(apro).- Felipe Calderón Hinojosa ¿traicionó al Ejército? Veamos…
El 7 de diciembre de 2006, el hombre que entró al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación por la puerta de atrás para recibir
su constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente de México,
declaró “la guerra” al narcotráfico; el mismo personaje que ingresó
también por la puerta de atrás al Poder Legislativo para protestar como
titular del Ejecutivo, resguardado por elementos de la Marina, parece
que no cumplirá la palabra empeñada a las Fuerzas Armadas, sus
principales seguidores y protectores en esta lucha desigual.
Desigual porque mientras las organizaciones criminales
conocen su territorio, tienen armas más potentes y están bajo la
protección de las cientos de pandillas y de policías, el Ejército no
puede recurrir al mismo armamento ni actuar bajo la misma lógica de
éstos. Hacerlo sería provocar masacras de civiles, las muertes del
llamado “daño colateral” serían mayores.
Calderón, en su calidad de comandante supremo, ordenó a
militares y marinos combatir lo que los policías de Genaro García Luna,
titular de la Secretaria de Seguridad Pública, no han podido.
Por su tradición y origen, el Ejército en México ha sido, y
es, obediente a lo que diga el mando supremo, y en esa obediencia se
colocó en la palestra del descrédito, generó entre la población
sentimientos encontrados, pues mientras unos aplauden su participación,
otros la reprueban por, supuestos o reales, abusos y violaciones a los
derechos humanos.
Después de que Calderón sacó a las calles al Ejército, en
2008 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidió que se le
dieran las bases legales para accionar en terreno que, por ley, les esté
vedado. Demandaron establecer los protocolos para realizar labores de
inteligencia militar (toda la vida la han realizado pero pedían la
legalización), que se definiera en qué momentos un acto puede ser
combatido por las policías públicas, locales o federales, y en cuáles,
el Ejército.
Año con año, en el Día del Ejército la demanda ha sido la
misma: otorgar legalidad a su trabajo en las calles, rancherías,
poblados; en suma, todo el territorio en su combate al narcotráfico y
lucha contra el crimen organizado.
Calderón los sacó a las calles, Calderón tendría que darles
las herramientas. Por lo menos eso fue lo que creyeron las Fuerzas
Armadas. Y se enviaron al Senado de la República iniciativas de reformas
a la Ley Nacional de Seguridad, pero de manera absurda, sin la
participación del sector castrense en la elaboración. De ahí que durante
la discusión en el Senado más de un militar sostuvo que nunca fueron
consultados. El operador de tal maniobra fue Fernando Gómez Mont,
entonces secretario de Gobernación.
Por eso, cuando el documento fue turnado a la Cámara de
Diputados para su ratificación, la Sedena pidió al entonces presidente
de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, que el documento
fuera “congelado”. Y durante casi un año, Sedena, Marina, Policía
federal, Procuraduría, Cisen, diputados priistas y el jurídico de la
Presidencia de la República, prácticamente reelaboraron los temas
cruciales de la minuta. Esto es, lo que tiene que ver con suspensión de
garantías, inteligencia militar, cateos, detenciones y los momentos en
que los militares deberían sustituir a las policías y los momentos en
que deberían actuar en coordinación con estas.
La Sedena incrementó su cabildeo en la Cámara de Diputados,
se supone que el PAN --partido del presidente de la República que puso a
las fuerzas armadas en este brete de perseguir a capos de la droga--,
los apoyaría pero nunca ha podido operar políticamente en su favor, es
mas, los legisladores panistas ni siquiera han participado en los
encuentros recientes que ha habido.
Del lado de quien dicta la agenda, el PRI, la Sedena tuvo
poco eco, quizá porque algunos ven al sector castrense actual como una
organización militar “calderonista” y no “institucional”; quizá porque
los tricolores ya se sienten en la silla presidencial y quieren ser
ellos, los que den las bases legales para el proceder de las Fuerzas
Armadas con la debida consecuencia de que sea a este partido al que se
le deba el favor y no al gobierno-PAN.
Hipótesis puede haber muchas, lo cierto es que en su quinto
año de estar actuando en las calles fuera de la legalidad, Calderón aún
no le cumple al Ejército. Y por como están las cosas en la Cámara de
Diputados, todo parece indicar que no habrá Ley Nacional de Seguridad,
por lo menos no en este periodo que concluye el próximo 30 de abril.
En el siguiente periodo de sesiones, de septiembre a
diciembre, el tema tendrá más dificultades para ser abordado, debido a
que todos los trabajos se centran en el Presupuesto de Egresos y la Ley
de Ingresos. De 2012, ni hablar, la carrera presidencial entrará a su
recta final y a los partidos lo que menos les interesará en ese momento
es andarse peleando con el Ejército o dedicar su tiempo en asuntos que
no tengan que ver con la elección.
En la Secretaría de la Defensa Nacional están conscientes de
que no habrá ley, pero lo que no está claro es si ellos piensan que
Calderón los traicionó, les incumplió.
En este espacio no se pretende que se legalice todo lo que
hace el Ejército pero sí que se establezcan las reglas bajo las cuales
debe actuar en la calle durante el combate al crimen organizado y el
narcotráfico. Si no es así, que regrese a los cuarteles.
La traición de Calderón no es sólo por no operar
políticamente a favor de las fuerzas armadas que lo respaldan, para que
se apruebe la ley, sino porque finalmente los deja en la indefinición.
En este momento, un sector del PRI está queriendo negociar
con la Sedena lo que tanto les molestó el año pasado a los militares y
que fue promovido por Gómez Mont: supeditarlos a los gobernantes
locales.
La historia se reedita sólo que ahora quien empuja en sentido contrario de la Sedena parece ser el PRI.
Calderón traicionó a las Fuerzas Armadas que lo protegieron
aquel 1 de diciembre en San Lázaro, a las fuerzas a las que envió a la
guerra sin ley que respaldara su accionar, y con esta traición está
dejando la puerta abierta para que el siguiente presidente de la
República pueda juzgar a la milicia por violaciones graves a los
derechos humanos, a las garantías individuales.
Calderón abre el paso para que el futuro gobernante de la nación, si
quiere, pueda dar paso a una comisión de la verdad para juzgar el actuar
del sector castrense en las calles del país y cómo fue su participación
en las 35 mil muertes que, al día de hoy, ha dejado esta “guerra”.
* * * * *
Dato: muy activo inició el nuevo presidente de la
Comisión de la Defensa Nacional, Rogelio Cerda. A un mes de que asumió
el cargo ya realizó dos reuniones y la próxima semana tendrá la
comparecencia del procurador General de la República, Arturo Chávez; del
titular del Sistema de Admisitracion Tributaria, y posiblemente al
administrador General de Aduanas para que detallen lo que se ha hecho
como consecuencia del operativo “Rápido y furioso” realizado por Estados
Unidos para introducir ilegalmente más 2 mil armas a México.
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