Manifiesto contra la violencia indiscriminada e inadmisible ejercida
hacia ciudadanas y ciudadanos de Cajamarca por parte del gobierno de
Ollanta Humala.
Ni una muerte más, ni un arresto
ilegal más, no al estado de emergencia, no al abuso de poder, no a la
criminalización de la protesta. Que no queden impunes estos hechos.
Exigimos investigación y que se establezca el grado de responsabilidad
del presidente Ollanta Humala.
Este manifiesto nace fruto de la
conmoción sentida ante los hechos ocurridos en la localidad de Celendín,
Perú, donde se ha atentado de modo directo contra lxs ciudadanxs que
allí se manifestaban, teniendo que lamentar la muerte de tres personas,
al mismo tiempo que se han llevado a cabo una serie de arrestos
ilegales.
La respuesta del gobierno peruano, ante las protestas de la población cajamarquina, ha sido declarar -sin fundamento jurídico- el estado de emergencia para reprimir a la población, con la intromisión de las fuerzas militares, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs. De este modo, se pretenden proteger los intereses privados de la transnacional Newmont Mining Corporation, ignorando el rechazo expresado por la población de Cajamarca, cuya protesta pacífica viene realizándose desde hace meses atrás.
Las protestas de lxs ciudadanxs cajamarquinxs están dirigidas a la defensa legítima de sus medios de vida y de los recursos hídricos, que serían seriamente afectados si se llegara a ejecutar el proyecto megaminero Conga.[1]
La respuesta del gobierno peruano, ante las protestas de la población cajamarquina, ha sido declarar -sin fundamento jurídico- el estado de emergencia para reprimir a la población, con la intromisión de las fuerzas militares, lo que constituye una violación de los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs. De este modo, se pretenden proteger los intereses privados de la transnacional Newmont Mining Corporation, ignorando el rechazo expresado por la población de Cajamarca, cuya protesta pacífica viene realizándose desde hace meses atrás.
Las protestas de lxs ciudadanxs cajamarquinxs están dirigidas a la defensa legítima de sus medios de vida y de los recursos hídricos, que serían seriamente afectados si se llegara a ejecutar el proyecto megaminero Conga.[1]
De esta manera declaramos, en apoyo a nuestrxs hermanxs peruanxs, lo siguiente:
- Exigimos que se esclarezcan las
responsabilidades ante la violencia ejercida contra lxs manifestantes,
que ha dejado como saldo la muerte injustificada de tres personas,
elevándose a 20 el número de personas fallecidas en conflictos sociales
en el escaso tiempo que el gobierno de Ollanta Humala lleva en el poder.
Es inaceptable una muerte más. Es inadmisible que el gobierno mine la
seguridad de la ciudadanía, aplicando constantemente acciones ilegítimas
que atentan contra los derechos fundamentales y la Constitución
peruana.
- Exhortamos y exigimos el cese del
estado de emergencia en la región. Según la Corte Penal Internacional,
crimen contra la humanidad es “cualquier acto inhumano que cause graves
sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los
sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemática
contra una población civil” [1] , como lo es la declaración de un estado
de emergencia ilegal y de manera reiterada, que podría tipificarse bajo
la figura de “persecución”.[2] Se pretende legitimar un estado de
excepción para realizar arrestos de manera indiscriminada violando todo
tipo de protocolos y convenios de derecho internacional, que han sido
ratificados y firmados por el Estado peruano. Al mismo tiempo, hacer uso
de fuerzas armadas del Estado para garantizar fines privados lo
convierte en transgresión de las obligaciones para los cuales éstos
están: resguardar la seguridad de lxs ciudadanxs y no atentar contra
ellxs coartando sus libertades. Aún impuesta la declaración del Estado
de Emergencia, éste no restringe los derechos de libertad y reunión, por
lo que las detenciones arbitrarias no son justificadas por este hecho.
Por tanto, reclamamos la liberación de las personas detenidas de forma
ilegal y nos posicionamos en contra de la sistemática criminalización de
la protesta de la población.
- Hacemos un llamamiento a la ciudadanía
peruana para que adopte una actitud crítica ante la información que le
llega de los medios de comunicación masiva que lejos de dar cabida a
diferentes puntos de vista, se convierten en altavoz de los intereses
empresariales. Llamamos a los y las hermanas peruanas, a asumir una
actitud responsable y solidaria ante los sucesos ocurridos y a apoyar
las movilizaciones que se están llevando a cabo a lo largo de todo el
país, pues es el futuro del Perú lo que está en juego.
- Exhortamos a que se acabe con la
censura y manipulación por parte de los medios de comunicación sobre las
luchas en defensa de los medios de vida, tergiversando la información
con el fin de manipular a la opinión pública para que se posicione a
favor de las decisiones ilegítimas del actual gobierno.
Nota a pie
[1] http://www.stecyl.es/opinion/2011/110329_crimenes_economicos_contra_humanidad.htm
[2] El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional
[1] http://www.stecyl.es/opinion/2011/110329_crimenes_economicos_contra_humanidad.htm
[2] El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional
Vìa,fuente:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/24927-per%C3%BA-ni-una-muerte-m%C3%A1s-que-no-queden-impunes-estos-hechos.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/24927-per%C3%BA-ni-una-muerte-m%C3%A1s-que-no-queden-impunes-estos-hechos.html
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