Partido Comunista Colombiano
Aunque los/as colombianos, en especial quienes hacemos parte de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas estamos acostumbrados a realizar nuestras labores en medio de condiciones de riesgo, hay momentos en los cuales estas condiciones se agravan. Éste es uno de esos momentos aciagos que coincide con la contienda pre electoral.
En un círculo que nos devuelve una y otra vez al pasado represivo, que no quiere cerrarse, asistimos a un retorno perverso al oscurantismo, al unanimismo, en donde el pensar disidente es considerado subversivo, en donde la protesta social debe ser acallada a cualquier costo y en donde las garantías para la oposición son sólo una quimera. Son prácticas éstas que distan enormemente del deber ser de un Estado que se autoproclama como la “democracia” más antigua y sólida del continente.
Hace unos años, y en sintonía con la obsesión de los Estados Unidos por convertir el tema de la seguridad en una política de Estado, con la consecuente lucha contra el terrorismo, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, durante su primer mandato (2002-2006), instaura en Colombia la política de “Seguridad Democrática”, de la que se desprenden una serie de afectaciones al derecho a la libertad, a las garantías como la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica, y en general, al marco internacional de los derechos humanos.
Allí tiene sus orígenes la estrategia de las detenciones arbitrarias, con el pretexto de mantener la seguridad del Estado y de los “ciudadanos de bien”. Los vehículos para ello, las intercepciones ilegales, la red de informantes, la ley de justicia y paz y sus delatores, los informes de inteligencia o informes de batalla, que servirán de insumos para los montajes judiciales.
Durante el 2002-2004, en el gobierno de Uribe, ésta estrategia estuvo dirigida a la práctica de las detenciones masivas, realizadas casi siempre en medio de operativos militares, o de acciones conjuntas entre la fiscalía, la policía y las fuerzas militares, y soportadas éstas, primero, en el decreto 2002 de 2002 de Conmoción interior, y luego en un intento de reforma constitucional. Éstas se circunscribieron en principio a las cuestionadas “zonas de rehabilitación y consolidación”, delimitadas en el decreto No. 2929 del 3 de diciembre de 2002, pero luego se extendieron a lo largo y ancho del territorio nacional.
Posteriormente, a partir del 2004, como en un cambio en la estrategia, las detenciones masivas se convirtieron en detenciones selectivas contra determinados sectores de la población: sindicalistas, defensores/as de derechos humanos, activistas sociales, populares, de la academia y/o militantes de la oposición, que se consideraban peligrosos para la pretendida política de Estado de la “Seguridad Democrática”, en una vuelta a la tenebrosa época de Turbay Ayala y su “estatuto de seguridad”.
De allí se desprende toda ésta reciente oleada de estigmatizaciones, persecución, criminalización, judicialización y encarcelamiento que se direcciona en contra de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y partidos políticos de oposición, a cuyos miembros, líderes y/o activistas de base, se señala de ser sino parte activa, “los guerrilleros de civil”, al menos colaboradores o la base social de las insurgencias. A éstas últimas el gobierno Uribe les desconoce su carácter político para catalogarlos como grupos de “terroristas” y una vez más el delito político se desnaturaliza.
Juan Manuel Santos, primero como Ministro de Defensa del gobierno Uribe, fue su mejor ficha en la implementación de la “Seguridad Democrática”, y ahora como Presidente le ha dado continuidad. Podrá haber cambiado la forma pero no la esencia. Si bien, Santos ha vuelto a reconocer que en Colombia existe el conflicto armado, y por lo tanto, aunque no lo manifieste abiertamente, el carácter político de las insurgencias -de lo contrario no se entendería el actual proceso de conversaciones de paz con las FARC en la Habana-, no ha modificado el tratamiento a las personas que afrontan procesos judiciales por motivaciones políticas ni acepta la existencia misma de prisioneros/as políticos-as.
En el 2012 Santos, burlando la palabra empeñada, impidió una veeduría internacional a las cárceles y una constatación de la situación de los prisioneros/as políticos, que las Mujeres del Mundo por la Paz habían acordado con el gobierno, en contraprestación por sus buenos oficios en la entrega que las FARC hicieran de los últimos prisioneros de guerra que tenían en su poder. En esa oportunidad se negó una vez más la existencia de prisioneros/as políticos/as en Colombia.
El tratamiento jurídico que se les da a las personas que han sido criminalizadas bajo la estrategia de la “seguridad” y el terror, cambia sustancialmente en perjuicio de las personas que están siendo judicializadas. Si bien, anteriormente a una persona que era investigada por supuestos nexos con las insurgencias se le judicializaba por el “delito” político de rebelión, a partir de Uribe y luego con Santos, además se le juzga bajo la lógica de la lucha anti terrorista. Por eso, en los procesos que afrontan miembros de las organizaciones sociales y políticas de oposición, además de ser juzgados como rebeldes, ahora son inculpados de algún otro u otros delitos NO políticos relacionados con actividades terroristas. Esto significa, en primera instancia, que las garantías jurídicas, como el debido proceso, la legítima defensa, la defensa técnica, la presunción de inocencia, entre otros, de las personas vinculadas a procesos judiciales bajo esta estrategia se afectan seriamente.
Por eso asistimos a las audiencias de nuestros/as compañeros/as detenidos en las salas de los juzgados especializados y no en los ordinarios. En éstas salas especializadas se llevan investigaciones contra delitos muy graves, sacándolos entonces, de la esfera del “delito político”. Esto permite además, que los periodos de investigación y juicio se extiendan largamente en el tiempo y que las posibles condenas también sean más gravosas.
Y como de facto, la justicia colombiana aplica la presunción de culpabilidad y no la de inocencia, las personas vinculadas a estos procesos, en principio serán catalogadas como un “peligro para la sociedad” y por lo tanto cuentan de antemano con que deberán pasar en prisión una larga temporada mientras demuestran su inocencia, en calidad de sindicados, pero recibiendo en el interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios el mismo tratamiento de una persona que ha sido condenada, lo cual es contrario a la legislación internacional relacionada el tratamiento de la población reclusa y que en Colombia es letra muerta. No hay que olvidar además que Colombia es uno de los países del mundo en los que más se abusa de la detención preventiva. Por eso también, muchas personas en esta condición prefieren aceptar cargos y así aminorar el tiempo en las tenebrosas prisiones colombianas, a tener que esperar largos años para demostrar su inocencia.
Y como si fuera poco, la institución que por esencia tiene que velar porque el Estado cumpla su mandato de garantizar el respeto a los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos, es decir, la Procuraduría, acto contrario se ha convertido en un ente inquisidor, que persigue incluso a aquellos funcionarios públicos quienes han sido absueltos por la justicia penal, afectándolos seriamente en sus derechos políticos y ciudadanos.
Para ponerle rostro a esta tragedia, éstos son sólo algunos de los líderes y activistas miembros de organizaciones sociales y políticas que han sido judicializados y encarcelados recientemente: Sindicalistas: Campo Elías Ortiz, Héctor Sánchez, José Dilio, Darío Cárdenas, Huber Ballesteros. Del movimiento social y político Marcha Patriótica: Wilmar Madroñero; Profesores: Francisco Tolosa; Carlo Alexander Carrillo; Miguel Ángel Beltrán Villegas; Fredy Julián Cortés, William Javier Díaz. Estudiantes: Erika Rodríguez, Xiomara Alejandra Torres Jiménez, Jaime Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega, Cristian Leiva Omar Marín, Carlos Lugo, Jorge Gaitán; Defensores/as De Derechos Humanos: David Ravelo Crespo, Liliany Obando. Los prisioneros /as políticos en Colombia – de conciencia y de guerra– superan los 9.500.
Lo peor, es que después de la prisión no viene la calma, continúan los seguimientos, las amenazas, la estigmatización y las presiones hasta que muchos y muchas, si cuentan con suerte, tienen que salir del país, y muchos/as otros/as quedan marginalizados de las organizaciones sociales y políticas de las que hacían parte antes de la prisión, lo cual es lamentable, en tanto uno de los propósitos de toda esta estrategia es debilitar y/o desarticular las organizaciones sociales y de oposición política.
Todos éstos son los efectos perversos de esa política de judicialización y criminalización del pensamiento crítico, de la protesta social y de la oposición política en Colombia que estamos llamados a confrontar activamente si queremos poner freno a tales abusos de poder.
El silencio no es alternativa, la inacción tampoco…
¡Libertad para las prisioneras y prisioneros políticos colombianos!
¡Larga vida a las mariposas!
(*) Liliany Obando es defensora de derechos humanos y prisionera política subjudice
Fuente: http://www.pacocol.org/index.php/noticias/8995-la-criminalizacion-del-movimiento-social-y-de-la-oposicion-politica-en-colombia
vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183227&titular=la-criminalizaci%F3n-del-movimiento-social-y-de-la-oposici%F3n-pol%EDtica-
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