Ciudad de México.
Sólo después de que alguien murió por la aplicación de la llamada Ley
Bala, hubo una reacción del gobierno de Puebla, pero “para nosotros no
es suficiente la derogación de la ley, si ésta no se acompaña de un
proceso de reparación de daños que atienda de manera integral a las
familias; la sanción a los responsables, a la cadena de mando que
participó en el operativo; a la implementación de medidas de no
repetición y a la certeza de que estas leyes dejen de ser discutidas al
margen de la sociedad civil”, explica Simón Hernández León, abogado del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Proh, en el contexto del
asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad,
alcanzado por una bala de goma de la policía, durante una manifestación.
El
proyectil que mató a José Luis fue disparado por la policía estatal en
la carretera Puebla- Atlixco el pasado nueve de julio, mientras los
pobladores de Tehuacán y San Bernandino Chalchihuapan se manifestaban
por el cierre de la oficina del registro civil. “La gente no quería
represión y exigían un diálogo, pero la policía simplemente empezó a
disparar. Por eso responsabilizamos al gobernador Rafael Moreno Valle
por esta muerte”, denuncia por su parte Misraim Hernández Fernández,
activista de Contingente Puebla.
Los
pobladores de Tehuacán y San Bernandino ya habían expuesto su
inconformidad por la centralización del registro civil que implicaría
tener que ir a otro lugar y gastar dinero que no tienen. Afirma Misraim
Hernández que el gobierno les negó el diálogo y los reprimió.
En
la carretera Puebla-Atlixco la gente que se manifestaba exigía un
diálogo con el gobernador, pero la respuesta de los policías fue que ya
tenían la orden de dispersarlos por la fuerza. “La policía empezó a
disparar balas de goma, gases lacrimógenos; la gente que estaba ahí
cuenta que por casi media hora lanzaron penetra barricadas
desde un helicóptero. Al dispararse estos proyectiles se expande un
contenido que hace que sientas que te quema la piel”, manifiesta
Hernández Fernández.
El martes 22 de
julio el gobernador Moreno Valle envió la Ley Bala al Congreso para que
se derogara. Sin embargo, mientras no exista una ley alterna, seguirá
vigente; para Misraim Hernández la ley tiene que ser para regular el uso
de la fuerza pública y no para controlar a los manifestantes. Ahora,
con la supuesta abolición, las cosas podrían seguir igual.
En
México la fuerza pública está totalmente desnaturalizada, expresa el
abogado Simón Hernández León. Y el poder legislativo, con las nuevas
reformas, está llevando al país a un retroceso en su historia. En este
contexto, hay muchos pueblos y comunidades inconformes con el despojo de
sus tierras que se están organizando
Una defensa con ataques
El
niño José Luís Alberto fue lesionado durante las protestas en Puebla y
estuvo hospitalizado durante varios días. Elia Tamayo, madre del menor,
dice no haber recibido ningún diagnóstico del estado de salud de su hijo
por parte del hospital. “La madre se enteró de la muerte de su hijo a
través de los medios de comunicación, pues los médicos no le
proporcionaron ninguna información y se tardaron casi un día para
entregarle el cuerpo de su hijo; tampoco le dieron el derecho a un
abogado o asesor para que accedieran a información de la necropsia”,
demanda el abogado.
“Todos estos
elementos hacen suponer que el gobierno de Puebla está tratando de
construir una versión en la que sea responsabilidad del propio menor de
haber sido herido, y de los mismos manifestantes, cuando el operativo
fue desorganizado, muchos de los gases y artefactos no se detonaron y
eso demuestra que ni siquiera están capacitados”, expresa el activista.
Elia
Tamayo señaló públicamente que Protección Civil la estaba presionando
para que declarara que su hijo fue utilizado como escudo humano por los
manifestantes, señala Simón Hernández, e informa que muchos policías
resultaron heridos por un mal manejo de los proyectiles, que no son
usados conforme a los protocolos, sino que los disparan directamente al
cuerpo de las personas.
El uso de la
fuerza excesiva legitimada con la Ley Bala, hecha por el gobernador
Moreno Valle, dejó como saldo alrededor de 62 personas heridas, algunos
en cuidados intensivos; uno de ellos perdió un ojo, otro menor de 16
años perdió su dedo, a otra persona uno de los proyectiles le destrozó
la mejilla. Para Misraim Hernández, el gobernado tiene pleno
conocimiento de esto, pues los policías deben dar un informe detallado
de los proyectiles usados, tipos de armas, personas heridas e incluso
muertas.
Ley Bala
Después
de un proceso irregular en el que el Congreso votó la aprobación de la
ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la
Fuerza Pública, y después de que el gobernador Moreno Valle hizo pública
una ley diferente, “incurrió en una falta, porque un gobernador no
tiene la facultad para modificar una ley”, sentencia Hernández León.
La
ley plantea que para realizar un operativo en una protesta, la fuerza
pública debe analizar el tipo de demanda y el contexto político en el
que se inscribe. “Que los policías analicen si son o no manifestaciones
violentas y que por lo tanto están habilitados para usar la fuerza
letal, desde ahí ya es una ley que atenta contra los derechos humanos”,
indica Simón Hernández.
La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) avaló la ley del gobierno de Puebla,
argumentando que no violentaba ningún derecho, pero “después de la
lamentable muerte del menor, la Comisión intervino y ahora dice que está
haciendo una investigación, cuando evidentemente hay responsabilidad no
sólo del Estado, sino también del gobernador y del poder legislativo de
Puebla, que crearon esta ley; del secretario de Seguridad Pública
Facundo Rosas Rosa y de la CNDH”, denuncia Hernández León.
Aunque
la ley se derogue, el decreto que se envió al Congreso dice que en
tanto no exista una ley nueva ésta va a seguir vigente. Lo que ocurre es
que “están condicionando la permanencia de la ley y esto permite que se
siga utilizando. Pero con ley o sin ley el uso de la fuerza pública es
desproporcionado y no está encaminado a proteger los derechos humanos,
ni a garantizar el derecho a la protesta”, refiere Hernández Fernández.
En
las manifestaciones en Puebla se han usado balas de goma y cartuchos de
gas, advierte Simón Hernández, aunque el secretario Facundo Rosas diga
lo contrario. Los pobladores de las dos comunidades manifestantes han
recabado estos elementos como prueba; la única justificación que tiene
la secretaría para negar estas acusaciones, es que la Secretaria de la
Defensa Nacional (SEDENA) les envió un oficio donde dice que ellos no le
ha vendido a esa administración balas de goma, pero para nosotros eso
no es ninguna prueba, advierte el abogado.
El
secretario Facundo Rosas, tiene un antecedente por violación grave a
los derechos humanos en un operativo que dejó como saldo la muerte de
dos normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. “Con estos antecedentes lo que
vemos es que hay una determinación política de los mandos para hacer
frente a las manifestaciones de inconformidad con mano dura y
represión”, evalúa Hernández.
“Estamos
frente a un gobierno estatal autoritario, que no acepta las
disidencias, que ataca a los que lo critican; que ataca a los que lo
critican; que fabrica delitos; agrede a periodistas y controla los
medios de comunicación. Actualmente tenemos alrededor de 37 presos
políticos, un ejemplo es el caso de doña Enedina Rosas, a quien por
oponerse al gasoducto la acusaron de robo para contener su
inconformidad”, sentencia el activista Hernández Fernández.
La
revocación de la Ley Bala se debe a la presión ejercida por la gente,
manifiesta Simón Hernández, y es importante resaltarlo en un contexto de
reformas, pues demuestra que si la ciudadanía se organiza y reivindica
sus derechos, es posible revertir este tipo de legislaciones.
“Ahora
Puebla está en un contexto de megaproyectos y es preocupante que la
gente no pueda manifestarse, también con una criminalización muy fuerte,
con varios presos políticos y eso es aún más peligroso, en un país
donde crea figuras jurídicas para desmovilizar a las organizaciones y
comunidades”, concluye Simón Hernández.
“La
gente tiene mucha rabia por la muerte del niño José Luis, queremos que
se castigue a los responsables. Estamos hartos de este clima de
represión en el estado, nos quieren infundir miedo, pero la gente ya se
cansó”, finaliza Misraim Hernández, y agrega que también exigen que
liberen a los presos políticos y que no se continué con el despojo de
tierras para los proyectos extractivistas.
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