"Esta región estratégica global de diversidad biológica y cultural, a la
vez tiene una presión enorme por las actividades extractivas de
empresas nacionales y extranjeras, mineras y de hidrocarburos,
infraestructura y monocultivos, así como por la presencia de otros
agentes externos que generan impactos ambientales y sociales
irreversibles para los pueblos indígenas y sus territorios."
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)
y sus organizaciones miembros de los nueve países de la cuenca
amazónica: COIAB (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Amazonía Brasileña) de Brasil, CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia) Bolivia, AIDESEP (Asociación Interétnica de desarrollo de
la Selva Peruana) Perú, CONFENIAE (Confederación de las Nacionalidades
de la Amazonía Ecuatoriana) de Ecuador, OPIAC (Organización Nacional de
los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana) Colombia, ORPIA
(Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas) de Venezuela,
APA (Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana) de Guyana, OIS
(Organizaciones Indígenas de Surinam) Surinam y FOAG (Federación de
Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa) Guyana Francesa, reunidos
en la ciudad de Quito, del 16 al 19 de marzo de 2018, en el marco del
Consejo de Coordinación y Consejo Directivo de la COICA, acuerdan emitir
la presente Declaración de Quito:
Considerando:
Que, la cuenca amazónica ha sido el hogar de pueblos indígenas por más
de 10 mil años, y actualmente habitan en esta región 390 pueblos
indígenas, más 66 pueblos en aislamiento voluntario, y más de 2,5
millones de indígenas con una diversidad cultural única, basada en una
relación holística con su territorio, que ha llevado a mantener
conservados el 28,3% de territorios indígenas dentro de la cuenca
amazónica, abarcando 175 millones de hectáreas tituladas y más de 100
millones de hectáreas que faltan titular.
Que, los bosques tropicales de la Amazonía son un ecosistema estratégico
para enfrentar el cambio climático, por sus múltiples funciones
ecosistémicas, como la de mega diversidad biológica, regulación hídrica
de los “ríos voladores” y los millones de toneladas de biomasa de
carbono forestal depositado en los bosques tropicales de los territorios
indígenas.
Que, esta región estratégica global de diversidad biológica y cultural, a
la vez tiene una presión enorme por las actividades extractivas de
empresas nacionales y extranjeras, mineras y de hidrocarburos,
infraestructura y monocultivos, así como por la presencia de otros
agentes externos que generan impactos ambientales y sociales
irreversibles para los pueblos indígenas y sus territorios.
Que, es importante la consulta previa y la aplicación aplique según en
el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 2 establece que “…los
gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad…”
Que, existe una presión de inversiones chinas que no cumple con
estándares mínimos internacionales y que causan graves impactos
ambientales y sociales con una consecuenta flexibilización de las normas
nacionales.
Los representantes de las organizaciones indígenas nacionales amazónicas
miembros de la COICA, de los 9 países de la cuenca amazónica, ponen de
manifiesto denuncias y preocupaciones para consideración pública
nacional e internacional, en especial de los Estados nacionales
amazónicos:
En Colombia, la OPIAC denuncia que, (1) con el Acuerdo de
Paz, sus territorios continúan amenazados con la presencia de los mismos
actores armados al margen de la Ley, y del propio Estado, que se
derivan en persecución y asesinatos a los líderes indígenas en sus
propios territorios, y se exigen garantías constitucionales plenas para
que exista participación de los pueblos indígenas en el marco de la
implementación del acuerdo de paz con las FARC, respetando el derecho
fundamental al consentimiento previo, libre e informado; (2) la presión
en los territorios indígenas por la presencia de empresas mineras
legales e ilegales, ha generado un problema de salud pública en la
región, contaminando con mercurio las fuentes hídricas, así mismo la
exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas,
vulnerando el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e
informado, por lo que se exige una solución; (3) la constante
vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y a la
participación de los pueblos indígenas en la aprobación de leyes y
políticas públicas en temas que les afectan, por lo que se exige
proteger de manera más efectiva el derecho fundamental a la consulta
previa.
En el Ecuador, si bien es cierto se reconoce el proceso de
diálogo establecido entre el gobierno nacional y las organizaciones
indígenas representadas por la CONAIE y la CONFENIAE, en mesas
nacionales temáticas de trabajo; sin embargo (1) la nueva ronda
petrolera y concesiones mineras son una amenaza permanente a los
territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y a su forma de vida;
(2) la persecución a líderes indígenas, reflejada en los procesos
judiciales iniciados por al anterior gobierno, aún no se han cancelado y
las demandas de amnistía e indulto para los presos políticos no son
atendidos; (3) se pide a las autoridades de gobierno, el respeto a los
derechos ancestrales de las comunidades, en ese sentido se respalda a la
nacionalidad Siekopai por su derecho ancestral territorial, cultural y
espiritual para la construcción de una casa ceremonial en el punto
denominado laguna de KOSA DOPË, dentro de la Reserva de Cuyabeno en la
zona de Lagarto Cocha, que fue parte del territorio ancestral de esta
nacionalidad.
En Perú, los territorios indígenas sufren una permanente
amenaza por (1) las concesiones forestales, mineras, de monocultivos,
infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras y trata de
personas, y cultivos ilícitos de coca, (2) las demandas de titulación de
sus territorios no son atendidos, y al contrario el Estado peruano, de
manera inconsulta y arbitraria continúa declarando áreas protegidas en
superposición de los territorios indígenas como el caso Yaguas en el
Departamento de Loreto, que atenta contra el uso ancestral de los
recursos del bosque por parte de los propios pueblos indígenas.
En Bolivia, la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia), menciona que el Ministerio Público rechazó en marzo 2018 la
querella penal contra el presidente de la CIDOB, hermano Adolfo Chávez
Beyuma y líderes indígenas, por presuntas irregularidades, sin embargo
esta acción demuestra que la demanda fue un instrumento de venganza y
persecución política del gobierno nacional contra la CIDOB orgánica -que
es la única reconocida por la COICA-, por su resistencia y su lucha por
los derechos de los pueblos indígenas. La CIDOB denuncia que continúa
la persecución y división del movimiento indígena, por parte del
gobierno nacional, con la criminalización de la protesta social por la
defensa de los territorios. Además, los territorios indígenas sufren una
permanente amenaza por las concesiones forestales, mineras, de
monocultivos, infraestructura, bloques petroleros, tráfico de tierras, y
cultivos ilícitos de coca.
En Venezuela, se reconoce en la legislación nacional los
derechos de los pueblos indígenas y se ha ratificado acuerdos y normas
internacionales como el Acuerdo 169 de la OIT, que garantiza la consulta
libre previa e informada y la participación de los pueblos indígenas en
asuntos que les afecte. Por lo que se hace un llamado al gobierno
nacional, para que el cumplimiento de dichos instrumentos legales, se
abran mesas de diálogo con las organizaciones nacionales de pueblos
indígenas, para analizar los impactos de proyectos de interés
estratégico como en el llamado Arco Minero, cuya aplicación podría
afectar de forma directa a los pueblos indígenas, a su forma de vida y a
sus territorios; y buscar alternativas viables; así mismo es importante
avanzar con la demarcación y titulación de tierras indígenas que con su
visión holística, aportarán en la conservación y manejo adecuado de los
recursos naturales. Es importante que el gobierno comprenda la
importancia de los territorios para los pueblos indígenas, que lleva a
la lucha por la misma y se de cumplimiento al Plan de la Patria que en
su contenido hace referencia a la protección del bosque para la
salvación del planeta y la humanidad.
En Brasil, la COIAB denuncia que (1) no se ha terminado
con la legalización de los territorios indígenas, y se denuncia también
la política gubernamental Marco Temporal que coarta las iniciativas de
legalización de tierras indígenas, (2) se atraviesa por una situación
preocupante en los territorios, por las constantes amenazas por los
garimpeiros, expansión de la frontera ganadera y agropecuaria, y
explotación maderera, que atenta contra los pueblos y su forma de vida.
(3) Se denuncia las acciones legislativas que atentan contra los
derechos de los pueblos indígenas, como son las leyes PEC215, PLP 227,
PEC 419y PL 1610/96. (4) Además se denuncia que se han incrementado los
proyectos de infraestructura sin consulta, así como la construcción de
carreteras, hidroeléctricas, y monocultivos. (5) Se ha cortado el
presupuesto, se ha desestructurado la FUNAI (Fundación Nacional del
Indio). (6) La amenaza constante y persecución al movimiento indígenas,
líderes y lideresas. (7) Tentativa de gobierna nacional y de los estados
federales, por invalidar la Convención 169 de la OIT como en el caso de
Roraima. (8) El gobierno debe atender también, en coordinación con
Venezuela, la situación social del pueblo Warao por la crisis en
Venezuela.
En Guyana Francesa, la lucha por la titulación de los
territorios indígenas ha sido un proceso frente a las autoridades del
gobierno francés, que de forma progresiva ha titularizado tierra
indígena tradicional, dicho proceso debe continuar para asegurar los
derechos territoriales y su gestión holística impulsada por la COICA.
Por otro lado, la minería es una amenaza a los territorios, con el mega
proyecto planificado, los impactos por uso de explosivos y de cianuro
traerían graves afectaciones a la vida de los pueblos indígenas y a los
recursos naturales, por lo que se insta al gobierno a analizar
conjuntamente con FOAG los impactos, y aplicar la consulta y la
participación, además se exige una moratoria sobre la minería. Se pide
el cumplimiento del Acuerdo de Cayanne, específicamente el punto con la
posición de la ratificación de la Convenio 169 de OIT.
En Surinam, se ha seguido un proceso para el
reconocimiento nacional de los pueblos indígenas, sin embargo, queda un
camino por seguir para que se aplique la consulta y participación de los
pueblos indígenas, que lleven al pleno reconocimiento de sus derechos,
en casos como la minería que es una actividad de presión sobre los
territorios.
OIS denuncia que, en el noreste de Surinam, el gobierno está haciendo
una exploración minera y se están contaminando los ríos con mercurio.
En
cuanto al derecho de la tierra, se ha conformado una comisión, en la
que los pueblos indígenas deben participar. Además, se han detenido los
procesos de concesión de tierras indígenas por la Comisión de asuntos de
tierras.
En Guyana, la APA declara que las concesiones forestales y
mineras que el gobierno ha concedido en o cerca de tierras indígenas
constituyen una amenaza para los territorios indígenas y el medio
ambiente. Esto ha llevado a la violación de los derechos territoriales y
de otro tipo debido a la inadecuada, o en algunos casos, la falta de
participación en las decisiones que afectan a los pueblos y sus
territorios. Por lo tanto, se insta al gobierno nacional a entablar un
diálogo constructivo para comprender plenamente la importancia de las
tierras y los territorios para los pueblos indígenas de Guyana.
En Guyana, Surinam y Francia, se presenta el agravante de que en estos
tres países no se ha ratificado aún el Convenio 169 de la OIT sobre
consulta previa libre e informada a los Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes de la OIT, es importante que estos tres países lo
ratifiquen.
Por lo tanto, la COICA y sus organizaciones indígenas amazónicas
miembros, en uso de sus competencias y atribuciones, emiten las
siguientes
Resoluciones:
Demandar a los respectivos gobiernos nacionales de la cuenca amazónica,
la coherencia en sus políticas de desarrollo, respetando los derechos de
los pueblos indígenas y sus territorios, tomando en cuenta que la
Amazonía y su diversidad biológica y cultural son estratégicas a nivel
global para enfrentar el cambio climático.
Demandar de manera firme y consistente, a los gobiernos nacionales que
se respete el cumplimiento del derecho al consentimiento libre, previo e
informado, y el derecho a la participación en todas las decisiones,
políticas y leyes que les afecte de manera directa o indirecta.
Denunciar a la opinión pública la persecución y criminalización de las y
los defensores de los derechos indígenas; y demandar a los estados el
cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la
erradicación total de la criminalización de la protesta social por parte
de líderes y lideresas de las organizaciones indígenas, que luchan por
la defensa de sus derechos y sus territorios; y llamar a articular una
amplia red de defensa de defensores de la Vida Amazónica
Exigir a los estados nacionales y capitales extranjeros la
indemnización, derechos de servidumbre, compensación y remediación por
las afectaciones y los impactos socio ambientales que han sufrido los
territorios indígenas, por causa de la explotación minera, de
hidrocarburos, infraestructura, megaproyectos y otros.
Exigir a los gobiernos nacionales el respeto por la vida y la
intangibilidad de los más de 66 pueblos indígenas en aislamiento
voluntario en la cuenca amazónica; con políticas de protección efectivas
y el establecimiento de corredores binacionales y trinacionales, según
corresponda para la defensa efectiva de su sobrevivencia
Demandan que los gobiernos nacionales de forma coordinada con los
pueblos indígenas a través de sus respectivas organizaciones nacionales
amazónicas, inicien y/o retomen la delimitación y legalización de más de
100 millones de hectáreas, en los 9 países de la cuenca amazónica. Los
territorios en poder de los pueblos indígenas constituyen un freno a la
deforestación y con ello se garantizar una enorme contribución a la
lucha global contra el cambio climático.
Impulsar la organización de las plataformas nacionales indígenas de
cambio climático, en aplicación del párrafo 135 del Acuerdo de París, y
que estén basadas en las organizaciones territoriales y representativas
de los pueblos indígenas.
Solicitar el apoyo de (1) los gobiernos nacionales de los 9 países de la
cuenca amazónica, (2) las organizaciones nacionales e internacionales,
(3) la opinión pública; a las iniciativas que lleva adelante la COICA y
sus 9 miembros, como el Corredor Andes-Amazonas-Atlántico, el Programa
de Defensa de Defensores, Programa de titulación de tierras indígenas
amazónicas, Redd+ Indígena Amazónico; y a nivel nacional iniciativas
como Cuencas Sagradas del Ecuador y Perú enfocados en la conservación de
los territorios, defensa de los derechos, titulación de tierras
indígenas, alternativas económicas y valoración de los servicios
ecosistémicos; que incluye el enfoque de género e intergeneracional
(mujeres, jóvenes y ancianos sabios).
Convocar a las organizaciones indígenas aliadas de COICA, a los
gobiernos nacionales amazónicos, agencias y programas de Naciones
Unidas, organizaciones multilaterales, entidades académicas, entre
otros, a participar en la IV Cumbre Amazónica, II Congreso de Mujeres y
Congreso de COICA que se realizará del 18 al 22 de Junio del 2018, en
Macapá – Brasil, donde se articularán alianzas y estrategias para
avanzar en la deuda histórica de titulación de al menos 100 millones de
hectáreas pendientes, defensa de los defensores amazónicos, la
participación efectiva de las mujeres amazónicas, desarrollar economías
comunitarias de Vida Plena que avancen en el cambio del modelo
extractivista y desarrollista; así como también impulsar la aplicación
efectiva del Acuerdo de París, en especial las alternativas indígenas
para cumplir con las metas de reducción de emisiones de los NDC
nacionales.
Para constancia de lo resuelto, en la ciudad de Quito, a 19 de marzo de 2018, firman:
Consejo de Coordinación de la COICA
Resolución CDC-CCC
Fuente:
COICA
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Declaracion_de_Quito._Pueblos_indigenas_de_la_Cuenca_amazonica_en_defensa_de_sus_derechos_y_sus_territorios_para_la_vida_plena_y_su_aporte_para_enfrentar_el_cambio_climatico
..
“Esto
de que el terrorismo pueda ser una acción individual y no asociativa
(otro de los cambios del texto) ciertamente que se distancia de las
recomendaciones internacionales en materia de derechos indígenas, y lo
que es peor aún: se enfatiza que la problemática que vive la Región de
La Araucanía se resuelve con más represión y no con soluciones
políticas”, agregó Barraza.
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