No más “cheques en blanco”
Duros cuestionamientos a los tratados de inversiones en Uruguay
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Las organizaciones uruguayas REDES – Amigos de
la Tierra y FESUR realizan este jueves una actividad pública en la
capital del país, Montevideo, que llevará como título “La demanda de
Philip Morris a Uruguay: contexto y consecuencias potenciales de los
tratados de inversiones”.
Allí harán uso de la palabra representantes de
las dos organizaciones y dos especialistas en esos temas, el argentino
Carlos Correa y el colombiano Germán Velázquez, integrantes del South
Centre, institución intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza)
dedicada al apoyo de países en desarrollo. Por su parte, REDES – AT
realiza previo a esa actividad un taller para periodistas con idénticos
temas e invitados.
Radio Mundo Real entrevistó a Alberto Villarreal, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, para conocer los motivos que impulsaron a la organización ecologista a realizar la actividad pública de este jueves junto a FESUR.
El primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco en el país, empezando por la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y áreas laborales. Otras de las medidas fueron, por ejemplo, la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos (resolución del Ministerio de Salud Pública 514/09), y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros (Decreto 287/09).
La empresa Philip Morris, con sede en Estados Unidos, argumentó que esas políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Explicó, por ejemplo, que la colocación de etiquetas contra el tabaco en el 80 por ciento de las caras principales de las cajas de cigarrillos no permite mostrar las marcas, por lo que se estaría, según su punto de vista, expropiando indirectamente la inversión sin compensaciones.
Por eso Philip Morris presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. El juicio está en marcha.
“Es la primera vez que se invocan los derechos de propiedad intelectual o las patentes de una transnacional dentro de un Tratado de Protección de Inversiones, en este caso entre Uruguay y Suiza, para demandar a un gobierno y reclamarle indemnización por pérdidas económicas”, subrayó Villarreal a Radio Mundo Real. Según versiones de prensa, Philip Morris reclama a Uruguay 2 000 millones de dólares. Además, la empresa, que anunció su retiro del país en octubre del año pasado, demanda que se anulen las legislaciones contra el tabaquismo.
Villarreal aseguró que Philip Morris factura anualmente 90 000 millones de dólares, el doble del Producto Bruto Interno de Uruguay. Para REDES – AT la demanda de esa empresa demuestra cómo las determinaciones sobre propiedad intelectual pueden ser un obstáculo a las políticas de desarrollo de los países.
Villarreal admitió que es posible que el gobierno uruguayo no pueda revertir los tratados de inversiones ya firmados, pero dijo que es necesario que tenga mucho más cuidado de ahora en adelante. “No es un dogma que para atraer inversiones uno tenga que firmar esos acuerdos de inversiones”, señaló.
Los capítulos de inversiones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen características similares a los Tratados de Protección de Inversiones. Tal vez lo más nocivo “es la posibilidad que se da a una empresa privada de demandar a un Estado ante tribunales extra-territoriales”, consideró el integrante de REDES - AT. “Es un despropósito que se de esa posibilidad a los inversionistas. Por lo menos que se revisen esas condiciones”, reclamó.
El activista uruguayo lamentó que existe además “una nueva generación” de acuerdos, “todavía más neoliberal”, que son “contratos directos” entre corporaciones transnacionales y Estados. Es el caso por ejemplo del contrato de inversión firmado por Uruguay y Montes del Plata (consorcio de las forestales Arauco de Chile y Stora Enso de Suecia – Finlandia), para el establecimiento de una segunda planta de celulosa en el país. “Tienen condiciones leoninas”, alertó el ambientalista.
Villarreal llamó la atención también sobre las amenazas de las empresas de realizar demandas internacionales, como forma de forzar a los gobiernos a revisar sus políticas. Algunas veces ni siquiera son las empresas las que hacen las amenazas, sino los bufetes de abogados que lucran millones y millones de dólares, explicó. Esos abogados pueden ser contratados como árbitros o como defensores para los casos ante el CIADI.
El integrante de REDES – AT dijo que los tribunales del CIADI son un “chiste” y contó sobre la incidencia del Banco Mundial en la elección de árbitros para los juicios. Manifestó además que generalmente los fallos favorecen a las empresas y son inapelables. El activista destacó asimismo el secretismo que impera en el CIADI y las consecuentes dificultades para acceder a información detallada de los casos. “Es una justicia totalmente ciega”.
REDES – AT realiza las actividades de este jueves para alertar sobre las consecuencias de los tratados de inversiones y sobre la necesidad de revisar esas “concesiones” y “cheques en blanco” otorgados a los inversionistas. Según Villarreal, el actual modelo de desarrollo latinoamericano se basa en el extractivismo y la cesión de soberanía a los inversionistas. Hay que cambiar eso si queremos políticas de desarrollo sustentables y justas desde un punto de vista ambiental y social, dijo, al tiempo que destacó la labor de los movimientos sociales en busca de ese cambio. “Si no podemos presionar al gobierno para que su poder se ejerza en bien de su población, estamos fritos frente a las transnacionales”, aseguró el activista.
Foto: http://blogs.periodistadigital.com
Radio Mundo Real entrevistó a Alberto Villarreal, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, para conocer los motivos que impulsaron a la organización ecologista a realizar la actividad pública de este jueves junto a FESUR.
El primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco en el país, empezando por la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y áreas laborales. Otras de las medidas fueron, por ejemplo, la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos (resolución del Ministerio de Salud Pública 514/09), y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros (Decreto 287/09).
La empresa Philip Morris, con sede en Estados Unidos, argumentó que esas políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Explicó, por ejemplo, que la colocación de etiquetas contra el tabaco en el 80 por ciento de las caras principales de las cajas de cigarrillos no permite mostrar las marcas, por lo que se estaría, según su punto de vista, expropiando indirectamente la inversión sin compensaciones.
Por eso Philip Morris presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. El juicio está en marcha.
“Es la primera vez que se invocan los derechos de propiedad intelectual o las patentes de una transnacional dentro de un Tratado de Protección de Inversiones, en este caso entre Uruguay y Suiza, para demandar a un gobierno y reclamarle indemnización por pérdidas económicas”, subrayó Villarreal a Radio Mundo Real. Según versiones de prensa, Philip Morris reclama a Uruguay 2 000 millones de dólares. Además, la empresa, que anunció su retiro del país en octubre del año pasado, demanda que se anulen las legislaciones contra el tabaquismo.
Villarreal aseguró que Philip Morris factura anualmente 90 000 millones de dólares, el doble del Producto Bruto Interno de Uruguay. Para REDES – AT la demanda de esa empresa demuestra cómo las determinaciones sobre propiedad intelectual pueden ser un obstáculo a las políticas de desarrollo de los países.
Villarreal admitió que es posible que el gobierno uruguayo no pueda revertir los tratados de inversiones ya firmados, pero dijo que es necesario que tenga mucho más cuidado de ahora en adelante. “No es un dogma que para atraer inversiones uno tenga que firmar esos acuerdos de inversiones”, señaló.
Los capítulos de inversiones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen características similares a los Tratados de Protección de Inversiones. Tal vez lo más nocivo “es la posibilidad que se da a una empresa privada de demandar a un Estado ante tribunales extra-territoriales”, consideró el integrante de REDES - AT. “Es un despropósito que se de esa posibilidad a los inversionistas. Por lo menos que se revisen esas condiciones”, reclamó.
El activista uruguayo lamentó que existe además “una nueva generación” de acuerdos, “todavía más neoliberal”, que son “contratos directos” entre corporaciones transnacionales y Estados. Es el caso por ejemplo del contrato de inversión firmado por Uruguay y Montes del Plata (consorcio de las forestales Arauco de Chile y Stora Enso de Suecia – Finlandia), para el establecimiento de una segunda planta de celulosa en el país. “Tienen condiciones leoninas”, alertó el ambientalista.
Villarreal llamó la atención también sobre las amenazas de las empresas de realizar demandas internacionales, como forma de forzar a los gobiernos a revisar sus políticas. Algunas veces ni siquiera son las empresas las que hacen las amenazas, sino los bufetes de abogados que lucran millones y millones de dólares, explicó. Esos abogados pueden ser contratados como árbitros o como defensores para los casos ante el CIADI.
El integrante de REDES – AT dijo que los tribunales del CIADI son un “chiste” y contó sobre la incidencia del Banco Mundial en la elección de árbitros para los juicios. Manifestó además que generalmente los fallos favorecen a las empresas y son inapelables. El activista destacó asimismo el secretismo que impera en el CIADI y las consecuentes dificultades para acceder a información detallada de los casos. “Es una justicia totalmente ciega”.
REDES – AT realiza las actividades de este jueves para alertar sobre las consecuencias de los tratados de inversiones y sobre la necesidad de revisar esas “concesiones” y “cheques en blanco” otorgados a los inversionistas. Según Villarreal, el actual modelo de desarrollo latinoamericano se basa en el extractivismo y la cesión de soberanía a los inversionistas. Hay que cambiar eso si queremos políticas de desarrollo sustentables y justas desde un punto de vista ambiental y social, dijo, al tiempo que destacó la labor de los movimientos sociales en busca de ese cambio. “Si no podemos presionar al gobierno para que su poder se ejerza en bien de su población, estamos fritos frente a las transnacionales”, aseguró el activista.
Foto: http://blogs.periodistadigital.com
(CC) 2012 Radio Mundo Real
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