La salida de la crisis, de nuestra crisis, la
de los ciudadanos, es cada vez más una caída libre en un pozo sin fondo.
No se entiende bien para qué un Parlamento responsable de legislar y de
controlar las acciones del Gobierno se limita a sestear en los escaños
mientras el Gobierno tira de decretos ley para recortar, una vez más,
las menguadas prestaciones sociales que aún nos quedan. Todo ello con el
aplauso de los partidos de derechas, pero con la venia, de hecho, de
los auto denominados partidos de izquierda. Así es que con alevosía, el
18 de julio, puede que la fecha no sea casual, el Gobierno aprueba el
Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de
su duración.
Ante todo esto Podemos desde Gijón ha denunciado esta maniobra de privatización mediante un comunicado en donde resume parte del Decreto negocio y antisocial.
El Decreto Ley, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, aprueba de forma solapada que las Mutuas de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pasen a denominarse Mutuas de la Seguridad Social a pesar de su carácter privado.
Entre las nuevas atribuciones que se dan a las nuevas Mutuas estará proponer las altas médicas para contingencias comunes dotando al servicio de Salud de 5 días para ratificarlo o no. En caso de haber silencio por parte de los facultativos de la Seguridad Social el alta será efectiva. Se prevé que muchas de estas altas laborales no sean consecuencia de la aceptación de la propuesta por parte de los facultativos si no de la falta de recursos para gestionar las solicitudes. De sobra se sabe cómo están las consultas y el elevado número de pacientes que cada médico tiene.
El decreto regulador de la gestión y control de los procesos por “incapacidad temporal” en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración no cita a las Mutuas laborales patronales objeto de la ley. En él, una parte de los recursos materiales y servicio de diagnóstico de las Mutuas se van a poner a disposición de las CCAA para su contratación. En el caso de que los servicios de salud de las CCAA no concierten estos servicios con las mutuas, podrán acceder a ellos los servicios de salud privados.
La figura del gerente de estas Mutuas de nueva creación, así como su retribución, se asimilará a la de un gestor público de carácter empresarial quedando excluidos de lo dispuesto en este real Decreto los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, de los Funcionarios Civiles de la administración del Estado y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
A pesar de que el Ministerio de Empleo ha dado marcha atrás en su intención de dotar a las mutuas laborales de una mayor capacidad para dar altas laborales en los casos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, el proceso privatizador que está sufriendo la Sanidad Pública no ha cesado a pesar de contar con la oposición de numerosas organizaciones ciudadanas, políticas y sindicales como CCOO, UGT, ELA o LAB.
La Haine
www.asturbulla.org
vía:
http://www.lahaine.org/index.php?p=79399
Ante todo esto Podemos desde Gijón ha denunciado esta maniobra de privatización mediante un comunicado en donde resume parte del Decreto negocio y antisocial.
El Decreto Ley, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, aprueba de forma solapada que las Mutuas de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pasen a denominarse Mutuas de la Seguridad Social a pesar de su carácter privado.
Entre las nuevas atribuciones que se dan a las nuevas Mutuas estará proponer las altas médicas para contingencias comunes dotando al servicio de Salud de 5 días para ratificarlo o no. En caso de haber silencio por parte de los facultativos de la Seguridad Social el alta será efectiva. Se prevé que muchas de estas altas laborales no sean consecuencia de la aceptación de la propuesta por parte de los facultativos si no de la falta de recursos para gestionar las solicitudes. De sobra se sabe cómo están las consultas y el elevado número de pacientes que cada médico tiene.
El decreto regulador de la gestión y control de los procesos por “incapacidad temporal” en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración no cita a las Mutuas laborales patronales objeto de la ley. En él, una parte de los recursos materiales y servicio de diagnóstico de las Mutuas se van a poner a disposición de las CCAA para su contratación. En el caso de que los servicios de salud de las CCAA no concierten estos servicios con las mutuas, podrán acceder a ellos los servicios de salud privados.
La figura del gerente de estas Mutuas de nueva creación, así como su retribución, se asimilará a la de un gestor público de carácter empresarial quedando excluidos de lo dispuesto en este real Decreto los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, de los Funcionarios Civiles de la administración del Estado y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
A pesar de que el Ministerio de Empleo ha dado marcha atrás en su intención de dotar a las mutuas laborales de una mayor capacidad para dar altas laborales en los casos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes, el proceso privatizador que está sufriendo la Sanidad Pública no ha cesado a pesar de contar con la oposición de numerosas organizaciones ciudadanas, políticas y sindicales como CCOO, UGT, ELA o LAB.
La Haine
www.asturbulla.org
vía:
http://www.lahaine.org/index.php?p=79399
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