Amilcingo, Morelos.
Amilcingo es hoy un foco rojo entre los pueblos del volcán Popocatépetl
que se resisten a la imposición del Proyecto Integral Morelos. Basados
en su organización asamblearia, los habitantes expulsaron ya en dos
ocasiones a los contratistas del gasoducto que pretende atravesar su
territorio y resistieron a la entrada d ela fuerza pública. Sin embargo,
la amenaza sigue latente.
El Proyecto Integral Morelos (PIM), de
carácter energético, involucra a los estados de Morelos, Puebla y
Tlaxcala; es la punta del iceberg del proceso de industrialización y
minero en la zona oriente del estado de Morelos. La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto, en el que se
invertirán mil 600 millones de dólares que se concesionó a las empresas
Elecnor, Enagas y Abengoa.
En el diseño del PIM se involucra a 80
pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; consiste en la construcción de
dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW)
cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de
160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al
día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados; y un acueducto
que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19
pueblos del municipio de Ayala, Morelos.
La puerta que se abre con el PIM a la
intervención de capitales privados extranjeros y nacionales implica en
los hechos un proceso de despojo de la propiedad de la tierra y el agua
de los pueblos, así como una serie de violaciones a los derechos humanos
de los 80 pueblos indígenas y campesinos involucrados.
La imposición de este proyecto causó un
descontento social de gran magnitud en los tres estados, organizado en
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y
Tlaxcala (FPDT-MPT). Durante dos años, la lucha de los pueblos del
Popocatépetl desarrolló estrategias legales, informativas y de
movilización para acceder a la justicia y el respeto a sus territorios.
Ante la defensa del territorio, la
respuesta de los gobiernos de Puebla y Morelos es criminalización,
represión, hostigamiento y amenazas hacia los pueblos, líderes
comunitarios, activistas y defensores de los derechos humanos. A partir
del 6 de abril de 2014 se intensificó el proceso de persecución y
encarcelamiento con la detención en Puebla de Enedina Rosas, Juan Carlos
Flores y Abraham Cordero, pero este proceso comenzó en Huexca, Morelos,
desde octubre de 2012, y se extendió a Jantetelco, Cuautla y ahora
Amilicingo. En estas ocasiones, la incursión de la fuerza pública, el
encarcelamiento y la tortura son sistemáticos.
En Morelos, actualmente la lucha contra
el PIM se concentra en el pueblo de Amilcingo, municipio de Temoac, que
tiene una historia de organización y lucha en el México contemporáneo.
Aquí surgió una movilización en la década de los setentas para conformar
el municipio; fue una lucha que comenzó por el acceso a la educación
media (en la que se logró crear dos escuelas normales, una en Amilcingo y
otra en Cuautla) y terminó en la conformación de uno de los municipios
más jóvenes del país. El nombre de Vihn Flores tiene un significado
histórico de la propia conformación del municipio, él junto con otras
mujeres y hombres encabezaron la lucha, hasta que fue asesinado.
Los amilcingas son guerreros. En la
región oriente del estado se les respeta y se dice que son de armas
tomar. Es un pueblo pequeño pero con una gran historia de lucha,
solidaridad y defensa de su territorio. Es por este pueblo donde
pretenden pasar el gasoducto.
A finales del 2013, Amilcingo se
incorporó a la lucha contra el PIM, aunque desde febrero del 2013 en
acta de asamblea se firmó la no anuencia del gasoducto, pero no se
respetó el acuerdo y las autoridades responsables del proyecto
comenzaron, a inicios del 2014, a imponer la obra del gasoducto por este
territorio. De nuevo se levantó un acta de asamblea en febrero del 2014
(con firma del Comisariado Ejidal y del Ayudante municipal) en la que
una vez más se negó el paso al gasoducto. Se buscaron reuniones con el
presidente municipal para manifestar la decisión de la comunidad, pero
no tuvieron respuesta. La CFE nunca fue a las asambleas comunitarias
para hablar del proyecto.
El 12 de febrero del año en curso se
inició la defensa del territorio, no permitiendo el avance de la obra
del gasoducto. Llegaron las máquinas y trabajadores de la empresa
Bonatti (subcontratada por Elecnor) a querer imponer la obra. El pueblo
decidido, después de exponerles la existencia de actas de asamblea en
las que no se permie el paso de la obra y de pedirles que se retiraran,
al ver la negativa de la empresa tuvo que expulsarla de su territorio.
En marzo se repitió la historia, ahora con la presencia de más de cien
trabajadores, de los cuales aproximadamente 80 son de nacionalidad
italiana. Una vez más, se les expulsó.
Los habitantes de Amilcingo viven desde
febrero la constante amenaza de las máquinas y los trabajadores, pero
también de un proceso organizativo en el que, por ejemplo, realizan
asamblea todos los días para revisar las acciones hechas y lo que se
hará al día siguiente, pero también se informan de lo que pasa en otros
pueblos y dialogan entre ellos.
El proceso de persecución y
hostigamiento contra los pueblos del Popocatépetl en Puebla se extendió a
Morelos el 13 de abril. Alrededor del mediodía, habitantes de Amilcingo
fueron reprimidos y encarcelados.
Al regresar del campo, por la zona de la
Escuela Normal, policías estatales del Mando Único los sorprendieron
con disparos al aire y gases lacrimógenos. Los pobladores fueron
agredidos y detenidos; Así comenzó una jornada de violencia, que
continúo con cinco detenciones más: Adán Rosales (60 años), que fue
golpeado en repetidas ocasiones con patadas y armas; Victorina Ramírez
(64 años), Jazmín Velázquez, Petra Ramírez y el ayudante municipal Aarón
Aguilar.
Aguilar fue víctima de múltiples golpes
con armas, patadas y puños en diversos momentos durante su detención, lo
que le provocó una inflamación del lado derecho del tórax del tamaño de
una toronja, además de golpes en la pierna que le impiden caminar
adecuadamente. Cabe destacar que Aarón Aguilar fue víctima de amenazas y
secuestro exprés días antes de estos hechos por su participación en el
movimiento. Además, durante su detención no tuvo atención médica e
incluso fue hostigado al salir del hospital.
A los detenidos se les imputaron los
cargos de resistencia a particulares, ultrajes a la autoridad y lo que
resulte; cuatro fueron liberados, pero Aarón Aguilar quedó en calidad de
“retenido”. De acuerdo a declaraciones oficiales, la razón fue haber
dado hospedaje a los activistas de Puebla. Esta acusación, carente de
fundamentos legales, hizo que el ayudante municipal fuera liberado hasta
las 10 de la noche del 14 de abril.
Ese mismo día de la detención, a las
14:00 horas la policía estatal del Mando Único y la Policía Federal
intentaron entrar a la comunidad con aproximadamente 180 elementos, lo
que provocó dos enfrentamientos en los que fue herido con tres impactos
de arma de fuego en sus piernas Julio Solís Barranco, de 24 años.
El gobierno de Graco Ramírez negó que la
fuerza pública haya utilizado armas de fuego, pero las evidencias
demuestran lo contrario. Las autoridades no lograron intimidar a este
pueblo en lucha debido a su organización, que contuvo la embestida y
logró expulsar a la fuerza pública de su territorio.
En las declaraciones del gobierno
estatal se responsabiliza de los hechos “a gente de Puebla”, como si en
Morelos no existiera la dignidad o la fortaleza para defender su
territorio, o como si no existiera inconformidad en este estado. Sin
embargo, desde hace más de dos años los pueblos de Huexca, Amilcingo,
Jantetelco y Ayala están organizados por la autodeterminación de su
territorio y una forma de vida digna.
El hostigamiento continúa. El 28 de
abril, una vez más se buscó provocar a la población: se quisieron
imponer obras a cambio de aceptar el gasoducto. Un pequeño grupo de
habitantes, que no representan a la comunidad, aceptaron la obra días
antes, en una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer.
Como consecuencia, el día 28 cuatro funcionarios de gobierno asistieron
al centro de salud para iniciar “mejoras”. El pueblo, indignado, se
presentó y solicitó a los funcionarios se retiraran ya que esa obra no
estaba avalada por el órgano máximo de la comunidad, que es la asamblea.
Con más de 200 personas presionaron al pequeño grupo para que se
retirara, al igual que a los funcionarios. Una hora después llegaron 11
camionetas de granaderos, 50 patrullas del Mando Único, policía judicial
y cuatro jeeps del ejército que se ubicaron estratégicamente en los
caminos que comunican al pueblo. Durante cuatro horas se vivió una
situación de alerta por la posible incursión de la fuerza pública, en la
que la comunidad se preparó para la latente represión. Finalmente, la
fuerza pública se retiró.
Amilcingo es hoy un foco rojo en
Morelos, pues la constante amenaza de una posible represión está
latente. Los ojos están principalmente en Puebla, pero en Morelos
también se vive una batalla en la que la dignidad de un pequeño pueblo
es un gran ejemplo de resistencia de la lucha de los pueblos del
Popocatépetl.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/05/la-gran-resistencia-de-un-pequeno-pueblo-al-proyecto-integral-morelos/
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