DERECHOS EN RED
| LOS INVERSORES EN INFRAESTRUCTURAS DE INTERNET RECLAMAN QUE SE LES PERMITA ASEGURAR EL RETORNO ECONÓMICO
Empresas de
telecomunicaciones recomiendan a Industria acabar con la neutralidad de
la red mientras las iniciativas legislativas chocan con derechos
fundamentales.
Joanna Walkowicz y Marta G. Franco / Madrid (Redacción)
- Ilustración: Joan Negrescolor. / Haz click sobre la imagen para ampliarla.
El 27 de junio se presentaban las conclusiones del grupo
de expertos “de alto nivel" que el Ministerio de Industria ha creado
para reformular la agenda de políticas públicas para internet. El
informe apela a la competitividad y la internacionalización de las
empresas españolas para proponer mayor liberalización del sector, que
pasaría por la autorregulación entre proveedores de servicio, operadores
y otras partes implicadas, sin control público. Entre las
recomendaciones destaca la de desactivar la protección de la neutralidad de la red, medida que fue solicitada al Gobierno desde el Senado en 2010 pero que aún está a la espera de ser concretada legalmente.
Que internet sea neutral es uno de sus principios
básicos y garantía de la igualdad de acceso, la libertad de información y
la privacidad. Una red es neutral cuando no interpreta lo que pasa por
ella, sino que se ocupa sólo de transmitir bits de información. En
internet, cada paquete de bits es tratado de la misma forma, sin discriminación según el contenido o la tecnología que se utilice, ni penalizaciones en determinados servicios para favorecer a otros. Hasta hace pocos años era un principio incuestionable,
considerado vital para la innovación, pero precisamente algunas de
estas innovaciones traen ahora la controversia: la tecnología VoIP (voz
sobre IP, es decir, a través de internet) y las redes P2P, que permiten
que el sonido y el vídeo viajen con más velocidad a través de la red. De
esta manera, aplicaciones tan populares como Skype
o Whatsapp permiten efectuar llamadas y mensajes de texto desde
dispositivos móviles sin que las empresas de telefonía obtengan ingresos.
Internet a varias velocidades
Los intereses que representa la comisión de expertos que Industria considera “de alto nivel” son fácilmente deducibles. Entre los 13 elegidos
se encuentran altos cargos de empresas de telefonía (Vodafone y
Telefónica), de proveedoras de infraestructura (Ericsson, IBM, Indra) y
de servicios (Acens, Google).
El informe también propone dejar de contribuir a la
financiación de RTVE y no pagar las tasas por utilización de espectros
de honda. El profesor de Informática de la Universidad Autónoma de
Madrid, Simone Santini, explica cómo está claramente de lado de las
empresas de telecomunicaciones: “Se habla muy poco de las empresas que
crean contenidos y mucho de las que gestionan la infraestructuras, de
sus inversiones”. El informe lamenta que “los
incrementos de valor generados por los despliegues de nuevas redes no
serán capturados por los agentes que realizan la inversión” y los cambios que proponen se dirigen a recuperar sus inversiones.
Entre los expertos sólo una persona tiene relación con
la industria de los contenidos (el presidente de la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), a pesar de que la
neutralidad en la red ha sido siempre objeto de disputa entre operadores
y proveedores. Además, “la ausencia de los
consumidores y de la parte de la sociedad civil y los servicios públicos
hace que tome un enfoque empresarial y de beneficio”, lamenta la activista Simona Levi, de la plataforma X.net.
La apuesta de Industria por este tipo de asesoría no es novedad: hace unos meses DIAGONAL informaba de las coincidencias entre un informe que Telefónica encargó a una consultora y el plan del Gobierno
para aglutinar en una Comisión Nacional de Mercados y Competencia todas
las agencias reguladoras españolas, lo cual también ponía en riesgo la
neutralidad.
Las medidas propuestas podrían dar lugar a que se estableciesen modelos con diferentes prestaciones: “pagaríamos más por las cosas que nos interesan más o para acceder a páginas sin mucho poder financiero”,
según Santini. Por otro lado, la posibilidad de fusión o acuerdos entre
las empresas de telecomunicaciones con los proveedores de servicios y
aplicaciones crearía “las condiciones para la creación de carteles y de
monopolios casi absolutos”. También habría consecuencias políticas, pues
“las empresas podrán decidir qué opiniones se difundirán” si marcan con
sus políticas de precios y prestaciones qué tipo de informaciones serán
más rápidas o baratas de difundir. No proteger la neutralidad abre la
puerta a abusos contra las libertades en internet. Así, el Gobierno
podría acceder al contenido de lo que circule a través de la red, “ya
sea a través de un servicio de observación o consiguiendo los datos de
las empresas”. La activista Simona Levi, va más allá: si la red deja de
ser neutral, “no podremos autoorganizarnos, autoinformarnos, ni crear
sociedades democráticas sin intermediarios”.
La crisis de la neutralidad
La neutralidad está en entredicho en toda Europa. Los
usuarios denuncian a diario ataques por parte de las empresas de
telecomunicaciones en el portal respectmynet.eu y, según un informe de organismo de reguladores europeos de las comunicaciones electrónicas
(BEREC), uno de cada tres operadores restringe el tráfico P2P y uno de
cada cuatro compañías de móvil prohíbe la VoIP, ya sea técnicamente o
por contrato.
De momento, “la UE no tiene una política clara pero, hasta hoy, se ha orientado a mantener la neutralidad”,
según Santini. Recientemente, la vicepresidenta de la Comisión Europea y
responsable de la Agenda Digital Neelie Kroes ha negado que sea
necesario legislar la neutralidad a nivel europeo, pero admite que en
algunos países la protección es insuficiente. En este sentido, el
profesor Santini considera que “la red debe ser declarada un bien público, fuera del alcance de la especulación”.
Simona Levi recuerda que “los servicios de telecomunicaciones fueron
privatizados a cambio de que llegaran a toda la población” y por ello
deben “respetar la esencia de internet. Es como si los que gestionan el
agua no debiesen garantizar que fuera potable porque les sale demasiado
caro”.
Chile es el primer país del mundo en aprobar una ley
para garantizar la neutralidad (en agosto de 2010) y recientemente
Holanda ha emprendido acciones en la misma línea, pero en los últimos
años empresas y gobiernos han tratado de imponer mecanismos que la pasan
por alto. Levi defiende que “los ataques a la
neutralidad y aquellos que tienen como excusa la propiedad intelectual y
el ciberterrorismo buscan impedir la libertad y la democracia que
internet ha traído”. De ello son muestra iniciativas legislativas como SOPA y CISPA en EE UU o el acuerdo ACTA, impulsado por EE UU, la Comisión Europea, Suiza y Japón a nivel mundial.
Precisamente el pasado 4 de julio el Parlamento Europeo rechazaba el ACTA, tras un largo proceso que comenzó en 2007 y ha estado marcado por el secretismo y las protestas ciudadanas. El colectivo activista La Quadrature du Net
habla de “blanqueo político”, es decir, denuncian que con ACTA se
utiliza las organizaciones internacionales para situarse por encima de
las instituciones y eludir el debate democrático acerca de la
neutralidad de la red. Las movilizaciones ciudadanas
pueden haber incidido en el recorrido del ACTA por Bruselas. Sin
embargo, en varios países de la Unión, entre ellos España, ya fue
ratificado hace meses. Además, el 12 de julio, el gobierno de México,
donde también hay una fuerte oposición ciudadana y el Senado había
votado en contra, firmó su adhesión.
De cualquier manera, queda por ver en qué medidas
legislativas concretas podría traducirse este acuerdo y las presiones
empresariales en cada país de la Unión Europea. Por lo pronto, en el
Estado español, los primeros meses de aplicación de la Ley Sinde-Wert han demostrado su escaso impacto para eliminar el intercambio de archivos.
Según admitió a finales de junio el ministro de Cultura, José Ignacio
Wert, “ninguna ley puede garantizar la propiedad intelectual más de tres
meses por la velocidad con la que de desarrolla la tecnología”.
- Pablo Soto / Foto: Elena Buenavista.
La red después de internet
Internet no es más que un conjunto de redes
descentralizadas que funcionan mediante una serie de protocolos (WWW,
P2P, VoIP, IRC, SMTP...). El desarrollador Pablo Soto recuerda que todos
estos protocolos son libres, de código abierto, por lo que ninguna
empresa podrá acapararlos ni ningún Gobierno podrá impedir su uso. Lo
que es privativo son las infraestructuras, la conexión física por la que
viajan los datos. Ante el endurecimiento de las medidas restrictivas,
una posible respuesta por parte de la sociedad civil sería la creación
de redes autónomas e infraestructuras autogestionadas. Iniciativas como
Guifi.net, una red libre y abierta, podrían marcar la senda, aunque
están lejos de ofrecer cobertura a la mayoría de la población. Este tipo
de proyectos por ahora “no tienen más empuje porque no los
necesitamos”, según Soto, pero “sería fácil desarrollarlos porque ya lo
hemos hecho” (la creación de internet viene del mundo de la
investigación y el activismo, apenas de las empresas). “Que se queden su
red no neutral, que ya nos inventaremos otra”, sentencia.
Vìa:
http://diagonalperiodico.net/Ataques-a-la-neutralidad-de.html
http://diagonalperiodico.net/Ataques-a-la-neutralidad-de.html
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