Agencia Prensa Rural / retornoalaspavas.wordpress.com
| El mismo Estado, que anteriormente reconoció y ayudó a la comunidad de Las Pavas cuando fue desplazada de sus tierras por los paramilitares en 2006, ahora niega que la comunidad ha vivido allí. Se afirma ahora que la comunidad está mintiendo acerca de su anterior ocupación y el desplazamiento de estas tierras, y puede volver a recurrir al uso de las fuerzas de seguridad del Estado para sacarlos! |
El retorno de Las Pavas a su tierra fue un verdadero milagro. Sus líderes no fueron asesinados, como suele pasar muchas veces en Colombia cuando personas desplazadas buscan retornar a sus tierras en Colombia. Con el apoyo de varios aliados nacionales e internacionales, la gente de Las Pavas logró retornar a su tierra en abril de este año. Sus posibilidades de obtener títulos oficiales de esas tierras se veía bien. Pero todo eso está en peligro ahora. El 30 de Noviembre, la Fiscalia Especializada de Cartagena, afirmó que la comunidad campesina de Las Pavas mintió sobre su desplazamiento y afirmo que los reclamos para una restitución eran injustificados. La fiscal encargada solicitó que se iniciara una investigación del caso bajo el supuesto de "víctimas falsas", que incluyera a todas las organizaciones que han apoyado a la comunidad en su proceso.
La comunidad de Las Pavas fue desplazada inicialmente en 2006 por paramilitares y posteriormente en 2009 desalojada de sus tierras por las fuerzas de seguridad del Estado, a petición del consorcio Labrador (una empresa de aceite de palma compuesto de Aportes San Isidro y Daabon). Labrador había obtenido el título de la tierra después de haberla comprado de Jesús Emilio Escobar Fernández. Sin embargo, a principios de este año, la Corte Constitucional determinó que el señor Jesús Emilio Escobar Fernández pudo haber perdido su título de estas tierras al no cultivarlas durante un período de tiempo prolongado, lo que hace su venta al consorcio Labrador ilegal. La Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) investigar el asunto. Si lo hubiera hecho, no sólo mostraría que la venta de los terrenos fue ilegal; también habría legitimado el reclamo de la comunidad de Las Pavas a los títulos de propiedad por el derecho de posesión, después de haber ocupado y cultivado dichos tierras por un período de más de cinco años. Nada de eso sucedió. Al contrario. El mismo Estado, que anteriormente reconoció y ayudó a la comunidad de Las Pavas cuando fue desplazada de sus tierras por los paramilitares en 2006, ahora niega que la comunidad ha vivido allí. Se afirma ahora que la comunidad está mintiendo acerca de su anterior ocupación y el desplazamiento de estas tierras, y puede volver a recurrir al uso de las fuerzas de seguridad del Estado para sacarlos!
Comunicado de la mesa de acompañamiento a la comunidad de Las Pavas
NOS DECLARAMOS CULPABLES
De defender los derechos humanos de la comunidad de Las Pavas
Bogotá, diciembre 2 de 2011.- Ratificamos nuestro respaldo a las reclamaciones de las familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAB, víctimas de despojo y desplazamiento forzado; y reafirmamos nuestra decisión de continuar trabajando en la defensa de sus derechos.Respetamos las actuaciones de las autoridades públicas, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Pero expresamos nuestra preocupación ante la providencia proferida por la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición, Seccional Cartagena, Myriam Martínez Palomino, carente de argumentación jurídica sólida y que denota una carga política e ideológica parcializada en favor de los intereses económicos de empresarios palmicultores. Al respecto nos permitimos precisar:
1. Esta providencia de la Fiscal Quinta Especializada es respuesta de oficio a una denuncia pública hecha por nosotros ante el ilegal desalojo del que fue víctima la comunidad el 14 de julio de 2009, ilegalidad que corroboró la Corte Constitucional en su sentencia T-267 de 2011. Contrario a lo solicitado, las indagaciones no se dirigieron contra los responsables del mencionado delito, sino contra las víctimas y sus defensores, como queda expresado a lo largo de la providencia de la fiscal.
2. Observamos con preocupación que la fiscal Martínez, sin adelantar un proceso formal de investigación, archiva la actuación por los delitos de desplazamiento forzado que tuvieron lugar en 2003 y 2006 contra la comunidad de Las Pavas. En consecuencia, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación de estos hechos.
3. La presencia paramilitar en el Sur de Bolívar ha sido corroborada, entre otras, por la Comisión Independiente de Investigación convocada por la empresa The Body Shop en 2010 y ha quedado plenamente establecida en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, con base en las versiones libres de comandantes paramilitares. El municipio El Peñón no es la excepción. Así lo corrobora una carta del 6 de abril de 2011 del alcalde Catalino Meza Ruidíaz al comandante de Policía del municipio de El Peñón. Los campesinos y las campesinas de Buenos Aires fueron víctimas de los grupos armados ilegales y no parte de ellos, como lo sugiere la providencia de la fiscal Martínez.
4. La declaración que soporta la decisión de la fiscal Martínez genera dudas. El señor Pedro Moreno mantiene lazos laborales con la empresa palmicultora Consorcio El Labrador, condición que podría ser utilizada para presionarlo o manipularlo al rendir testimonios contra la comunidad.
5. La aspiración de la comunidad campesina es que se garantice su derecho a la tierra. Las familias desplazadas de Las Pavas han sido beneficiarias de ayuda humanitaria por parte de Acción Social, como lo ordena la ley. Algunos medios periodísticos afirmaron irresponsablemente que ASOCAB ha orquestado, junto a las organizaciones que la defienden, una estrategia fraudulenta para recibir del Estado colombiano millonarias indemnizaciones. Estas acusaciones confunden a la opinión pública y generan un ambiente hostil hacia el legítimo derecho a la restitución de tierras.
6. La providencia de la fiscal Martínez, que archiva la investigación por desplazamiento forzado, no constituye cosa juzgada y es susceptible de controversia judicial. No resulta apropiado que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, felicite a la Fiscalía por estas actuaciones, dando por hecho la existencia de un fraude procesal y de una defraudación económica al Estado.
Nos preocupa que se siga desvirtuando la lucha de las víctimas y que se busque desprestigiar a defensores y defensoras de derechos humanos. Esto pone en riesgo su integridad personal y genera un escenario de desconfianza e impunidad que es contrario a la obligación del Estado de brindar garantías con total transparencia. Además, contradice el ideal que anima, según el Gobierno colombiano, la ejecución de sus propuestas legislativas de restitución y reparación a las víctimas de la violencia.
De nuestra parte, la opinión pública no podrá esperar otra cosa que el firme compromiso de seguir trabajando por la defensa de los derechos de las colombianas y colombianos a quienes los violentos les han arrebatado la esperanza de un futuro digno, en paz y en su tierra.
MESA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS
POR EL DERECHO A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS
Amplíe información en: www.retornoalaspavas.wordpress.com
"Las Pavas, la hora del retorno". Contravía, abril de 2011
NOTAS RELACIONADAS:
- Campesinos desplazados retornan a la hacienda "Las Pavas", entre amenazas de la fiscalía y paramilitares (Rebelión, 19 abril 2009)
- Vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140759&titular=campesinos-que-retornaron-a-hacienda-las-pavas-son-acusados-por-el-estado-de-ser-%22falsas-
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