violada y asesinada por los paramilitares (AUC) en mayo del
2001.
A raíz de la muerte de su hija, Blanca Díaz, madre de
Irina, empezó a sufrir amenazas y hostigamientos, las cuales la forzaron
a desplazarse desde La Guajira a Bogota. Nueve años después, fue
nuevamente presionada para que sacara los restos de Irina de Riohacha,
viéndose obligada a realizar la exhumación del cadáver.
Ella decidió
sacar los restos y enterrarlos en territorio de la comunidad Wayuu, de
la cuál Irina formaba parte.
Irina del Carmen fue una de los más
de 1600 indígenas Wayúu que han sido asesinados por paramilitares en
Colombia. El 26 de mayo de 2001, Irina fue torturada y repetidamente
violada por paramilitares del Bloque Norte de las AUC, bajo mando del
Capo Jorge40.
El Bloque Norte del Paramilitarismo cometió miles
de violaciones, asesinatos y masacres en toda la región norte de
Colombia, financiado por multinacionales y actuando en estrecha
coordinación con el ejército colombiano, como lo han venido
testimoniando innumerables víctimas sobrevivientes e incluso
paramilitares y soldados que han confesado parte de sus crímenes.
Actualmente los paramilitares siguen asesinando, intimidando y
desplazando poblaciones, aunque con otros nombres.
Luego de ser violada y asesinada, el cuerpo de Irina fue abandonado en un pozo.
El
caso de Irina es un ejemplo del modo en que los paramilitares siembran
el terror en la población para acallar la reivindicación social y
desplazar poblaciones enteras, para beneficio de multinacionales.
La
madre de Irina forma parte del Movimiento Nacional de Victimas de
Crímenes de Estado en Colombia (MOVICE). El caso de Irina sigue en la
impunidad, como miles de casos de crímenes de Estado en Colombia: ni los
autores materiales, ni los autores intelectuales han sido enjuiciados, y
Jorge40 el mando del grupo que violó y asesinó a Irina, fue extraditado
a EEUU por narcotráfico, en lugar de ser enjuiciado por los crímenes de
Lesa Humanidad.
Estas extradiciones de capos paramilitares son
lo que asociaciones sociales llaman “la extradición de la verdad”,
porque al extraditar al los jefes paramilitares, el estado logra
silenciarlos y evitar que den en Colombia los nombres de políticos,
empresarios, multinacionales, generales, latifundistas implicados en su
conformación, financiamiento y armamento.
Así el gran capital
que ha sido el gran beneficiario de las masacres, recoge los beneficios y
queda en la impunidad total por sus crímenes de genocidio. La
Herramienta paramilitar del estado colombiano y del gran capital sigue
hoy activa, con renovados nombres…
El departamento de la Guajira
es donde se encuentra la mina de carbón más grande del mundo a cielo
abierto. Más de 69.000 hectáreas de tierras han sido ocupadas para
extraer más de 30 millones de toneladas de carbón por año. El terror y
ensañamiento contra la comunidad indígena Wayú, y las demás comunidades
campesinas habitantes de esas tierras responde a claros intereses
económicos.
El terror es practicado por la herramienta
paramilitar para lograr desplazamientos masivos de poblaciones, para
dejar libres de habitantes y reivindicaciones miles de hectáreas de
tierra codiciadas por Multinacionales.
Global y Chevron están
interesadas en explotar otros recursos como gas y petróleo… y para ello
deben extraer en los resguardos indígenas… con lo cual la población
indígena les estorba en sus planes de extractivistas… La represión y las
masacres del terror paramilitar abre el territorio para las
multinacionales.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9_SjUpYMLts
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