El reconocido
ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC), afirmó que, pese al reciente proyecto aprobado por la
Cámara de Diputados, no se podrá evitar que las grandes mineras
continúen haciendo daño.
En declaraciones a BBC
Mundo afirmó:"En tanto siga rigiendo el actual Código de Minería,
quienes deberán determinar si se están cometiendo abusos son las
autoridades provinciales, y ellos tienen convenios con las propias
mineras".
La Cámara de Diputados aprobó la
madrugada de este jueves una iniciativa de ley para proteger los
glaciares. La ley básicamente retoma un texto que fue vetado en el 2008
por el Ejecutivo, pero incorpora elementos de una propuesta paralela
presentada por el senador oficialista Daniel Filmus.
Los
cambios, sin embargo, no fueron suficientes para conseguir el apoyo del
oficialismo, lo que hizo que los debates sobre la ley se extendieran
por más de 8 horas. Al final, la iniciativa fue aprobada con 129 votos a
favor y 86 en contra. Ahora tendrá que ser discutida por el Senado.
La
ley prevé sanciones para quienes generen daños al medio ambiente en
zonas glaciares. También contempla la realización de un inventario
nacional de hielos, que permitiría delimitar qué zonas deben ser
protegidas.
El proyecto de ley fue impulsado
por el diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja.
Un
vocero de Bonasso le dijo a BBC Mundo que el nuevo proyecto de ley
presentado por el legislador es una versión "ampliada y mejorada" de una
propuesta que el Congreso aprobó por unanimidad en 2008.
Pero,
tras su aprobación legislativa, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner la vetó, afirmando que debía votarse una nueva ley "superadora"
de aquella sancionada.
Para la oposición el
motivo de la decisión presidencial fue claro: apodaron la medida el
"veto Barrick", en referencia a la minera canadiense Barrick Gold, que
había firmado un contrato con el gobierno argentino en 2006 para
instalar la mina Pascua Lama en la cordillera de los Andes.
El
proyecto, compartido con Chile, prevé una inversión de US$2.400
millones y consiste en una explotación de oro, plata y cobre a cielo
abierto sobre el límite binacional, a la altura del Valle del Huasco en
Chile y la provincia argentina de San Juan.
Según
Rodríguez Pardo, el proyecto afectará cuatro importantes glaciares de
superficie del lado chileno, y unos 40 glaciares de roca, además de
otras formaciones de agua, del lado argentino.
Por
su parte, Karina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), advirtió sobre los riesgos de la explotación minera en una zona
de glaciares.
"Cualquier alteración al
ecosistema podría poner en peligro la fuente de agua dulce en la
región", señaló a BBC Mundo.
Según los
impulsores de la ley, algunos gobernadores de provincias mineras son
dueños de empresas que abastecen a las mineras multinacionales.
Los
ecologistas también se quejan por la contaminación visual que genera el
polvo de roca y por las molestias auditivas y visuales de un yacimiento
de enorme tamaño.
Sin embargo, del otro lado
de la vereda están quienes sostienen que estos emprendimientos traen
enormes riquezas y puestos de trabajo a las provincias.
Por
su parte, la compañía Barrick -que es la explotadora de oro más grande
del mundo-, aseguró en el pasado a BBC Mundo que "la empresa se va a
ajustar cien por ciento a las condiciones expuestas por las autoridades
chilenas y argentinas en la aprobación del proyecto".
fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2010/07/argentina-glaciares-la-nueva-ley-no.html
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