Por segunda vez en una semana, el gremio
médico de Ciudad Juárez realizó un paro de 24 horas, en protesta por la
violencia imperante en esa ciudad y en demanda de medidas concretas de
las autoridades, orientadas a restaurar la seguridad pública. La medida
afecta al conjunto de los hospitales públicos y privados, en los cuales
sólo se dio atención a emergencias y a intervenciones quirúrgicas ya
programadas. Los profesionales de la salud señalaron que una veintena de
ellos han sido secuestrados de 2008 a la fecha, 11 en el año en curso,
en tanto dos de los plagiados fueron asesinados, a pesar de haberse
entregado rescate. Asimismo, informaron que deben pagar extorsiones
regulares a los grupos del crimen organizado y advirtieron que, si las
instancias gubernamentales no son capaces de ofrecerles una protección
efectiva,
nos vamos de la ciudad. Significativamente, en desplegados aparecidos en la prensa local, los empresarios restauranteros, de la construcción y otros sectores sociales, como la Iglesia, expresaron su solidaridad con los galenos y se sumaron a la exigencia de seguridad.
Este hecho, aunado a las marchas contra la violencia que han tenido
lugar en Michoacán –y en las que no han faltado muestras de respaldo a
la organización delictiva La Familia– dan cuenta de una
creciente exasperación de las poblaciones afectadas por las
confrontaciones entre grupos delictivos, y entre éstos y las fuerzas
públicas, policiales y militares, que proliferan en diversas regiones
del país, en el contexto de la
guerraemprendida hace cuatro años por el gobierno federal contra la delincuencia organizada.
Tanto en Michoacán como en Chihuahua, diversos sectores sociales se
han manifestado por la salida de sus localidades de los contingentes
oficiales, y han señalado que la presencia de éstos, lejos de resolver
la violencia, la ha multiplicado y extendido, y ha dado pie a múltiples
violaciones a los derechos humanos.
El gobierno federal, en vez de escuchar tales reclamos, ha
intensificado los despliegues de tropa y de policía, y es razonable
suponer que, si prosigue tal tendencia, la inconformidad ciudadana habrá
de incrementarse.
En el caso de la localidad fronteriza, no puede sino
concederse la razón a los grupos sociales crispados por la ineficacia de
las autoridades para enfrentar a la criminalidad. Cuatro años son
demasiado tiempo para imponer el estado de derecho en una ciudad como
Juárez, y tal objetivo parece, sin embargo, en el marco de la estrategia
vigente de seguridad pública, cada vez más lejano. Por lo demás, el
auge delictivo en esa urbe no empezó con la administración calderonista
sino, cuando menos, diez años antes de que ésta se iniciara: ya a
mediados de los años 90 del siglo pasado existía un clamor social en
demanda de que las autoridades resolvieran los feminicidios que
ocurrían allí y que detuvieran la racha bárbara de asesinatos de
mujeres. Es decir, los juarenses vienen padeciendo desde hace tres
lustros una criminalidad desbocada y creciente, sin que ninguna
autoridad municipal, estatal o federal haya sido capaz de ponerle un
freno efectivo, a pesar de la mucha palabrería empeñada, de los
aparatosos despliegues policiales y militares, de las visitas de altos
funcionarios a la localidad y de la invención de programas, siglas y
acciones que han resultado ser mera escenografía, cuando no medidas que
desembocan en agresiones adicionales contra la población. Pero los feminicidios
continúan, las masacres de jóvenes prosiguen, los combates en plena
calle siguen siendo el pan de todos los días, y la extorsión, el
secuestro y el asalto, lejos de reducirse, se generalizan.
Desde esta perspectiva, la irritación de los juarenses, que ya
cuentan a sus muertos por miles, no resulta, en forma alguna,
sorpresiva; lo sorprendente sería, en todo caso, que no haya cundido aún
hasta niveles extremos de repudio a las instancias gubernamentales. En
esa paradoja se ponen de manifiesto tanto la inadmisible inoperancia de
las estrategias oficiales contra el crimen organizado como la civilidad y
la contención de una sociedad agraviada por la delincuencia y por las
propias autoridades.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2010/12/14/index.php?section=edito
No hay comentarios:
Publicar un comentario