Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado el 20
de octubre por sindicalistas vinculados con el gobierno de Cristina
Fernández. Según Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner, este hecho
empeoró la salud del exmandatario, quien murió una semana después.
Pasado el luto, el “caso Ferreyra” vuelve a la escena pública y deja al
descubierto los polémicos lazos entre el Poder Ejecutivo y la
dirigencia sindical argentina.
BUENOS AIRES, 16 de noviembre (Proceso9.- “A mi viejo lo mató el
asesinato de este pibe”, dijo Máximo Kirchner, hijo de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández.
La afirmación –rescatada por el periodista Nelson Castro en su
columna del sábado 6 en el diario Perfil– relaciona la muerte de
Kirchner con un episodio que lo tuvo muy preocupado en sus últimos días:
el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero (PO),
de 23 años, quien el pasado 20 de octubre recibió un disparo en el
pecho durante una protesta gremial.
El asesinato de Ferreyra marcó un hito en la gestión de Cristina
Fernández y de la corriente política encabezada por ella y su esposo. En
los medios y dentro del entorno presidencial se dijo que era el
“primer muerto del kirchnerismo”.
“Kirchner estaba muy golpeado y muy enojado por la muerte de
Ferreyra”, confirmó en una entrevista con Radio Cooperativa –medio afín
al gobierno– el dirigente peronista Edgardo Depetri, sucesor de
Kirchner en la Cámara de Diputados.
El fallecimiento del caudillo peronista conmocionó al país y puso un
manto de silencio sobre el caso Ferreyra, del que se vuelve a hablar
ahora y que causa inquietud en el gobierno.
Los responsables del homicidio tienen estrechos lazos con el gobierno
nacional, y el caso Ferreyra remite a las muertes de Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán, quienes en 2002 fueron asesinados, también
durante una protesta gremial, por la policía bonaerense. Estos crímenes
tuvieron un alto costo político pues aceleraron el llamado a elecciones
y la renuncia del presidente interino Eduardo Duhalde.
La tarde del 20 de octubre poco más de un centenar de trabajadores
subcontratados de la línea de ferrocarriles Roca –privatizada en tiempos
de Carlos Menem– intentaba cortar los rieles para protestar contra una
serie de despidos. Los manifestantes iban acompañados por distintas
agrupaciones de izquierda, entre ellas el PO, cuando un grupo de choque
de la Unión Ferroviaria (UF), principal sindicato que aglutina a los
trabajadores del sector, irrumpió con palos, piedras… y tiros.
El resultado: un muerto, dos heridos y una acusación contra el
gobierno. “Acá no hubo enfrentamiento, nos vinieron a matar”, dijo ese
mismo día Eduardo Beligoni, dirigente del PO, ante las cámaras del
programa Todo Noticias. “Estamos frente a una masacre por la que
responsabilizamos al Estado nacional, a la Unión Ferroviaria y a la
empresa Ugofe (concesionaria del servicio)”.
Fotos comprometedoras
Entre los principales acusados por estos hechos –todos ellos
relacionados con la UF y el kirchnerismo– se encuentra Pablo Díaz,
señalado como responsable de reclutar y dirigir el grupo de choque
sindical que disparó contra los militantes del PO.
Díaz es uno de los principales dirigentes de la UF, un gremio que ha
sabido acomodarse a todos los gobiernos, incluido el actual. Su
presencia en la manifestación el día del asesinato de Ferreyra indica
que el grupo agresor –integrado por empleados de ferrocarriles y por
miembros de porras de futbol– no actuó por cuenta propia, sino acatando
una orden superior.
Díaz no es el único detenido. El 25 de octubre la policía apresó a
Juan Carlos Pérez, un miembro de la UF que aparece en las filmaciones
con un arma en la cintura. Un día antes se entregó Cristian Favale,
identificado por cinco testigos como la persona que mató a Ferreyra.
Favale tiene lazos con el partido gobernante. Pertenece a la “barra
brava” del Defensa y Justicia, equipo de futbol alineado con el diputado
oficialista Carlos Kunkel. Además, en su página de Facebook tiene
fotografías que lo muestran abrazado al ministro de Economía, Amado
Boudou, y al ministro de Educación, Alberto Sileoni.
Funcionarios del gobierno restan importancia a las fotos. Dicen que
no prueban ninguna relación de amistad pues fueron tomadas en una peña
llamada La Époka, un espacio de arenga política que el ministro Boudou
organiza todas las semanas en una confitería del barrio de San Telmo.
Aseguran que en ese ambiente fraternal, al que se llega con invitación,
nadie negaría tomarse una foto aunque sea con un desconocido.
“No sería extraño que, entre tantas personas, pudiera haber un
asesino serial, un violador reiterado o un terrorista global”, justificó
Cristina Fernández en Twitter.
“Pero te aseguro que… fotos de esta presidenta con el genocida
Videla, jamás… Mucho menos brindando con champagne o inaugurando
empresas apropiadas gracias al terrorismo de Estado”, añadió la
mandataria en referencia a Héctor Magnetto, representante del Grupo
Clarín, durante la compra de Papel Prensa y a quien acusa de apropiarse
de esta compañía en complicidad con la cúpula militar de la dictadura.
Hay una foto, sin embargo, que no la favorece. Fue tomada el pasado
15 de octubre, cinco días antes de la muerte de Ferreyra. Ese día
Fernández asistió a un acto de la Confederación General del Trabajo
(CGT), la mayor central sindical del país. Allí se dejó retratar
sonriente y sosteniendo una playera de la Juventud Sindical Peronista,
organización de la ultraderecha peronista que en los setenta trabajó con
la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A), responsable de
cientos de muertes y desapariciones.
“Me puse una camiseta de la Juventud Sindical. ¿Quién te ha visto y
quién te ve?”, ironizó la presidenta en Twitter ese mismo día. Pero no
todos festejaron la broma.
Muchos entendieron el gesto de la playera como un aval al
sindicalismo más duro para que amansara a sus trabajadores mediante los
“recursos de orden” que creyera necesarios. En ese mismo acto –a unos
metros de la mandataria– estaba José Pedraza, secretario general de la
UF.
“Quiero denunciar a la presidenta de la nación, que hace poquitos
días se ponía la playera de la Juventud Sindical Peronista, la cual
entregaba a los compañeros en los setenta. Hoy esta corporación en esta
burocracia podrida acaba de asesinar a un compañero”, gritó el 21 de
octubre, en conferencia de prensa, Alejandro Lipcovich, presidente de la
Federación Universitaria de Buenos Aires y compañero de Ferreyra en el
PO.
Por su parte, Pablo Ferreyra, hermano del asesinado, retomó el tono
de denuncia el sábado 6, luego de la muerte de Néstor Kirchner.
“Esperaba un repudio más enérgico por parte del gobierno, con algún tipo
de sanción hacia la Unión Ferroviaria”, dijo en una entrevista con el
matutino oficialista Página 12.
Montaje
Para deslindar al gobierno de la muerte de Ferreyra, el líder del
Sindicato de Camioneros, secretario general de la CGT y quizás el hombre
más fuerte de Argentina, Hugo Moyano, decidió el mismo 20 de octubre
la estrategia a seguir.
Temía que se le responsabilizara por la muerte del sindicalista, toda
vez que la UF responde a la CGT, por lo que se comunicó con Kirchner y
le pidió que se hiciera lo necesario para relacionar al ferroviario
José Pedraza con el expresidente Eduardo Duhalde. “No vaya a ser que me
quieran hacer aparecer como el responsable del primer muerto
kirchnerista”, dijo Moyano.
Para realizar la maniobra de deslinde, el aparato informativo
gubernamental realizó ese día 20 un montaje para involucrar a Duhalde,
la principal figura que puede disputar a Fernández el poder dentro del
Partido Justicialista, de cara a las elecciones presidenciales de 2011.
Se revivió un hecho ocurrido un año antes que en su momento publicó
el diario El Cronista y se le hizo aparecer como si hubiera sucedido el
día previo al asesinato de Ferreyra. En una nota se aseguraba que
Duhalde se había reunido con Pedraza y que éste era el principal
responsable de la muerte del militante debido a que era secretario
general de la UF. Sin embargo, Pedraza nunca fue imputado por ese hecho.
La operación para el “montaje noticioso” implicó a la agencia de
noticias de Estado (Telam), a portales informativos financiados por el
Estado y al programa de televisión oficialista 6, 7, 8, también
sostenido con fondos públicos.
Sin embargo, la estratagema quedó al descubierto la noche del 20 de
octubre cuando el periódico Perfil, en su edición electrónica, describió
cómo se había realizado la maniobra. Además el diario El Cronista negó
todo y confirmó que la noticia tenía 12 meses de antigüedad.
A pesar del desmentido, el oficialismo y el “periodismo k” siguieron
hablando de los vínculos de Duhalde con la muerte de Ferreyra. Incluso
Hebe de Bonafini, dirigente de las Madres de la Plaza de Mayo, declaró
que “las patotas siempre tienen a un hijo de puta al lado, como
Duhalde”.
La elección de Duhalde como chivo expiatorio no fue casual. Además de
ser un escollo político para el oficialismo en tanto le disputará la
candidatura en 2011, se le achacó responsabilidad por las muertes de
Kosteki y Santillán. El eco de esos asesinatos hoy preocupa al
Ejecutivo.
Si bien el fallecimiento de Néstor Kirchner fortaleció la mística
peronista, la muerte de Ferreyra podría poner en jaque a un gobierno que
necesita llegar a 2011 con las manos, si no limpias, al menos sin
sangre.
Fuente,vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85449
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/85449
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