Entre el lunes y el martes se resolverá el
recurso de amparo interpuesto por la defensa de Hugo Marchant – el ex
mirista acusado del asesinato del ex Intendente Metropolitano durante la
dictadura, Carol Urzúa – para lograr que se cumpla la determinación
judicial que le permite ingresar al país por 15 días, pese a estar
cumpliendo una pena de extrañamiento en Finlandia. Su caso recordó el de
la treintena de chilenos que hoy aún continúan en el exilio gracias a
leyes que se aplicaron con el retorno a la democracia.
Estas sentencias nacieron durante el gobierno de Patricio Aylwin y formaban parte del articulado de las “Leyes Cumplido”, una legislación que se elaboró como una forma de solucionar la situación de los cerca de 400 presos políticos que existían cuando se inició la transición a la democracia.
Los casos fueron revisados uno a uno y se dividieron en dos grupos: Los presos de conciencia y los de sangre. A los primeros se les liberó bajo la condición de mantener arraigo en el país, mientras que a los segundos se les obligó a firmar una solicitud de “autoextrañamiento”, en la que accedían a terminar sus sentencias – que iban de los cinco años a cadenas perpetuas – en el exilio sin autorización para regresar hasta que se cumpliera el tiempo.
Eso fue lo que ocurrió con Hugo Marchant y otros 33 prisioneros políticos que fueron enviados a Europa, entre los que se incluyen Carlos Araneda Miranda y Jorge Palma Donoso, también sentenciados a prisión perpetua por la muerte de Urzúa y los acusados por el atentado en contra de Augusto Pinochet en 1986.
Una disposición que a juicio del vocero del grupo “Fin al Destierro Ahora”, Félix Madariaga, fue totalmente arbitraria, ya que tal como en el caso de Marchant, ninguno de los prisioneros tuvo derecho a un debido proceso judicial.
“Él fue condenado a priori. Nunca hubo un debido proceso ni una investigación. Sólo existen declaraciones extrajudiciales que se le sacaban a la gente a través de las torturas. Hugo incluso aparece en la lista de la comisión Valech como víctima de la represión política de la época”, afirmó Madariaga.
Por su parte, la abogada de Hugo Marchant, Alejandra Arriaza, comentó que debido a las irregularidades con las que se condenó a estas personas, es un atentando en contra de los derechos humanos que, después de 20 años de democracia, no se haya resuelto esta situación.
“Claramente realidades como esta no deberían darse en Chile, por cuanto se ha logrado comprobar que efectivamente las personas que están cumpliendo penas de extrañamiento emanan de juicios que no tuvieron ninguna garantía. Fueron civiles juzgados por militares en tribunales que se crearon en situaciones poco normales donde la tortura fue un mecanismo sistemático utilizado para obtener condenas. Al alero de lo que está pasando hoy con Hugo Marchant espero que se pueda ver el caso de las demás personas y se vea una manera definitiva de terminar con estas condenas que son atentatorias contra los derechos humanos”, señaló la jurista.
El miércoles y jueves pasado Hugo Marchant realizó dos intentos fallidos para ingresar a Chile autorizado por la orden del juez de la Corte de Apelaciones Joaquín Billard, quien accedió a concederle 15 días para visitar a una hija que presenta problemas de salud.
Sin embargo, el ex mirista se encontró con una pared de obstáculos que hasta hoy no lo han dejado volver a pisar tierra chilena. Según comentó su abogada, desde la Policía de Investigaciones indicaron que la decisión de no acatar la orden judicial y de expulsarlo a Argentina habría emanado del Jefe Nacional de Extranjería e incluso, según versiones de funcionarios de la misma PDI, la decisión habría salido de la subsecretaría de Justicia con la venia del mismo Presidente Sebastián Piñera.
Por lo mismo, para el representante de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos, Víctor Cuevas, estas trabas constituyen un grave desacierto político en democracia.
“Esta es una revancha o una pasada de cuenta a toda esta gente que luchó. El carácter que tiene hoy este Gobierno es dictatorial. Aunque haya sido elegido por votación no es democrático porque las políticas que está aplicando reflejan las que se tomaron durante el periodo de Augusto Pinochet”, sentenció Cuevas.
La defensa de Hugo Marchant interpuso este viernes un recurso de amparo en el que exigen aclarar por qué no se ha permitido el ingreso del ex mirista, desobedeciendo una orden judicial. Se espera que los resultados de este requerimiento estén disponibles durante los primeros días de la próxima semana. Marchant estuvo preso por nueve años en Chile durante la dictadura y a fines de 1992 partió a Finlandia para cumplir 25 años de extrañamiento.
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