Guerrillera indígena
Difícilmente podría decirse que la insurgencia representa una
organización que se atrincheró en el Cauca, cuando ahí tiene sus raíces;
que se ha' infiltrado', cuando, aunque le pese a algunos caciques,
amplios sectores se sienten representados en el proyecto insurgente...
“No puede observarse la lucha de clases a través de los vitrales de una catedral, ni a través de las leyes de los capitalistas”
(William “Big Bill” Haywood, 1910)
“Chen Gen Kat Pat, Men Se Yon Sel Wout Li Fe”
(El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una dirección. Proverbio haitiano)
Sin lugar a dudas que la afirmación de Marx de que “Todo lo sólido se desvanece en el aire”
cae como anillo al dedo al régimen presidido por Juan Manuel Santos,
que hace un año parecía casi inexpugnable, la maquinaria de consenso más
impresionante que había vivido Colombia desde la instauración del
Frente Nacional en 1958. Hoy, el santismo está acosado por las múltiples
crisis del sistema de salud y educativo, por fuertes diferencias en su
seno que han resquebrajado la Unidad Nacional, por el descrédito
generalizado de las instituciones y una falta de credibilidad ante una
población frustrada a la cual se le prometió mucho, sin que ninguna de
las propuestas demagógicas hayan sido hasta ahora implementadas de modo
sustancial. Ni en el campo de la restitución de tierras, ni en el campo
de las víctimas, ni en el campo de la paz, ni mucho menos en el campo de
la “prosperidad” el gobierno ha cumplido en lo más mínimo. El
régimen ha comenzado a enfrentar un desgaste generalizado, a la par que
el ciclo de luchas populares abierto a finales del 2008, ha seguido
acumulando fuerzas: dos victorias para el campo popular, como son la
derrota de la reforma al sistema educativo a fines del año pasado, y la
derrota a la reforma a la justicia por una ola de indignación ciudadana
hace apenas unas semanas, son prueba de ello. A su vez, el fracaso de la
Marcha Guerrerista de Diciembre del 2011, con la cual se pretendía
alinear el consenso de la población en torno al escalamiento del
conflicto, sonprueba del creciente agotamiento de la Unidad Nacional
como fórmula de gobierno. La actual agitación en el Cauca plantea otro
escenario importante de la crisis que enfrenta el régimen santista.
La realidad del conflicto en el Cauca
Con el asesinato del comandante fariano Alfonso Cano, en Chirriadero, Norte del Cauca, en Noviembre del 2011[1],
la oligarquía pensó que “el fin del fin” estaría cerca, que el Cauca se
“pacificaría” y que la guerrilla, desmoralizada, se desmovilizaría a
raudales. En realidad nada de eso ocurrió, y antes bien, una victoria
militar del régimen se convirtió en una derrota política, pues pareciera
que, como han afirmado varios guerrilleros, la muerte de su máximo
comandante reforzó su moral y convicción. Tal pareciera ser la
conclusión lógica que se desprende del escalamiento del conflicto en el
Cauca, particularmente en el Norte y en el Oriente del Departamento[2].
Desde comienzos de Julio, ha habido una seguidilla de hostigamientos y
enfrentamientos en toda la zona del Norte del Cauca: Toribío, Jambaló,
Caloto, Corinto, Argelia. Un comunicado de la Columna Jacobo Arenas de
las FARC-EP, fechado el 12 de Julio, plantea que en los pasados 12 días
desarrollaron 32 acciones militares en el Norte del Cauca[3],
lo cual demuestra la renovada capacidad de acción de la insurgencia y
la eficiencia político-militar de la estructura adelantada por Alfonso
Cano antes de su asesinato. La estrategia insurgente en el Cauca, que se
extiende por todo el país y es parte de las orientaciones del
movimiento guerrillero desde el 2009, se basa en la “utilización de
los accidentes geográficos para sorprender al enemigo, el camuflaje en
todas sus formas imaginables y el ataque permanente como mejor
estrategia defensiva han permitido a los insurgentes mantener una
iniciativa feroz en la región. Como repiten una y otra vez los
generales, son grupos muy pequeños que hostigan día y noche a la tropa
(…) El impacto sobre la moral de los soldados es evidente, hasta el
punto que se refieren a la región como “el infierno caucano”. Para todo
el mundo está claro que las FARC han hecho del Cauca su nueva
Marquetalia.”[4]
Pero la insurgencia ha logrado combinar
hábilmente estos pequeños destacamentos guerrilleros (las Unidades
Tácticas de Combate) conocedores del terreno y que cuentan con la
confianza de un sector importante de la población, para enfrentar
fuerzas concentradas muy superiores[5]. Como lo relata un reportaje de Semana, describiendo un combate en Toribío:
“No fue el típico hostigamiento de
dos o tres milicianos de civil que disparan un tiro o lanzan una pipeta y
se camuflan en una casa. Fue un ataque protagonizado por grupos de
guerrilleros uniformados que la fuerza pública no pudo repeler por tres
días, “con 15 puntos de fuego” contra el pueblo desde los cerros
cercanos, según lo describió un oficial. Al menos uno de esos grupos,
según los pobladores del lugar y varios militares que lo combatieron,
tenía 30 integrantes.”[6]
El 11 de Julio, Santos llegó a Toribío
para realizar un consejo de Ministros en el cual anunció que no se
desmilitarizaría ni un solo centímetro del Cauca[7], afirmando
además que el Estado tenía el control del Departamento. Como telón de
fondo, se escuchaban ráfagas de la insurgencia y caía derribado un avión
Super Tucano en el Plateado, en Jambaló. Si bien el gobierno desmiente
que haya sido derribado por la insurgencia, las FARC-EP no solamente
afirman haberlo derribado sino que revelaron videos de pruebas de
misiles tierra-aire artesanales, de elaboración autóctona, realizados en
el Municipio de Suárez, Cauca, a finales del pasado año[8].
No es necesario insistir en la importancia que la elaboración de estos
misiles tendría para el destino militar de la guerra en Colombia, dado
que la estrategia militar del Estado se ha sustentado, desde los inicios
del Plan Colombia, en la superioridad militar otorgada por el poderío
de fuego aéreo[9].
El presidente llegó, rodeado de 70
cortesanos, en un helicóptero, porque todas las rutas de acceso estaban
en manos de la insurgencia, que instaló varios retenes desde los cuales
algunos comandantes farianos adelantaron improvisadas conferencias de
prensa con los reporteros que se aventuraban por los caminos y decían a
quienes pasaban en vehículos, luego de chequearlos “Díganle al presidente que para llegar a Toribío tuvieron que pasar por un retén del frente sexto de las Farc”[10]. Claramente, el control de la situación era una fantasía imposible de sostener.
Indignación Indígena
El consejo de Ministros de Santos en
Toribío fue una clara muestra del autismo tradicional de la clase
dominante colombiana, que viajó a una comunidad rural, alejada, para
reunirse solamente entre ellos, entre gente que no tenía necesidad de
viajar al Cauca ya que podrían perfectamente haberse reunido en Bogotá.
Al movimiento indígena y a los campesinos se les ignoró completamente.
Es por ello que los indígenas y la mayoría de la población en lugar de
sumarse a un circo en el cual solamente podían ser espectadores,
prefirieron manifestarse con una pared de abucheos contra la cual se
estrelló el “país político”. Denunciaron el hecho de que nadie mandó
llamar a Santos y que éste no les consultó nada.
En una línea tan propia de lo que ha
sido la política social del santismo, es decir, sin ninguna consulta a
las comunidades sobre sus necesidades y sin tener en cuenta en
absoluto sus demandas, el mandatario anunció un programa de inversión de
$500.000.000.000 (unos 278 millones de dólares); sobre este programa,
las propias organizaciones indígenas se han mostrado reacias a creer en
palabras hermosas que rara vez se traducen en realidad, temiendo que de
esta inversión nada terminará en manos de los campesinos ni de los
indígenas, sino que estará al servicio de las locomotoras del Plan de
Desarrollo Nacional, fundamentalmente de la expansión de los
agronegocios y de las actividades minero-extractivas. A la vez, se sigue
aumentando el pie de fuerza y la militarización de la región[11].
El mismo nombre dado por Santos al programa, “Plan Cauca”, revela que
está diseñado desde una perspectiva más militar que otra cosa (o
cívico-militar, como se dice en la jerga del poder).
La indignación indígena pronto se
tradujo en una masiva movilización en contra de tropas de la Tercera
Brigada del Ejército acantonadas en el Cerro Berlín, en Toribío[12].
Esta movilización fue parte de un ultimátum que ya habían dado los
indígenas para que los soldados se retirasen de un sitio que
consideraban sagrado, y se sumó a las acciones que ya antes se habían
desarrollado en el Norte del Cauca, en la vereda de Monterredondo en
Miranda, contra la base militar de Tres Cruces, que se planea instalar
en esa zona. Allí, miles de campesinos e indígenas desde el 8 de Junio
vienen ocupando los predios destinados a servir a la Brigada Móvil No.
28 de la Tarea Conjunta Apolo, fuerza contrainsurgente de élite que
opera en la región[13].
En una clara muestra de las posibilidades de resistencia frente al
militarismo por parte de la acción directa de masas de un pueblo
organizado y decidido, el 17 de Julio, 500 guardias indígenas, apoyados
por unos cuatro mil indígenas de las comunidades, lograron expulsar a
100 soldados del Cerro Berlín, sacándolos a la rastra mientras algunos
de ellos lloraban de impotencia como chiquillos al verse sobrepasados,
en una imagen diametralmente opuesta a la tradicional violencia,
prepotencia y agresividad con que se relacionan con las comunidades[14].
Estas imágenes fueron utilizadas hábilmente por los medios colombianos,
siempre al servicio del militarismo y de la defensa del status quo,
para decretar unilateralmente la “indignación” de todos los colombianos
“de bien” por la “agresión” contra “su” ejército. Como lo denunció
amargamente el profesor caucano Fabián Moreno: “Quizás un Estado de
furor mediático sea el que haya llevado a la prensa colombiana en
conjunto a registrar con ímpetu la acción de desalojo que ejerció la
Guardia Indígena contra los militares dispuestos en el cerro Berlín de
Toribío (Cauca). El Espectador tituló: ‘Desplazados’; Noticias Caracol
destacó la imagen del sargento Rodrigo García llorando y al final
concluyó con que ‘los colombianos están indignados’. El Tiempo, fiel a
su estilo (el de defender el statu quo), realzó en primera página las
palabras del presidente Santos que se refirió al hecho con la despótica
frase: ‘Todo tiene un límite’”[15].
La “ley y el orden” se impone con gases y metralla
Que los soldados no hayan herido a
ningún indígena durante su desalojo fue más una muestra de impotencia e
incapacidad de reacción, que de “grandeza” como quisieron mostrarlo en
los medios. Esto fue señalado claramente por el general Jorge Humberto
Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, quien dijo "Tengo
en esta montaña a suficientes soldados para combatir a la guerrilla,
pero para enfrentar a más de 1.000 indígenas no son suficientes"[16].
La supuesta “agresión” fue desvergonzadamente exagerada como lo denunció el propio gobernador de Toribío: “No
fue confrontación, simplemente fue un forcejeo entre un guardia
indígena con un sargento, principalmente por las palabras. Insultos de
uno y otro lado. Se cometieron errores de pronto en los guardias, al
tratar de presionar para que se salieran rápido. Hubo disparos. El
soldado trató de disparar a los pies, después los otros dispararon.
Algún soldado bulloso decía que nosotros les habíamos disparado primero,
¿pero con qué armas?”[17].
Sin embargo, los medios mostraron al victimario (Ejército) como
víctimas de la irracionalidad y el salvajismo “propio” de los indios.
Los medios se encargaron así de preparar
anímicamente el terreno para la retoma del Cerro Berlín el día 18 de
Julio por parte de varios cientos de efectivos del ESMAD que llegaron en
helicópteros, disparando balas, perdigones, arrojando gases y papas
bombas. Mientras las guardias indígenas no hirieron a ningún soldado y
los sacaron cargándolos, los efectivos del ESMAD, sus rostros cubiertos
con máscaras anti-gases que recordaban aterradoras imágenes de la
Primera Guerra Mundial, hirieron a 35 indígenas con perdigones,
esquirlas, bombas lacrimógenas[18].
Todo esto, mientras Santos amenazaba, a través de Twitter a los
indígenas, hablándoles como a niños chiquitos, con un paternalismo
francamente colonial: “No quiero ver a un solo indígena en las bases militares”[19].
Para disipar cualquier ilusión relativa la “diferencia” entre el
santismo y el uribismo, Santos recurrió, al igual que Uribe ante la
Minga del 2008, a la estigmatización del movimiento denunciando que la
estrategia de desalojo de la fuerza pública es ideada por las FARC-EP,
anunciando a la vez judicializaciones en masa contra más de un centenar
de indígenas acusados de ser parte de la red de apoyo a la insurgencia[20].
Pero esta violencia desmedida de los uniformados no fue reportada como
agresión, sino como el restablecimiento de la racionalidad, de la ley y
el orden.
Con todo, la violencia oficial no
impidió que en Huasanó, en la vía Caloto-Corinto, otra base militar
fuera desmontada por los indígenas[21].
Es que la indignación acumulada por la estrategia militarista contenida
en el Plan Espada de Honor, que convierte al Cauca en una zona
estratégica para la “Consolidación” ha hecho a las comunidades perder el
miedo. Este rechazo de la población a un Ejército que balea, desplaza,
viola, abusa sexualmente, amenaza, arremete, insulta, humilla,
bombardea, que utiliza a la población civil como escudos humanos
convirtiendo hogares, escuelas, parcelas y hospitales en trincheras no
es exclusivo del Cauca: en zonas como el Sumapaz, Arauca, Caquetá
también ha habido múltiples y valientes expresiones de resistencia civil
contra un Ejército que sólo es capaz de actuar como tropas de
ocupación. El propio general Jerez denunció, con bastante amarillismo,
que "los indígenas están escupiendo a mis soldados, les han quemado
la comida, les han quemado el área donde pueden tomar agua, los empujan,
los insultan... Mis soldados han aguantado, han soportado esta
situación de estos indígenas y en este momento pienso que se está
desbordando la situación".[22]
El gobierno está consciente de que esta
guerra no se gana sólo con el fusil. Sobre todo hay ganarse a la
población civil. La disputa es, ante todo, por el corazón del pueblo.
Pero la misma guerra sucia, única manera con la cual el Estado puede
enfrentar a la insurgencia, como hemos señalado con anterioridad, es la
que explica por qué esta guerra está perdida de antemano. Los métodos
propios de esta guerra irregular confrontan al Estado con toda la
comunidad, mientras el ejército fomenta el paramilitarismo como un
mecanismo eficaz de contrainsurgencia[23] y
se multiplican las violaciones contra las comunidades al por mayor: no
se puede ganar la guerra sucia con armas limpias. Esta es la dialéctica
de fondo que explica por qué la estrategia contrainsurgente del Estado
incuba, en sí misma, las semillas de la derrota y es la causa real de la
desmoralización creciente del Ejército[24].
Esta desmoralización de las tropas del Estado es más clara en el Cauca
que en ninguna otra parte de Colombia. Como dice de manera gráfica un
artículo de opinión: “Hay mucho de humillación en que los soldados
tengan que hacer sus necesidades en las mismas trincheras donde duermen y
comen por físico miedo a los hostigamientos, o que frente a las cámaras
afirmen que no pueden caminar de día porque la guerrilla les dispara de
todos lados. O que lloren como niños pequeños cuando confirman que el
pueblo al que dicen defender los odia con furia”.[25]
Piden respeto y les dan plomo
Juan Manuel Santos, haciendo oídos
sordos a las demandas indígenas, ha dicho que no cederán en la
militarización del Cauca: lo dijo en Toribío el 12 de Julio y lo repitió
en Popayán el 18 de Julio: “La presencia de militares y policías en cualquier lugar del país no es negociable. No podemos ceder un milímetro”[26].
A contravía de la demanda de autonomía, de desmilitarización, de
respeto a las comunidades, Santos ha ofrecido profundizar la guerra,
mediante la implementación en la región del Comando Conjunto del
Suroccidente, con 5.000 hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, al
mando del general Leonardo Barrero[27],
relevando así la comandancia de la III Brigada del Ejército que hasta
entonces lideraba las operaciones contrainsurgentes en la región bajo el
mando del general Miguel Pérez[28].
Esto de la mano de una fuerte campaña de criminalización del movimiento
indígena, al cual no solamente se le muestra como títeres del
“terrorismo”, sino que el comandante de la Brigada 29, Henry Piraquive,
les acusa directamente de lesiones personales, tentativa de homicidio,
sedición, “asonada”, terrorismo y secuestro[29].
El plomo no ha tardado en llegar: en Caldono, el 18 de Julio fue asesinado un joven campesino, de apenas 22 años, llamado Fabián Güetio,
en un retén en Laguna Siberia. El ejército dice que fue un error, pero
en realidad es el resultado directo del ambiente de criminalización y
del odio que los medios han estimulado contra la población del Cauca de
manera incesante durante dos semanas. Los indígenas, indignados,
retuvieron a una treintena de soldados por algunas horas[30].
En Huasanó, el 19 de Julio, mientras se desarrollaban manifestaciones
en la carretera exigiendo el retiro de soldados que están ocupando las
fincas de los campesinos, fue asesinado el campesinoMauricio Largo,
de 28 años, por parte de la Brigada Móvil XIV del Ejército, la misma
que hace un mes aproximadamente, asesinó en Barrio Colorado, Caloto, al
campesino y miembro de la Marcha Patriótica, Gustavo Londoño[31]. Aparte de Largo, cuatro campesinos fueron heridos, uno de ellos por impacto de bala[32].
Desde luego, los medios no se indignan
con estas muertes ni con las lágrimas de los familiares, como se
indignaron al ver a los soldados salir a la rastra, lloriqueando, pero
sanos y salvos… ni mucho menos, los comandantes denuncian la gravedad de
estos asesinatos. Un manto de impunidad rodeará a estos “daños
colaterales”, mientras la prensa cómplice seguirá justificando el
asesinato por parte del Ejército, culpabilizando de menor a mayor grado
de todo cuanto suceda a los indios y, sobre todo, a la guerrilla que,
como una “mano negra”, estaría “infiltrando” la región, lavando mentes y
poniendo ideas peligrosas en las cabezas de inocentes indígenas, de
unos “nobles salvajes” supuestamente “abandonados” por el Estado. En
realidad, ni hay tal “abandono” (el Estado se hace presente con la
impresionante militarización del territorio y convirtiendo escuelas y
hospitales en trincheras –antes bien, los indígenas lo que piden es
menos presencia del Estado), ni hay tal “infiltración guerrillera”. Tal
discurso es fruto de una labor sistemática de desinformación sobre la
naturaleza del conflicto social y armado colombiano.
¿Infiltración guerrillera en el Cauca?
La insurgencia no es un fenómeno nuevo
en el Cauca. En esa zona ha hecho presencia históricamente, aparte de
las FARC-EP, el ELN, el M-19 y la insurgencia desarrollada desde 1984
por las propias comunidades del Norte del Cauca, el Movimiento Armado
Quintín Lame, desmovilizado junto al M-19 en 1989. Otras facciones
insurgentes también han pasado por esas tierras, con menores niveles de
implantación. Pero, a diferencia de lo que digan los discursos tanto del
gobierno como de ciertas autoridades indígenas, las FARC-EP han tenido
en esa zona un arraigo de más de medio siglo. No existe acá una
“infiltración” de la insurgencia, sino que algunas comunidades han
tenido vínculos estrechos con la organización guerrillera desde hace
varias décadas, aún cuando haya conflicto político muchas veces entre
los insurgentes y las autoridades tradicionales de los indígenas,
basadas en los usos y costumbres –sobre todo cuando la insurgencia es
una alternativa atractiva para sectores de la juventud y de las mujeres
que se sienten marginados en sus propias comunidades. El mismo Feliciano
Valencia, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una
persona bastante hostil hacia la insurgencia, se vio forzado a afirmar
en estos días que "no vamos a negar que hay milicianos indígenas y guerrilleros indígenas"[33].
Las FARC-EP tienen en su seno comuneros, hijos, hermanos, vecinos,
gente que es parte de las comunidades. Esta organización, de hecho, tuvo
como uno de sus focos de nacimiento el Cauca. Ya antes del período
conocido como la “Violencia” (década de 1940), había agitación comunista
en la región del Norte del Cauca a manos de dirigentes indígenas como
José Gonzalo Sánchez, quien luchó codo a codo con el legendario Quintín
Lame. Ciro Trujillo, uno de los fundadores de esa guerrilla, era
originario de la región de Tierradentro y era un indígena Pijao que se
alzó en los ’40 contra la represión conservadora. Hacia 1950 entró en
contacto con los guerrilleros comunistas del Sur de Tolima, y en 1953,
junto a Jacobo Prías Alape, conocido como “Charro Negro” (también
indígena pero proveniente de Natagaima, Tolima) y Manuel Marulanda,
fundaron el Movimiento Agrario de Riochiquito en el Noreste del Cauca,
en la región de Páez, en el cual reunieron a los indígenas y campesinos
desplazados de otras regiones, en base al mutuo respeto y a un programa
político común –esta experiencia que fue terminada a sangre y fuego por
un ataque militar en Septiembre de 1965, fue uno de los núcleos de los
cuales se desarrollaría la insurgencia fariana[34].
Manuel Marulanda se desplazaba en el sector de Tierradentro en el
oriente del Cauca desde los años ’50, junto a estos guerrilleros; la
reunión que dio origen al Bloque Sur, predecesor de las FARC, en 1965 se
celebró en la comunidad de Riochiquito[35].
El Sargento Pascuas, único fundador de las FARC-EP aún activo en la
insurgencia, comandante del 6º frente que opera en el Norte de Cauca
desde 1979, lleva más de medio siglo combatiendo en la zona.
Difícilmente podría decirse,
como se afirma en los medios, que la insurgencia representa una
organización que se atrincheró en el Cauca, cuando ahí tiene sus raíces;
que se ha infiltrado en las comunidades, cuando, aunque le pese a
algunos caciques, es una organización con vínculos orgánicos con
sectores en las comunidades que se sienten representados en el proyecto
insurgente; o que su interés en la zona se debería a los
“corredores estratégicos” (discurso fomentado desde aquellos que tienen
un interés en presentar el conflicto como vaciado de contenido social y
como una mera expresión del narcotráfico), cuando, independientemente de
la importancia geoestratégica que tenga, esa ha sido una zona de
presencia guerrillera de hace décadas por las condiciones sociales
espantosas en que vive la población, que enfrenta el despojo y la
represión por parte de las autoridades.
Organizaciones indígenas: ¿qué tan “ajeno” es el conflicto?
Si bien es cierto que las organizaciones
indígenas manejan un discurso según el cual el “conflicto les es
ajeno”, tal afirmación, tomada en su sentido literal, ignora la realidad
del país. Y sobre todo, ignora la realidad del Cauca donde un
porcentaje importante de indígenas se involucran en el conflicto por
sentirse representados por las partes y los proyectos que en él operan,
fundamentalmente por la insurgencia que tiene una importante base de
apoyo en la región. Aún cuando las organizaciones y las autoridades se
indignen con la presencia de cualquier “actor armado” en sus
territorios, y que esta opinión represente a un sector importante de las
comunidades indígenas, lo cierto es que otro sector también importante
de las comunidades canalizan su indignación en el respaldo activo o
pasivo a los insurgentes[36]:
por ello es que el gobierno, dando palos de ciego, ha adelantado
capturas masivas en toda la región, incluidos alrededor de 30 comuneros,
incluidos dos líderes indígenas de Caldono, por pertenecer
supuestamente a redes de “apoyo al terrorismo”[37].
Independientemente de si el gobierno hace montajes o si da palos de
ciego, lo cierto es que importantes sectores indígenas ven en la
insurgencia su expresión política y por ello el gobierno persigue y
criminaliza a las comunidades indiscriminadamente. Basta nada más ver a
los cuatro muchachos capturados por algunos guardias indígenas en las
inmediaciones del cerro Berlín, a los cuales se les aplicó “justicia
comunitaria” (un castigo brutal como son latigazos[38]),
precisamente por ser miembros de la comunidad, para comprobar los
vínculos orgánicos de sectores de las comunidades con el proyecto
insurgente[39].
Lo cierto es que, aunque sea necesario
rechazar los señalamientos de Santos, de los medios y de los generales,
así como la criminalización de la protesta indígena y los argumentos
racistas que plantean al indio como alguien incapaz de movilizarse por
sí mismo, como si fueran meros títeres de “actores externos”, las
comunidades están atravesadas por el conflicto y ante éste expresan
opiniones diferentes, toman partido. La confrontación con la realidad en
estas semanas demuestra que el movimiento indígena está lejos de ser un
bloque monolítico: Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), condena la actitud de quienes
expulsaron al ejército del cerro Berlín y llama a las autoridades a
tomar acciones contra ellos[40].
La Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC),
organización indígena minoritaria creada por el uribismo en el Cauca,
que representa posiciones de ultraderecha, acusa a los indígenas
movilizados de infiltrados de la “guerrilla”[41] y llama a que se quede la fuerza pública en sus territorios[42].
Las guardias indígenas capturan a milicianos de las FARC-EP pero cuando
los van a juzgar, otros sectores de la comunidad protestan contra esta
medida[43].
En una entrevista, Feliciano Valencia (CRIC) oscila entre la
legitimidad y la ilegitimidad del Estado, revelando las enormes
presiones a las que está sometido por parte de las bases indígenas y del
poder, la tensión constante entre la movilización y la
institucionalización del movimiento[44].
La lucha armada que atraviesa todo el
país rural, incluidas las comunidades, es la más aguda expresión de la
lucha de clases en Colombia, de la cual nadie está totalmente al
margen. Por ello insistimos siempre en que estamos ante un conflicto social y
armado. Aún cuando el discurso indigenista de las organizaciones
históricas indígenas tienda a negar la lucha de clases (al menos en lo
relativo a las demandas indígenas), lo cierto es que esta dinámica hace
que sectores de las comunidades hagan parte de esta confrontación junto a
campesinos y otros sectores del bloque popular que, de una u otra
manera, consideran a la insurgencia el proyecto que las representa en su
resistencia contra el bloque en el poder. Es cierto que la insurgencia
no es la única manera de resistir al Estado, ni necesariamente tiene por
qué ser la principal, como lo demuestra la resistencia no armada de
organizaciones indígenas de larga trayectoria como la Asociación de
Cabildos de Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) o el CRIC, pero es una
tradición de resistencia con largas raíces en la región, que enfrentan
al mismo bloque en el poder que los cabildos y cuyas motivaciones se
encuentran clavadas en el seno de las mismas comunidades. Creo que
afirmaciones como las del Consejero Mayor del CRIC, Jesús Chávez, que
explica el crecimiento de la guerrilla debido a que "mienten al
interior de los cabildos indígenas para debilitar la credibilidad de la
autoridad tradicional, bajo la excusa de la defensa del territorio"[45],
o quienes han explicado el creciente reclutamiento de jóvenes indígenas
por los insurgentes pues estos les darían radios y otras cosas, es
simplista y peca de un paternalismo no muy diferente al de un Santos
cuando afirma que los indígenas movilizados no serían más que “títeres”
guerrilleros. Los indios que se unen a la insurgencia ni son idiotas, ni
se unen a ella (una opción bastante sacrificada) por baratijas y
espejos. Es necesario entender las causas objetivas que hacen que la
insurgencia sea una opción legítima, desde la perspectiva de la dinámica
del conflicto en las comunidades rurales colombianas, para poder
encontrar la manera de aliviar las tensiones entre las diversas
tradiciones de resistencia y lucha que existen en el país, las cuales
deben aprender a confluir en la propuesta estratégica de la solución
política al conflicto, como un proyecto alternativo de país, incluyente,
el cual no puede sustentarse en las estigmatizaciones recíprocas al
interior del bloque popular. Esto bien lo sabe el gobierno, cuya
estrategia para domesticar al movimiento indígena consiste en atizar las
discrepancias para hacer creer que “el enemigo común” es la FARC-EP, y
no la militarización, ni lasmultinacionales que saquean nuestros
recursos y envenenan los ríos, ni los gamonales que acumulan tierra
mediante el despojo violento.
Conceptos erróneos que necesariamente llevan a una estrategia errónea: re-leyendo el Proyecto Nunca Más
Cuando lo humanitario se ha vuelto un
elemento central en el discurso de las organizaciones populares, y entre
ellas del movimiento indígena, ante el conflicto, debemos
necesariamente ver qué ha pasado en este terreno en la última década. Es
evidente que la discusión de los derechos humanos en Colombia se ha
empobrecido enormemente durante este tiempo, mediante la desaparición
física de los defensores de derechos humanos más comprometidos y
consecuentes, y mediante toda clase de presiones desde el régimen –la
persecución, el chantaje, la presión económica hasta la amenaza abierta y
el señalamiento, todo fue aplicado por el régimen uribista, con
bastante éxito entre importantes sectores, para domesticar al movimiento
de Derechos Humanos. El discurso violento desde el régimen contra los
defensores de DDHH como “aliados del terrorismo” tuvo el impacto
deseado: poner a la mayoría de estas organizaciones a la defensiva. Así
pasaron de agache una serie de conceptos extraordinariamente nocivos,
que buscan poner al defensor de DDHH en una situación de “equidistancia”
de todos los actores armados, más no así respecto al Estado, el cual
se ve como una figura neutral, garante de los derechos de la población
–aún cuando toda la experiencia histórica de Colombia demuestra la
falacia de esta utopía que encubre la naturaleza del conflicto social y
armado. Conceptos como “neutralidad”, “rechazo de la violencia venga de
donde venga” (como si todas las violencias fueran iguales), se han
convertido en lugares comunes del discurso reciente de muchas
organizaciones de derechos humanos. Muchas veces este discurso se ha
impuesto de la mano del financiamiento por parte de la “cooperación
internacional”.
Estos conceptos equívocos han sido
incorporados en el discurso de algunas organizaciones populares, muchas
de ellas de una indudable consecuencia y una trayectoria de luchas que
merece todo el reconocimiento del mundo: recientemente, un comunicado de
la Subdirectiva de la CUT del Valle del Cauca sobre la situación de
Toribío, fechado el 19 de Julio afirmaba que esta guerra “no es del pueblo colombiano”[46].
Afirmación que es una negación patente de la realidad –que la guerra
haya sido “impuesta” desde arriba al pueblo, no significa que el pueblo
no tome parte y que, de hecho, sea el que ponga la mayoría de los
muertos. Creo que es importante un examencrítico de estos discursos:
conceptos equívocos necesariamente llevan a una concepción política y
estratégica igualmente equívoca.
Por ello, creo importante desempolvar el
famoso Capítulo V, Tomo I (“Nuestras Reservas Frente a los Crímenes de
Guerra”), del Proyecto Nunca Más, de lejos el proyecto más importante de
DDHH y Crímenes de Lesa Humanidad que se ha realizado hasta la fecha en
Colombia. Publicado el año 2000, en él participaron las organizaciones
de derechos humanos colombianas de mayor seriedad, las cuales explicitan
el marco teórico de su trabajo[47].
En él se establecen ciertos elementos que permiten un debate crítico de
algunos de los elementos planteados desde el movimiento indígena en el
Cauca, como el rechazo, como si fueran lo mismo, de todos los
“violentos”, de los “actores armados”, de la “bota militar de izquierda o
derecha” y otros lugares comunes que diluyen la naturaleza del
conflicto social y armado colombiano. Creo que la discusión de estos
lugares comunes es crucial para el avance del movimiento popular; abordo
este examen crítico no con la intención de polarizar sino de facilitar
un marco que permita la más amplia unidad del pueblo. En el marco
teórico para entender la situación humanitaria colombiana, el Proyecto
plantea, en resumen, los siguientes elementos que tienen plena
relevancia en el contexto actual:
“1. Insuficiencias del Derecho
Internacional Humanitario para interpretar y regular modalidades de
conflictos internos como el que se da en Colombia: (…) El DIH
no tuvo en cuenta, pues, la racionalidad propia de la Guerra de
Guerrillas (…) modelo de guerra (…) diseñado para dirimir conflictos de
legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo
más pobre de la población (…) surge y es diseñada para enfrentar una
estructura estatal, detentora de medios de medios muy poderosos de
guerra (como aviones y tanques de guerra, ejércitos bien financiados y
armados gracias al presupuesto del Estado) sin tener acceso a los
recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es
justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del
Estado. (…) Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la
Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios
básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no
combatientes.
Muchos Estados, y entre ellos
el colombiano, han tomado pie en esta característica de la Guerra de
Guerrillas (…) para justificar su agresión sistemática contra la
población civil, o para camuflar a los combatientes del Estado bajo
fachadas de ejércitos irregulares o paramilitares que se presentan como
‘no estatales’. Pero mal podría justificar un Estado el asumir métodos
característicos de fuerzas guerrilleras, métodos cuya única
justificación descansaría precisamente en la imposibilidad de acceder a
los recursos que tiene el Estado.
(…) La Guerra de Guerrillas (…) no se
dirige fundamentalmente a la destrucción de un ‘ejército enemigo’ o de
una simple estructura estatal, sino a la destrucción de un modelo de
sociedad. Por eso la ‘ventaja sobre el enemigo’, en este tipo de guerra,
está ligada al boicot o sabotaje de infraestructuras que son vitales
para el mantenimiento de dicho modelo de sociedad. (…) Algo similar se
podría decir de los esquemas de financiación de la Guerra de Guerrillas,
que en la racionalidad de ésta no debe fundarse en aportes de los
sectores pobres de la población, sino en aportes forzados de los
sectores ricos, que no los aportarían libremente sino mediante medidas
extorsivas.
(…) Este problema está planteando la
necesidad de (…) construir un Derecho Humanitario que salvaguarde la
dignidad humana ‘en los márgenes’ de esa racionalidad de la Guerra de
Guerrillas, como lo hizo el DIH a mediados del siglo XX frente a la
racionalidad propia de las guerras regulares internacionales (…)
2. Elementos de discernimiento ético frente a la legitimidad de la guerra: (…)
El haber acompañado durante décadas a las víctimas de la represión en
Colombia y a sus dolientes, nos da un marco sólido para afirmar que el
blanco de la represión oficial ha sido la población civil que de una u
otra manera hace opciones ideológicas o políticas por luchar a favor de
condiciones más justas de vida para las mayorías, con medios no
violentos (…) Esta experiencia trágica (…) nos inhibe para deslegitimar
el marco motivacional general de la insurgencia.
3. Discernimiento ético de la ‘Neutralidad’: Desde
hace varios años, las organizaciones no gubernamentales responsables de
este Proyecto, nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por
parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que
nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en ‘posiciones
neutrales’, que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en
conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de
‘equilibrio’ que lleve a estigmatizar ‘por igual’ y a ‘equiparar’ las
diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha
presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el
de ‘Condenar toda violencia, venga de donde viniere’. Muchas veces nos
hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable.
Creemos que ningún tipo de
discernimiento ético puede dispensarnos (…) de tener en cuenta (…) los
móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores
enfrentados. Imperativos éticos (…) nos llevan a censurar con mayor
fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva para defender
violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a
capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o
destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a
siglos de despojo e injusticia.
(…) No es posible ser neutral cuando
se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para
el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores
perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que
podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor
violencia contra los débiles.
4. Una opción por escapar del cerco anti-ético de las ‘Simetrías’: El afán de neutralidad se ha expresado en Colombia, en los últimos años, como una política de simetrías.
Asume la forma de una presión social, no pocas veces extorsiva, para
que los análisis académicos, las denuncias, las estrategias informativas
y las acciones humanitarias, se enmarquen en una estricta simetría: se
tiene derecho a denunciar los crímenes de una de las partes en
conflicto, a condición de denunciar simétricamente los de la parte
contraria.
Esta presión ha llevado a acuñar
expresiones simétricas que envuelven en calificaciones equivalentes a
los diversos actores del conflicto: ‘grupos al margen de la ley’,
‘actores violentos’, ‘grupos armados’, ‘fuerzas oscuras’, ‘los
guerreros’, términos todos que fuerzan la simetría mediante la omisión
de identidades y móviles. Para no pocos periodistas, comunicadores
sociales, analistas, académicos y activistas de derechos humanos, asumir
la política de las simetrías ha constituido el obligado precio a pagar
para conservar su empleo, y muchas veces para conservar su vida (…)
Este mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una opción por la política de las simetrías.
(…) La política de simetrías se erige
como una barrera que impide enjuiciar el conflicto desde perspectivas
no inmediatistas; desde los móviles profundos de cada uno de los
actores; desde los modelos de sociedad que el conflicto pone en juego;
desde las aspiraciones y pretensiones globales de cada actor; desde
perspectivas que permitan evaluar el conjunto de las violencias que
afectan a las capas más vulnerables de la sociedad; desde
responsabilidades profundas frente al futuro.
(…) La política de simetrías busca
inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que ‘todos los actores
son igualmente perversos’ y de que lo mejor es marginarse,
descomprometerse en toda medida, y entrar a gozar del ‘paraíso ético’
del que condena a todo el mundo menos a sí mismo (…)”[48]
No creo necesario ahondar más en el tema
después de esta larga cita. Pero me parece importante señalar que la
importancia de estas reflexiones no puede ser subestimada en momentos en
que tanto desde el movimiento indígena, así como desde la insurgencia y
el gobierno, han surgido ideas sobre el establecimiento de mesas
regionales para regular temas como derechos humanos o aplicación del
derecho internacional humanitario.
El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una dirección
En la medida en que los recientes
eventos del Cauca dan una señal más, quizás la más crítica hasta la
fecha, del agotamiento creciente del modelo de gobierno de la “Unidad
Nacional” y del modelo de guerra impuesto por el “Plan Colombia”[49],
también dan señales de las limitaciones que tienen los de abajo para
constituirse en un bloque popular que pueda enfrentar y derrotar al
poder oligárquico entronizado en el Estado. Cauca representa a la vez
una oportunidad como un desafío para el movimiento popular. Una
oportunidad, pues demuestra la capacidad de las comunidades de enfrentar
al régimen y de exigir respeto a su autonomía –hecho este último
facilitado por las particularidades de la Constitución de 1991, que
garantiza la autonomía indígena aunque rara vez se respete. Pero aún
cuando es difícil que este ejemplo se reproduzca mecánicamente en otras
partes del país, un cierto contagio es posible, pues se demuestra que un
pueblo organizado puede enfrentar a la más formidable maquinaria de
muerte del hemisferio occidental, el ejército colombiano.
Sin embargo, la movilización del Cauca
representa un desafío para el movimiento popular, pues demuestra que los
roces y contradicciones en el seno de las organizaciones populares en
resistencia son hondos. Todo esto dificulta la “solución política”, más
allá de lo retórico, en lo cual todos en el campo popular estamos de
acuerdo (más no así el gobierno, que insiste en la rendición y
desmovilización sin negociación política –este “detalle” es clave). Como
hemos dicho en ocasiones anteriores:
“la llave para solucionar el
conflicto pasa por la capacidad que tenga el pueblo colombiano de
construir un espacio de convergencia amplio y participativo, teniendo
por punto de partida su propia tradición e historia de luchas. Este
espacio es el que debe articular la solución política al conflicto, como
expresión amplia, nacional, del movimiento popular (no de ese sofisma
llamado “sociedad civil”), mediante la construcción de un proyecto
alternativo, colectivo, y a la luz de los enormes desafíos y obstáculos,
revolucionario, que permita la superación del conflicto.”[50]
Esto lo entiende la propia insurgencia fariana, que en su último comunicado plantean “Resulta
urgente por tanto recurrir a la unificación de fuerzas con todos los
sectores indignados, conformar un inatajable torrente popular que se
lleve por delante la indecencia (…) Con el movimiento obrero, campesino,
indígena, de negritudes, de mujeres, de desempleados, de pequeños y
medianos mineros, de estudiantes, de profesionales empobrecidos,
pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, la
academia, la intelectualidad, el profesorado, los informales y
trabajadores independientes, los partidos y organizaciones de izquierda o
de clara definición democrática. Con los liberales y conservadores
aterrados con tanta podredumbre, hasta con los policías y militares
retirados y olvidados por el régimen que los usó, con los creyentes, los
cristianos, los ateos, los jóvenes, los ancianos y todas las minorías
discriminadas. Concientización, organización, protesta, resistencia y
movilización activas. He allí la tarea prioritaria. Sumar y unificar la
rebeldía del pueblo colombiano por los cambios.”[51] Lógicamente
resulta más fácil declararlo que hacerlo. Y ahí es donde todos los
sectores del movimiento popular, sin excepción, deben entrar a un
genuino ejercicio de autocrítica antes de ver la paja en el ojo ajeno.
¿Hasta qué punto los movimientos
populares han sido tragados por la cooptación y la oenegización? ¿Hasta
qué punto es sostenible el discurso de la neutralidad cuando hubo
organizaciones indígenas que hicieron una ceremonia de inauguración a
Santos en la Sierra Nevada, u otros que hayan aplaudido los llamados a
una minga por la “prosperidad democrática? ¿Hasta qué punto las
autoridades tradicionales están dispuestas a aceptar que en su seno
coexistan personas con posiciones diferentes frente al conflicto y los
destinos de Colombia? ¿Hasta qué punto la insurgencia está dispuesta a
coexistir con otras expresiones del movimiento popular? ¿Hasta qué punto
la insurgencia respetará ciertos marcos en acuerdo con las comunidades
para desarrollar su estrategia de resistencia armada con el menor
impacto posible sobre el pueblo?¿Cómo superar lógicas militaristas y
vanguardistas de comprender el conflicto social? ¿Cómo superar las
fricciones producidas en el bloque popular por las diferentes elecciones
tácticas hechas por distintos sectores? ¿Cómo mejorar la comunicación
de los proyectos emancipatorios y generar una cultura de diálogo real en
el bloque popular? Nada de esto tiene fácil respuesta y ella debe ser
buscada y encontrada por quiénes están en el terreno mismo.
Lo que sí, es que hay ciertos elementos
que permiten entrever que es posible un cierto acuerdo entre las partes
del bloque popular. Rafael Coicué, del ACIN, plantea que la
militarización de los territorios y la profundización de la estrategia
de guerra ha contribuido a romper acuerdos existentes, acuerdos que
pueden restablecerse: “Siempre han estado aquí [ie., las FARC-EP] y
eso no hay que negarlo. Las autoridades indígenas habían planteado que
ellos respetaran a la gente, que no reclutaran niños y que podían pasar
por el territorio, pero no quedarse en él. No podían acercarse a las
escuelas, ni a los sitios de reunión de los indígenas, ni instalar
campos minados. Ese era el protocolo y ellos a veces lo respetaban”[52].
Cabe destacar que en el 2009 el Secretariado de las FARC-EP llamó a la
constitución de espacios comunes para dialogar, en un ambiente de “mutuo
respeto y comprensión”, sobre acuerdos básicos con las comunidades
relativos al impacto que las acciones insurgentes puedan tener sobre sus
comunidades[53].
El tema del impacto del accionar insurgente, fue planteado por una de
las autoridades indígenas durante el juicio a los cuatro milicianos: "No
se les castiga por ser guerrilleros. Es su decisión de pertenecer a
esos grupos u a otros, sino porque pudieron ocasionar un ataque de la
Fuerza Pública contra la comunidad", debido a que estaban planeando
una acción militar contra las tropas apostadas en el Cerro Berlín cuando
la comunidad pretendía recuperarlo. Según el gobernador de Toribío,
Marco Yule "De no haberse evitado eso, el Ejército hubiera disparado contra la comunidad en general".[54] Es
este un tema crucial que merece una discusión de alto perfil entre las
comunidades y la comandancia insurgente, aún cuando estamos conscientes
de las múltiples dificultades que tal diálogo enfrenta, precisamente en
medio de la criminalización y satanización hacia los indígenas y la
insurgencia por parte de los medios. Por ello son tan importantes
opiniones como las de Catalina Ruiz-Navarro cuando plantea, desde El
Espectador, una opinión demoledora contra la polarización que se busca
generar para obstaculizar el avance de una salida política al
conflicto: “los paeces son un nosotros, y cada uno que muere, sea por
los actores armados o por el olvido del Estado, es también un
colombiano. En esa misma línea olvidamos con frecuencia que los
guerrilleros también son nuestros, colombianos que viven en este país, y
no una manada de orcos sin nombre que hay que exterminar”.[55]En
cierta medida, se trata de que el bloque popular reconozca, en medio
del conflicto, la humanidad del otro y sus motivaciones profundas.
Ayer, 23 de Julio, en Santander de
Quilichao, se instaló la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y
las organizaciones indígenas[56].
Sencillamente se plantearon los temas de relevancia para cada una de
las partes, en un buen ambiente según las autoridades, pero el conflicto
sobre la militarización del Cerro Berlín es el punto en el que no
parece posible la conciliación –y las implicancias de esta diferencia
puntual son enormes si se proyecta sobre la estrategia de militarización
de todo el Cauca contenida en el Plan Espada de Honor del Ejército.
Pocas veces el enemigo de clase del bloque popular es tan claro: el
mediador del conflicto, por parte del gobierno, es Aurelio Iragorri
Valencia, bisnieto de Guillermo Valencia, quien combatiera a Quintín
Lame, miembro de una familia de gamonales del Cauca[57].
A las claras, el Estado intentará utilizar la mesa de negociación como
un espacio para intentar ganar al movimiento indígena a su estrategia.
Esto es, precisamente, lo que recomienda con un gran sentido práctico un
santista de primera línea como León Valencia: “La torpeza del
gobierno es infinita. Tiene a la mano un auténtico movimiento pacifista
con el cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las
fuerzas irregulares sin dañar para nada el orden constitucional y la
soberanía nacional y en vez de ello se dedica a hacerles eco a las voces
que vituperan y estigmatizan a las organizaciones indígenas”.[58] Es
decir, utilizar al movimiento indígena como un elemento de contención
en un programa de cooperación cívico-militar, en el mejor de los casos.
En el peor, convertir a las organizaciones indígenas en organismos de
control y vigilancia, de delación, en una red subcontratada de
cooperantes, mientras se amenaza con capturas masivas. Difícilmente el
gobierno obtendrá lo que quiere de esta mesa, pero también se ve difícil
que los indígenas obtendrán respeto a su autonomía.
Personalmente, no creo que nada salga de
este diálogo si se da a puertas cerradas y se circunscribe al Cauca,
que no es más que un eslabón más del conflicto, por crucial que sea en
la actual fase de la confrontación armada. Si no es esta negociación
parte de un diálogo más amplio y más inclusivo, no creo que tenga mayor
futuro, desafortunadamente. No puede discutirse sobre paz o sobre el
conflicto e ignorar, como pretende hacerlo el gobierno, a la insurgencia[59].
Sin la presencia de ésta, es muy poco probable que el diálogo termine
en algo más que declaraciones de buenas intenciones mientras prosigue la
militarización y el conflicto. Hablando en criollo: acá no habrá
solución política al conflicto –ni en el Cauca ni mucho menos en el
país- sin un amplio acuerdo en el bloque popular, independiente de las
diversas formas de lucha que adopten sus diversos protagonistas, por lo
cual es necesario abandonar sofismas como “ilegales”, “actores armados”
que dificultan la identificación de los puntos de acuerdo entre sectores
sociales que comparten intereses objetivos en terminar con la guerra
que, ante todo, impulsa el Estado. No habrá solución política sin la
insurgencia, sin el movimiento indígena, sin el movimiento sindical, sin
las diversas expresiones que componen al bloque de los de abajo en
Colombia. Pero para ello es necesario que,antes de negociar con el bloque en el poder, el movimiento popular y las organizaciones en resistencia negocien entre sí mismos.[60]
Por lo pronto, el pueblo prosigue en la
escalada de luchas sociales ante el deterioro de las condiciones de vida
y ante el despojo, mientras el conflicto también sigue en su dinámica
de profundización. La Marcha Patriótica convocó la movilización contra
el militarismo y por la solución política al conflicto de más de 100.000
colombianos el 21 de Julio en Guaviare, Meta, Norte de Santander, Valle
del Cauca, Caldas y Huila; también 7.000 personas se movilizaron en el
Departamento de Putumayo durante toda la semana, al igual que en Tolima,
Arauca y en la Costa[61]. Los indígenas Awá, por su parte, en Nariño, también amenazaron con tomarse la base militar de El Diviso[62] Se
anuncian más movilizaciones en los próximos días y semanas, por
diversos temas como la salud, de cara a lo que será el Encuentro por la
Unidad Popular, anunciado para los días 10 y 11 de Agosto, un paso
crucial hacia el Paro Cívico Nacional. El Cauca es una pieza clave
dentro de la actual coyuntura, pero no solamente por la trascendencia de
las movilizaciones recientes, sino porque plantea al movimiento popular
el desafío de articular, desde abajo y en la lucha, de forma respetuosa
y solidaria, una gran convergencia que articule la solución política
del conflicto con las múltiples formas de resistencia que deben
desarrollarse en contra del actual modelo de saqueo, guerra y despojo.
José Antonio Gutiérrez D.24 de Julio, 2012
[2] La situación no es exclusiva del Cauca: también han aumentado notoriamente los enfrentamientos y acciones militares insurgentes en el Caquetá, en Antioquia y en el Catatumbo.
[3] http://www.es.lapluma.net/
[4] http://www.rebelion.org/
[5] Se calcula en unas 1200 tropas las fuerzas que las FARC-EP tienen concentradas en la zona. Estas tropas son consideradas de élite http://www.semana.com/nacion/
[6] http://www.semana.com/nacion/
[7] http://www.elespectador.com/
[8] Ver las siguientes notas: http://prensarural.org/spip/
[9] Para un análisis de la importancia de este evento, ver http://www.arcoiris.com.co/
[10] http://www.semana.com/nacion/
[11] http://ernestochemercado.
[12] http://www.elespectador.com/
[13] http://www.conapcolombia.org/?
[14] http://www.elespectador.com/
[15] http://www.elespectador.com/
[16] http://es-us.noticias.yahoo.
[17] http://www.elespectador.com/
[18] http://www.elespectador.com/
[19] http://www.elespectador.com/
[20] http://www.elespectador.com/
[21] http://www.elespectador.com/
[22] http://es-us.noticias.yahoo.
[23] http://justiciaypazcolombia.
[24] Ver un artículo anterior en que se analiza la profundización de la guerra sucia bajo el gobierno de Santos http://anarkismo.net/article/
[25] http://www.rebelion.org/
[26] http://www.elespectador.com/
[27] http://www.elespectador.com/
[28] http://www.elespectador.com/
[29] http://www.elespectador.com/
[30] http://www.rebelion.org/
[31] http://www.anarkismo.net/
[32] http://prensarural.org/spip/
[33] http://www.elespectador.com/
[34] Para más detalles de este proceso de nacimiento del movimiento guerrillero y el rol jugado por las comunidades del Cauca, puede consultarse directamente la autobiografía del comandante Ciro Trujillo. “Ciro, páginas de su vida”, Ed. Abejón Mono, 1974.
[35] Sobre la resistencia en Riochiquito, Cauca, puede consultarse el documental de Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel de 1965, una auténtica pieza histórica prácticamente ignorada hoy en día. En castellano se puede consultar en http://www.youtube.com/watch?
[36] El documental de Roméo Langlois sobre el Cauca y las FARC-EP, en la cual entrevista a algunos simpatizantes de la insurgencia, demuestran este punto http://www.youtube.com/watch?
[37] http://www.semana.com/nacion/
[38] Otras alternativas de tortura contenidas por la “justicia comunitaria”, igualmente si no más reñidas con los derechos humanos, constituían el cepo o el cruel “siembra de plátano” (es decir, enterrarlos hasta el cuello”). http://www.eltiempo.com/
[39] http://www.telesurtv.net/
[40] http://www.elespectador.com/
[41] http://actualidadetnica.com/
[42] http://www.elespectador.com/
[43] http://www.eltiempo.com/
[44] http://www.semana.com/nacion/
[45] http://agendapropia.com/index.
[46] http://www.cut.org.co/index.
[47] Desafortunadamente, son raros los casos de organizaciones que actualmente proceden de esta manera, dando a entender que el trabajo de DDHH es “objetivo” y que no existen marcos teóricos desde los cuales se analiza la información. Esto claramente no es así, y el hecho de que los marcos teóricos no se expliciten no significa que no existan.
[48] Colombia Nunca Más, Capítulo V, Tomo I, 2000, pp.95-102.
[49] Una interesante requisitoria contra el fracaso del guerrerismo lo constituye la declaración de la Marcha Patriótica http://www.marchapatriotica.
[50] http://www.anarkismo.net/
[51] http://www.rebelion.org/
[52] http://www.pazdesdelabase.org/
[53] http://prensarural.org/spip/
[54] http://www.eltiempo.com/
[55] http://www.elespectador.com/
[56] http://www.semana.com/nacion/
[57] http://www.elespectador.com/
[58] http://www.semana.com/opinion/
[59] Alfredo Molano plantea, con meridiana claridad. que esta mesa tendría sentido si fuera una “oportunidad para que los cabildos medien entre Ejército y guerrilla. No dudo que este es el principal objetivo de los indios de Cauca: una propuesta facilitadora para salir de la encrucijada bélica en que estamos desde hace 50 años. Las cosas se desamarran por donde se amarran: por Cauca, el nudo de la guerra.”http://www.elespectador.com/
[60] Una idea semejante planteó Alfredo Molano Bravo ante las insinuaciones de negociación de Santos: “Vistas así las cosas, al presidente le queda más fácil negociar con la guerrilla que con los militares, los empresarios y los gamonales para no terminar derrotado en otro Caguán. Fue esa carencia el verdadero obstáculo de la negociación entre Pastrana y Marulanda. El error del expresidente no fue el despeje de 30.000 kilómetros, fue no haber negociado previamente con el establecimiento y con los militares el precio que esas dos poderosas fuerzas estaban dispuestas a pagar.” http://www.elespectador.com/
[61] http://www.marchapatriotica.
[62] http://m.elespectador.com/
Vía:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/25812-colombia-el-cauca-s%C3%ADntoma-del-agotamiento-de-la-unidad-nacional-de-santos-y-desaf%C3%ADo-para-el-movimiento-popular.html
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