Panamá. Destrucción, quema e
intenso calor se mantienen en el escenario de resistencia que los
indígenas ngäbé büglé presentan a la empresa GENISA y al gobierno
nacional, que pretenden imponer la hidroeléctrica Barro Blanco. Los
indígenas mantienen el plantón de protesta a pesar de las amenazas de
desalojo.
La concesión del proyecto hidroeléctrico
Barro Blanco fue otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (ASEP) en el año 2006, y su construcción inició en el año 2011.
El proyecto está ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí;
utilizará las aguas del río Tabasará y tendrán impactos en el distrito
de Müna, región Kädriri, comarca Ngäbe Buglé, inundando aproximadamente
10 hectáreas de territorios indígenas.
Con el avance de las obras (cerca del 64
por ciento) se hace más evidente la tala, quema y destrucción de la
biodiversidad de esta región de la comarca indígena. Razones como estas,
y la violación a la ley comarcal, específicamente a los puntos
limítrofes, es el punto focal de la lucha ngäbé büglé. Los indígenas
denuncian que la empresa, sin consulta, ingresó maquinaria para ampliar
la zona de embalse que inundará las comunidades de El Palomar, Kiad,
Quebrada Caña y Plata.
En la zona de resistencia indígena se
mantienen unidades policiacas para el control de multitudes, en vigilia
las 24 horas, que salvaguardan las operaciones de la empresa
hidroeléctrica. A su vez, día y noche llegan también refuerzos indígenas
a las barricadas cercanas al proyecto.
Un proyecto inútil y sin consulta
Organizaciones ambientales desmienten
que la construcción de más hidroeléctricas en Panamá sea la solución a
la demanda energética, más aún si se toma en cuenta el cambio climático.
Los indígenas, por su parte, denuncian que existen fondos provenientes
de bancos europeos para financiar un proyecto, con lo que auspician la
destrucción y muerte a los pueblos indígenas.
Los indígenas denuncian que el proyecto
hidroeléctrico no traerá beneficios a las comunidades, sino por el
contrario, llevará destrucción a su identidad y cultura, especialmente a
las comunidades del Kiad y Nuevo Palomar.
Un foro público que se realizó previo a
la aprobación del estudio de Impacto Ambiental del proyecto solo contó
con 41 personas y no se involucró a la administración regional de la
Autoridad Nacional Ambiental (ANAM) de la comarca ngnäbe-búgle. Los
estudios de impacto ambiental se han caracterizado por incumplimientos a
las normativas ambientales vigentes, y omisiones a las recomendaciones
hechas por técnicos de la administración regional de la ANAM en
Chiriquí, los cuales recomendaron que se realizara otro foro público en
el área comarcal, ya que este proyecto afectaría su territorio.
Los procesos de consultan tampoco
cumplieron con los estándares internacionales establecidos por la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
consentimiento previo, libre e informado que se debe obtener de los
pueblos indígenas cuando estos se puedan ver afectados por proyectos de
desarrollo a gran escala, ya que la consulta, entre otras cosas, se
llevó a cabo en un área no comarcal, en idioma español y sin tomar en
cuenta las características culturales propias de los asistentes al foro
público.
Desde 2009, la empresa GENISA exigió más
tierras para su megaproyecto, que afectará al río Tabasará, y pidió
algunos cambios en la obra aprobada.
Entre los cambios que exige la empresa
se encuentran: incrementar el caudal de diseño del proyecto de 70 a 75
metros cúbicos por segundo, y aumento de la caída bruta del proyecto de
36.6 a 43 metros de altura. También pidió modificar el nivel de descarga
de las aguas turbonadas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental
original, de 66.4 metros sobre el nivel del mar a 60.
Es evidente que la empresa no planea
retirarse, sino aumentar el proyecto. También solicitó un incremento de
la capacidad instalada del proyecto, de 19.06 a 28.84 megawatts, y de la
producción de energía promedio anual, de 97.7 a 124.83 Gigawatts-hora
por año.
Estos cambios no se sometieron a
consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas, que consideraron
esto suficiente para iniciar acciones de protestas por la falta de
transparencia del gobierno.
Además de estas graves anomalías, se
suma la despiadada destrucción de bosques y especies de plantas y
animales únicas del río Tabasará, visible en el trayecto de Voces
Ecológicas a la comunidad de Kiad.
Amenazas de represión
Aunque el ministro de Gobierno, Jorge
Ricardo Fábrega, sostuvo una reunión con la cacica Silvia Carrera y
representantes de los afectados del río Tabasará para solucionar el
conflicto, los indígenas y los ambientalistas no se confían.
Luego del 17 de febrero, fecha
estipulada para la ejecución de desalojo por parte de la Autoridad de
los Servicios Públicos y la empresa GENISA (gestora de la hidroeléctrica
Barro Blanco), a indígenas ngäbé büglé, el campamento de resistencia
tomó mayor fuerza con la llegada de pobladores de otras regiones de la
comarca, así como la solidaridad de panameños y comunidad internacional.
Sin embargo, se enfatiza que la empresa busca una estrategia para
ingresar y desalojar las comunidades de Kiada, Palomar y Quebrada Caña.
Los indígenas en resistencia y miembros
del M10 realizan vigilias pacíficas en el campamento, ubicado a orillas
del río Tabasará.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/03/en-panama-los-ngabe-bugle-no-detienen-su-resistencia-directa-a-la-hidroelectrica-barro-blanco/
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario