Además de las previsiones de gastos para sueldos, seguridad social,
proveedores y gastos corrientes, muchas grandes empresas incluyen en sus
presupuestos partidas para multas. Parece que les resulta más económico
pagarlas que cumplir la ley.
En julio,
GlaxoSmithKline anunciaba a sus accionistas su decisión de reservar
1.000 millones de dólares para cubrir costes legales. La empresa tenía
pendiente un litigio que cuestionaba la calidad, la seguridad y la
efectividad de algunos de sus medicamentos. Ahora pagará la multa de 700
millones de dólares que acordó con el gobierno de Estados Unidos por
comercializar productos adulterados que se producían en una fábrica de
Puerto Rico. Entre esos “medicamentos” se encuentran el antidepresivo
Paxil, Avandia, para tratar la diabetes, y Kytril, para las náuseas.
La
fiscalía donde se procesó la demanda considera que la multa servirá
para que las empresas cumplan con la ley. Las ventas de GSK el año
pasado superaron los 25.000 millones de dólares, mayores a las del año
anterior, a pesar del estallido de los primeros escándalos. La multa
equivale a un dólar por cada 35 ingresados. Comparar los ingresos por
vender productos adulterados o que no habían pasado las suficientes
pruebas con las hipotéticas ganancias si se hubiera cumplido la ley
desvelaría la rentabilidad de cumplir la ley. El optimismo de la
fiscalía se desmontaría si resultara más rentable violar la ley con su
paquete de multas y procesos legales.
Se habla
de la multa, de los 96 millones de dólares que se llevará la empleada
de la empresa que dio el chivatazo y de multas similares que han pagado
otros gigantes de la industria. El año pasado, Pfizer pagó una de más de
2.000 millones de dólares por comercializar productos que no habían
sido aprobados por la Food and Drug Administration (FDA).
Pero
no se llevan a cabo investigaciones de posibles daños en quienes han
consumido esos productos. Si así fuera, la empresa tendría la capacidad
para afrontar arreglos extra-judiciales como los de Shell y Royal Dutch,
acusadas de colusión con el gobierno nigeriano a la hora de reprimir y
asesinar a activistas que protestaban por daños al medioambiente. Con
estas empresas sólo parecen funcionar los acuerdos con las
administraciones de turno para pagar multas o los acuerdos
extrajudiciales con las partes afectadas. Muchas veces se trata de
particulares en situación de desventaja ante los gabinetes jurídicos que
respaldan a las grandes multinacionales. Una vez sufridos los daños,
quince millones de dólares bastan para un ciudadano nigeriano que no
podría asumir los costes de un juicio resuelto en su contra.
Las
normativas, la falta de mecanismos legales y la falta de
interpretaciones progresivas del derecho nacional de muchos países
resultan insuficientes. Al no prevenir ni reparar las violaciones de
derechos humanos que cometen empresas trasnacionales, dejan ver la
primacía que tiene la supuesta “seguridad jurídica” que “necesitan” las
multinacionales para invertir y garantizar un supuesto “desarrollo”
local, aunque en contra de la población. Las derechas neoliberales
utilizan la demagogia para demonizar a políticos que se han atrevido a
cuestionar y a meter en cintura a empresas que hasta entonces no
cumplían la ley.
Los directivos de estos
gigantes multinacionales se esconden en el secretismo de sus actividades
y en la personalidad jurídica de la empresa para eludir una posible
responsabilidad penal. Al situar la responsabilidad en personas
concretas en lugar de imponer cantidades asequibles, ésta funcionaría
mejor que las multas para asegurar que las empresas cumplen con la ley.
Tanto
GSK como Pfizer dicen tener programas de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) porque donan dinero a organizaciones de la sociedad
civil para sus proyectos o porque llevan a sus empleados a hacer
“voluntariado corporativo” una vez al año. La RSC se convierte en una
simple operación de marketing si la empresa no cumple primero con los
derechos laborales, sociales y medioambientales. Este “lavado de cara”
mejora su reputación mientras se disparan las ventas. El consumidor
asocia el producto con “acción social”.
La
sociedad civil está llamada a replantear el papel las grandes
multinacionales en los procesos políticos que salvaguardan derechos como
la salud. Legislar para prohibir la financiación de campañas políticas y
las actividades de cabildeo (lobbying) limitaría el daño que hacen
algunas multinacionales con la complicidad de Estados vendidos.
Fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/11/empresas-contra-la-salud.html
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