Los cerca de 80 expedientes judiciales abiertos contra 265 personas, muchas con vinculación sindical, que han participado en piquetes o protestas comienza a tener repercusión internacional. Tanto que hasta 21 sindicatos internacionales han enviado ya cartas al presidente del Gobierno español, la ministra de Empleo, el ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial para expresar su inquietud por la situación y pedir que se retiren los cargos.
Mariano Rajoy tiene sobre su mesa las misivas de sindicatos de Reino Unido, Suecia, Portugal, Bélgica, Austria, Argentina, Brasil, México o Chile. También el Comité Económico y Social y Europeo (un órgano consultivo de la Unión Europea formado por patronales, sindicatos y un grupo de organizaciones dedicadas a diversas actividades) y la Unión Internacional de Trabajadores de la alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco y afines han enviado cartas a los dirigentes españoles.
Las organizaciones sindicales instan al presidente del Gobierno a acabar con la “ofensiva contra el derecho de huelga” e invocan para ello tanto el contenido de la Constitución como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta Social Europea firmados por España. “Las causas penales abiertas contra dirigentes y activistas sindicales por su participación en estas huelgas constituyen una grave violación del derecho de sindicalización, incluyendo el derecho a la huelga, protegidos por las leyes españolas e internacionales”, dicen.
Destacan también que la criminalización de la acción sindical solo agravaría aún más “los ya profundos desequilibrios en las relaciones laborales”. Los sindicatos internacionales instan a retirar los cargos contra las 265 personas con expedientes abiertos y aseguran que de no ser así se demostrará que la motivación del Gobierno “no es tanto defender el Estado de Derecho, sino más bien acosar e intimidar al movimiento sindical”. “Enviarán un claro mensaje de que el Gobierno no tolerará disentimientos respecto a sus políticas y que ha tomado abiertamente partido contra sus trabajadores y trabajadoras”, aseguran.
Estos envíos forman parte de la estrategia de los sindicatos españoles, que buscan conseguir la mayor repercusión y presión internacional posible. Actualmente hay al menos 81 expedientes judiciales abiertos contra cerca de 265 personas que han participado en huelgas y protestas en los últimos años. En nueve procedimientos penales que afectan a 40 personas trabajadores y cargos sindicales imputa la comisión de un delito de coacciones a la huelga, lo que implica una pena mínima de tres años y un día de cárcel, esto es, que en caso de condena la entrada en prisión sería segura.
Denuncia ante la OIT
CCOO y UGT han entregado también una queja ante la OIT por los casos de piquetes imputados. El organismo ya ha anunciado que examinará el escrito y dará un respuesta formal al respecto. Los sindicatos han mostrado su intención de acudir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.En el ámbito doméstico, los líderes sindicales se han reunido tanto con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, como con el ministro de Justicia, al que pidieron el indulto para las personas ya condenadas.
Ana Requena Aguilar / El Diario
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