México. La aprobación
de leyes que restringen el derecho a la manifestación y a la expresión
–las más recientes, en Puebla, Chiapas y Quintana Roo- son la nueva
forma de gobernabilidad en México, considera Simón Hernández, abogado
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Su entrada en
vigor provocará “pánico moral” por las consecuencias que acarreará
manifestarse, complementa la maestra Iliaña Cariño, directora del
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad
Iberoamericana de Puebla.
Las leyes se aprueban en un contexto de
un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, que carece de legitimidad; con
una agenda de reformas estructurales antipopulares y con ausencia de
canales para la resolución de conflictos sociales, explica el abogado
Hernández. Entre 2012 y 2013, México vivió una ola de iniciativas que
restringen el derecho a la manifestación y al uso del espacio público,
además de criminalizar la protesta, lo que se une al uso de leyes de
otras materias (como la de Telecomunicaciones y su pretensión de limitar
la cobertura de internet durante protestas) para el mismo fin, detalla
el defensor de derechos humanos.
En marzo de 2014, una coalición de
organizaciones defensoras de derechos humanos publicó un informe donde
advirtió de la existencia de 20 iniciativas –tanto a nivel federal como
local- enmarcadas en la tendencia de restringir el derecho a la
manifestación. “La protesta social es un derecho muy amplio, que incluye
la libertad de expresión, la libre manifestación de ideas y
pensamiento, y la participación en actividades pacíficas, que tiene que
ser protegida por el Estado, quien debe garantizar que no se ejerza
violencia, represalias o cualquier otra acción arbitraria contra el
legítimo ejercicio de estos derechos”, describe Iliana Cariño.
Las leyes restrictivas de derechos no
son coincidencia, sino parte de una tendencia nacional, y se aprobaron,
señala el abogado Hernández, de forma fast track y en procesos
poco transparentes, distantes del diálogo social. Cariño cuestiona el
papel de los Congresos, que son “representantes” de la ciudadanía y no
abrieron canales de diálogo, información y consulta.
“Hay un concurso de actores políticos;
las aprueban tanto gobiernos priistas como de la oposición. No es
exclusivo de un partido o de uno de los poderes”, analiza Simón
Hernández. El ejecutivo usa la fuerza, el legislativo lo habilita y el
judicial estigmatiza a los manifestantes y alarga sus procesos, detalla.
Las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las
estatales, deberían poner en marcha mecanismos de protección a los
derechos ciudadanos, pero eso no pasa, denuncia el defensor: “Hay una
anuencia política”.
En Puebla, la llamada Ley Bala
(oficialmente, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el
Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las
Instituciones Policiales del Estado), dada a conocer el 19 de mayo,
provocó reacciones adversas que llegaron incluso a medios de
comunicación internacionales; 29 organizaciones sociales locales
denunciaron que, “sin un debate claro, profundo y público, 32
legisladores del Congreso del Estado votaron a favor de una ley que
faculta a los agentes de las instituciones policiales de Puebla para
ejercer fuerza letal, en distintas modalidades, en contra de la
población, favoreciendo un sistema de violación a los derechos humanos
en la entidad”.
La Ley Bala estableció que al disolver
manifestaciones “violentas” que afecten “bienes jurídicamente
tutelados”, los agentes aplicarán la fuerza en forma gradual en etapas:
mediante la persuasión o disuasión verbal; con sometimiento físico o uso
de armas incapacitantes no letales, y con armas de fuego o de fuerza
letal. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció que el
uso de la fuerza y la regulación de las armas debe realizarse bajo una
interpretación restrictiva; por lo tanto, a pesar de que la ley es
descriptiva, nos preocupa el uso que se pueda realizar de este tipo de
armas”, afirma Cariño.
El 21 de mayo, el gobierno de Rafael
Moreno Valle promulgó la ley pero sin el punto más polémico, el uso de
armas de fuego. Esto, señala la maestra Cariño, es importante pero no
modifica su esencia y la forma en que se aprobó. “Medidas como el uso de
fuerza letal habilitan la posibilidad de que se use de forma
desproporcionada”, valora el abogado Simón Hernández. Este uso, insiste,
tiene que estar regulado y de ninguna forma ser una primera opción.
“Hay una retórica importante de derechos humanos en la ley, pero no nos
asegura que sus protocolos doten a los cuerpos policiacos de la
información suficiente para actuar y que no van a hacerlo con
discrecionalidad”, complementa la presidenta del instituto de derechos
humanos Ellacuría.
Una de las preocupaciones de las
organizaciones sociales poblanas son los términos imprecisos para
calificar a las manifestaciones de ilícitas o violentas –condición para
ejercer la fuerza en su contra-, lo que “deja en un estado de
vulnerabilidad a la ciudadanía” en un estado donde las autoridades
“actúan con opacidad”, denunciaron. La académica especifica que queda al
arbitrio de las autoridades decidir quién representa un riesgo y entra
en el concepto de agresor. La prohibición del uso de la fuerza por
simple sospecha sobre un individuo “tampoco es suficiente para
garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias”, agrega.
La aprobación de las leyes restrictivas
de derechos, además de representar un retroceso en el ejercicio de las
libertades públicas, legalizará la represión a las manifestaciones,
llevará al plano penal los conflictos sociales y habilitará herramientas
legales para enfrentar así los conflictos que deben tener otras formas
de interlocución, enumera Simón Hernández. Los principales afectados
serán “a quienes sólo les queda el recurso de la manifestación ante la
actuación arbitraria de las autoridades”, considera.
Ante la conflictividad social, bala
Iliana Cariño no obvia el contexto en el
que se aprueban las leyes restrictivas de derechos, pues desde 2012
–con la llegada al poder de Peña Nieto, señala- se viven una serie de
episodios en que los manifestantes son reprimidos, lo que va de la mano
con una intención importante de la ciudadanía de actuar y mayores
manifestaciones en protesta por violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones sociales advierten
que la ley poblana es una respuesta violenta y para provocar miedo ante
el descontento de la sociedad civil. “Es evidente que la preocupación
del ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron
contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas
hidroeléctricas y gasoductos, pero también de buscar diluir a las
manifestaciones que busquen cuestionar el estatus quo actual”, detallan
en un comunicado, firmado por Nodo de Derechos Humanos y otras 28
organizaciones.
En Puebla la situación es muy tensa,
admite Cariño. “Recientemente tuvimos la aprehensión de tres defensores
de derechos humanos involucrados en procesos de movilización en
exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, y de defensa
del territorio”, relata, para referirse a Juan Carlos Flores, Enedina
Rosas y Abraham Cordero, encarcelados por su oposición al Proyecto
Integral Morelos y al Arco Poniente. Y la ley contiene elementos que
funcionan como “advertencias” y ponen en entredicho la efectiva
protección a los derechos humanos, sostiene la académica.
Otras leyes criminalizadoras son, por
ejemplo, las aprobadas en Quintana Roo y el Distrito Federal, agrega el
abogado del Prodh. La Ley de Movilidad capitalina sobrerregula el
derecho a manifestarse, a través de la obligación del aviso previo a las
autoridades, la prohibición del uso de vías primarias y la censura,
explica Hernández. Iliana Cariño especifica que la participación en
manifestaciones pacíficas no tiene por qué estar reglamentada.
El abogado del Prodh considera que las
comisiones de derechos humanos (tanto la nacional como las estatales)
deben interponer recursos de inconstitucionalidad para frenar la
aprobación de las leyes. Las organizaciones de la sociedad civil,
informa el defensor, promoverán acciones jurídicas, entre ellas los
amparos.
Cariño señala que es responsabilidad de
las autoridades revisar los procedimientos para que estén apegados a los
estándares internacionales, y no restrinjan derechos, porque lo que se
provoca es que la ciudadanía se mantenga al margen de los problemas
sociales. “Cuando detecto que hay un riesgo de que pueda ser detenida
con discrecionalidad, me infunden temor”, especifica. “Así se genera
mayor represión hacia algunos grupos, y ya sabemos que quienes se
manifiestan son las personas con mayor vulnerabilidad”, especifica.
En México no se vio un escenario similar
desde los años sesenta y setenta, cuando de facto se limitó el uso de
espacios públicos para las manifestaciones sociales; “estamos regresando
décadas atrás, con la diferencia de que esto ya no sería ilegal, porque
se habbilita el marco legislativo para que sea
legal el uso de la fuerza y la represión como factor de
gobernabilidad”, finaliza Hernández.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/05/en-mexico-proliferacion-de-leyes-bala-para-contener-a-los-movimientos-sociales/
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario