"Las violentas escenas de policías que rodean una plantación de maíz
para luego arrasarla mientras capturan a los campesinos que la
cultivaron o la quema de toneladas de frijol por problemas de derechos
de autor no están lejos de que puedan ocurrir en el país. El Congreso
abrió la puerta para que esas imágenes sean una realidad con la
aprobación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, conocida
como Ley Monsanto, aprobada el 10 de junio pasado."
Por Haroldo Shetemul
LAS VIOLENTAS ESCENAS de policías que rodean una plantación de maíz para luego arrasarla mientras capturan a los campesinos que la cultivaron o la quema de toneladas de frijol por problemas de derechos de autor no están lejos de que puedan ocurrir en el país. El Congreso abrió la puerta para que esas imágenes sean una realidad con la aprobación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, aprobada el 10 de junio pasado. Esta normativa es quizá lo peor que han hecho los diputados en años, porque atenta contra el derecho de los campesinos a la siembra, puede causar daños irreversibles a la agricultura y pone la legislación nacional al servicio de empresas transnacionales como Monsanto, Dupont, Syngenta y Bayer, entre otras.
ESE ENGENDRO DE LEY determina la exclusividad de derechos de propiedad intelectual de semillas a empresas que las hayan patentado como propias. Después de que Guatemala suscribiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos debía establecer un sistema de protección de productores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, varios países lo han rechazado y otros como Costa Rica lo aprobaron, pero dentro del cuerpo legislativo dejaron plasmado el derecho de los campesinos a semillas sin restricciones.
EN EL CASO GUATEMALTECO la situación es patética. Los partidos Patriota y Líder utilizaron esa ley como parapeto para lograr la ampliación del presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones. Los padres de la Patria ni siquiera se tomaron la molestia de leer la iniciativa de ley y levantaron la mano para aprobar esa monstruosidad jurídica sin saber qué aprobaban. Pero lo que más llama la atención es el mutismo del antiguo activista de Greenpeace Elmer López, quien ahora es ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ese funcionario estaba obligado a conocer el significado de esa normativa y bien pudo alertar sobre el peligro que entrañaba. Sin embargo, prefirió guardar un silencio cómplice.
SEGÚN LA ALIANZA Nacional para la Protección de la Biodiversidad, esa ley es inconstitucional porque viola el derecho de los pueblos a la agricultura, ya que concede patentes que pueden apropiarse del patrimonio genético tangible e intangible del país. Si esa norma sigue vigente, los campesinos podrían incurrir en delito si utilizan semillas patentadas por otros y que hayan llegado a su terreno por el viento, agua o animales. A partir de ahora, las semillas tendrán código de barras y el derecho de apropiación se extendería no solo a la siembra sino que al producto final, o sea los granos y demás alimentos cultivados. Además, permite el ingreso de semillas transgénicas (modificadas genéticamente en laboratorio) que contaminarán y extinguirán especies nativas, como el maíz. Es momento, pues, de que los diputados den marcha atrás a esa barrabasada que permite la privatización de las semillas y criminalizaría a pequeños y medianos agricultores.
Fuente: Prensa Libre
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Guatemala_Ley_Monsanto
LAS VIOLENTAS ESCENAS de policías que rodean una plantación de maíz para luego arrasarla mientras capturan a los campesinos que la cultivaron o la quema de toneladas de frijol por problemas de derechos de autor no están lejos de que puedan ocurrir en el país. El Congreso abrió la puerta para que esas imágenes sean una realidad con la aprobación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, aprobada el 10 de junio pasado. Esta normativa es quizá lo peor que han hecho los diputados en años, porque atenta contra el derecho de los campesinos a la siembra, puede causar daños irreversibles a la agricultura y pone la legislación nacional al servicio de empresas transnacionales como Monsanto, Dupont, Syngenta y Bayer, entre otras.
ESE ENGENDRO DE LEY determina la exclusividad de derechos de propiedad intelectual de semillas a empresas que las hayan patentado como propias. Después de que Guatemala suscribiera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos debía establecer un sistema de protección de productores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, varios países lo han rechazado y otros como Costa Rica lo aprobaron, pero dentro del cuerpo legislativo dejaron plasmado el derecho de los campesinos a semillas sin restricciones.
EN EL CASO GUATEMALTECO la situación es patética. Los partidos Patriota y Líder utilizaron esa ley como parapeto para lograr la ampliación del presupuesto para el Ministerio de Comunicaciones. Los padres de la Patria ni siquiera se tomaron la molestia de leer la iniciativa de ley y levantaron la mano para aprobar esa monstruosidad jurídica sin saber qué aprobaban. Pero lo que más llama la atención es el mutismo del antiguo activista de Greenpeace Elmer López, quien ahora es ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ese funcionario estaba obligado a conocer el significado de esa normativa y bien pudo alertar sobre el peligro que entrañaba. Sin embargo, prefirió guardar un silencio cómplice.
SEGÚN LA ALIANZA Nacional para la Protección de la Biodiversidad, esa ley es inconstitucional porque viola el derecho de los pueblos a la agricultura, ya que concede patentes que pueden apropiarse del patrimonio genético tangible e intangible del país. Si esa norma sigue vigente, los campesinos podrían incurrir en delito si utilizan semillas patentadas por otros y que hayan llegado a su terreno por el viento, agua o animales. A partir de ahora, las semillas tendrán código de barras y el derecho de apropiación se extendería no solo a la siembra sino que al producto final, o sea los granos y demás alimentos cultivados. Además, permite el ingreso de semillas transgénicas (modificadas genéticamente en laboratorio) que contaminarán y extinguirán especies nativas, como el maíz. Es momento, pues, de que los diputados den marcha atrás a esa barrabasada que permite la privatización de las semillas y criminalizaría a pequeños y medianos agricultores.
Fuente: Prensa Libre
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Guatemala_Ley_Monsanto
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