Estados Unidos. El
Departamento de Policía de Albuquerque (APD) y otras agencias de
seguridad expusieron una fuerza de tipo militar cuando reprimieron a
manifestantes el 30 de marzo 2014.
Al grito de “Sin justicia no hay paz”,
los manifestantes protestaron por el asesinato a tiros -el 16 de marzo-
de James Boyd, un hombre sin hogar con problemas de salud mental, y de
más de una docena de otros hombres desde 2010, muchos de los cuales
también sufrieron de enfermedades mentales.
A medida que la noche avanzó, la policía
reaccionó frente a la Universidad de Nuevo México (UNM). Equipado con
máscaras antigás, trajes blindados, porras y fusiles automáticos,
desplegaron oficiales a caballo, un equipo SWAT y un par de vehículos
blindados. Después de enfrentar a los manifestantes, la APD lanzó gases
lacrimógenos que se filtraron en los dormitorios del campus.
El 30 de marzo no fue la primera vez que
los policías locales rompieron por la fuerza una manifestación en gran
medida pacífica. En octubre de 2011, la policía desmanteló la
manifestación local de Occupy Wall Street, mientras que en marzo de
2003, policías de APD a caballo atacaron a los manifestantes contrarios a
la guerra de Irak y dispararon gases lacrimógenos que llegaron desde un
barrio de la UNM hasta los hogares.
Si bien este tipo de acciones policiacas
en Nuevo México y los Estados Unidos no son nada nuevo, el aparato
represivo del país afila su ventaja tecnológica y afina las capacidades
de despliegue de fuerza.
Guerra en casa En el
panorama general, la policía nacional evolucionó de la mano de las
intervenciones militares en el extranjero durante décadas, por las
políticas de élite de control social y racial, la expansión empresarial y
la supresión a los contrarios a la estructura de poder.
Joaquín Luján, organizador de Southwest
Organizing Project, quien creció en Albuquerque en los años sesenta,
recuerda policías rudos, algunos reclutados en el estado de Oklahoma y
asignados a vigilar una cultura de habla española a la que son ajenos.
“Las personas golpeadas eran de mi
cultura, los pueblos indígenas, los chicanos”, denuncia Luján. “Nos
enfrentamos a una gran brutalidad policial en toda Albuquerque”.
Luján señala que las denuncias de
brutalidad policiaca y de uso de fuerza letal crecieron fuera del barrio
y llegaron a toda la ciudad, tocando diferentes estratos sociales y
grupos marginados, como personas sin hogar y enfermos mentales.
Paul Eichorn, que dirige un programa de
asistencia alimentaria para personas con necesidades, que incluyen a
veteranos de las guerras del Golfo y Vietnam, fue golpeado por grabar un
video de la policía que asesinó a James Boyd, con oficiales “ladrando
órdenes” al hombre con problemas, como en un escenario de guerra.
“Nuestros policías de la APD son demasiado violentos, y creo que se
remonta probablemente a su formación como soldados”, aventuró Eichorn.
Si bien las historias completas de los oficiales involucrados en el
tiroteo de Boyd aún no se conocen, en otros casos recientes de
Albuquerque, los tiradores de la policía o las víctimas sufrieron
trastorno de estrés postraumático adquirido por el servicio militar. La
mezcla del abuso de sustancias y violencia doméstica produce un cóctel
social volátil que se gesta en las calles.
Un informe de abril de 2014 del
Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) concluyó que la mayoría
de los 20 tiroteos mortales del APD entre 2009 y 2012 violaron los
derechos constitucionales y civiles. “Este nivel de fuerza letal
injustificada por la policía plantea riesgos inaceptables para la
comunidad de Albuquerque”, escribió el Departamento de Justicia al
alcalde Richard Berry. El informe también cita violaciones en 200 casos
de fuerza menos letal examinados al azar por el Departamento de Justicia
en el mismo periodo, especialmente en relación con el uso de armas taser.
El 5 de mayo, los activistas de Albuquerque organizaron una toma
histórica de la reunión del consejo de la ciudad para protestar por la
inacción en investigar los disparos de la policía. Los residentes
formaron la Asamblea Popular de Albuquerque, que aprobó tres
resoluciones en las cámaras del consejo. Pidió la destitución del jefe
de la policía de la ciudad, expresó su no confianza en el alcalde y el
jefe administrativo y exigió una comisión de supervisión policial
independiente.
Un problema de nivel nacional
En buena medida, la violencia en Albuquerque se puede considerar
consecuencia nacional de las guerras imperiales. La ciudad más grande de
Nuevo México no es única en este aspecto.
En Memphis, Tennessee, 23 personas
fueron asesinadas por la policía local entre 2012 y 2014, según la
Federación Negra Autónoma de Memphis (MBAF). Para cualquier ciudad
estadunidense, el número de muertos representa “el mayor número de
personas asesinadas por la policía en este período de tiempo”, afirma el
grupo en un informe reciente. Un resumen de MBAF documenta la muerte de
Jeremy McGraven, de 20 años de edad, baleado por la espalda por la
policía cuando presuntamente conducía un vehículo robado; Delois Epps
(54 años de edad) y su hija Makayla Ross (13 años de edad), murieron en
un accidente de coche atribuido a un agente de policía de Memphis, que
conducía a toda velocidad por las calles sin sirena o luces
intermitentes activadas; y Andrew Dumas, de 32 años, incinerado después
de que agentes lanzaron gases lacrimógenos en un hogar en el que se
escondió, causando un incendio que dañó también casas vecinas.
Sorprendentemente, varios incidentes en Albuquerque se asemejan a los
episodios en Memphis por la forma en que las personas fueron asesinadas
por agentes de policía. Las denuncias o casos probados de violencia
sexual cometidos por oficiales son otros elementos comunes en Nuevo
México y Tennessee. En abril de 2014 en Las Cruces, Nuevo México, el
detective de policía Michael García, que investigó crímenes sexuales,
llegó a un acuerdo con la fiscalía en un juicio federal derivado de la
violación de un interno de 17 años de edad.
La violencia policial de Estados Unidos
acaparó la atención de las Naciones Unidas. En una reunión en marzo de
2014 en Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH)
determinó que Estados Unidos incurrió en 25 violaciones de la Convención
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidas la
discriminación racial, la violencia policial y la criminalización de los
sin techo.
El periodista de Bay Area Adam Hudson,
escribió que la revisión del CDH elevó la atención sobre el “sufrimiento
infligido por la política interior y exterior de Estados Unidos en el
ámbito de los derechos humanos internacionales”. Washington, continuó
Hudson, castiga regularmente a las naciones extranjeras por abusos de
derechos humanos, pero aún “tiene que limpiar su propia casa”. El
informe del CDH examinó la militarización y el estado de vigilancia, y
consideró el espionaje de la NSA sobre las comunicaciones de los
ciudadanos, así como el uso de la fuerza letal por parte de la patrulla
fronteriza.
El Centro Regional de ACLU, con sede en
Nuevo México, señala que las zonas fronterizas de Estados Unidos son
puntos rojos de la violencia policial. Los defensores de las libertades
civiles denuncian que al menos 27 personas perdieron la vida a lo largo
de las fronteras norte y sur a manos de los agentes de la patrulla
fronteriza de enero de 2010 hasta principios de 2014, mientras que una
persona más bajo su custodia murió debido a una atención médica
inadecuada.
Entre las víctimas, el Centro Regional
identifica a siete menores de edad, así como a la madre ciudadano
estadunidense con cinco hijos que fue asesinada a tiros por un agente
durante un altercado. Seis de las víctimas fueron asesinadas en
territorio mexicano, incluyendo a tres adolescentes de edades entre los
15 y los 17 años.
Policía y equipos SWAT
Hudson acusa que la militarización de la policía aumentó desde el
gobierno de Nixon, un momento en que los equipos SWAT surgieron como
respuesta a los conflictos civiles.
En 1981 se aprobó la Ley de Cooperación
Militar y Fuerzas de Seguridad Civiles, durante un período en que
Washington renovó el apoyo a escuadrones de la muerte latinoamericanos y
desarrolló planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para
derrocar a los gobiernos de izquierda en Nicaragua, Angola y otras
naciones consideradas contrarias a los intereses de Estados Unidos por
la administración Reagan.
De forma parecida al infame programa
COINTELPRO del FBI -dirigido a interferir y neutralizar a los pacifistas
y los movimientos sociales de los años sesenta y setenta-, el espionaje
del gobierno y otras formas de hostigamiento se dirigieron contra
activistas solidarios con América Central. Más tarde, el enfoque de la
policía en Occupy Wall Street y otros activistas también se expuso. Más
recientemente, algunos activistas contra la violencia de la policía de
Albuquerque informan que son observados, perseguidos o detenidos por
policías.
Después de la caída del bloque
socialista, la militarización de la policía continuó en la guerra contra
el terror, la guerra contra los inmigrantes y la guerra contra las
drogas.
Para adaptarse a los tiempos, la
capacitación de la policía y el arreglo personal adquirieron un toque
militarista y una filosofía beligerante.
Residente de Nuevo México, Lucille
Córdoba conoce muchas caras de la moneda. Un ex organizador de las
familias de los presos, Córdoba, recuerda a un hermano que pensó en
cambiarse del ejercito a la policía civil, pero optó por permanecer con
el Tío Sam después de la exposición a un entrenamiento de 18 semanas, o
“adoctrinamiento”, con un departamento de sheriff de Tejas que enseñó a
los nuevos reclutas a considerarse “la élite de la élite”, en un
“nosotros contra ellos” en su lucha contra la población.
Ampliando el debate sobre la policía, las últimas notas de primera plana en el Albuquerque Journal
documentan cómo aumentaron miles de millones de dólares en el
presupuesto que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorga a las
agencias locales de seguridad para la adquisición de equipos y otros
propósitos. El Departamento de Defensa es parte del juego, entregando
“excedente” de equipos militares, como vehículos blindados,
prácticamente gratis para las fuerzas de policía locales. Incluso
comunidades pequeñas y medianas de Nuevo Mexico, Los Alamos, Farmington y
Deming añadieron recientemente los vehículos resistentes a las minas o
el transporte de personal blindado a los arsenales de sus departamentos
de policía. En la vecina El Paso, Texas, que es una de las tres ciudades
más seguras de Estados Unidos durante los últimos años, los 773 mil
dólares de la subvención federal permitieron que el departamento de
policía local comprara mil 145 rifles de asalto M-4 en 2010, informó El Paso Times.
Los críticos señalan que el DHS
representa un caso clásico de la ampliación de la misión, que aumenta en
múltiples facetas la aplicación de la ley civil y con su presupuesto
total elevando de 29 mil millones de dólares en 2002 a 61 mil millones
en 2014, de acuerdo con el diario.
Incluso el secretario de Seguridad
Interior del ex gobierno de Bush, Tom Ridge, se sorprendió por la
evolución del DHS: “Perdieron su camino”, dijo Ridge al diario. “Trato
de averiguar por qué estas comunidades locales necesitan
Humvees…probablemente podrían utilizar un par de más de autos de la
policía en lugar de otro vehículo militar”.
Sin embargo, el dinero manda en el negocio policiaco.
Apodado Tasergate por algunos
expertos, Albuquerque está absorto por la noticia de que el ex jefe de
la policía, Ray Schultz, negoció un acuerdo con Taser International para
suministrar a su departamento equipos por casi dos millones de dólares,
antes de la salida del jefe de la oficina en el año pasado. Poco
después, Schultz surgió como un consultor pagado de la empresa, de
acuerdo con informes de los medios locales.
Ola de activismo contra la brutalidad policial
En Albuquerque, la violencia policial provocó la mayor ola de activismo
en la ciudad de Nuevo México desde principios de los años setentas.
Desde el asesinato de James Boyd, los activistas marchan en las calles,
llenan las reuniones del Concejo Municipal y del Departamento de
Justicia, realizan vigilias, organizan foros comunitarios y peticiones
para remover al alcalde y convocan a grandes jurados para procesar a los
oficiales. Los ciudadanos participan en la meta actual de la escritura
de un decreto de consentimiento que impondrá nuevas normas de
contratación, capacitación, políticas de control y estándares de los
procedimientos operativos de la APD del Departamento de Justicia.
Las protestas callejeras atrajeron a cientos de jóvenes que participan con vigor en el activismo y la desobediencia civil.
En abril, un foro tuvo lugar en el
Centro de Albuquerque por la Paz y la Justicia, en el que los activistas
formularon cerca de 40 demandas a corto plazo y largo plazo. De manera
significativa, las propuestas abogan por la desmilitarización de la
policía, la cero tolerancia a la discriminación racial y la vigilancia
ciudadana de la policía. A sólo unas pocas horas de distancia de la
frontera Estados Unidos-México, grupos como el Centro Regional de
Derechos Fronterizos de la Unión Estadounidense por las Libertades
Civiles (ACLU), igualmente exigen una supervisión independiente de la
Patrulla Fronteriza.
El informe del CDH sobre la situación de
los derechos humanos en los Estados Unidos ofrece a la CBP “una
oportunidad para la reforma integral, si son serios acerca de la
prevención de muertes y lesiones innecesarias”, señaló el Director del
Centro Regional, Vicki B. Gaubeca.
En el contexto más amplio, la reunión en
Albuquerque subrayó que son urgentes cambios estructurales: servicios
adecuados para el retorno de los veteranos y otras personas con
problemas de salud mental; aumento de la financiación de los servicios
sociales, como la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias;
el derecho a la vivienda; la financiación total de las escuelas; y el
fin del proceso de escuela a la prisión. Dos semanas más tarde, al
hablar en el sitio donde su ex-estudiante de 19 años de edad, María
Hawkes, fue asesinada a tiros por la APD el 21 de abril, la profesora
Carolina Acuna Olvera resumió el sentimiento de muchos en el movimiento:
“Ya gastamos miles de millones de dólares en la guerra en todo el
mundo, pero no podemos alimentar a los niños.
Los eventos en Albuquerque ponen en
discusión muchos temas fundamentales. Que los activistas tengan éxito en
ganar los cambios aún está lejos de ser cierto, dada la impunidad
histórica conectada a los asesinatos de la policía y los casos de
brutalidad. Mientras que la ciudad de Albuquerque pagó cerca de 30
millones de dólares en muertes por negligencia y demandas de fuerza
excesiva durante los últimos años, ningún policía fue a la cárcel por un
disparo. Y en las siete semanas después del asesinato de James Boyd, el
mismo número de tiroteos con intervención policial – tres de ellos
fatales – sacudieron a la cercana comunidad de Las Lunas.
Además de los funcionarios de APD,
policías estatales de Nuevo México y alguaciles de Estados Unidos están
detrás de los gatillos de los últimos tiroteos. Sin embargo, muchos
residentes dicen que la ciudad tiene una oportunidad histórica de
cambiar el curso de las relaciones policía-comunidad, reafirmar los
controles democráticos sobre la aplicación de la ley y responder a un
diluvio de agravamiento de los problemas sociales que amenazan a
destruir la sociedad.
“Esto está muy extendido”, señaló Nora
Tachias Anaya, de la Coalición 22 de Octubre, uno de los grupos que
participa en el movimiento de Albuquerque. “Es nacional, y lo sabemos,
pero creo firmemente que Nuevo México hará la diferencia.”
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/05/estados-unidos-un-estado-policiaco-militarizado/
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