Una de las líneas de investigación
acerca del caso de Diego Fernández de Cevallos que obtuvo mayor
repercusión en los medios masivos de comunicación en estos últimos días
es el que señala a un grupo guerrillero, puntualmente al Ejército
Popular Revolucionario (EPR), como el responsable de esta actual
situación de incertidumbre.
Antes de este suceso, se dio a conocer una especie informativa proveniente de Colombia donde se señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habría “entrenado” al EPR en materia de secuestros. Como se sabe hunde sus raíces en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, al que se le atribuyó una serie de secuestros en la década del ochenta y que existe, por lo menos, desde veinte años antes. Por ello y en torno a él se ha construido una “leyenda negra”. Cabe preguntarse, ante este hecho, de qué le han servido tantos años de clandestinidad, de “acumulación de fuerzas en silencio” y experiencia revolucionaria, estrategia y táctica si, como se afirma más arriba, necesita “entrenamiento” para ejecutar secuestros.
En el caso Fernández de Cevallos, la mayoría de los argumentos esgrimidos a través de los medios coinciden básicamente en cuatro puntos: el EPR sería el único grupo de esta especie con capacidad logística, organización interna, presencia geográfica y argumentos políticos para llevar a cabo una acción de estas características. Los razonamientos se basan en que su capacidad logística habría quedado demostrada tras los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la organización interna ratificada (algo lógico en un grupo con cuarenta años de actividad clandestina) por lo manifestado durante el desarrollo comunicativo previo que luego desembocara en esas explosiones; su presencia geográfica también refiere a uno de los lugares donde ocurrieron esos ataques –aunque una célula móvil que no tiene, por definición, base territorial pudo haber llevado a cabo esos atentados–; y, por último, su decisión política reposaría sobre una especie de represalia por sus dos desaparecidos: una suerte de “contragolpe”.
Si ello fuese así, la instancia de secuestrar a una figura política superaría con fuerza lo de PEMEX (produciría un “salto cualitativo”, entendiendo por ello el proceso diferenciador que se desarrolla entre atentar contra los ductos y la captura de un “símbolo” político, en el contexto de este simbólico 2010 y con todo el riesgo que ello implicase para el grupo), se enfrentaría a un desafío muy alto –no ya por el secuestro en sí sino para enfrentar el costo, las medidas de seguridad y secrecía para mantenerlo secuestrado– que le devolvería también trascendencia mediática inmediata. Para llevar a cabo semejante actividad debiera, en principio, utilizar un membrete falso (y éste debiera ser una sigla desconocida, porque sería imposible aceptar la idea de otro grupo, de los ya conocidos, actuando en nombre del EPR en una acción de esta envergadura) y, si así no fuera, desandaría todo el camino recorrido con la Comisión de Mediación, la que de inmediato renunciaría a sus labores pues es la condición esencial que sus integrantes solicitaron para continuar en ella y que el grupo aceptó; le quitaría base a cualquier argumento que esgrimiese acerca de sus desaparecidos y dilapidaría todo su caudal político de legitimación que ha procurado en estos últimos tiempos, al limitar su actuación exclusivamente a nivel político y no militar. Ello le cargaría de significado al comunicado eperrista en el cual se deslinda de responsabilidad (No es la primera ocasión en la cual niega protagonizar la ejecución de esa práctica.)
Siempre dentro de la idea de la posibilidad que la guerrilla haya sido responsable de este acontecimiento se ha esgrimido otra posibilidad, la que señala que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) haya ejecutado esta operación en alianza con el narcotráfico. En este sentido, es necesario considerar que el grupo acaba de ser descabezado por el asesinato de su líder, el ‘comandante Ramiro’, en Guerrero. Por otra parte se coincide en afirmar que es una organización con una cierta influencia local, sólo en algunos lugares de Guerrero y, cabe agregar, con muchísima menor importancia en limitados espacios de Oaxaca. En cuanto a su alianza con el narcotráfico, se asemeja más a lo que los propios guerrilleros mencionan en sus comunicados (una escalada de la “guerra de baja intensidad” en su contra) que a una realidad concreta y, fundamentalmente, comprobable. En todo caso cabe inferir las interrogantes que refieren al beneficio que una organización guerrillera, orillada a un espacio zonal y marginal, pudiera proveerle a un grupo que cuenta con todos los recursos de los cuales requiere para sus actividades; además del costo político que, en este caso, el ERPI debiera erogar respecto a su, mucha o poca, credibilidad con el pueblo, su base social, combatientes, militancia, etc. Y más aún: ha sido el único desprendimiento del EPR que ha sido reconocido oficialmente y que es, sin dudas, el más estigmatizado y golpeado en toda la historia del eperrismo.
Hay, para el caso, dos argumentos que merecen ser tenidos en cuenta para considerar alguna responsabilidad de la guerrilla. Uno, como ya se ha expresado más arriba, guarda relación con el hecho simbólico de ejecutar el secuestro de una figura política como la de Fernández de Cevallos. Sólo en este aspecto, alcanza con recordar que el EZLN retuvo a Absalón Castellanos en Chiapas. Si este fuese un caso semejante, la trascendencia política del mismo aspirará a cobrar mayor relevancia que el hecho en sí y debiera sentar un reclamo que trascienda lo sectorial para volverse un hecho de magnitud nacional, pues ya no se trata de la identidad del secuestrado sino de lo que tanto su figura como imagen implican para toda la sociedad. Si así fuese (cabe reiterar: si recae efectivamente la responsabilidad sobre la guerrilla) encontraría la reivindicación política clandestina un espacio de divulgación de sus demandas mucho mayor que en cualquiera otra ocasión anterior.
Y la otra es la teoría del “tiempo transcurrido”. Cuando el secuestro tiene motivaciones políticas y se enmarca dentro de una “guerra popular prolongada” como la que sostienen los guerrilleros, el paso del tiempo acrecienta la incertidumbre a la vez que allana el camino para que, conocidas las demandas, éstas conciten y obtengan mayor atención mediática y social. A la ansiedad y la angustia se le contraponen lapsos prolongados, como una forma de demostrar cierto dominio de la situación y sobre el transcurso de los hechos. En este sentido, como bien se ha dicho en otro lugar, el secuestrado cobraría el rango de “prisionero de guerra”, generalmente provisto de trato humanitario porque se trataría de un acto político y no criminal. El rédito político sería mayor cuando porque se ha demostrado que el símbolo es vulnerable. Existirá una demanda económica y a la vez también política, donde la organización pueda garantizarse expresar sin censura su reivindicación y obtener así recursos para su “causa”.
En la idea de imponer al EPR por sobre el resto como la única organización capacitada para realizar este secuestro, junto a la enumeración de algunas de las restantes que fueron descartadas desde el inicio, a excepción del ERPI como ya se mencionó, se ha omitido –deliberadamente o no– a la única organización que sí hubo de reivindicar el secuestro como forma de financiamiento y consideró legítima esta práctica como forma de acción política y que, de hecho, lo hizo público. Ello puede explicarse porque se ha traslucido la hipótesis de que el EPR sería el único capaz de realizarlo y, por otro lado, debido a que aún se considera que todas las escisiones que se han presentado como tales no son lo que dicen ser. Todavía se mantiene el mismo análisis desde, al menos, el inicio de las rupturas: el EPR desarrolla la táctica de “los espejos”, una sola figura desde la cual se reflejan varias imágenes que parecen distintas pero que en realidad no lo son. (A modo de ejemplo en sentido contrario, se omite la fuerza histórica centrífuga y divisionista en la izquierda y ultraizquierda que ha regido, y aún rige, en la mayoría de las organizaciones que se referencian en esos espacios.)
La referencia es, básicamente, a Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), organización considerada, evidentemente, como una de esas imágenes del EPR. Actualmente, conforma la “Coordinación Revolucionaria” junto al Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y otras cuatro o cinco organizaciones más poco conocidas. TDR-EP se atribuyó, entre otras, todas las acciones ocurridas entre 2004 y 2006, incluidas las series de detonaciones menores pero simultáneas en distintos puntos de la ciudad de México en noviembre de ese año. Es una organización que ha sido caracterizada de “socialdemócrata” por un lado (un verdadero insulto en la jerga revolucionaria) y “paramilitar” por otros grupos de Guerrero, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y el Comando Justiciero 28 de Junio. Tendencia se adjudicó el asesinato del notario José Rubén Robles Catalán en Acapulco, considerado por el grupo como uno de los responsables directos de la masacre de Aguas Blancas, y el “ajusticiamiento” de Miguel Ángel Mesino, uno de los líderes de la Organización Campesina de la Sierra Sur, que disparó una crisis dentro del ámbito de los grupos clandestinos. Es un desprendimiento del EPR que nació como una tendencia al interior del eperrismo original (de ahí su nombre) y también sufrió fracturas en su interior: de ella se desprendieron el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y la Organización Revolucionaria 2 de Diciembre, quien realizó la primera actividad política clandestina, aunque menor, del presente sexenio. Públicamente, aparte de la Coordinación, TDR-EP actúa a través de comandos (La Patria es Primero, México Bárbaro, Jaramillista Morelense, Magonista de Liberación) mediante los cuales reivindicó la serie de comunicados y acciones desarrollados durante 2003 y 2006. Éstos fechan sus comunicados desde Oaxaca, Guerrero, Morelos y Estado de México aunque su actuación también alcanzó al DF.
El 28 de agosto de 2003 el ‘Comando México Bárbaro’ dio a conocer públicamente su responsabilidad en el secuestro de Fernando Castro Suárez, retenido desde abril del mismo año. De hecho, también dieron a conocer el ultimátum enviado a sus familiares, donde incluyeron una serie de razones políticas. “Su familiar –dijeron por entonces– no es un objeto negociable, sino un ser humano concreto, un empresario y ex-diputado priista, una persona por cuyos actos hemos decidido aplicar un ley promulgada por los de abajo contra la impunidad, la corrupción y la riqueza mal habida.” Un año después, adoptará el nombre actual de ‘Comando Revolucionario del Trabajo-México Bárbaro’. No obstante, este dato histórico aún resulta endeble para la argumentación; sin embargo, el 22 de abril de 2009 el periodista Alejandro Jiménez, de El Universal, realizó una corta entrevista digital al grupo donde se abordó, entre otros temas, la cuestión del secuestro como actividad política y forma de financiamiento. A pregunta expresa, la respuesta no se hizo esperar: “Partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen –señaló TDR-EP– gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral del retenido.” (El texto completo de esta entrevista se encuentra disponible en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados.)
Cabe agregar otro dato, llamativo por cierto, respecto a TDR-EP: siempre ha sido particularmente prolífica en cuanto a la emisión de comunicados y posicionamientos políticos de coyuntura; pero en julio de 2009 ha emitido el último y públicamente no se ha conocido ningún otro desde ese momento. Es difícil establecer, sin caer en especulaciones y suposiciones, si este silencio refleja una situación o dinámica interna, si se trata de un reacomodo o transición, o si bien refiere a una etapa circunstancial de esa organización. Lo único cierto, hasta ahora, es que ese silencio no descubre la dirección de algún posible cambio o si se trata simplemente de una coyuntura que no pueda divisarse a través del grueso manto de la clandestinidad.
A pesar de todo, hay cuestiones de dominio público mucho más poderosas que podrían explicar mejor las razones respecto a lo sucedido con Diego Fernández de Cevallos donde, aún en el terreno de la especulación, todo parece indicar que la guerrilla ocupa un papel marginal o definitivamente nulo.
Antes de este suceso, se dio a conocer una especie informativa proveniente de Colombia donde se señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habría “entrenado” al EPR en materia de secuestros. Como se sabe hunde sus raíces en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, al que se le atribuyó una serie de secuestros en la década del ochenta y que existe, por lo menos, desde veinte años antes. Por ello y en torno a él se ha construido una “leyenda negra”. Cabe preguntarse, ante este hecho, de qué le han servido tantos años de clandestinidad, de “acumulación de fuerzas en silencio” y experiencia revolucionaria, estrategia y táctica si, como se afirma más arriba, necesita “entrenamiento” para ejecutar secuestros.
En el caso Fernández de Cevallos, la mayoría de los argumentos esgrimidos a través de los medios coinciden básicamente en cuatro puntos: el EPR sería el único grupo de esta especie con capacidad logística, organización interna, presencia geográfica y argumentos políticos para llevar a cabo una acción de estas características. Los razonamientos se basan en que su capacidad logística habría quedado demostrada tras los atentados contra los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX); la organización interna ratificada (algo lógico en un grupo con cuarenta años de actividad clandestina) por lo manifestado durante el desarrollo comunicativo previo que luego desembocara en esas explosiones; su presencia geográfica también refiere a uno de los lugares donde ocurrieron esos ataques –aunque una célula móvil que no tiene, por definición, base territorial pudo haber llevado a cabo esos atentados–; y, por último, su decisión política reposaría sobre una especie de represalia por sus dos desaparecidos: una suerte de “contragolpe”.
Si ello fuese así, la instancia de secuestrar a una figura política superaría con fuerza lo de PEMEX (produciría un “salto cualitativo”, entendiendo por ello el proceso diferenciador que se desarrolla entre atentar contra los ductos y la captura de un “símbolo” político, en el contexto de este simbólico 2010 y con todo el riesgo que ello implicase para el grupo), se enfrentaría a un desafío muy alto –no ya por el secuestro en sí sino para enfrentar el costo, las medidas de seguridad y secrecía para mantenerlo secuestrado– que le devolvería también trascendencia mediática inmediata. Para llevar a cabo semejante actividad debiera, en principio, utilizar un membrete falso (y éste debiera ser una sigla desconocida, porque sería imposible aceptar la idea de otro grupo, de los ya conocidos, actuando en nombre del EPR en una acción de esta envergadura) y, si así no fuera, desandaría todo el camino recorrido con la Comisión de Mediación, la que de inmediato renunciaría a sus labores pues es la condición esencial que sus integrantes solicitaron para continuar en ella y que el grupo aceptó; le quitaría base a cualquier argumento que esgrimiese acerca de sus desaparecidos y dilapidaría todo su caudal político de legitimación que ha procurado en estos últimos tiempos, al limitar su actuación exclusivamente a nivel político y no militar. Ello le cargaría de significado al comunicado eperrista en el cual se deslinda de responsabilidad (No es la primera ocasión en la cual niega protagonizar la ejecución de esa práctica.)
Siempre dentro de la idea de la posibilidad que la guerrilla haya sido responsable de este acontecimiento se ha esgrimido otra posibilidad, la que señala que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) haya ejecutado esta operación en alianza con el narcotráfico. En este sentido, es necesario considerar que el grupo acaba de ser descabezado por el asesinato de su líder, el ‘comandante Ramiro’, en Guerrero. Por otra parte se coincide en afirmar que es una organización con una cierta influencia local, sólo en algunos lugares de Guerrero y, cabe agregar, con muchísima menor importancia en limitados espacios de Oaxaca. En cuanto a su alianza con el narcotráfico, se asemeja más a lo que los propios guerrilleros mencionan en sus comunicados (una escalada de la “guerra de baja intensidad” en su contra) que a una realidad concreta y, fundamentalmente, comprobable. En todo caso cabe inferir las interrogantes que refieren al beneficio que una organización guerrillera, orillada a un espacio zonal y marginal, pudiera proveerle a un grupo que cuenta con todos los recursos de los cuales requiere para sus actividades; además del costo político que, en este caso, el ERPI debiera erogar respecto a su, mucha o poca, credibilidad con el pueblo, su base social, combatientes, militancia, etc. Y más aún: ha sido el único desprendimiento del EPR que ha sido reconocido oficialmente y que es, sin dudas, el más estigmatizado y golpeado en toda la historia del eperrismo.
Hay, para el caso, dos argumentos que merecen ser tenidos en cuenta para considerar alguna responsabilidad de la guerrilla. Uno, como ya se ha expresado más arriba, guarda relación con el hecho simbólico de ejecutar el secuestro de una figura política como la de Fernández de Cevallos. Sólo en este aspecto, alcanza con recordar que el EZLN retuvo a Absalón Castellanos en Chiapas. Si este fuese un caso semejante, la trascendencia política del mismo aspirará a cobrar mayor relevancia que el hecho en sí y debiera sentar un reclamo que trascienda lo sectorial para volverse un hecho de magnitud nacional, pues ya no se trata de la identidad del secuestrado sino de lo que tanto su figura como imagen implican para toda la sociedad. Si así fuese (cabe reiterar: si recae efectivamente la responsabilidad sobre la guerrilla) encontraría la reivindicación política clandestina un espacio de divulgación de sus demandas mucho mayor que en cualquiera otra ocasión anterior.
Y la otra es la teoría del “tiempo transcurrido”. Cuando el secuestro tiene motivaciones políticas y se enmarca dentro de una “guerra popular prolongada” como la que sostienen los guerrilleros, el paso del tiempo acrecienta la incertidumbre a la vez que allana el camino para que, conocidas las demandas, éstas conciten y obtengan mayor atención mediática y social. A la ansiedad y la angustia se le contraponen lapsos prolongados, como una forma de demostrar cierto dominio de la situación y sobre el transcurso de los hechos. En este sentido, como bien se ha dicho en otro lugar, el secuestrado cobraría el rango de “prisionero de guerra”, generalmente provisto de trato humanitario porque se trataría de un acto político y no criminal. El rédito político sería mayor cuando porque se ha demostrado que el símbolo es vulnerable. Existirá una demanda económica y a la vez también política, donde la organización pueda garantizarse expresar sin censura su reivindicación y obtener así recursos para su “causa”.
En la idea de imponer al EPR por sobre el resto como la única organización capacitada para realizar este secuestro, junto a la enumeración de algunas de las restantes que fueron descartadas desde el inicio, a excepción del ERPI como ya se mencionó, se ha omitido –deliberadamente o no– a la única organización que sí hubo de reivindicar el secuestro como forma de financiamiento y consideró legítima esta práctica como forma de acción política y que, de hecho, lo hizo público. Ello puede explicarse porque se ha traslucido la hipótesis de que el EPR sería el único capaz de realizarlo y, por otro lado, debido a que aún se considera que todas las escisiones que se han presentado como tales no son lo que dicen ser. Todavía se mantiene el mismo análisis desde, al menos, el inicio de las rupturas: el EPR desarrolla la táctica de “los espejos”, una sola figura desde la cual se reflejan varias imágenes que parecen distintas pero que en realidad no lo son. (A modo de ejemplo en sentido contrario, se omite la fuerza histórica centrífuga y divisionista en la izquierda y ultraizquierda que ha regido, y aún rige, en la mayoría de las organizaciones que se referencian en esos espacios.)
La referencia es, básicamente, a Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), organización considerada, evidentemente, como una de esas imágenes del EPR. Actualmente, conforma la “Coordinación Revolucionaria” junto al Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y otras cuatro o cinco organizaciones más poco conocidas. TDR-EP se atribuyó, entre otras, todas las acciones ocurridas entre 2004 y 2006, incluidas las series de detonaciones menores pero simultáneas en distintos puntos de la ciudad de México en noviembre de ese año. Es una organización que ha sido caracterizada de “socialdemócrata” por un lado (un verdadero insulto en la jerga revolucionaria) y “paramilitar” por otros grupos de Guerrero, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y el Comando Justiciero 28 de Junio. Tendencia se adjudicó el asesinato del notario José Rubén Robles Catalán en Acapulco, considerado por el grupo como uno de los responsables directos de la masacre de Aguas Blancas, y el “ajusticiamiento” de Miguel Ángel Mesino, uno de los líderes de la Organización Campesina de la Sierra Sur, que disparó una crisis dentro del ámbito de los grupos clandestinos. Es un desprendimiento del EPR que nació como una tendencia al interior del eperrismo original (de ahí su nombre) y también sufrió fracturas en su interior: de ella se desprendieron el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo y la Organización Revolucionaria 2 de Diciembre, quien realizó la primera actividad política clandestina, aunque menor, del presente sexenio. Públicamente, aparte de la Coordinación, TDR-EP actúa a través de comandos (La Patria es Primero, México Bárbaro, Jaramillista Morelense, Magonista de Liberación) mediante los cuales reivindicó la serie de comunicados y acciones desarrollados durante 2003 y 2006. Éstos fechan sus comunicados desde Oaxaca, Guerrero, Morelos y Estado de México aunque su actuación también alcanzó al DF.
El 28 de agosto de 2003 el ‘Comando México Bárbaro’ dio a conocer públicamente su responsabilidad en el secuestro de Fernando Castro Suárez, retenido desde abril del mismo año. De hecho, también dieron a conocer el ultimátum enviado a sus familiares, donde incluyeron una serie de razones políticas. “Su familiar –dijeron por entonces– no es un objeto negociable, sino un ser humano concreto, un empresario y ex-diputado priista, una persona por cuyos actos hemos decidido aplicar un ley promulgada por los de abajo contra la impunidad, la corrupción y la riqueza mal habida.” Un año después, adoptará el nombre actual de ‘Comando Revolucionario del Trabajo-México Bárbaro’. No obstante, este dato histórico aún resulta endeble para la argumentación; sin embargo, el 22 de abril de 2009 el periodista Alejandro Jiménez, de El Universal, realizó una corta entrevista digital al grupo donde se abordó, entre otros temas, la cuestión del secuestro como actividad política y forma de financiamiento. A pregunta expresa, la respuesta no se hizo esperar: “Partiendo de que toda gran fortuna está cimentada en el crimen –señaló TDR-EP– gravamos la gran explotación asalariada mediante la captura y la retención física de empresarios capitalistas, con base en un código que nos obliga a respetar su la integridad física y moral del retenido.” (El texto completo de esta entrevista se encuentra disponible en la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados.)
Cabe agregar otro dato, llamativo por cierto, respecto a TDR-EP: siempre ha sido particularmente prolífica en cuanto a la emisión de comunicados y posicionamientos políticos de coyuntura; pero en julio de 2009 ha emitido el último y públicamente no se ha conocido ningún otro desde ese momento. Es difícil establecer, sin caer en especulaciones y suposiciones, si este silencio refleja una situación o dinámica interna, si se trata de un reacomodo o transición, o si bien refiere a una etapa circunstancial de esa organización. Lo único cierto, hasta ahora, es que ese silencio no descubre la dirección de algún posible cambio o si se trata simplemente de una coyuntura que no pueda divisarse a través del grueso manto de la clandestinidad.
A pesar de todo, hay cuestiones de dominio público mucho más poderosas que podrían explicar mejor las razones respecto a lo sucedido con Diego Fernández de Cevallos donde, aún en el terreno de la especulación, todo parece indicar que la guerrilla ocupa un papel marginal o definitivamente nulo.
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PD: Solidaridad con Laura Castellanos.
Reproduzco, para el caso, la parte sustancial del boletín que diera a
conocer la organización “Artículo 19”: “Castellanos sufrió un
allanamiento a su casa. Pero esto se une a una larga línea de actos de
intimidación, incluidas amenazas telefónicas, intervenciones a su correo
electrónico y constante vigilancia. Estaba en París cuando sucedió el
incidente el pasado 10 de mayo, al estar promoviendo su libro titulado
‘México Armado’. Ella es una renombrada periodista freelancer de
investigación actualmente trabajando para la revista ‘Gatopardo’, con
más de 20 años de experiencia investigando principalmente temas
relacionados grupos armados y movimientos radicales que operan en
México, así como lo relacionado con derechos de las mujeres y de los
pueblos indígenas.” Me solidarizo, absoluta e incondicionalmente, con
Laura.
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