(apro).- Naoto Kan, primer ministro de Japón, ratificó que el país se
encuentra en “alerta máxima” para poder controlar la crisis nuclear por
la que atraviesa y que, admitió, es la peor que ha enfrentado desde la
II Guerra Mundial.
Ante el parlamento japonés, con el rostro pálido y ataviado con el saco azul de trabajo que caracteriza a los funcionarios desde la catástrofe del pasado 11 de marzo, Kan reconoció que afrontan a la peor crisis que hayan tenido en décadas.
"Este sismo, maremoto y accidente nuclear constituyen la peor crisis que el Japón haya tenido en décadas”, dijo, y aceptó que la crisis nuclear continúa de forma impredecible, por lo que "a partir de ahora continuaremos manejándola en un estado de alerta máxima".
La propagación de plutonio de alto nivel radiactivo filtrado desde la central nuclear de Fukushima hacia el suelo nipón aumentó la preocupación de las autoridades de seguridad, aunque insistieron que son pequeñas cantidades que no suponen riesgos para la salud.
"La situación es muy grave", pero “estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para contener el daño", apuntó el jefe de gabinete Yukio Edano.
No obstante, el gobierno se ha mostrado molesto con la empresa eléctrica que opera en el complejo nuclear Tokyo Electric Power Co (TEPCO) porque no ha podido controlar las fugas de radiación, a más de dos semanas del siniestro provocado por el terremoto de 9° Richter y el posterior tsunami.
Hidehiko Nishiyama, vocero de la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, calificó como “deplorable” el fracaso de TEPCO para evitar que las sustancias radiactivas salieran de la planta.
Ante la magnitud de la crisis, el gobierno estaría considerando la posibilidad de nacionalizar temporalmente TEPCO, informa Yomiuri, el diario japonés de mayor circulación.
En días pasados se mencionó que las fugas radiactivas han provocado la contaminación de cultivos, de leche sin homogeneizar y el sistema de agua potable que llega hasta Tokio, la capital.
Además, se ordenó a los habitantes que vivían dentro de un radio de 20 kilómetros de la planta nuclear de Fukushima evacuar sus viviendas, y a los que viven en un radio de entre 20 y 30 kilómetros, desplazarse de forma voluntaria hacia otras comunidades.
Otra consecuencia generada por la crisis nuclear fue la prohibición de importaciones de productos alimenticios de la región de Fukushima por parte de algunos países.
La crisis nuclear ha dificultado al gobierno japonés su capacidad para atender la situación humanitaria que enfrentan miles de habitantes que se quedaron sin casa y que aún permanecen en campamentos provisionales.
Además, los trabajos de la policía nipona continúan para rescatar los cadáveres de las víctimas mortales que hasta ahora rebasan los 11 mil pero que, se espera, podrían superar los 18 mil, una vez que concluya la búsqueda.
El gobierno nipón ya considera este desastre como el más costoso de su historia, pues las pérdidas materiales se calcularon en 310 millones de dólares.
En tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advirtió que niveles ligeramente elevados de radiación se han detectado en Alabama, Alaska, Hawai, Idaho, Massachusetts, Nevada, Pennsylvania y Washington, estados a los que hoy se suma Nueva York.
En declaraciones a la BBC, la vocera del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Claudia Hutton, señaló que "cuando llueve o nieva, el material (radiactivo) es arrastrado al suelo y a aguas superficiales como lagos, ríos y embalses, por lo que la calidad del líquido está siendo monitoreada, y el agua para beber en todo Nueva York es segura".
El Estado confía en que las cantidades de material radiactivo no lleguen a constituir una amenaza para la salud pública y rechaza que los neoyorquinos deban ingerir yoduro de potasio, dijo Hutton.
Ante el parlamento japonés, con el rostro pálido y ataviado con el saco azul de trabajo que caracteriza a los funcionarios desde la catástrofe del pasado 11 de marzo, Kan reconoció que afrontan a la peor crisis que hayan tenido en décadas.
"Este sismo, maremoto y accidente nuclear constituyen la peor crisis que el Japón haya tenido en décadas”, dijo, y aceptó que la crisis nuclear continúa de forma impredecible, por lo que "a partir de ahora continuaremos manejándola en un estado de alerta máxima".
La propagación de plutonio de alto nivel radiactivo filtrado desde la central nuclear de Fukushima hacia el suelo nipón aumentó la preocupación de las autoridades de seguridad, aunque insistieron que son pequeñas cantidades que no suponen riesgos para la salud.
"La situación es muy grave", pero “estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para contener el daño", apuntó el jefe de gabinete Yukio Edano.
No obstante, el gobierno se ha mostrado molesto con la empresa eléctrica que opera en el complejo nuclear Tokyo Electric Power Co (TEPCO) porque no ha podido controlar las fugas de radiación, a más de dos semanas del siniestro provocado por el terremoto de 9° Richter y el posterior tsunami.
Hidehiko Nishiyama, vocero de la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, calificó como “deplorable” el fracaso de TEPCO para evitar que las sustancias radiactivas salieran de la planta.
Ante la magnitud de la crisis, el gobierno estaría considerando la posibilidad de nacionalizar temporalmente TEPCO, informa Yomiuri, el diario japonés de mayor circulación.
En días pasados se mencionó que las fugas radiactivas han provocado la contaminación de cultivos, de leche sin homogeneizar y el sistema de agua potable que llega hasta Tokio, la capital.
Además, se ordenó a los habitantes que vivían dentro de un radio de 20 kilómetros de la planta nuclear de Fukushima evacuar sus viviendas, y a los que viven en un radio de entre 20 y 30 kilómetros, desplazarse de forma voluntaria hacia otras comunidades.
Otra consecuencia generada por la crisis nuclear fue la prohibición de importaciones de productos alimenticios de la región de Fukushima por parte de algunos países.
La crisis nuclear ha dificultado al gobierno japonés su capacidad para atender la situación humanitaria que enfrentan miles de habitantes que se quedaron sin casa y que aún permanecen en campamentos provisionales.
Además, los trabajos de la policía nipona continúan para rescatar los cadáveres de las víctimas mortales que hasta ahora rebasan los 11 mil pero que, se espera, podrían superar los 18 mil, una vez que concluya la búsqueda.
El gobierno nipón ya considera este desastre como el más costoso de su historia, pues las pérdidas materiales se calcularon en 310 millones de dólares.
En tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advirtió que niveles ligeramente elevados de radiación se han detectado en Alabama, Alaska, Hawai, Idaho, Massachusetts, Nevada, Pennsylvania y Washington, estados a los que hoy se suma Nueva York.
En declaraciones a la BBC, la vocera del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Claudia Hutton, señaló que "cuando llueve o nieva, el material (radiactivo) es arrastrado al suelo y a aguas superficiales como lagos, ríos y embalses, por lo que la calidad del líquido está siendo monitoreada, y el agua para beber en todo Nueva York es segura".
El Estado confía en que las cantidades de material radiactivo no lleguen a constituir una amenaza para la salud pública y rechaza que los neoyorquinos deban ingerir yoduro de potasio, dijo Hutton.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89675
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