La demanda de la funcionaria responde a las denuncias sobre crímenes contra la población de Iraq dadas a conocer recientemente por el sitio web Wikileaks. Según la Pillai, todo indica que esos crímenes y abusos eran de conocimiento de Washington y Bagdad.
Sin dudas, los documentos filtrados a la luz pública por Wikileaks confirman algo que de alguna manera ya se sabía y estalló con las primeras fotos de la prisión iraquí de Abu Ghraib, donde soldados norteamericanos cometieron infinidad de tropelías y salvajadas con los prisioneros a su cargo.
Al fin y al cabo, se conocería por aquellos días, que la tortura era indicativo oficial orquestado en las salas del Departamento de Defensa y de pleno conocimiento y aprobación por la Casa Blanca.
Ahora se trata de que el manipulado número de civiles iraquíes muertos por los ocupantes es muy superior, en casi 15 mil personas, a los dibutativos cálculos oficiales. Y en esa orgía de sangre, los soldados rentados de las tituladas agencias de seguridad que operan en las ciudades de Iraq tienen elevada cuota de participación.
El asunto es que, de hecho, la guerra rentada resulta ventajoso negocio para los reclutadores y para las instancias oficiales comprometidas en los trajines bélicos, toda vez que los desmanes de estos grupos formalmente no cuentan a su haber.
Los mercenarios de la tristemente conocida empresa Blackwater, por ejemplo, han trabajado permanentemente en la titulada “protección” de los diplomáticos norteamericanos en Iraq con contratos que se acercan a los 500 millones de dólares.
A ellos se les atribuyen, por los informes dados a la luz, ametrallamientos a mansalva de civiles, ataques a vehículos particulares, allanamientos violentos, y vejámenes y malos tratos a prisioneros.
No obstante, cuando Barack Obama anunció el pretendido retiro de una parte de las fuerzas militares norteamericana de Iraq, quedó claro que crecería el número de “soldados de fortuna” que se radicarían en ese país ocupado.
En pocas palabras, apenas un mal disfrazado cambio de gendarmes.
Por si fuera poco, el pasado 28 de octubre el sitio WEB norteamericano Democracy Now denunciaba que el régimen de Kabul aplazó la aplicación de un decreto que debía clausurar las empresas militares privadas que operan en Afganistán.
El titulado presidente Hamid Karzai, había anunciado la disolución de esos consorcios de la muerte para fin de año, pero finalmente cambió de idea por instrucciones expresas de las autoridades norteamericanas.
Según el propio sitio WEB, “el gobierno de Obama había advertido que la prohibición pondría en riesgo la asistencia y proyectos de desarrollo en Afganistán.”
En pocas palabras, el mercenarismo aupado por Washington no ha llegado aún al final de su época de oro en la llamada cruzada global imperial “contra el terrorismo”.
Fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/11/mercenarios-el-negocio-de-matar.html
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