Desatada campaña de criminalización contra usuarios de las redes
sociales con el objetivo de recortar, una vez más, los derechos y
libertades fundamentales, cambiándolos por represión. Los totalitarios,
siempre dispuestos a ello, han visto en el asesinato de Isabel Carrasco
una oportunidad de oro...
El Gobierno estudiará cómo "poner coto" a la libertad de expresión en las redes sociales
Agencias/KaosenlaredJusticia e Interior trabajan a raíz de los comentarios publicados en los últimos días en relación al asesinato de Isabel Carrasco. La matan dos militantes del PP y el gobierno aprovecha para perseguir, reprimir y recortar libertades a la izquierda. Lo propio de cualquier gobierno totalitario, claro está. Y acompañado, como no podía ser de otra manera, por sus esbirros en la caverna mediática.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado hoy que su departamento y el Ministerio de Justicia van a estudiar conjuntamente cómo "poner coto" a la libertad de expresión en las redes sociales. El Gran Inquisidor, miembro del OPUS, Fernández Díaz, suma así a Gallardón a su campaña totalitaria y censora contra la libertad de expresión en las redes sociales. Lo paradójico del asunto es, como ya es conocido, que todo esto viene en relación al asesinato de una política del PP, partido al que pertenecen ambos Ministerios de la inquisición, a manos de, supuestamente, dos militantes del propio Partido Popular.La matan ellos, la derecha, y el gobierno, en cambio, centra su estrategia en reprimir y perseguir en las redes sociales a quienes, desde la izquierda, no comulgan con el pensamiento único que estos señores nacional-católicos pretende implantar mediante el uso de todos los elementos represivos, policiales, judiciales y, en fin, al estado mismo, para la defensa de sus propios intereses ideológicos, políticos y personales.
Por supuesto, el gobierno cuenta con el apoyo de sus esbirros en la caverna mediática, quienes, a las órdenes de la estrategia represiva diseñada desde Moncloa, no han tardado en salir a pedir el recorte de tales derechos y libertades fundamentales, mezclando demagógicamente el uso de la libertad de expresión en las redes sociales con el terrorismo y otros asuntos similares, tal y como ayer mismo hiciera el Ministro al comparar los mensajes de estos días en relación al asesinato de Carrasco con el "yihadismo". Una prueba evidente es la portada de hoy del diario ABC.
Todo ello, además, poco más de una semana después de que se llevase a cabo la conocida como "Operación Araña", en la que estas mismas fuerzas antidemocráticas del estado ya consiguieron generar todo un espectáculo mediático con la detención y procesamiento judicial de más de 20 personas, acusadas de "enaltecimiento del terrorismos", "humillación a las víctimas", y otros supuestos delitos similares, mientras no han movido, ni moverán, un solo dedo para actuar contra aquellos que llaman a pegarle "seis tiros en la cabeza a Sánchez Gordillo", amenazan de muerte casi a diario a Willy Toledo o Pilar Manjón, llenan las redes con mensajes que hacen apología del asesinato de migrantes o del exterminio, que piden fusilar a los participantes en las marchas del 22-M, humillan sistemáticamente a las víctimas del franquismo o tantas otras cosas del estilo.
Porque no, el fondo de todo esto no es judicial, no. No es judicial, sino político, y no es penal, sino ideológico. No se trata de controlar las redes sociales, sino de reprimir la disidencia política y, en la medida de los posible, tomar al asalto el control de las redes sociales, uno de los pocos espacios de comunicación de masas que no está hoy en día plenamente a su servicio ideológico y de clase. Eso es muy peligroso para ellos, no pueden permitirlo. Y no hablamos, claro, del PP, sino de los poderes fácticos que gobiernan el estado en la sombra (banqueros, grandes empresarios y otros capitalistas del estilo), para los cuales el PP sirve de simple manijero y gestor de sus intereses, como también lo hacen el PSOE, CiU, UPyD, y tantos otros. Además de, por supuesto, toda la inmensidad de medios en radio, televisión, prensa escrita e internet que controlan al 100%. La libertad de expresión no puede ser otra que la libertad del dueño de la imprenta, ya se sabe.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, pues, Fernández Díaz se refería así al debate abierto tras los comentarios insultantes publicados en los últimos días en las redes sociales a raíz del asesinato de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y ha avanzado que estudiarán instrumentos legales "adicionales" para perseguir esos delitos.
Fernández Díaz ha considerado que ese tipo de conductas que incitan al odio y a la comisión del delito "son susceptibles de ser consideradas como tales" y deben ser perseguidas, por lo que no descarta reforzar la ley para ello si es necesario.
"Si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho a los ciudadanos a la intimidad, el honor y a su seguridad", ha recalcado.
Fernández Díaz no tiene constancia de si la Fiscalía ha abierto una investigación sobre esta actuación en las redes sociales, aunque ha recordado la reciente operación dirigida por la Audiencia Nacional que llevó a la detención de 21 personas por apología del terrorismo y humillación a las víctimas. "No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos", ha advertido.
El titular de Interior ha dejado claro que quien establece los límites de lo que es delito son las autoridades judiciales, pero sí considera que debe abrirse una reflexión frente a actitudes que, a su juicio, deben tener un "reproche penal" o administrativo, al igual que lo tienen la incitación al odio, la violencia o xenofobia en el deporte.
En este sentido, ha hecho hincapié en que el ciberdelito y la cibercriminalidad es uno de los mayores retos y amenazas a los que hay que hacer frente y tienen también esa proyección, en la que "bajo el antifaz" o el disfraz del anonimato que dan las redes sociales, se hacen comentarios peligrosos que incitan al odio y a la comisión de delitos y pueden traer después "consecuencias drásticas para todos".
Así, ha lamentado, se ha visto en el caso del asesinato de Carrasco, en el que "cuando todavía estaba el cadáver en el suelo" ya había comentarios en las redes que producen "repugnancia" y un rechazo absoluto. Una situación que, según el ministro, debe llevar a actuar con responsabilidad, ya que "es mejor prevenir que curar".
El ministro de Interior insiste en anunciar “instrumentos legales adicionales” para evitar “la apología del delito” en las redes sociales
Fernández Díaz se expresó en estos términos en los pasillos del Congreso de los Diputados, preguntado por si el Gobierno cambiará la normativa que regula los comentarios en las redes sociales después de que se publicaran textos ofensivos por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.
“Esas conductas si hacen apología del delito y del odio deben ser perseguidas y nosotros las vamos a perseguir. Y si los instrumentos legales actuales no son suficientes, vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales”, avanzó.
El ministro del Interior adelantó que el Ministerio del Interior y el de Justicia van a “trabajar conjuntamente” para ver que “en el marco de nuestro Estado de Derecho, como es evidente sin limitar la libertad de expresión, qué se puede hacer para poner coto a esta situación”. Fernández Díaz denunció, además, que esos comentarios en la medida que hacen apología del delito e incitan al odio, “después pueden traer consecuencias trágicas para todos y más vale en estos casos prevenir que curar”. “Nos conviene a todos”, dijo.
El ministro del Interior, que reconoció que no le “consta” que la Fiscalía haya abierto diligencias, insistió en que ordenó a la Policía que “abra una investigación” en este sentido y recordó que la Guardia Civil detuvo a 21 personas que en las redes sociales estaban haciendo apología del terrorismo de ETA y humillando a las víctimas.
“No es la primera vez que hemos actuado ni va a ser la última que actuemos”, advirtió Fernández Díaz para incidir en que “la última palabra la tiene la autoridad judicial”, pero asegurar que la Policía tiene la labor de perseguir de oficio conductas que sean delictivas.
Reto
Fernández Díaz reconoció que el ciberdelito y la cibercriminalidad, en sus diferentes manifestaciones, es “uno de los mayores retos y de las mayores amenazas” a las que el Gobierno tiene que “hacer frente” por el desarrollo de las nuevas tecnologías y comunicaciones. Denunció que la apología del delito y la incitación al odio es “una conducta que debe ser rechazada” y “debe tener un reproche penal y administrativo”, recordó que ya hay una ley contra la violencia y xenofobia en el deporte.
Con todo, el titular de Interior puso en valor que esos comentarios ofensivos en las redes sociales relacionados con el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, han producido “un rechazo y una repugnancia absoluta” a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
“Cuando estaba todavía el cadáver de Carrasco en el suelo, sin haber sido levantado, ya se estaban produciendo comentarios que producen una repugnancia que más allá del primer sentimiento de rechazo nos incitan a pensar que debemos actuar con responsabilidad”, aseguró.
Por lo que hay que alcanzar un “equilibrio necesario en las redes sociales entre libertad y seguridad”. Añadió que “si no hay seguridad, difícilmente habrá libertad” y dijo que esto no es sólo válido para las calles o la circulación vial, sino también parta internet.
http://www.infobierzo.com/el-ministro-de-interior-insiste-en-anunciar-instrumentos-legales-adicionales-para-evitar-la-apologia-del-delito-en-las-redes-sociales/91393/
Asociaciones judiciales a Interior: "Solo un estado autoritario equipara mala educación y delito"
El ministro del Interior ha planteado endurecer la ley para
perseguir comentarios en redes sociales como las críticas a Isabel
Carrasco tras su muerte
La asociación Francisco de Vitoria dice que "cercenar la libertad de expresión" para evitar que se produzcan estos comentarios es propio "de China y de dictaduras"
Jueces para la Democracia: "Crear un nuevo delito de incitación al odio sería una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada"
La asociación Francisco de Vitoria dice que "cercenar la libertad de expresión" para evitar que se produzcan estos comentarios es propio "de China y de dictaduras"
Jueces para la Democracia: "Crear un nuevo delito de incitación al odio sería una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada"
Los comentarios vertidos en las redes sociales tras la
muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel
Carrasco, se han convertido en el objetivo del Gobierno, que pretende
perseguir judicialmente a sus autores. Consciente de que la Fiscalía no
puede actuar de oficio dado que las injurias contra Carrasco solo podría
denunciarlas penalmente la fallecida, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha anunciado que estudiará, junto con Alberto Ruiz
Gallardón, cómo evitar esos actos de "incitación al odio". La propia
Policía reconoció en un tuit de junio de 2011 que comentarios como
"ojalá se muera" no constituyen un delito.
Las palabras de Fernández Díaz, que han sido secundadas
por otros dirigentes del PP, no convence a las asociaciones judiciales
Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, que insisten en que
los comentarios "vejatorios, injuriosos o calumniosos" que se han
vertido en las redes sociales sobre la presidenta de la Diputación de
León, Isabel Carrasco, tras su muerte no se pueden perseguir penalmente
ya que ese tipo delitos "son perseguibles de parte", es decir, que debe
ser el "agraviado" quien los denuncie, una circunstancia que no se puede
producir porque ya ha fallecido. En el caso de sus herederos, podrían
recurrir a la "vía civil para preservar su derecho al honor", según el
portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
En cuanto a la propuesta del ministro de modificar la ley
para ampliar la persecución judicial de este tipo de comentarios, la
asociación Francisco de Vitoria advierte de que hay que "tener
precaución" para no poner coto a la libertad de expresión por regular
"en caliente". Marcelino Sexmero encuentra en las palabras del ministro
"una disculpa del Gobierno para aprovechar este caso para cercenar la
libertad de expresión". " Límites de este tipo, para evitar que se produzcan estas expresiones, solo existen en China y en dictaduras -expresa Sexmero-. En democracias se pueden perseguir a posteriori tras demanda del ofendido".
Jueces para la Democracia piensa, igualmente, que "solo
un estado autoritario puede equiparar mala educación y delito". El
portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, considera que la sugerencia de
Fernández Díaz de crear un nuevo delito "de incitación al odio" sería " una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada".
Al igual que su homólogo, Bosch recuerda que el Código Penal ya incluye
los delitos que vulneran el derecho al honor, como las injurias o las
calumnias, y explica que "ir más allá" sería "desproporcionado".
"Intento de criminalización de un cierto sector"
El catedrático de Comunicación Víctor Sampedro considera
que se trata de "una maniobra de distracción sesgada". "Se intenta
derivar la investigación del crimen hacia una de delitos de opinión",
expresa el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.
"El odio y la violencia en la red se viene manifestando
desde 2004 –sostiene Sampedro–, cuando a raíz de los atentados del 11M
Pilar Manjón empieza a sufrir insultos y acoso por mantener una postura
crítica con la versión oficial". Que ahora el gobierno quiera legislar
sobre este tema responde, según el catedrático, a un "intento de
criminalización de cierto sector que se expresa a través de las redes
sociales".
Para el profesor, la voluntad de legislar en la red debería centrarse
"en la protección de la privacidad de datos y metadatos de los
usuarios" ante terceros, como agentes empresariales o gubernamentales.
Este "falso debate", según Sampedro, "no coopera a la resolución
judicial del caso ni al debate público sobre los temas relevantes de
campaña". "Es la muestra de la persistencia del discurso victimista del
PP frente a la ola de contestación social", concluye.http://www.eldiario.es/politica/asociaciones-judiciales_0_260374279.html
ABC: Twitter y la serpiente
El diario incorpora una serpiente a la arroba de Twitter en su imagen de portada
En su editorial, exige un cambio legislativo urgente si las actuales normas no permiten combatir los "comentarios ofensivos" en la red
En su editorial, exige un cambio legislativo urgente si las actuales normas no permiten combatir los "comentarios ofensivos" en la red
ABC da este jueves un nuevo salto en su campaña contra los "comentarios ofensivos" en las redes sociales
a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel
Carrasco. En su portada, el periódico dirigido por Bieito Rubido
incorpora una serpiente (elemento también presente en el anagrama de
ETA) a la 'arroba' con la que se identifca a los usuarios de Twitter
para ilustrar el titular "El odio envenena las redes sociales". De
hecho, esta información relega a un segundo plano las noticias relativas
al crimen, como la confesión de la asesina.
En un editorial titulado "Delitos a través de la red",
ABC considera que en los "comentarios ofensivos" amparados por el
anonimato de las redes se "refleja el daño causado por actitudes
antipolíticas que justifican acciones violentas". El diario de Vocento
considera "muy acertada" la instrucción del Ministerio del Interior
"para perseguir con todos los instrumentos que ofrece el ordenamiento
jurídico".
En caso de que esos "instrumentos" no sean suficientes para perseguir
y castigar a los autores de los comentarios, ABC considera que "es
urgente cambiar la legislación". De hecho, el rotativo señala que "si
hay dificultades insalvables para precisar con certeza la autoría de
estos hechos inaceptables, debería establecerse la responsabilidad
subsidiaria de los proveedores de servicios", es decir, empresas como
Twitter o las operadoras.http://www.eldiario.es/lacrispacion/ABC-Twitter-serpiente_6_260433956.html
Pescando en Twitter
Nos hemos enterado de que la Policía y la Guardia Civil,
siguiendo instrucciones del ministro del Interior, están investigando en
Twitter a usuarios que habrían enviado tuits presuntamente ofensivos en
relación a la muerte violenta de Isabel Carrasco, causada presuntamente
por dos militantes del propio Partido Popular.
Muchas son las sorpresas que nos provoca este anuncio y algunas reflexiones más.
En primer lugar, según la información proporcionada por Interior, se estaría buscando "apología de delitos". En nuestro ordenamiento jurídico está absolutamente prohibida la investigación prospectiva
consistente en ir de cacería o pescar, a ver qué se encuentra, sin
concretar el hecho criminal que se pretende encontrar. Esto es una
reminiscencia del pasado franquista, supuestamente superado, pues en ese
régimen dictatorial se perseguía la " peligrosidad social",
para prevenir el delito. Esto es, se buscaba e investigaba a las
personas para ver qué hacían y prevenir algún peligro. Es lo que se ha
venido a denominar Derecho penal del autor, en su vertiente de Derecho
penal del enemigo.
En segundo lugar, habrá que aclarar que la apología, como forma de provocación directa del delito, sólo se castigará cuando el delito concreto lo contemple;
es decir, la injuria mediante publicidad no prevé la apología, como
tampoco lo prevé el delito contra la libertad sexual o el delito de
violencia contra la mujer, por ejemplo. Sí viene incluida en el delito
de terrorismo, pero se nos parece algo disparatado que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado anden cazando este delito, por cuanto no
consta el mínimo atisbo de su existencia, a priori.
En tercer lugar, sin perder de vista la sentencia
condenatoria de un usuario de Twiter que conformó su pena por la
comisión de un delito de injurias en el que Cristina Cifuentes era la
víctima, no iríamos desencaminados al pensar que éste es el delito que
se busca o se pretende pescar, habida cuenta este precedente.
Otro precedente importante es la llamada Operación Araña,
que persiguió la detención de 17 personas y fue ordenada por un juez de
la Audiencia Nacional.
Pues bien, para investigar el delito de injurias y de
calumnias con publicidad, es requisito sine qua non que el ofendido o su
representante legal presente querella; no es lícito, por tanto, investigar de oficio este tipo de conducta,
considerada como delito privado. En el caso de Isabel Carrasco nadie
más que ella, lamentablemente fallecida, tendría la legitimación activa
para perseguir a quien le haya ofendido.
En cuarto lugar, tampoco habrá que olvidar que el
artículo 212 del Código Penal establece que en los delitos de injurias y
calumnias hechos con publicidad, " será responsable
civil la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a
través del cual se haya propagado la calumnia y la injuria".
Por tanto, en este caso concreto, habría que sentar en el banquillo de
los acusados a Twitter para que responda civilmente por los presuntos
delitos pescados en esta prospectiva investigación y no creemos que el
ministro del Interior tenga esa intención, al menos no de cara a hacer
el ridículo a nivel internacional.
Pero, entonces, ¿qué se está buscando realmente con claro
olvido de lo dispuesto en nuestra legislación? ¿Este acto pesquero es
tan azaroso y alocado como parece mostrarse? Nos vamos acercando a la
quinta conclusión.
Así, en quinto lugar, el artículo 39 de la Ley de
Telecomunicaciones desarrolla cómo habrá de hacerse toda interceptación
telemática y, desde luego, se hará con absoluto respeto a los derechos
fundamentales: el derecho al secreto de las comunicaciones, a la
intimidad, a la libertad de expresión… Por ello, legal y
jurisprudencialmente sólo estará permitido la indagación para conseguir
la identidad de un usuario, IP y otros datos asociados, en caso de posible comisión de delitos graves.
¿Las injurias y las calumnias son delitos graves? Me atrevería a responder (con mucho miedo a una inminente reforma legal) que
no solo no son delitos graves sino que por su carácter privado ni
siquiera afectan a un bien jurídico que implique un interés general o
público.
Con todas estos impedimentos legales a la actividad
prospectiva por la red, ordenada por Interior, sólo se nos ocurre que la
búsqueda no es otra que la creación de un fichero mediante una
investigación general a fin de pescar a miles y miles de usuarios. ¿Les
suena?
Y el último objetivo no sería otro que allanar el camino
para la obtención de una legitimidad social con el fin de censurar
Twiter. En Turquía lo hicieron y el Tribunal Supremo de dicho país anuló
tal medida por ilegal… pero claro, eso solo pasa en Turquía.
Obviamente, la reacción del Ministerio del Interior no se
corresponde ni con lo sucedido ni con la actividad generada en las
redes sociales; la celeridad y brutalidad de la respuesta más se
corresponde con un plan preconcebido mediante el cual se pueda actuar en
contra de aquel sitio común que la disidencia está utilizando para
expresar su malestar con el Gobierno y las autoridades, es decir las
redes sociales.
La decisión de Interior de investigar de forma masiva las
opiniones que se han vertido en las redes sociales a raíz del asesinato
de Isabel Carrasco no es más que otra demostración de un talante menos
que democrático y muy acorde con las raíces fundacionales del actual
partido de gobierno; reprimir la opinión no es investigar un delito sino
coartar unos derechos fundamentales.
En resumidas cuentas, un hecho luctuoso, cuya etiología
es de carácter eminentemente privado, no puede ni debe servir de excusa
para un recorte de libertades impropio de lo que debería ser un Estado
democrático y de Derecho.
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/87698-las-fuerzas-antidemocr%C3%A1ticas-del-estado-espa%C3%B1ol-contra-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-en-las-redes-sociales.html
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