El eje de la política laboral del gobierno se está abriendo paso
articulando el diálogo social, con los efectos sociales y laborales del
terremoto de trasfondo. Para avanzar en este camino, desde el gobierno
se realizan esfuerzos para despejar los aspectos más irritantes que
aparecieron durante los primeros días del terremoto, en una política de
dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. Se puede decir que es un
primer logro de las políticas del gobierno y los empresarios.
Los trabajadores y sus organizaciones, deben responder simultáneamente a
los problemas cotidianos de la reconstrucción, y a las políticas
laborales que el gobierno y los empresarios han logrado instalar. A
pocos días del 1º de mayo, las organizaciones de los trabajadores
preparan sus primeras respuestas. Y mientras se observa unidad de
propósitos de los empresarios entre sí y con el gobierno, a la vez que
iniciativa, entre los trabajadores se observa mayormente fragmentación y
pasividad.
1- La política laboral
El incremento del uso del artículo 159 del Código de Trabajo que
permite el despido sin indemnización en caso de catástrofe enrareció el
clima laboral del país, lo que obligó al gobierno a clarificar en qué
casos se admitía su uso (ver Análisis de Coyuntura Laboral Marzo 2010):
sólo cuando las posibilidades de reanudar sus tareas sean nulas. El
resultado fue el desistimiento de 2.200 de los despidos según esta
causal (sobre la cifra oficial de poco más de 8.000), algunos fueron
reincorporados, otros despedidos bajo otra causal, otros recibieron
parte de sus indemnizaciones.
La Concertación por su parte
respondió presentando un proyecto de ley que modifica dicho artículo
estableciendo que si el contrato tiene una vigencia de un año o más, se
pague la indemnización de acuerdo al artículo 163 del Código de Trabajo.
Del lado de las empresas, las decisiones son dispares. Algunas grandes
empresas, decidieron mantener su nómina reubicando personal,
destinándolo a tareas de limpieza de escombros, o a actividades de
capacitación. Otras de las grandes empresas, decidieron reducir su
personal.
A las medidas ya anunciadas (ampliar los empleos de
emergencia, bonos de contratación y para evitar despidos, ampliar la
política de bonificación para la capacitación a tareas de reconstrucción
como alternativa a los despidos), se sumó una especialmente
controvertida: la generación y contratación de empleos por parte del
Ejército, a través del Cuerpo Militar del Trabajo, anunciando que
gestionará 20.000 puestos de trabajo, destinados a la construcción de
viviendas de emergencia y reparación de infraestructura, recibiendo un
sueldo mínimo, implementos de trabajo y capacitación (además de la
movilización de 10.000 efectivos para los mismos fines). La controversia
reside en las tendencias a la militarización de la escena política y
social del país, y en las restricciones que implican para la fuerza de
trabajo, por ejemplo, en cuanto a sindicalización.
El freno al
uso del artículo 159 permitió despejar un elemento inquietante de la
situación laboral del país que agravaba los efectos del terremoto. Y con
este paso atrás, se dieron dos pasos adelante: el gobierno y los
empresarios instalaron nuevamente la discusión de las medidas
conducentes a profundizar la flexibilización laboral en el país, sin
tener que mencionarla, pues genera inmediato rechazo entre las
organizaciones de los trabajadores.
La principal medida
conducente a este fin, es el perfeccionamiento del seguro de cesantía,
aumentando los meses de cobertura (de 5 a 7), y reduciendo los
requisitos de acceso (en lugar de 12 cotizaciones durante los últimos 24
meses, se exigirán 8 cotizaciones), para las zonas afectadas, y hasta
el 31 de agosto, fecha en que se estima será superado el período de
emergencia. Finalmente, estas modificaciones fueron aprobadas en la
Cámara de Diputados.
Con su perfeccionamiento, se busca
responder, en forma inmediata, a la urgencia del desempleo tras la
catástrofe. Y aunque de acuerdo a las declaraciones de la Ministra de
Trabajo Camila Merino el perfeccionamiento del seguro de cesantía no
está vinculado al tema del fin de las indemnizaciones (a pesar que el
Subsecretario del Ministerio Marcelo Soto declaró que sí), permite
habilitar la discusión para terminar con las indemnizaciones por año de
servicios.
De hecho, es la discusión que ahora está instalada,
desplazando incluso la tardía propuesta de la CUT ante el impacto del
terremoto sobre el trabajo. Y para avanzar en este camino, se anuncia
que se buscará la articulación de acuerdos entre las partes.
2- Las organizaciones sindicales
Y es así que el
presidente de la CUT Arturo Martínez, aunque primero rechazó toda
discusión sobre las indemnizaciones, más tarde declaró estar disponible
para discutir todos los temas, incluyendo el de las indemnizaciones por
años de servicios, estableciendo que una eventual rebaja sea con
indemnizaciones para todo tipo de contrato y a todo evento, y que se
aplique sólo para las nuevas contrataciones, no retroactivamente. Aunque
advirtiendo que no sólo debe discutirse esta sola medida, sino como
parte de una discusión más amplia sobre el Código de Trabajo, en la
dirección de una nueva reforma laboral que incluya revisar la ley de
despidos, la negociación colectiva, las normas que regular las
organizaciones sindicales. Para esto, anunciaron una “alianza
político-social” con parlamentarios de la Concertación y el Partido
Comunista.
A la vez, mantiene el diálogo fluido con el
presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio- CPC,
Rafael Guilisasti.
Otro sector de dirigentes, como el ex
presidente de la CUT José Ortiz, rechazan la sola idea de discutir el
tema de las indemnizaciones por años de servicios, a lo que consideran
seguir cediendo derechos para que las empresas aumenten sus utilidades.
La CUT de Magallanes, la CUT de O’Higgins, declararon rechazar
cualquier intento de modificar las indemnizaciones por años de
servicios.
Estas divergencias buscan ser salvadas: se realizó
el segundo Consejo Nacional Ampliado de la CUT, identificando dos hechos
centrales nuevos en la escena política nacional: la asunción de un
gobierno de derecha, y el terremoto, y proponiendo la necesidad de
constituir a la CUT como el eje social en este nuevo escenario.
La Federación Minera de Chile- FMC, declaró su rechazo a la rebaja de
las indemnizaciones por años de servicios, a cambio de fortalecer el
seguro de cesantía, pues precarizaría el empleo.
Gremios de la
salud, se agruparon en el Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública
(Germán Araya Presidente Fenats HEGC, Alicia Aravena Presidenta Fenpruss
HEGC, Pilar Rodríguez Dirigente Fenpruss HBLT, Jesahel Cisternas
Dirigente Fenpruss DSSMS, Leonardo Gutiérrez Director CUT ZONAL SUR,
Oscar Riveros Secretario General FENATS METROPOLITANA, Enrique Molina
Presidente del CONSEJO DE USUARIOS SALUD SUR, Guillermo Teillier
Diputado distrito 28, Claudina Nuñez Alcaldesa de PAC). Este Frente
rechaza los anuncios del Ministro de Salud Jaime Mañalich de concesionar
la construcción de hospitales públicos destruidos por el terremoto,
como un paso hacia la privatización.
La ANEF realizó su XII
Asamblea Nacional, los temas de la política laboral nacional no se
tocaron, sino que con la presencia del presidente Piñera, se refirió a
los problemas específicos de su sector: la estabilidad laboral (ante los
recientes 200 despidos), la extensión del incentivo al retiro, la
normalización de los empleos a contrata.
Junto con estas
discusiones que hacen a la política laboral del país, así como problemas
específicos de los gremios, los efectos de la catástrofe siguen
afectando a los trabajadores. De conjunto, a pesar de lo grave y masivo
del asunto, predomina la pasividad. A pesar de esto, se observan algunas
manifestaciones, aunque aisladas y reducidas.
En Talcahuano,
se conformó la Agrupación de Sindicatos de Talcahuano para la
Reconstrucción, que aglutinó a más de 20 sindicatos (Sindicato 1 de
Trabajadores de Huachipato, Sindicato de Astilleros y Maestranza de la
Armada Talcahuano, Sindicato de Profesionales de ASMAR, Federación de
Trabajadores Pesqueros FETRAPES, Sindicato Tripulantes San José, Unión
Portuaria del Bío Bío, Fenatrasub Buses Hualpén, OXY CHILE, Sindicato
Tripulante Itata, Sindicato Cementos Bío Bío, Sintrisan, Sintrifood,
Sindicato Trabajadores San Pedro - San José, Sindicato San José
Talcahuano, Sindicato Congelados del Pacífico, Sindicato 2 Pesquera San
José, Sindicato Planta Harina San José, Fenatrasub, Federación Nacional
de Trabajadores Subcontratistas de ENAP, Sindicato Pesquera Bío Bío S.A,
Sindicato Interempresa de Oficiales Motoristas de la Marina Mercante
Nac., Sindicato Unifish Canning, Unión Portuaria del Bio Bio). Esta
Agrupación elaboró un petitorio para la reconstrucción, convocó a un
Cabildo Abierto, y realizó una movilización en Concepción, encabezada
por el Alcalde de Talcahuano, para presentar su petitorio a la
Intendenta.
Los Trabajadores Portuarios de Talcahuano se
declararon en estado de movilización permanente, realizaron una
movilización a la Intendencia de Concepción, e instalaron una olla común
y un comedor en su sede sindical.
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