(apro).- Comuneros de Caimanes, provincia del Choapa, Región de
Coquimbo, cumplirán en breve dos meses en huelga de hambre, en protesta
por la contaminación en el valle del Pupío, provocada por la minera Los
Pelambres, del Grupo Luksic, uno de los más poderosos de Chile.
En algunos casos, la situación de los ayunantes es crítica, dado que
sufren serios mareos, alucinaciones, pérdida de vista y fuertes dolores
de estómago. Incluso este viernes dos de ellos (Ester González y Claudio
Villalobos) fueron trasladados al Hospital de Illapel, debido a una
severa descompensación.
Desde que iniciaron la protesta, el pasado 27 de septiembre, en la
sede del Colegio de Profesores de Illapel, capital de la Provincia del
Choapa, los ayunantes –ocho hombres y tres mujeres– no han recibido
visitas de médicos y mucho menos de autoridades.
En entrevista con Apro, el vocero del Comité de
Defensa de Caimanes, Cristián Flores, señala que la protesta se debe a
que su pueblo “está en serio riesgo de desaparecer ante el posible
derrumbe del tranque de relave El Mauro”, que se ubica a 8 kilómetros en
línea recta al pueblo de Caimanes, cuya población asciende a mil 200
habitantes.
Con sus mil 700 millones de toneladas, dice, el tranque es el
depósito tóxico más grande de América Latina. Diariamente, agrega, la
minera Los Pelambres deposita ahí 130 mil toneladas de desechos tóxicos
que contienen arsénico, molibdeno, plomo, mercurio y cadmio, entre otros
minerales altamente nocivos para la salud y el medio ambiente.
Pelambres es una mina a tajo abierto, ubicada cerca de la frontera
con Argentina, en las altas cumbres cordilleranas, a 250 kilómetros al
noreste de Santiago. La mina produce cobre, molibdeno, oro y plata.
Desde que comenzó a funcionar, hace una década, ha generado una
inmensa cantidad de desechos tóxicos que se han ido depositando en
distintos valles del Choapa. Y como la producción se incrementó a pasos
agigantados en la última década, en 2001 la minera impulsó la
construcción del tranque El Mauro
Pelambres produce 200 mil toneladas de cobre, con ganancias
superiores a los 2 mil millones de dólares anuales, de manera que para
poder construir su tranque en El Mauro, los Luksic desalojaron –mediante
una compra engañosa realizada en 2001– a sus habitantes.
El Mauro es un valle de 17 mil hectáreas rodeado de altas montañas,
con acuíferos subterráneos que alimentaban bosques de canelos y
avellanos, y una agricultura y ganadería familiar. También surtía de
agua al valle del río Pupío.
Sin contar con los permisos ambientales correspondientes, los Luksic
comenzaron en 2005 la construcción de una cortina de arena de 270 metros
de altura y 70 metros de profundidad, cuyo objetivo sería retener en El
Mauro los desechos mineros de Pelambres, que está a 60 kilómetros de
distancia. Ello implicó el bloqueo de las aguas subterráneas y
superficiales, por lo que dejaron sin el líquido a todo el valle del
Pupío.
Al respecto, Cristián Flores dice: “Ya no contamos con agua y tenemos
el peligro permanente de que este tranque de relave se pueda venir
abajo. También nos contaminaron el aire, nos contaminaron la tierra,
entonces, ¿qué futuro nosotros tenemos en nuestro pueblo si nos quitaron
los tres elementos básicos para sobrevivir? Definitivamente nuestro
valle está destinado a desaparecer”.
No obstante, añade, “nosotros vamos a seguir la lucha, vamos a dar la
pelea hasta el final, vamos a luchar de cualquier forma, pero nuestro
objetivo hay que cumplirlo, porque nuestro pueblo no puede estar
corriendo un peligro de muerte”.
Además, el vocero de los caimaninos ha pedido al gobierno chileno,
encabezado por Sebastián Piñera, que se haga responsable de la salud de
las personas afectadas por la minera Los Pelambres.
Es importante señalar que durante la construcción del mencionado
tranque se destruyeron 160 petroglifos y otros sitios de alto valor
arqueológico. Y, según el arqueólogo Patricio Bustamante, Pelambres
provocó en El Mauro el mayor daño patrimonial en la historia de Chile.
A pesar de que El Mauro era la zona más abundante de agua, en la
semidesértica provincia de Choapa, la Dirección General de Aguas,
mediante Resolución Nº 1791 del 30 de noviembre de 2005, autorizó su
construcción.
Eso ocurrió en las postrimerías del gobierno de Ricardo Lagos Escobar
(2000-2006), quien en todo momento apoyó la construcción del tranque.
En 2004, Lagos dio a Pelambres el Premio Nacional a la Calidad
Empresarial porque, según dijo entonces, la minera “posee un sistema de
responsabilidad social que da cuenta de su compromiso con la comunidad
local, nacional y mundial en la forma de gestionar sus negocios”.
En julio de 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de reclamación realizado por los habitantes de Caimanes.
Dicho Tribunal estimó, en su considerando número 82, que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Aguas, la Dirección
General de Aguas violó la ley al autorizar la construcción de dicho
tranque, puesto que “la prudencia más elemental aconseja, según el
parecer de esta Corte, desestimar un proyecto que, para ser concretado,
conllevará todo el daño que se ha hecho ver altamente en la cuenca
geográfica de que se trata, ubicada en una cadena montañosa y enclavado
dicho proyecto precisamente por donde se desplazan y manan de modo
natural las aguas de que se abastece y beneficia tan amplio sector
geográfico del país”.
La Corte de Apelaciones cuestionó también el hecho que la mencionada
minera no tuviera un plan de cierre del tranque, una vez que sus faenas
estuvieran concluidas.
Según Flores, después que la Corte de Apelaciones les dio este
triunfo, “inexplicablemente” el entonces abogado de los caimaninos,
Fernando Dougnac, comenzó a promover “a espaldas del pueblo un arreglo
económico con la minera, a fin de que desistiéramos de la demanda”.
El jurista, dice Flores, “convenció a los dirigentes de la comunidad
para que aceptaran una compensación por parte de Pelambres. Les dijo que
‘de lo contrario perderían pan y pedazo’”. Los dirigentes de aquel
entonces aceptaron recibir una compensación de 5 millones de dólares,
dinero que no han podido cobrar, porque los actuales dirigentes de
Caimanes impugnaron judicialmente dicho acuerdo.
Dougnac, que encabeza la organización no gubernamental Fiscalía del
Medioambiente, recibió tres millones de dólares, mientras que Víctor
Ugarte, dueño de los fundos Romero y Tipay (colindantes al Mauro),
recibió 18 millones de dólares.
Debido a esta negociación, los Luksic pudieron continuar con la construcción del tranque, que fue concluido a fines de 2008.
Pero como es tanto el material que diariamente se deposita en El
Mauro (130 mil toneladas), prontamente alcanzará el máximo de su
capacidad.
“Lo más dramático es que, aunque dejara de depositarse en él
materiales de desecho, éste se seguirá llenando, dado que en su base
brotan aguas subterráneas”, apunta Flores.
Además, agrega, debido a lo anterior “el tranque se ha convertido en una bomba de tiempo que pronto explotará sobre nosotros”.
Los vecinos de Caimanes estiman que en caso de cualquier terremoto de
mediana intensidad, el tranque colapsará. Y dada su cercanía con la
comunidad, no habrá tiempo de escapar. En este sentido, es importante
considerar que Chile es uno de los países más sísmicos del planeta.
Flores expresa que su objetivo final es que la minera de los Luksic
“se largue de nuestros valles y que pague por todo el daño provocado”.
Sin embargo, agrega, “ningún dinero del mundo podrá devolvernos la
felicidad y la paz perdida desde que llegaron los Luksic a nuestra
tierra. Ellos trajeron la destrucción, la maldad y la muerte”.
Bloqueo informativo
La situación de los tranques de relave minero afecta a un gran conjunto de comunidades del norte chileno.
Sólo en la Región de Coquimbo, en la que se ubica la provincia del
Choapa, existen más de 800 tranques de relave, en tanto que en Illapel,
capital del Choapa, hay 70, muchos de los cuales pertenecen a minas que
ya terminaron su labor productiva.
Además, ninguno de ellos tiene plan de cierre, por lo que siguen y
seguirán contaminando perpetuamente las aguas que riegan los valles y de
las que beben personas y animales.
Esta situación había permanecido alejada del debate público, hasta
que CNN Chile emitió un extenso reportaje, el pasado18 de octubre, en
el que abordó la problemática de los tranques de relaves ubicados en las
cabeceras de numerosas cuencas hidrográficas.
Debido al impacto que causó la noticia, la Cámara de Diputados aprobó
el pasado miércoles 10 crear una comisión investigadora sobre el tema
de los depósitos mineros.
Pero aunque el tema ha ido tomando fuerza, la problemática específica
de El Mauro y de la huelga de hambre ha sido casi completamente
ignorada por los medios de comunicación y por las autoridades políticas,
y ni siquiera la prolongada huelga de hambre, iniciada el 27 de
septiembre, ha podido cambiar esta situación.
Para vencer esa censura, tres decenas de caimaninos viajaron al
Congreso Nacional –con sede en Valparaíso–, donde el pasado miércoles 17
se reunieron con la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra
Sepúlveda.
En esa ocasión, y dada la gravedad de las denuncias, Sepúlveda
ofreció una visita a los huelguistas y a Caimanes para el lunes 22, y
dijo que se comunicaría con los ministros de Interior y de Salud,
Rodrigo Hinzpeter y Jaime Mañalich, respectivamente, a fin de que
intervengan en favor de los afectados por la minera.
Un día después del encuentro con la diputada, los comuneros de
Caimanes se reunieron en Santiago con el presidente del Colegio de
Periodistas, Marcelo Castillo, a quien le solicitaron intercediera ante
los medios de comunicación para que pudieran dar a conocer sus
aflicciones.
En respuesta, Castillo les dijo que actualmente “en Chile estamos
viviendo como en la dictadura, cuando teníamos que escuchar (por onda
corta) Radio Moscú para enterarnos de lo que sucedía en nuestro propio
país”.
Hasta el momento, el gobierno ha evitado referirse a la huelga que
desde hace casi dos meses mantienen los comuneros afectados. Su
principal intervención en torno del tema la hizo el gobernador de
Choapa, Iván Cisternas, quien el 22 de octubre pasado interpuso un
recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Coquimbo, para
alimentar forzadamente a los huelguistas en caso de que su salud lo
requiera.
La Corte no se ha pronunciado al respecto.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85613
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85613
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