El
jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, con los ministros Montenegro,
Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli y la diputada Gabriela Michetti.
Imagen: DyN.
Imagen: DyN.
Mauricio Macri aseguró que la ocupación en Villa Soldati no se
produjo por falta de políticas de vivienda. En su lugar, le echó la
culpa a “todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el
narcotráfico y la delincuencia”. El jefe de Gobierno dejó en claro que
su posición es no negociar con los ocupantes del Parque Indoamericano,
aunque el miércoles había dicho que iba a dialogar. En cambio, le
reclamó a la presidenta Cristina Fernández que “vuelva a mandar a la
Policía Federal y terminemos el trabajo que habíamos comenzado”. El
gobierno nacional le respondió que era su responsabilidad. Desde
distintas partes del arco político, lo acusaron de xenófobo y la
embajadora de Bolivia le exigió que se disculpara. A la noche, un grupo
de vecinos de Lugano atacó a los ocupantes al grito de “bolivianos,
váyanse”. Los incidentes duraron varias horas. A la madrugada, el
ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, anunció que terminaron con
otro muerto y tres heridos de bala.
Voceros de la Metropolitana indicaron que la nueva persona muerta no
llegó por el SAME, sino en un auto particular (suponen que era un
remise), con una herida de bala. La persona no tiene documentos, por lo
que iba a demorar su identificación. “No se sabe si era un ocupa, un
vecino o producto de otro problema de la villa”, indicó un funcionario
porteño.
La ocupación comenzó el martes. El gobierno porteño buscó y
consiguió una orden judicial para desalojarlos en un operativo conjunto
entre la Federal y la Metropolitana. El intento de sacarlos concluyó con
una represión violenta el martes por la noche. Bernardo Salgueiro,
paraguayo, de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana, de 28 años,
fueron asesinados por balas de plomo. Los proyectiles que retiraron de
los cuerpos pueden provenir de escopetas de la policía o bien de
“tumberas”, de fabricación casera. Sus familiares sostienen que fueron
asesinados por la policía. Además, hubo decenas de heridos –entre ellos,
una bebe– y un joven, Emanuel Ríos, estuvo desaparecido 24 horas. El
gobierno nacional separó a los responsables del operativo.
El miércoles, los funcionarios macristas iniciaron una mesa de
diálogo con los vecinos y luego concurrieron a una audiencia citada por
el juez Roberto Andrés Gallardo. El magistrado, además, allanó la sede
de la Metropolitana y el departamento central de la Federal y ordenó que
Gendarmería hiciera un cerco en torno al parque para que no ingresara
más gente. El gobierno nacional planteó que debía ocuparse la
Metropolitana. Ayer, cientos de nuevos ocupantes llegaron al parque. Y,
sobre la noche, un grupo de vecinos los atacó con piedras, palos e
incluso con armas de fuego.
Contra el inmigrante
El primer día, con cautela, el jefe de Gobierno siguió en silencio
los hechos y eligió no salir a hablar, ni mostrarse en el lugar, como
había hecho ante los derrumbes. Ayer, optó por hacer una conferencia de
prensa donde dio un giro de 180 grados: del diálogo con los ocupantes
pasó a decir que no tiene pensado negociar “con personas que cometieron
un delito”. Una posición con la que no concordaban varios de sus
ministros.
A la conferencia en Bolívar 1 concurrió casi todo el gabinete, junto
con la ex vicejefa Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, quien
había anticipado la estrategia por la mañana: “Hay una lógica perversa
que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar
terrenos”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño. “Hay una ley muy
permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de
estar en la Argentina, usurpa y después viene Gallardo que obliga al
Estado a dar una vivienda. Tenemos que cortar eso”.
Macri salió con el rostro adusto, aunque menos tenso que cuando lo
procesaron por las escuchas ilegales. Su estrategia, de entrada, fue
trasladarle la responsabilidad al gobierno nacional. “Lamentablemente,
retiró la Federal. No hace respetar la ley y tiene una visión
hipócrita”, acusó. El líder de PRO se ocupó de acicatear los prejuicios
que existen en un sector de la sociedad: cargó contra “una inmigración
descontrolada, combinada con narcotráfico y mafia”. “Tenemos que
pararla, sancionemos leyes que eviten esta situación. En estos momentos,
hay que demostrar coraje”, se infló. Citó, incluso, el ejemplo de
Brasil, donde se combate a los narcos con el Ejército. “Delincuentes
usufructúan de la desesperación de la gente que necesita una vivienda.
En su desembarco, toman control de sectores de la ciudad, como las
villas”, aseguró. “Todos los días llegan cien, doscientas personas de la
mano del narcotráfico y la delincuencia”, se alarmó Macri, quien
sostuvo que “tenemos derecho a saber quiénes son”.
Desde distintos sectores del arco político, lo cuestionaron por
xenófobo y la discusión se trasladó a la última sesión de la
Legislatura, donde los opositores presentaron proyectos de interpelación
para que concurra un abanico de funcionarios macristas. La sesión pasó a
un cuarto intermedio hasta el lunes (ver página 4).
Y con la Federal
“Quiero pedirle a la señora Presidenta que trabajemos juntos. No
podemos seguir expuestos a una inmigración descontrolada y al avance del
narcotráfico”, aseguró Macri. “Tiene que mandar la fuerza pública y
desalojarlos. No podemos darles plata a los que cometieron un delito.
Esto se tiene que acabar”, exigió. “No podemos permitir que se loteen
los terrenos. No lo vamos a legalizar. Pongamos límites al avance de la
delincuencia”, remarcó Macri, quien advirtió que “ante el pedido de agua
y alimentos, les dijimos que están abiertos los comedores. No es
excusa.” La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, lo
contradijo: afirmó que están cumpliendo con la orden judicial de
repartir agua y raciones.
Hubo dos temas que Macri esquivó lo más posible: los asesinatos y la
política habitacional. A los muertos, sólo se refirió brevemente:
“Lamento las dos muertes, pero no tienen que ver con el desalojo. Fueron
con armas tumberas”, afirmó. El jefe de Gobierno esquivó una pregunta
sobre si el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ejecutó sólo el
18 por ciento de su presupuesto. “Pareciera que la ciudad tiene que
resolver los problemas de los países limítrofes”, se quejó.
Tras la conferencia de Macri, la respuesta del gobierno nacional no
tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le contestó a
Macri que sus planteos “son de una Argentina que pasó hace muchos años”.
Consideró que tuvo un gesto “xenófobo y descalificador” y que lo que
dijo fue “un espanto”. “Se parecen mucho al orden que reclamaba Duhalde a
los argentinos desde los Estados Unidos”, sostuvo. El secretario legal y
técnico, Carlos Zannini, defendió la llegada de inmigrantes y dijo que
“vienen a ayudar al crecimiento de la Argentina”. “Pareciera que los
problemas de la ciudad se resuelven si no vienen más peruanos,
paraguayos, bolivianos o uruguayos”, advirtió. Sobre el reclamo de
desalojo, el ministro de Justicia, Julio Alak, le respondió que la
Policía Federal entregó el predio sin ocupantes a la Metropolitana y que
es responsabilidad de la Ciudad mantener la guarda del lugar (ver
página 5).
Fuente, vìa :http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158449-2010-12-10.html
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