Honduras: Manifiesto de Pajuiles. 365 días defendiendo el agua...Movimiento Amplio

La Conducción Política Nacional del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebra con júbilo junto a los pueblos de Atlántida el primer aniversario de la lucha honrosa, soberana e inclaudicable -encabezada por los Núcleos Comunitarios de Pajuiles y comunidades del sector- en defensa del derecho humano al agua y el derecho a vivir en paz y con justicia social.




Ha sido una lucha cruenta contra la empresa HIDROCEP, que se ha creído con el derecho a violentar toda normativa ambiental y social prescritas en la Constitución hondureña y en el Derecho Internacional. Los drones con que hemos sido vigilados, los matones que han agredido a pobladores y pobladoras, incluyendo nuestro Coordinador General, y aun la traición de algún dirigente comunitario que por necesidad o falta de conciencia se volvió contra el pueblo no lograron detener esta lucha firme y determinante del sector Pajuiles. Al empresario Jayson Hawit y su caterva de accionistas y operarios de cualquier nivel les decimos que el Movimiento Amplio está determinado a hacer prevalecer los derechos ciudadanos en Atlántida y en cualquier rincón de nuestra honrada Honduras, asaltada hoy día por una dictadura al servicio de intereses oscuros de una clase empresarial apátrida, corrupta y sanguinaria a la cual posiblemente pertenezca el empresario Jayson Hawit.

Ha sido también una lucha digna contra un Estado infame convertido en instrumento de colonización de su mismo pueblo, que sin ningún escrúpulo entrega nuestros bienes naturales y demás riquezas con que contamos en nuestras comunidades. Somos un pueblo organizado como Movimiento Amplio que defendemos la Honduras de todos y todas aun en contra de los injustos y criminales tratos que recibimos de las instituciones gubernamentales supuestamente encargadas de hacer prevalecer la justicia social a todo nivel.

El departamento de Atlántida no va a ser colonizado nuevamente, porque estamos defendiendo su soberanía territorial y eso es justamente lo que hoy celebramos en Pajuiles. La sierra Nombre de Dios no está en venta, porque sus bienes naturales sustentan la vida de quienes vivimos y luchamos en este honroso departamento.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia es categórico en manifestar que el Estado de Honduras no puede y no debe continuar concesionando las montañas de la sierra Nombre de Dios y sus bienes naturales. De continuar haciéndolo estará incurriendo en los delitos de ecocidio y genocidio. Ecocidio contra un departamento con riquezas geológicas, meteorológicas y de biodiversidad sin igual en el resto de Honduras; al mismo tiempo que genocidio por el despojo y muerte que implican las concesiones hidroeléctricas y mineras en contra de las 110 comunidades que pueblan la sierra Nombre de Dios a lo largo del departamento de Atlántida.

Al dictador Juan Orlando Hernández, sus equipos técnicos, y a la oscura casta empresarial beneficiaria de la recolonización de que está siendo objeto nuestra patria les aclaramos que, nuestra determinación de no aceptar que la sierra Nombre de Dios sea arrasada, no se funda en criterios egoístas que beneficien a unas cuantas personas en contra del despojo y sometimiento de muchas otras. Tampoco nos oponemos porque seamos portadores y portadoras de actitudes recalcitrantes que chocan con las supuestamente brillantes acciones desarrollistas que se anuncian en los discursos de quienes promueven este tipo de explotaciones.

Nos oponemos y no permitiremos más proyectos extractivistas en el departamento porque defendemos la vida y el bienestar de cada ciudadano y ciudadana de Atlántida. Las ciencias nos dan la razón frente a los amañados, torcidos e incompletos Estudios de Impacto Ambiental que primero esconden y finalmente presentan las empresas concesionarias. A su vez, el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional nos legitiman en nuestra determinación, frente a las últimas leyes extractivistas de carácter colonialista, promulgadas para favorecer al gran capital internacional, más que para fomentar la justicia social en el usufructo de los bienes naturales con equidad para toda la población hondureña y, en el caso que nos ocupa, para la población del departamento de Atlántida.

1) No puede haber concesiones mineras a cielo abierto, fracturando cerros, utilizando explosivos a mansalva; ni concesiones hidroeléctricas desviando caudales, almacenando aguas, rompiendo cerros para construir nuevos canales hídricos, etc en un departamento que es atravesado por una falla geológica, que luego se ramifica constituyendo un verdadero sistema departamental de microfallas sísmicas con capacidad, demostrada científicamente, para reactivarse con las explosiones continuas de los incontables proyectos mineros e hidroeléctricos que a barlovento y sotavento se pretenden implementar en la sierra Nombre de Dios.

2) En la sierra Nombre de Dios nacen alrededor de 70 ríos y riachuelos de caudales permanentes que sustentan de este vital líquido a las poblaciones del departamento de Atlántida y dotan de agua a las lagunas y humedales de la llanura costera, cuya biodiversidad acuática alimenta a las comunidades cercanas al mar y la belleza escénica que les caracteriza invita al turismo ecológico comunitario. La demanda hídrica de los proyectos mineros e hidroeléctricos más la devastación hídrica que provocan ponen en riesgo severo la aspiración de los pueblos de Atlántida de contar siempre con agua en calidad y cantidad capaz de satisfacer sus necesidades humanas y productivas.

3) Las zonas de recarga hídrica de los mantos subterráneos de aguas que recorren el subsuelo a lo largo del departamento de Atlántida se ubican en la sierra Nombre de Dios. Despedazar montañas, modificar la geología y geodinámica de los suelos de la sierra terminarán por dañar estas zonas de recarga hídrica. Cada vez será más difícil extraer agua de pozos comunitarios y artesanales y muchos de ellos terminarán agotándose por completo o con sus aguas inservibles debido a concentraciones de sustancias contaminantes.

4) Las masas de aire que soplan a barlovento en la sierra Nombre de Dios mantienen en el departamento de Atlántida una pluviosidad excepcional durante todo el año. Así se fortalecen los caudales hídricos y acuíferos, generando además niveles de temperaturas apropiadas para la salud de las personas, para que los cultivos fructifiquen y en general para mantener un clima agradable que se suma como aliciente a la belleza paisajística de nuestro departamento. Trastocar la geomorfología de la sierra implica inexorablemente cambios meteorológicos en el departamento de Atlántida. Habiéndonos adentrado en la era del cambio climático, la fortaleza estructural del sistema ecológico de la sierra Nombre de Dios deviene factor indispensable restaurador de equilibrios ambientales a escala departamental. Alterar cualquiera de los sistemas ecológicos de la sierra Nombre de Dios provocará mayor vulnerabilidad ambiental para el departamento de Atlántida.

5) La deforestación de grandes extensiones silvestres en la sierra Nombre de Dios no ha sido provocada principalmente por las comunidades, sino por las empresas madereras que han contado con los correspondientes permisos de la otrora COHDEFOR, hoy ICF. Otra parte de culpa recae sobre terratenientes ganaderos, caficultores y palmicultores a quienes el INA ha titulado enormes extensiones de tierras de serranía para deforestarlas y convertirlas en pastizales, cafetales o consagrarlas al cultivo extensivo de palma africana. Esta difícil situación empeora con las concesiones hidroeléctricas y mineras, que sólo prometen exterminio generalizado para toda la sierra. Y los pocos bienes naturales que sobreviven son privatizados por estas empresas extractivistas, de manera que los pueblos de Atlántida van quedando en la completa miseria producto del despojo de sus bienes naturales.

6) La sierra Nombre de Dios se ha constituido en el espacio geográfico y medio de vida preferencial de 110 comunidades rurales ubicadas en las partes altas de todos los municipios del departamento de Atlántida. Estas comunidades pobladas por miles de familias principalmente agricultoras que fueron asentándose a lo largo del siglo pasado, a pesar de provenir de distintos puntos geográficos de la nación, han sido capaces de mantener equilibrios con el medio natural. Es decir, si bien es cierto que tuvieron que talar bosques para levantar sus pueblos y destinar algunas tierras para plantar cultivos de subsistencia, siempre mantuvieron la costumbre de no explotar la naturaleza más allá de los puntos de equilibrio, de manera que las zonas silvestres diezmadas han contado a su vez con tiempos de desuso para su recuperación ecológica. Estas 110 comunidades no representan, entonces, peligro alguno para el sistema ecológico de la sierra nombre de Dios. En cambio, la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas sí que son la amenaza mayor y total que puede acabar con las riquezas de la sierra Nombre de Dios. Su característico modo de proceder consistente en el arrasamiento de bienes naturales, privatización de los mismos, expulsión de las comunidades y la consabida herencia de devastación y contaminación que queda luego de finalizadas las dichas concesiones, amenazan con destruirlo todo.

La soberanía de Atlántida pertenece al pueblo hondureño de Atlántida y estamos dispuestos a defenderla. Pajuiles enseña la ruta a seguir desde hace un año y nuestros mártires Geovanny Díaz Cárcamo, Ramón Fiallos y Wilmer Alberto Paredes son portadores del fuego de dignidad y justicia que ya recorre nuestro departamento y no se apagará jamás.

Desde Atlántida llamamos a los hombres y mujeres de Honduras a organizarse y crear estructuras departamentales y regionales capaces de defender la soberanía de nuestra nación. Honduras es por ahora un Estado asaltado cuyas instituciones son incapaces de defender a las poblaciones y sus medios de vida. Honduras será verdaderamente nuestra cuando cada comunidad, cada municipio y cada departamento se organicen y determinen lo que consensuadamente se desea hacer en cada palmo de tierra catracha. Reivindicamos, por tanto, la plena vigencia de la democracia comunitaria que posibilita la paz con justicia, el diálogo generador de consensos y en definitiva la vida de toda ciudadana y ciudadano en armonía con sus entornos ambientales.

¡HONDURAS:

Atlántida se ilumina con sus mártires y Pajuiles muestra el camino a seguir!

Pajuiles, Tela, Atlántida. 22 de marzo de 2018

Fuente: Movimiento Amplio

vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Honduras_Manifiesto_de_Pajuiles._365_dias_defendiendo_el_agua
 

Honduras - Berta Cáceres: un crimen de estado relacionado con la consulta previa....Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

"El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión".


El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.

Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.

El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.

Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.

Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.

Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno, el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.

El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)

Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.

En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.

La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.

Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta (ver aquí). En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.

El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.

Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.

Fuente: Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Honduras_-_Berta_Caceres_un_crimen_de_estado_relacionado_con_la_consulta_previa
 

Honduras, la historia siempre se repite dos veces.... Katu Arkonada*

Katu Arkonada*




Hegel decía que todos los grandes hechos (y personajes) de la historia universal, aparecen dos veces. Marx le complementó añadiendo que una vez como tragedia, y otra como farsa.

Lo sucedido en Honduras nos confirma la tesis de los viejos filósofos de que la historia siempre se repite dos veces: el golpe de Estado a Mel Zelaya en 2009 como tragedia, y el fraude electoral de 2017 como farsa.

El 28 de junio de 2009 militares encapuchados sacan en pijama al presidente Zelaya y lo deportan ilegalmente, tras paso por una base militar conjunta entre Honduras y Estados Unidos1, a Costa Rica. Mel Zelaya era acusado de intentar realizar un plebiscito para consultar la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente, aunque su verdadero delito fue un viraje desde los postulados que le habían llevado al gobierno como representante del Partido Liberal en 2006, para girar en 2008 y promover el ingreso de Honduras primero en Petrocaribe y después en el ALBA, lo cual le permitió ese mismo año elevar 60 por ciento el salario mínimo.

El ataque no era sólo contra un gobierno progresista, sino contra el eslabón más débil del ALBA, después de una década de ascenso de los gobiernos de izquierda en la región. Honduras además tiene una posición geopolítica clave en Centroamérica, siendo utilizada por la CIA en la década de los años 80 como plataforma para entrenar a la contra nicaragüense, y convirtiéndose en 2009 en un laboratorio del smart power que defendía Hillary Clinton, en aquel entonces secretaria de Estado; la combinación de hard power (golpe de estilo clásico, uso de las fuerzas armadas) con el soft power (impulso político desde el Poder Judicial junto a manipulación mediática y apagón informativo).

Ocho años después, el Partido Libertad y Refundación (Libre) se presentaba a las elecciones en una Alianza de Oposición junto al Partido Innovación y Unidad (PINU) y el Partido Anticorrupción (PAC), llevando al líder de este último partido, el conocido presentador de televisión Salvador Nasralla, como candidato a presidente. Enfrente, Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional y presidente desde 2013, que se presentaba a una reelección que prohíbe la Constitución de Honduras en su artículo 2392. Por mucho menos que eso Mel Zelaya fue objeto de un golpe de Estado.

EL 27 de noviembre, un día después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral hace público un informe de resultados donde a 57 por ciento del recuento realizado, Nasralla y la Alianza de Oposición obtienen una ventaja de más de 5 puntos sobre JOH. En la mayor parte de sistemas electorales del mundo, una ventaja de 5 puntos con más de 50 por ciento del recuento realizado se considera tendencia irreversible. Pero no en Honduras, donde tras una más que sospechosa caída del sistema informático, donde se dejan de retransmitir 5 mil actas, se ofrece un nuevo recuento donde JOH supera por 1.6 puntos a Nasralla. El fraude se consolida el 18 de diciembre cuando el TSE ofrece los resultados finales otorgando la victoria a JOH por 42.95 por ciento frente a 41.5 de Nasralla. Todo ello en medio de un toque de queda decretado el 1º de diciembre que ha dejado hasta el momento más de 30 personas muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.

El fraude fue tan descarado que incluso la propia OEA, nada sospechosa de simpatías por los gobiernos progresistas, cuyo jefe de Misión Electoral era el boliviano Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Banzer (menos sospechoso aún), se ve obligada a emitir un informe el 17 de diciembre, respaldado por un comunicado de prensa de su Secretaría General que señala: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar, con la necesaria certeza, al ganador.

Un golpe de Estado que fue una tragedia para el pueblo hondureño y latinoamericano, y un golpe electoral que ha sido una farsa para toda la comunidad internacional. Aprendamos de la historia para no volver a repetirla.

1 Honduras tiene un acuerdo con Estados Unidos desde la década de los años 50 por el que este último país puede utilizar libremente cualquier base militar o aeropuerto hondureño. Tan sólo en la base militar de Palmerola se calcula que hay alrededor de 500 marines.

2 El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública.

3 http://www.oas.org/fpdb/press/segundo
-informe-preliminar-moe-honduras-
18dic-final.pdf

4 http://www.oas.org/es/centro_noticias
/comunicado_prensa.asp?sCodigo
=C-092/17

*Politólogo vasco boliviano especialista en América Latina

Twitter: @katuarkonada
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/27/opinion/016a2pol

Honduras: Entre protestas, Hernández empieza segundo mandato en Honduras...Periódico La Jornada

Afp, Dpa, Ap y Reuters

Las movilizaciones fueron reprimidas y cubiertas de manera parcial por la prensa local

Simpatizantes de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura prendieron fuego a barricadas que instalaron cerca del Estadio Nacional, en Tegucigalpa.

Numerosas protestas, repelidas por la policía y cubiertas de manera mínima y sesgada por la prensa local, marcaron ayer el inicio del segundo mandato consecutivo del presidente Juan Orlando Hernández, relecto en los comicios de noviembre pasado, los cuales se caracterizaron por sospechas de irregularidades y denuncias de fraude por la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

Con gases lacrimógenos, vehículos y tanquetas de agua, las fuerzas de seguridad se lanzaron contra los manifestantes, quienes sostienen que Hernández fue relecto como resultado de un fraude electoral masivo.

Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, declaró Hernández, abogado de 49 años y líder del Partido Nacional, al momento de juramentar y recibir la banda presidencial durante una sesión del Congreso efectuada en el estadio nacional de esta capital, a la que asistieron miles de simpatizantes. El acto fue resguardado con un fuerte operativo tierra-aire, aplicado por el ejército y la policía, para evitar cualquier tipo de ataque.

Entre aplausos, Hernández expresó: Mi compromiso es trabajar por todos los hondureños, sin importar por quién votaron. Estoy consciente de que existen diferencias, tenemos que sentarnos a dialogar, sin barreras, tenemos que unir al país. Se comprometió a mejorar la seguridad e invertir más en salud, educación, empleo y agricultura, al tiempo que llamó a la oposición a establecer un diálogo para superar la polarización política que dejó el proceso electoral del 26 de noviembre del año pasado.

En el centro de Tegucigalpa, mientras seguía el discurso, miles de seguidores de la alianza salieron a las calles en rechazo a la toma de posesión. Las movilizaciones devinieron enfrentamientos con los integrantes de los cercos de seguridad, cuando los inconformes trataron de dirigirse hacia el estadio nacional. Sin embargo, los grupos fueron dispersados con granadas de gas lacrimógeno y tanquetas.


Así reprime el dictador a su pueblo, expresó Salvador Nasralla, ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, en la colonia Miraflores, donde se concentró la oposición para marchar. Respaldó la invitación de Hernández al diálogo, pero aclaró que debía hacerse con un mediador que garantice que lo que se acuerde en las conversaciones sea cumplido.

Seguiremos en la lucha por rescatar al país de la dictadura, sin reconocer a Hernández como presidente, enfatizó Nasralla, acompañado por el ex mandatario Manuel Zelaya Rosales, derrocado por un golpe de Estado en 2009.

En otros cuatro departamentos del país los manifestantes bloquearon carreteras e incendiaron un camión de carga, reportó el portavoz del Ministerio de Seguridad, Jair Meza. Críticos del gobierno señalaron que las cadenas de radio, televisión y medios impresos brindaron una amplia cobertura al acto oficial para minimizar el impacto de las protestas.

Veintiún días después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral declaró –el 17 de diciembre– a Hernández ganador de los comicios, con 42.95 por ciento de los votos, frente 41.25 de Nasralla. Los primeros resultados desataron violentas protestas, las cuales dejaron al menos 37 muertos, luego de que se detectaron irregularidades durante los escrutinios y la alianza interpuso un recurso de nulidad por fraude.


vía:







http://www.jornada.unam.mx/2018/01/28/mundo/020n1mun

Honduras: Fraude electoral y apagón informativo en Honduras.... Marcos Roitman Rosenmann

Marcos Roitman Rosenmann




El apagón informativo sobre las elecciones en Honduras proyecta una imagen idílica. La votación ha sido ejemplo de transparencia, fiesta democrática, convivencia pacífica y ajustada a derecho. Los ciudadanos han concurrido a las urnas, depositado su papeleta, abandonado los colegios electorales, regresado a sus casas y, tras el cómputo, proclamado triunfador al candidato del Partido Nacional, actual presidente, Juan Orlando Hernández. Todo en orden. En casos de apagón informativo, las noticias pasadas por el tamiz de la censura internacional y los medios de comunicación trasnacionales, presenta a Salvador Nasralla, candidato de la coalición Alianza de Oposición, como un mal perdedor, a sus seguidores los tilda de alborotadores profesionales y a su portavoz, el ex presidente derrocado por un golpe de Estado Manuel Zelaya, de incitar al odio y el revanchismo. Para los ganadores, Nasralla ha sido derrotado en buena lid, tras el recuento escrupuloso de votos, que aún no concluye (sic), no quiere asumir su fracaso. En un acto de total irresponsabilidad busca emponzoñar los resultados, aduce alteraciones del censo, compra de votos, papeletas marcadas, manipular los centros informáticos y, por si fuera poco, caída del sistema de cómputo. Se atrinchera, dicen, en la mentira. No importa que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Marcelo Ramiro Lobo, declarara horas antes de la caída del sistema que el triunfo de Salvador Nasralla era irreversible. Lo dicho será invisibilizado, censurado e incluso desmentido. Tales palabras fueron pronunciadas de manera irresponsable para desacreditar el proceso electoral, enviar un falso mensaje a la comunidad internacional, ensombrecer el triunfo del Partido Nacional y colar de forma torticera la acusación de fraude. En esta realidad, con el fin de evitar el caos, el gobierno proclama el estado de sitio, toque de queda, militares en las calles y parte de la policía negándose a reprimir a los manifestantes. En la mayoría de pueblos y ciudades la gente sale a reclamar el recuento de votos. Las fuerzas armadas no se contienen, cumplen órdenes, al igual que los grupos paramilitares dependientes del Estado, los mismos que asesinaron a Berta Cáceres. Así, las denuncias del Comité de Familiares Desaparecidos presentó el 6 de diciembre un informe, en el cual se contabilizan 14 asesinatos, 51 heridos y 844 detenciones. Mientras se consolida otro golpe de Estado, el relecto candidato, Juan Orlando Hernández, habla de traidores a la patria, delincuentes, subversivos y terroristas que alteran la democracia y la paz interior.

Honduras debe aparecer, en medio del apagón informativo, como un remanso de virtudes. Las noticias son filtradas, las fotografías seleccionadas a conciencia, caras alegres, risas, familias divirtiéndose, comprando o celebrando el triunfo de Hernández. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Naciones Unidas, el Parlamento Centroamericano y el Sistema de Integración Centroamericano cumplen una función de control, guardan silencio cómplice y deciden avalar los resultados. No caben las medias tintas. Cualquier duda hace peligrar y cuestiona el triunfo fraudulento de Hernández. Ni los observadores internacionales de verificación electoral, cuyos escritos restan credibilidad al proceso electoral y recuento de votos, deben ver la luz. Por el contrario, se debe proyectar una Honduras ejemplar, cúmulo de virtudes.

Su presidente, hoy candidato relecto por la voluntad general del soberano, se caracteriza por respetar el orden constitucional, estar al servicio del pueblo, defender la libertad de expresión, proteger a sus sindicalistas, perseguir a los violadores de los derechos humanos, celoso de la soberanía nacional y luchador infatigable contra la corrupción y el narcotráfico. Enfrentado a las empresas trasnacionales de maquila, es el más interesado en vigilar que se cumplan escrupulosamente los derechos de sus trabajadores, horarios, pago de horas extras. Igualmente, se ha negado a tener bases militares estadunidenses, reclamando para sí la independencia nacional. Nunca ha participado en planes golpistas, su vocación democrática está impoluta.

Honduras se reinventa en la mentira política hoy llamada posverdad. Sin dictadores, detenidos-desaparecidos, presos políticos ni represión. Con una redistribución de la renta casi perfecta, acceso a la vivienda garantizado, sanidad pública universal, tasas de analfabetismo tendientes a cero y una disminución acelerada de la pobreza, se yergue victoriosa. Sin violencia de género, con unas fuerzas armadas ejemplares, una división de poderes modélica, envidia de todo el continente. Por último, se debe subrayar su nuevo rol en las instituciones regionales, marcado por la promoción de los valores democráticos, la no intervención y la solidaridad. El calificativo de república bananera debe ser desechado. Es historia. Quienes mantienen esta visión trasnochada son enemigos de Honduras, tergiversan los hechos hoy, buscan empañar el triunfo de Juan Orlando Hernández, un hombre querido, respetado, incorruptible, independiente, temeroso de Dios y amigo de sus amigos. Acusar a su partido de llegar a la presidencia bajo la sombra del fraude electoral y proyectar dicha acusación sobre su candidato es mancillar su honor y el de los hondureños. Él no quería ser presidente, su pueblo se lo ha pedido, exigido, por eso fue necesario violar la Constitución. Nada más lejos de su intención generar dolor y alterar el orden constitucional. Quienes le imputan fraude son hipócritas, enemigos de Occidente, están pagados por Rusia, Irán, Venezuela, Cuba. Deben ser perseguidos, detenidos, torturados, asesinados. ¡Viva la democracia en Honduras!


vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/09/opinion/026a1mun

Honduras: el horror después del fraude .....Juan Manuel Karg *

Juan Manuel Karg *




Bajo estado de sitio, que suprime las garantías constitucionales y en medio de violentas represiones policiales, Honduras continuaba ayer cargando dudosos datos de la elección presidencial del domingo pasado, casi una semana después de la votación.

Las protestas contra el Tribunal Supremo Electoral comenzaron el jueves, cuando por primera vez la tendencia, anunciada a comienzos del lunes, cambió: Juan Orlando Hernández comenzaba a superar misteriosamente a Salvador Nasralla, quien se anunciaba nuevo presidente electo de Honduras y ya había recibido el saludo del tercer candidato en cuestión, el liberal Luis Zelaya, además de presidentes latinoamericanos, entre ellos Evo Morales Ayma.

La posibilidad de fraude había sido anunciada una y otra vez por observadores y analistas que siguieron los comicios dentro y fuera de aquel país. Incluso, la agencia francesa Afp, a la que nadie podría tildar de partidaria de Nasralla, había destacado esa posibilidad el sábado previo a la elección, en un informe audiovisual en el que se presentaba el testimonio de diversos hondureños de a pie. Por este escenario el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue depuesto por un golpe de Estado en 2009, pidió el viernes que se cuenten todas las actas en presencia de todos los sectores políticos, seguro del triunfo de Alianza, el amplio espacio político que se unificó contra la relección de Juan Orlando Hernández.

Pero todo se agravó: Hernández no solo hizo caso omiso a ese pedido, sino decretó estado de sitio. Las imágenes que circulan en videos amateur son elocuentes: gases lacrimógenos cayendo cerca de periodistas, torturas a detenidos en protestas y tanques por doquier en las calles. La impunidad de quien decide quedarse a como dé lugar. Y, sobre todo, silencio internacional: los grandes medios continentales, aquellos que cubrían minuto a minuto -aunque de modo parcializado, claro– lo que sucedía en Venezuela hace apenas meses, ahora hacen mutis por el foro ante el cuadro que se despliega en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades. El presidente de la república y el presidente del Tribunal Supremo Electoral son los principales culpables, declaró Nasralla sobre lo sucedido.

Párrafo aparte merece la dubitativa actuación de las instancias regionales latinoamericanas y sudamericanas, amesetadas por el cambio de color político en algunos países del Cono Sur. No han actuado y no parecen dispuestas a hacerlo. La doble vara de algunos es evidente: el autodenominado Grupo de Lima, que una y otra vez expresó preocupación por la situación en Venezuela meses atrás, no puede emitir palabra, porque precisamente Honduras, el Estado de Juan Orlando Hernández, es uno de sus integrantes.

El horror después del fraude ha llegado a Honduras. Lamentablemente, en forma de estado de sitio. Y será por 10 días más, de acuerdo con la disposición. Juan Orlando Hernández y la derecha regional parecen dispuestos a todo para no perder un país estratégico de Centroamérica.

* Politólogo UBA/analista internacional

Twitter: @jmkarg

vía:http://www.jornada.unam.mx/2017/12/03/opinion/024a1mun

Honduras: Militares y policías reprimen en Honduras...Tras denuncia de fraude se desata protesta en todo el país.... Giorgio Trucchi Rel-UITA

Giorgio Trucchi

Rel-UITA

 

 

Honduras nos duele. En su pasado reciente le tocó sufrir un golpe de Estado, persecución y criminalización de la protesta, asesinatos selectivos, saqueo de territorios y bienes comunes, corrupción e impunidad. Y ahora un fraude electoral que roza la desfachatez y que está llevando el país al borde de una grave crisis política y social.

Una parte importante de la población está en las calles, protestando por lo que considera un burdo fraude electoral orquestado contra el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.
En 14 de los 18 departamentos del país se han realizado tomas de puentes, plazas, bulevares y carreteras, exigiendo a las autoridades electorales que respeten la voluntad del pueblo y dejen de estar manipulando los resultados.
El ejército y la policía han reprimido la protesta y ya se contabiliza un fallecido y varios heridos en la capital y otras ciudades del país.
Según los datos oficiales, con el 94,31 por ciento de las actas de las mesas electorales escrutadas, el candidato oficialista Juan Orlando Hernández supera a su contrincante de la Alianza de Oposición por unos 45 mil votos (1,5 por ciento).

A partir de este viernes, el Tribunal Supremo Electoral deberá realizar un conteo voto por voto de aquellas actas que fueron pasadas a “escrutinio especial” por tener algún tipo de anomalía.
Son más de mil actas que representan una carga electoral de casi 300 mil votos que favorecerían ampliamente a Nasralla.

Las misiones de observación de la OEA y la UE han insistido para que este escrutinio se lleve a cabo en presencia de todas las fuerzas políticas y los observadores internacionales para garantizar la máxima transparencia.
Esta decisión recoge una de las demandas de la Alianza de Oposición, la cual ha denunciado la introducción de actas adulteradas en el cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como eventos muy sospechosos como la caída del sistema y del servidor en diferentes ocasiones.
También la introducción en el sistema de más de 5 mil actas sin la presencia de representantes de los partidos.

El presidente impopular y su orden de reprimir

Nasralla advirtió que la Alianza no reconocerá los resultados que brindará el TSE si antes no se cumple con las demandas hechas para transparentar el proceso.
También condenó la represión contra simpatizantes de esta organización.
“Quiero condenar la represión de la cual están siendo objeto nuestros compatriotas a nivel nacional. La gente del gobierno ha infiltrado nuestras manifestaciones de protesta para generar violencia.
Pero aquí la violencia solamente la está generando el presidente de la república, porque está violentando la voluntad popular.

Solamente dos hondureños de cada diez están de acuerdo con él, el 80 por ciento quiere que se vaya”, dijo Nasralla en un mensaje difundido en las redes sociales.

Por su lado, la Convergencia contra el Continuismo emitió su tercera proclama, donde plantea como posible solución a la crisis que se ha generado el conteo físico acta por acta y la depuración y cotejamiento de actas del TSE con las de los partidos.

También propuso la abstención por parte de TSE de formular la declaratoria del ganador hasta haber finalizado dicho conteo.
“Estamos siendo víctimas de un robo y lo denuncio internacionalmente. Ningún país del mundo va a reconocer un triunfo ilegal.
Todos saben que la tendencia del 5 por ciento arriba de Hernández en el 70 por ciento de las actas es irreversible, y nos quieren hacer creer que con tan sólo el 30 por ciento que faltaba se invirtió la tendencia. Esto es matemáticamente imposible. Es absurdo”, concluyó Nasralla.

Fuente: Rel-UITA

vía:
  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234839

Honduras-Las Corporaciones: Persiste criminalización a liderezas Garífunas por parte de “inversionista” Canadiense.....OFRANEH

El Juzgado de Letras de la Ciudad de Trujillo emite una vez más una citatoria para 4 líderezas Garifunas, incluida la Coordinadora General de la OFRANEH, acusadas de difamación por el empresario canadiense, Patrick Foreseth.


La audiencia esta programada para el día 24 del presente mes.

El Sr. Forseth se siente supuestamente difamado por la utilización de la palabra mafia, en referencia al grupo de extranjeros que se han venido apropiando de terrenos en las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo. La utilización del término mafia, se ha convertido en una grave ofensa personal impulsándolo a interponer una querella en contra de las cuatro liderezas Garífunas,

La palabra mafia significa en el idioma Garífuna espíritu maligno o demonio. Para el pueblo Garífuna el tipo de intervención de los canadienses, no solamente es considerado como un despojo sino también el trabajo de seres malignos dispuesto a expulsarnos de nuestro territorio ancestral.

Cabe señalar que en el diccionario de la RAE, la palabra mafia en su tercera acepción la define como un “Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. En inglés en el diccionario Webster la palabra mafia en su segunda acepción significa “a group of people of similar interests or backgrounds prominent in a particular field or enterprise”.

Parece ser que el “inversionista” canadiense sufre de una enorme susceptibilidad en relación a su imagen, sin embargo en cuanto a la responsabilidad social, no tiene ningún escrúpulo, hasta el punto de proceder legalmente contra cuatro mujeres, utilizando el sistema jurídico como un instrumento de intimidación, destinado a acallar los reclamos existentes por su conducta inapropiada como empresario.

Cabe señalar que en Honduras, entre los operadores de justicia existe un amplio y conveniente desconocimiento de la jurisprudencia en materia de derecho indígena, hecho que puede calificarse de ignorancia supina. Existe una basta jurisprudencia emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, soslayada por el Estado de Honduras y sus instituciones, situación que ha devenido en tener que comparecer ante la Corte Interamericana dd Derechos Humanos (Corte IDH) donde el Estado hondureño fue condenando en el 2015, por la violación al derecho a la propiedad comunitaria consignada en el art 21 de la Declaración Interamericana de Derechos humanos de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Desde el año 2009, miembros de la comunidad iniciaron las denuncias pertinentes sobre la apropiación del territorio que se venia dando a manos de Randy Jorgensen. Posteriormente apareció en escena el Sr. Patrick Forseth, el que indudablemente tuvo conocimiento pleno sobre la oposición existente a las ventas de tierras a foráneos, además de la existencia de convenios y tratados internacionales destinados a la protección de los territorios de los pueblos indígenas.

Cuando señalamos al Sr. Forseth de usurpador, nos referimos a que el predio ocupado por el proyecto comunitario de mujeres Garífunas MUTU – el cual fue financiado por AECID y el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD- terminó en manos del extranjero que adquirió el terreno en cuestión, a través de un cuestionado presidente de patronato, el que de forma ilegal desmembró el terreno, posteriormente titulado a un tercero, implicado en su entrega.

En cuanto a Randy Jorgensen y su apelativo de “Rey del Porno”, es una referencia que surge en su país de origen, cuando en octubre de 1993, la revista Maclean publico en su portada una foto del canadiense llamándolo el “rey del porno” los medios de comunicación empezaron a utilizar ese apodo, después de un connotado caso que tuvo una enorme repercusión mediática.

En el caso de la usurpación del terreno en cuestión en Guadalupe, el Ministerio Público (M.P), emitió en su cuenta de Twitter una publicación en la cual indicó el 27 de junio de 2016, “En curso audiencia inicial contra registradora del Instituto de la Propiedad (I.P) Tania Santos por inscribir irregularmente tierras de comunidades Garífunas en Colón”. Para el 29 de junio del mismo año, el MP emitió otro twitter, indicando que “Próximo miércoles notificaran resolución de Audiencia inicial contra registradora del IP que inscribió títulos en tierras Garífunas de Colón.

Posteriormente el Ministerio Publico se llamó al silencio, La OFRANEH solicitó a la Fiscalía de las Etnias información sobre la resolución emitida por el Juzgado de Trujillo. Según la Fiscal de las Etnias, la abogada Jany del Cid, el juzgado otorgó un sobreseimiento definitivo, en relación el caso de la Registradora Tania Santos, demostrando de esta forma la inexistencia de un estado de ley en el país, y la protección que se le brinda a los supuestos inversionistas en detrimento de los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales.

Cabe señalar que la Corte IDH, señaló respecto a la propiedad comunitaria en sus sentencias Xakmok Kasek vs Paraguay y comunidad indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay que “los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y estas han sido trasladadas legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperarlas o obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

Como consecuencias de los despojos territoriales en la bahía, la persecución a defensores de la madre tierra, y la desprotección jurídica existente, la OFRANEH en fecha reciente, introdujo una petición ante la Comisión IDH en relación a las comunidades Garífiunas en la bahía de Trujillo.

Fuente: OFRANEH

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Honduras_Persiste_criminalizacion_a_liderezas_Garifunas_por_parte_de_inversionista_Canadiense

Honduras: Un informe afirma que una hidroeléctrica ordenó el asesinato de Berta Cáceres....Público

Los familiares de la activista reclaman a las autoridades hondureñas que procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" del crimen.

El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que ella se oponía, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó un informe internacional.

El crimen de Cáceres "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de la ambientalista y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), destaca el informe. Los empleados de DESA actuaron en "alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)", añade.
El documento titulado Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres fue presentado este martes en Tegucigalpa por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de Cáceres, en un evento al que asistieron Berta Flores, madre de la líder indígena, y tres de sus cuatro hijos: Berta, Laura y Olivia Zúñiga.
El informe confirma las denuncias sobre la autoría del crimen hechas desde su muerte por su familia, que exigió castigo. Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, dijo a Efe que para su familia "no es una sorpresa" lo que señala el informe. "Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese lugar (de la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), siempre hemos pedido una investigación", señaló la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus hermanas y su abuela, Berta Flores.

Destacó que el informe revela "una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el modus operandi de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado" en el crimen de su madre.
Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cargo que ahora ocupa su hija Berta, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, no de gravedad.
Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto.
La hija de Cáceres dijo que espera que las autoridades hondureñas procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" porque, según el informe internacional, "hay suficiente pruebas para hacer ya mismo detenciones".
Destacó que su familia ha reclamado "la responsabilidad" del Estado hondureño por no haber protegido a su madre, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica. "Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen", subrayó.
El Ministerio Público de Honduras "no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados", dijo en su discurso Berta Flores, madre de Cáceres.
Denunció que el poder político de su país "interfiere para proteger la autoría intelectual de este repudiable crimen", y exigió que "se capture y castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mi hija".
El crimen de Cáceres no es un hecho "casual", sino el resultado de una "planificación" de ejecutivos de DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, dijo el abogado guatemalteco Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE. Urbina indicó que, según el análisis de GAIPE, uno de los detenidos, identificado como Emerson Duarte, a quien las autoridades le decomisaron un revólver con el que habría sido asesinada la ambientalista, "no tiene ninguna vinculación" con el crimen.
El GAIPE considera que la investigación realizada hasta ahora por el Ministerio Público ha sido "insuficiente e incompleta", pues "aún falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato". "Es más, a la luz de lo observado en las audiencias y de la información que consta en el expediente judicial, surgen varias preocupaciones que podrían provocar que el proceso de búsqueda de verdad y justicia corra un elevado riesgo de tornarse infructuoso", destaca el documento.


- Fotos por Jorge Cabrera.
 
Fuente: Público

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Honduras_Un_informe_afirma_que_una_hidroelectrica_ordeno_el_asesinato_de_Berta_Caceres

Honduras: Berta Cáceres y la impunidad.... Luca Martinelli*

Luca Martinelli*



Ya ha pasado un año y medio de la muerte de Berta Cáceres, lideresa indígena hondureña asesinada a tiros en su casa la noche entre el 2 y 3 de marzo de 2016, dos días antes de cumplir 45 años. Dieciocho meses después, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), grupo que contribuyó a crear al comienzo de los años 90 y que coordinaba, quiso recordarla y celebrarla en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, que con los años se ha convertido en un simbólico lugar de resistencia del pueblo lenca, como explica un comunicado.

La lucha para acompañar a Río Blanco a fin de defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, fue la última gran movilización de los copines liderada por Cáceres, en el Honduras del posgolpe de Estado de 2009, que con mucha probabilidad representó su condena. A Cáceres no consiguió salvarla el premio Goldman, prestigioso galardón internacional que le entregaron en Estados Unidos en la primavera de 2015. Tampoco las demandas de justicia amplificadas por los medios de comunicación de todo el mundo logran mover al gobierno de su país a identificar a los autores intelectuales del asesinato cometido en el domicilio de Berta, en La Esperanza, donde resultó herido el ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto, también activista y amigo de la víctima.

El proceso judicial se ha limitado a imputar a los meros ejecutores, mientras se sabe que muchos de ellos están vinculados con Desarrollos Energéticos SA (Desa), la empresa titular de la concesión para construir la presa de Agua Zarca. Por su parte, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos ha abierto una investigación sobre este proyecto y las operaciones de la compañía en el país.

Las causas estructurales del asesinato de Berta Cáceres no han sido modificadas y por eso el Copinh seguirá en la lucha, y lo hará mientras nuestra voz, la voz de los lencas, no sea escuchada ni sea determinante en la definición de los proyectos que afectan a nuestros territorios, explica Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta, que a los 26 años fue nombrada nueva coordinadora general del Copinh, en 2017. Este consejo pide –según Zúñiga– el respeto de los principios de autonomía, libertad y autodeterminación de los pueblos indígenas reconocidos por el convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas, que Honduras ha ratificado, pero no aplica. Berta Cáceres y su memoria representan un símbolo de fuerza y de resistencia por el Copinh. Las comunidades siguen amenazadas, y después del asesinato de mi mami ha pasado lo mismo con otros militantes. Mientras tanto, el Estado hondureño no quiere resolver el caso judiciario (explica la nueva coordinadora del Copinh): en agosto hubo una audiencia, reprogramada para el 6 de septiembre, que fue nuevamente postergada hasta el 27 de septiembre. ¿El motivo?: La falta de cumplimiento por parte del Ministerio Público de la orden de la jueza para que se entregue a los abogados del Copinh y la familia la información básica necesaria para participar en el juicio, explica un comunicado del Copinh. “Es una actitud constante –dice Bertha Zúñiga– que consideramos cómplice de los intereses que han llevado al homicidio de Berta Cáceres. Estas omisiones representan un símbolo de impunidad”.

A pesar de la salida de dos financiadores –Netherlands Development Finance Institution (FMO) y la Finnish Fund for Industrial Cooperation (Finnfund)– y de la suspensión del proyecto Agua Zarca, anunciada en julio de 2017, las amenazas para el río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco siguen vigentes: “El Banco Centroamericano de Integración Económica sigue financiando a Desa, y los otros dos declaran querer cumplir un proceso de ‘salida responsable’, que traducen en una consulta en las comunidades del área, para preguntar a la población si quiere o no una presa hidroeléctrica”, cuenta Bertha Zúñiga. Eso viola el derecho de las comunidades a una consulta previa e informada, antes de cualquier autorización a un proyecto de este tipo, y representa un insulto a Berta Cáceres, al trabajo del Copinh y a las organizaciones solidarias, que desde 2013 han pedido en todo el mundo la cancelación de Agua Zarca, debido a la relación entre Desa y las violaciones de derechos humanos, que culminan con el asesinato de Berta y de otros activistas del Copinh. La consulta podría terminar alimentando conflictos entre las comunidades de la zona y poniendo en riesgo a todos los que viven en Río Blanco.

*Periodista italiano


vía:http://www.jornada.unam.mx/2017/09/10/opinion/018a1pol

Honduras: colapso en el sistema sanitario

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene apenas 1 médico para 2 mil 100 habitantes con derecho a sus prestaciones.

El sistema de sanidad de Honduras atraviesa por una dramática situación. La relación señalada dista mucho de la recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que refiere que lo ideal es que haya 1 galeno para 400 pacientes. A este indicador habría que añadir la existencia de unas infraestructuras insuficientes y obsoletas, lo que para muchos convierte la necesidad de una cita con especialistas en un largo vía crucis que puede demorar hasta tres años.

Para el Gobierno de Juan Orlando Hernández, la solución a este colapso podría estar en una mayor privatización de la sanidad, una decisión que está siendo especialmente criticada por el Colegio Médico de Honduras (CMH) y los sindicatos del sector de la salud pública. Los médicos hondureños denuncian que el Estado ha puesto paulatinamente hospitales públicos en manos de organizaciones no gubernamentales o fundaciones sin ningún conocimiento de la salud.

Las derivaciones a manos privadas también inciden en el aumento de los precios de los servicios que reciben los pacientes.

Invitados:

Vladimir Hernández, prof. de Psicología de la Comunicación;
Pablo Reyero, politólogo;
Luis Fernando García, analista político;
Carlos Wilson Lamadrid, periodista.

Honduras-Pueblos Originarios: Pueblo garífuna en Honduras denuncia plan para desaparecerlo....Por: Héctor Maradiaga y Jennifer Ávila.

Proyectos de desarrollo impulsados por el gobierno en costa atlántica amenazan supervivencia de comunidades afrodescendientes.

“El pueblo garífuna ha sufrido dos destierros y está enfrentándose a otro por permanecer en las costas, tan apetecidas por el capital nacional y trasnacional”, explicó Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que defiende los derechos de las comunidades garífunas.

Los primeros africanos se establecieron en la costa atlántica de Honduras hace 219 años tras su destierro de la isla de San Vicente donde habían sido llevados como esclavos por europeos. Fueron recibidos por indígenas caribes que habitaban esa región; a sus descendientes se les conoce como garífunas.

Actualmente el pueblo garífuna está conformado por unas 40 comunidades que habitan a lo largo del litoral atlántico hondureño, o zona costera del Caribe, que abarcan los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios. Los garífunas se han resistido a abandonar estos territorios costeros a pesar de las presiones que han sufrido desde la instalación del enclave bananero en los años 50, hasta el golpe de Estado de 2009.

“Después del golpe de Estado se incrementó la aprobación de leyes que concesionan los territorios al capital transnacional. Muchos de estos recursos están ubicados en territorios garífunas. El pueblo garífuna no solamente enfrentamos la problemática de los megaproyectos turísticos sino también problemas con las concesiones de tierra para la explotación de minería de hierro y las represas”, expresó Miranda.

Miranda es una lideresa garífuna defensora del territorio que se ha enfrentado a amenazas de muerte. En 2014, ella y siete integrantes de OFRANEH fueron secuestrados por hombres fuertemente armados cuando recorrían el territorio garífuna ubicado en Vallecito, Colón, que es disputado por grupos criminales y de narcotráfico debido a su ubicación estratégica como lugar de tránsito de drogas. Precisamente, narcotraficantes habían invadido una zona de su territorio para construir una pista de aterrizaje. Miranda y sus compañeros fueron rescatados cinco horas después por la comunidad garífuna de Vallecito.

Miranda identificó muchos casos de conflicto en los que las comunidades garífunas sufren amenazas graves en contra de sus derechos sobre sus territorios ancestrales.

“En la zona de La Ceiba, en la comunidad Sambo Creek, los dos ríos [Sambo y Cuyamel] están amenazados por la instalación de represas hidroeléctricas. La comunidad ha estado en una férrea oposición durante ocho años. En el caso de las comunidades Cusuna y Punta Piedra, en Tela, la amenaza es por la minería de hierro; en la bahía de Trujillo hay ríos represados. Esa escalada a nivel nacional no solamente afecta a los pueblos indígenas, está llegando al pueblo garífuna también, pero hay una permanente resistencia de las comunidades a aceptar que sean otorgados los ríos”, indicó.

“Lo más peligroso es que estas concesiones están siendo avaladas y gestionadas por las corporaciones municipales que están cerca de las comunidades y generando división”, explicó.

Fallo de la CorteIDH


La situación de despojo que vive el pueblo garífuna ha llegado a las cortes internacionales y a oídos de los relatores especiales tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA), como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en contra del Estado de Honduras por violar los derechos a las tierras ancestrales del pueblo garífuna, por permitir la venta de predios pertenecientes a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y la instalación de proyectos habitacionales y turísticos sin permiso de la comunidad. Esta es la tercera sentencia de la CorteIDH contra el Estado de Honduras, pero la primera que tiene que ver con los derechos de pueblo originarios y tribales.

El tribunal interamericano declaró “responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por haber incumplido su obligación de delimitar y demarcar las tierras tituladas a favor de la Comunidad, por no haber titulado, delimitado y demarcado los territorios que fueron reconocidos como tierras tradicionales de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz por parte del Estado, por no haber garantizado el goce efectivo del título de propiedad colectiva de la comunidad, en relación con un área adjudicada en garantía de ocupación y reconocida como tierra tradicional por el Estado, y por no haber efectuado un proceso adecuado para garantizar el derecho a la consulta de la comunidad”.

Asimismo, la CorteIDH responsabilizó al Estado de Honduras por no haber adecuado sus normas para garantizar el derecho a la consulta, y ordenó al Estado hondureño “proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz” y otorgarle el título de propiedad colectiva debidamente delimitado y demarcado.

Sin embargo, organizaciones como OFRANEH aseguran que no se ha producido ningún avance desde la sentencia.

“Hay un plan para desaparecernos porque somos los que estamos instalados y ocupamos los últimos vestigios de la materia prima y los recursos y los bienes comunes necesarios para la vida y la consecución de la vida”, dijo Miranda.

Un botón de muestra es la comunidad garífuna Barra Vieja, en Tela, Atlántida, creada en 1885. Barra Vieja siempre fue una comunidad abandonada por las instituciones del Estado, sin escuela, centro de salud, energía eléctrica ni agua potable. Una brigada de médicos de Tela los visita para brindarles asistencia de salud.

En los años 90, particularmente después del huracán Mitch en 1998, se produjo una migración masiva de Barra Vieja dentro y fuera del país. El lugar fue ocupado por proyectos turísticos que afectaban a cinco comunidades garífunas.

En el 2003 los jóvenes de la comunidad decidieron regresar a ocupar sus tierras ancestrales y a defender el territorio garífuna. A raíz de ello, el Ministerio Público acusó a la comunidad de haber usurpado las tierras que supuestamente pertenecían de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). En el 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la ENP una denuncia ante la fiscalía de Tela contra la comunidad de Barra Vieja por la presunta usurpación de tierras estatales.

Megaproyectos turísticos


Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Beach and Golf Resort, empresa que la comunidad acusa de instigadora de desalojos militares perpetrados en septiembre y octubre del 2014.

La población de Barra Vieja ha logrado retornar a sus moradas y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Cuando la presencia militar disminuyó, ellos valientemente regresaron a reconstruir sus casas y habitarlas de nuevo.

“Estamos preocupados porque somos víctimas de estos megaproyectos donde nos despojan de nuestras tierras y territorios, la que nuestros ancestros nos han regalado y han pedido que se las cuidemos”, contó Carlos Castillo, presidente del patronato de Barra Vieja.

Castillo aseguró que cuando un megaproyecto turístico como Indura quiere instalarse, no les consultan como comunidad, al contrario, los engañan prometiendo beneficios que nunca llegan.

“Llegaron engañándonos, diciendo que nos darían un porcentaje de ganancia, pero ahora nos dicen que necesitan hacer la segunda etapa y que nosotros tenemos que desalojar nuestras tierras y darles espacio a ellos”, aseguró.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a la zona, porque esta es una injusticia que están cometiendo con nosotros”, planteó Castillo. “Un proyecto de unos pocos y se piensan beneficiar ellos, quieren traer extranjeros porque ni siquiera nos dan trabajo a nosotros”.

El complejo turístico Indura en Bahía de Tela fue construido con una inversión de US$122 millones, equivalente a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y el restante 51% pertenece a un grupo de empresarios. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, simultáneamente a una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). Cuenta con más de 3 km de playa con acceso exclusivo para los clientes y uno de los mejores campos de golf del continente que incluye 18 hoyos.

Mientras tanto, Castillo y otros líderes de la comunidad han sido demandados por usurpación de tierras y delito de sedición. No pueden salir del país, deben firmar en los Juzgados cada 15 días y ya les han aplazado dos veces el juicio por falta de personal.

“El papel del Estado es que apoyan a los inversionistas, no apoyan a los pobres”, sentenció. “El proceso de Barra Vieja es una prueba de esa situación. El gobierno y hasta la alcaldía ni siquiera se han acercado a ponerse a nuestra disposición, sino que ayudan con todas sus fuerzas a los inversionistas de estos proyectos”.

“A pesar de la sentencia de la CorteIDH, la situación no ha cambiado. Amparadas en el derecho internacional, todas las comunidades garífunas han condenado al Estado, pero esto todavía no tiene resultados, pues el Estado no ha cambiado su forma de accionar en esta situación”, concluyó.

Las organizaciones exigen al Estado de Honduras respetar el derecho a la consulta previa establecido por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en 2005, para hacerse escuchar cuando proyectos de desarrollo pretenden instalarse en sus territorios.


 vía:
 https://desinformemonos.org/pueblo-garifuna-honduras-denuncia-plan-desaparecerlo/

Honduras: 220 años de resistencia y la sobrevivencia del pueblo Garífuna...Servindi/ OFRANEH

"La familia extensa Garífuna prevalece, no obstante los esfuerzos realizados por la cultura dominante, y el proceso migratorio que se intensificó a partir de mediados del siglo pasado, contribuyendo ésto en cierta medida a fortalecer la condición matrifocal de nuestro pueblo, la que tiene raíces entre las culturas de la yuca amarga provenientes del río Orinoco y pueblos indígenas de África."

Una vez más, el 12 de abril se conmemoró el arribo del pueblo Garífuna a Honduras, tras haber sido expulsado de la isla San Vicente (Antillas menores), y librado dos guerras consecutivas contra los Británicos, los que finalmente se apoderaron del último bastión de los Caribes Arawak.
En Honduras durante los últimos años, el Estado se apropia de la fecha para efectuar sus rituales de poder, al mismo tiempo que incrementaba su estrategia de despojo del pueblo Garífuna, la que inició en los albores del siglo XX; cuando entregó el destino de la costa norte a las compañías bananeras, pretendiendo en el siglo XXI expulsar a nuestro pueblo y comunidades a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) y otros proyectos de industrias extractivistas.
La etnogénesis del pueblo Garífuna se remonta a mediados del siglo XVII, cuando náufragos africanos fueron acogidos por indígenas Arawak Caribe, de los cuales heredamos nuestro idioma, religión y costumbres. En la actualidad nuestro pueblo preserva el idioma Garifuna de origen arawak maipure norteño Kalinagu de las Antillas Menores.
La familia extensa Garífuna prevalece, no obstante los esfuerzos realizados por la cultura dominante, y el proceso migratorio que se intensificó a partir de mediados del siglo pasado, contribuyendo ésto en cierta medida a fortalecer la condición matrifocal de nuestro pueblo, la que tiene raíces entre las culturas de la yuca amarga provenientes del río Orinoco y pueblos indígenas de África.
La matrifocalidad del pueblo Garífuna ha sido ignorada y hasta soterrada por la cultura dominante de índole patriarcal, la que simplemente desconoce su existencia y alienta la sustitución de las redes de mujeres en nuestras comunidades, promoviendo la organización social de corte occidental, que nos convierte en simples estadísticas y podemos decir que hasta en mercancía.
La matrifocalidad del pueblo Garífuna fue señalada en las investigaciones realizadas por Nancy Gonzales, la que en su libro “Peregrinos del Caribe”, resaltó la importancia que juegan las mujeres en las ceremonias relacionados con el culto ancestral, el cual gira alrededor de las abuelas (nagoto) a las que se les rinde tributo en el Dügü, religión animista que hasta la fecha sobrevive entre nuestro pueblo a pesar de las influencias exógenas, especialmente de las sectas evangelistas que rechazan la posibilidad de cualquier tipo de sincretismo.
Ademas de Nancy Gonzales, las antropólogas Virginia Kerns y Keri Brondo han hecho énfasis en la matrifocalidad Garífuna. Brondo además ha escrito sobre el rol que jugamos las mujeres en la defensa del territorio ancestral, el que se ve asediado por una oleada de apropiaciones y despojos que cuentan con el apoyo del estado.
Sí bien hasta la fecha logramos conservar la matrifocalidad, no obstante; las políticas de homogeneización cultural promovidas por el Estado y organismos financieros internacionales desconocen su existencia e incluso promueven la disolución de la propiedad comunitaria como un impedimento para el “desarrollo” de corte occidental, el que promueven con un enorme ahínco.
Desafortunadamente la herencia matrilineal (alagận) ha venido siendo sustituida por el concepto de herencia patriarcal predominante entre cultura mestiza. La aparición de procesos de “legalización” y titulación de tierras promovidos por el Estado, han servido para despojar al pueblo Garífuna, y desconocer la herencia matrilineal.
La herencia tradicional Garífuna contemplaba a las mujeres como las herederas, siendo sustituido nuestro alagận por la visión occidental donde se le confiere al hombre, especialmente a los mayores el derecho a la herencia. La mayoría de las ventas de tierras que han sido desmembradas de forma ilegal de los títulos comunitarios, recaen en los hombres, especialmente los que retornan tras haber emigrado a los Estados Unidos.
La influencia de los meriganas -término que se usa en Garífuna para los que habitan o han retornado de los Estados Unidos- es impactante, ya que además de poseer un presunto capital financiero, muchos han adquirido usos y costumbres ajenos a la cultura Garífuna, especialmente relacionados con el concepto de propiedad privada.
Las redes de mujeres Garífunas en las comunidades cuentan con organizaciones centenarias, como lo son los denominados clubes de danza, los cuales mantienen vivas las tradiciones orales entre nuestro pueblo, además de propulsar grupos de apoyo social de dimensiones insoslayables.
Sí bien pudimos conservar en cierta medida hasta la fecha nuestra matrifocalidad, la pérdida del alagận implica la paulatina desaparición de nuestro territorio el cual es apetecido por empresarios del turismo, palma africana y extractivos; apropiándose del territorio por pedazos, contando con el apoyo de municipalidades, Instituto de la propiedad y la complicidad del Ministerio Público que como de costumbre se niega a intervenir en los despojos.
La sobrevivencia del pueblo Garífuna es un desafío ante la desaparición del territorio y la pérdida del idioma y cultural a través de la influencia de los medios de comunicación manejados por la cultura dominante además del fracaso de la educación bilingue intercultural.
Los retos son enormes, pero con la protección y la guía de las deidades ancestrales, así como la resolución en la defensa de nuestra herencia cultural y territorial lograremos sobrevivir como cultura diferenciada, para garantizar los bienes comunes de la naturaleza a las futuras generaciones.
Fuente: Servindi, vía OFRANEH


vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Honduras_220_anos_de_resistencia_y_la_sobrevivencia_del_pueblo_Garifuna

Honduras: Luchando contra muñecas de tusa y la minería...Frake Decoodt

En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción.

Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.


¿Una Civilización Maya muerta y extinta?

 
¿Alguna vez escuchaste de la ciudad de Copán Ruinas? Si viajaste a Honduras probablemente sí. Incluso quizá viniste sólo para ver las famosas ruinas mayas que se encuentran cerca de la ciudad. Las estadísticas la señalan como la atracción turística más visitada del país. Las ruinas son, en efecto, impresionantes. Famosas por sus esculturas y jeroglíficos, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lonely Planet la describe como “una de las más importantes de todas las civilizaciones mayas vivió, prosperó y luego misteriosamente sucumbió alrededor del sitio arqueológico de Copán.” Cuando uno deambula por el pueblo y los museos locales, cuando se busca un hotel o restaurante, en efecto uno agarra la sensación de que todos celebran esta gran civilización maya como algo del pasado, algo muerto y extinto.


Una comunidad Maya Chorti en Guatemala

 
¿Alguna vez escuchaste de los Chortí? Si no eres de Centroamérica resulta probable que no. Los Chortí son mayas, uno de los siete pueblos indígenas en Honduras. En el país se cuentan alrededor de 38,000 Chortí viviendo en los departamentos noroccidentales de Copán y Ocotepeque. La mayoría de los Chortí residen en el sudeste de Guatemala, pero también se pueden encontrar algunos al norte de El Salvador. Hace siglos, sus ancestros reinaban estas tierras cerca del pueblo de Copán y construyeron magníficas civilizaciones que los turistas vienen a admirar. Ahora se encuentran entre los habitantes más marginados de la región. Muchos turistas, como un mochilero en mi hotel, responden con sorpresa al escuchar que una población indígena aún habita en el área. El amable anfitrión del hotel, de manera similar a muchos locales que viven en el pueblo, minimiza su existencia, sus números y su “indigenidad”.

 
Los invasores españoles realizaron por sí solos un gran esfuerzo para borrar a los mayas y su rica cultura. Los Chortí sufrieron una persecución particularmente cruel y brutal: fueron expropiados de sus tierras, esclavizados y obligados a aceptar un nuevo lenguaje, religión, vestimenta y distribución de las viviendas. La política de asimilación y marginalización continuó con la formación del Estado de Honduras. Consecuentemente, los Chortí perdieron mucho de su conocimiento, tradiciones y espiritualidad ancestral. En Honduras solamente unos cuantos todavía hablan su lengua nativa. La mayoría vive en aldeas mezcladas con población altamente mestiza. A excepción de unas pocas mujeres, uno no podría diferenciar a los Chortí por su vestimenta en comparación con otros hondureños locales.


Ser Maya bajo la Sombra de una Atracción Turística Maya

 
¿Son por lo tanto menos indígenas? Los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí ciertamente parece ser un asunto complicado en esta zona. Mucha gente local minimiza la existencia de estos mayas, al mismo tiempo que se apropian de su nombre. Mientras tanto, algunas aldeas Chortí exhiben su cultura para los turistas y otros se rehúsan a identificarse con su ascendencia.
 
Mujeres en las calles de Copán Ruinas

“En el pueblo, algunos dicen que los mayas aquí ya no existen. Pero si se visitan las aldeas alrededor, uno ve una realidad diferente. Muchos Chortí aún viven allí. Ser Chortí no depende del color de tu piel o de la manera en que te vistes. Es algo que se siente adentro, en tu corazón. Es sobre compartir nuestra cosmovisión, nuestras prácticas y nuestras creencias.” Juan Manuel Peres es un líder comunitario Chortí de hace mucho tiempo. Visité al Sr. Peres en su hogar sin previo aviso pero luego de cambiarse a una camisa limpia me hace tiempo con alegría. Su esposa se mantiene ocupada realizando las tareas del hogar y sus hijos alternan entre jugar y escuchar con curiosidad lo que su padre tiene que decir.


Juan Peres denuncia la marginalización de los Chortís, al mismo tiempo que muchos se apropian de su nombre para fines comerciales. “Otros se llenan los bolsillos con nuestro pueblo y cultura. No vemos un centavo de las ganancias de nuestro centro ceremonial, las famosas ruinas de Copán. Los hoteles, los restaurantes, y la municipalidad llaman ‘Maya’ a esto y ‘Chortí’ a aquello. Incluso la Policía Militar y las compañías mineras se apropian de nuestro nombre. Mientras tanto, mucha de nuestra gente no tiene nada. Nada que comer, ningún lugar donde hacer su casa, nada de tierra para sembrar maíz. Nuestra gente está sufriendo de hambre.”


Antonio Arias no podría estar más de acuerdo. Antonio es el coordinador de una de las dos organizaciones políticas Chortí, CONADIMCHH. Él apartó tiempo para mí en su domingo libre, así que corrí directamente del bus a la oficina de la organización, un cuarto sencillo con dos computadoras viejas y un ventilador. “Nuestra cultura se volvió un negocio, nos convertimos en una exhibición. Una de las atracciones turísticas, por ejemplo, es una visita a la comunidad Chortí de La Pintada, donde niños descalzos con sus muñecas de tusa de maíz cantan el himno nacional en nuestro idioma nativo. Al mismo tiempo no hay un reconocimiento real de nuestra cultura, no hay representación indígena en el consejo local o en los programas de apoyo del gobierno. Casi ningún maya trabaja en el negocio local que lleva nuestro nombre.” La falta de reconocimiento a veces llega al extremo. “De vez en cuando escuchamos sobre estudios, incluso de instituciones gubernamentales, que buscan determinar si en realidad somos indígenas.”


Antonio, el coordinador de CONADIMCHH

 
La negación de la realidad específica Chortí irónicamente también se refleja en las curiosas observaciones de las personas con las que conversé, como un funcionario de la Alcaldía, que se considera “descendiente de maya” y por lo tanto puede reclamar una identidad indígena. Muchos Chortís, por otro lado, parecen estar avergonzados de su identidad indígena y se consideran mestizos. “No quieren aceptar que son indígenas”, me dice Antonio. “Comemos lo mismo, compartimos la misma cosmovisión, uno puede ver su cultura dentro de ellos. Pero ellos se identifican como mestizos, como el resto de la sociedad. A nosotros nos insultan.”

 
“Un indio sin tierra es un indio muerto”

 
Aunque la cultura es un elemento cambiante y algo de su cultura ancestral permanece, la marginalización y la asimilación que sufrieron durante siglos dejaron cicatrices evidentes en la identidad Chortí. Los Chortís con quienes hablé, lamentan haber perdido mucho de su cultura. Otro aspecto que han perdido los Chortí es la tenencia de su tierra ancestral… tierra y cultura… recuperar éstas es el corazón de la lucha de los Chortí, como la de muchos otros pueblos indígenas. Una lucha no puede existir sin la otra. “Un indio sin tierra es un indio muerto”, me dijeron tanto Juan Peres como Antonio Arias. Antonio agrega, “La tierra es lo que garantiza nuestra identidad, nuestra supervivencia”.

 
Desde que los colonizadores españoles invadieron sus tierras, los Chortí han llevado a cabo actos esporádicos de resistencia. En 1995 esa resistencia revivió. Tanto Pedro como Antonio han dedicado la mayoría de su vida adulta a ello y me cuentan sobre la lucha Chortí para recuperar su tierra, su cultura y su identidad. En esa lucha sus oponentes han criminalizado, encarcelado y asesinado a sus compañeros que se atrevieron a organizarse. Eventualmente el estado de Honduras le prometió 14.700 hectáreas a los Chortí en 1997. Hasta hoy han recibido 4500 hectáreas de tierra poco fértil donde es muy difícil cultivar.


Pedro, con una larga experiencia de lucha para la comunidad Ch’ort’i
La mayoría de los habitantes de Copan Ruinas, urbanos y rurales, ricos y pobres, niegan categóricamente el reclamo maya a sus territorios ancestrales a pesar de que son poderosos terratenientes que poseen muchas de estas tierras. Sin embargo, el respeto local para los Chortí y su lucha por recuperar la tierra y la cultura pueden dar un giro radical. Irónicamente, esta apreciación viene debido a la llegada de lo que Antonio declara como otro proyecto colonial, una compañía minera llamada Minerales Chortí, S.A. En septiembre 2015, a esta compañía minera le fue otorgada la licencia para explorar 2,819 hectáreas de la región en búsqueda de minerales, oro se rumora. Específicamente, en esta parte del mundo las actividades mineras resultaron menos que beneficiosas para la población y su ambiente.

CONADIMCHH, la organización de Antonio, está en primera linea de la resistencia en contra de la presencia de una compañía minera en su territorio. CONADIMCHH ha unido fuerzas con la “Coalición Ambientalista de Copán Ruinas”, una organización establecida por ciudadanos preocupados y las Juntas Locales de Agua. El reconocimiento de la identidad Chortí se volvió una herramienta crucial en esta resistencia, el resurgimiento y el orgullo de esta identidad Chortí llegaron ser un resultado de la lucha.


Escavando oro, escavando identidad

 
Rode Murcia es coordinadora de la Coalición Ambientalista. Ella me recibe en su oficina, un cuarto pequeño detrás de la energética sala de la familia. “Antes, muchas comunidades no sentían la necesidad de organizarse. Muchas personas aquí perdieron sus tradiciones. El prospecto de una mina en nuestro territorio llevó a muchos a cuestionar su realidad, las relaciones de poder que les rodean y nuestra historia, e hizo que muchos valoraran sus raíces. Una de las metas de nuestra lucha es reconocer su identidad cultural, percibir la importancia y el valor de decir “Soy maya, son indígena.”
El esfuerzo de alzar la consciencia obviamente ha dado algunos resultados. Visité la comunidad mestiza de El Quebracho, una de las aldeas organizadas en las juntas de agua que serían afectadas por el proyecto minero. A medida que cae la tarde, comparto sentada con seis hombres en el patio comunal, uno de ellos siendo el que lleva la conversación. “No nos consideramos una comunidad Chortí pero ahora que estamos comenzando a organizarnos en contra de este proyecto minero nos vemos como descendientes de los mayas. Nos damos cuenta que somos todos uno y que nos tenemos que unir. Antes repudiábamos a lo maya, ahora estamos orgullosos de nuestros orígenes.”

 
Hablando con los hombres en El Quebracho

 
Reconocer la identidad indígena es también una elección estratégica de resistencia. Los activistas de Derechos Humanos y ambientalistas argumentan que la ley de minera nacional de Honduras sirve principalmente a las compañías mineras. Sin embargo, un Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, número 169 para ser exactos, está al servicio de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Incluye una declaración estableciendo la consulta abierta, previa e informada como requisito sobre proyectos de desarrollo en sus territorios, “con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentir las medidas propuestas.” Honduras ratificó este tratado en 1995.
“Como pueblos indígenas, como Maya-Chortí, hacemos un llamado a nuestro derecho de ser consultados”, afirma Antonio. Es Rode quien me brinda un vistazo a la relevancia de la identidad como herramienta de esta lucha. “No le conviene al gobierno reconocernos como pueblos indígenas porque saben que de acuerdo al Tratado 169, esto nos concede derechos.” Los nativos que se identifican como indígenas, algo por lo que varios Chortí han luchado por mucho tiempo, se ha convertido en un arma de resistencia.
Las concesiones para la exploración están ahí. En el futuro, el gobierno de Honduras podría otorgarle a la minera las concesiones para la explotación. De manera alternativa, los locales y su resistencia podrían lograr que la totalidad del proyecto minero resulte en nada más que en una falsa alarma. Lo que ya no puede retroceder es el aumento de la consciencia cultural, el orgullo en la ascendencia maya y su identidad. Es el primer paso en el resurgimiento de las tradiciones, la reapropiación de la cultura y cosmovisión ancestral, el revivir de la identidad propia. Quién sabe, ahora los lugareños están unidos contra el proyecto minero, tal vez en el futuro estarán unidos en la lucha por la tierra y cultura Chortí.

 
*Traducido por Raul Valdivia
Fuente: Frake Decoodt
Publicado por M4

vía:
 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Honduras_Luchando_contra_munecas_de_tusa_y_la_mineria

Honduras: Pronunciamiento de la asamblea anual CONROA contra el extractivismo en Honduras...

PRONUNCIAMIENTO CONROA

La Coalición Nacional de Redes Y Organizaciones Ambientales 

(CONROA), en el marco de su asamblea anual que se desarrolló los días 27 y 28 de febrero del 2017, en el hotel Excélsior de Tegucigalpa, a dos años del asesinato del Líder Indígena JUAN FRANCISCO MARTINEZ y a un año del asesinato de la Compañera BERTA CACERES, se pronuncia de la siguiente manera:

Según datos emanados del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos de CEHPRODEC a diciembre del 2016, existen unas 538 concesiones en todo el país, de estas 267 están en explotación, 188 en exploración y 83 que no se especifica su condición, especialmente en los departamentos de Santa Bárbara, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso entre otros, en la mayoría de los casos estas concesiones han sido otorgadas sin consultar a las poblaciones afectadas.

Todas estas concesiones de minería metálica y no metálica atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas en cientos de comunidades del país, en donde las personas se han organizado y han rechazado este tipo de emprendimientos, recibiendo ataques y persecución policial, judicial y en muchos casos se pone en riesgo la vida de los defensores de la tierra y el territorio.

En relación a la generación de energía eléctrica se reporta la existencia de 177 proyectos de generación hidroeléctrica, de los cuales 36 están facturando con la Enee, 17 en construcción, 46 aprobados, 66 en proceso, 11 en estudio y uno, que no se específica, todo lo anterior muestra un gran incremento en relación a los proyectos desarrollados el 2015, este incremento de concesionamiento preocupa mucho, por la generación de conflictos en las comunidades del país, pues se implementan sin dar ningún tipo de información y en la mayoría de los casos violentan el derecho a la consulta de los pueblos .

Actualmente en la CONROA vemos con mucha preocupación la criminalización de líderes y lideresas, por su rol de defensa territorial, tal es el caso de compañeros y compañeras en el municipio de Nacaome Valle aldea el Transito, donde por más de cuatro años varios de sus líderes están criminalizados, simplemente por oponerse a la explotación minera ilegal en su comunidad.

Igual situación enfrentan actualmente los habitantes del municipio de La Unión en el departamento de Olancho, quienes cansados de los abusos de su corporación municipal al permitir la explotación minera artesanal sin consultar al pueblo, se tomaron por más de una semana la Corporación Municipal exigiendo al señor alcalde se respete la voluntad popular que rechaza este tipo de proyectos.

Las comunidades del Departamento de la Paz, después de las denuncias presentadas en medios de comunicación en el informe de Globla Witness se sienten perseguidos y hostigados por sus posicionamientos en contra de este tipo de proyectos que de manera inconsulta se instalan en sus comunidades.
Es por todos estos motivos que la CONROA se pronuncia en contra de la política extractiva del actual gobierno, que criminaliza y persigue a los defensores dela tierra y el territorio.

Exigimos que el Estado hondureño cumpla con el papel que le corresponde y que el destino de los bienes naturales de Honduras, entre ellos el territorio, se discuta en espacios incluyentes en donde las comunidades mismas puedan expresar también su punto de vista, pues son ellas quienes al final sufren todas las consecuencias del extractivismo que hoy los administradores del Estado impulsan como la gran panacea para el desarrollo nacional a costa del empobrecimiento y la muerte de hondureñas y hondureños.


Tegucigalpa 28 de febrero de 2017

No a la Minería en Honduras
No a los proyectos Hidroeléctricos
Justicia para las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras

vía:
http://movimientom4.org/2017/03/pronunciamiento-de-la-asamblea-anual-conroa-contra-el-extractivismo-en-honduras/

movimientom4.org

Honduras: El COPINH denuncia que la empresa Desa-Agua Zarca embiste al pueblo indígena lenca con su proyecto hidroeléctrico ilegal.....COPINH

El COPINH llama a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que contribuyan a frenar y a denunciar los hechos y la política de agresión y de estrategias de las empresas para acaparar y privatizar los bienes comunes y de la naturaleza y de violación sistemática de los derechos del pueblo Lenca.
El Gobierno de Honduras sigue permitiendo y siendo cómplice de la violación de derechos humanos del Pueblo Lenca de Río Blanco y del Norte de Intibucá al respaldar el segundo intento de DESA para construir el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” sobre el mismo Río Gualcarque, patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del Pueblo Lenca.
Este nuevo intento de DESA-Agua Zarca está basado en la misma concesión ilegal que ha violado el Derecho de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado del Pueblo Lenca, así como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que desde su origen es ilegítimo e ilegal.

 
Condenamos a quienes hoy apoyan este proyecto de muerte convirtiéndoles en violadores de derechos históricos, colectivos e individuales del Pueblo Lenca como lo son el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO-Banco Holandés que apoya con 15 millones de dólares, igualmente el Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. FINNFUND de Finlandia con 5 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica con 24,4 millones de dólares, las empresas Siemens y VoithHydro de Alemania, Empresa CASTOR (CASTILLO TORRES) CONTRUCTORA CERROS DE COMAYAGUA, el Banco FICOHSA y el grupo empresarial de la familia Atala, el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID-Proyecto MERCADO y a SERNA, que continúa siendo lacaya de las empresas como DESA, y que se ha negado a entregar al COPINH información de más de 40 proyectos hidroeléctricos que afectan y violan derechos del Pueblo Lenca, incluyendo el PH AGUA ZARCA.


Recordamos que el espurio Congreso de la República en el año 2010 otorgó docenas de concesiones de ríos en toda Honduras, lo que que significa la privatización total de bienes comunes y de la naturaleza, en estos se encuentra la concesión del Río Gualcarque entregado inicialmente por 20 años a la empresa DESA, en este proyecto hemos demostrando una y otra vez y en diferentes formas la barbarie e ilegitimidad; desde la violación a la legislación nacional e internacional hasta la falsificación de firmas, represión y el asesinato de varios miembros del COPINH en esta zona por oponerse al proyecto hidroeléctrico de DESA.


Este proyecto, así como el 2013, continúa manteniendo, ahora con mucho más apoyo, una estructura militar y paramilitar enmascarada con guardias de seguridad, la disposición total de la Policía Nacional sobre todo la ubicada en la Operación Libertad comandada desde Tegucigalpa y para la cual han asignado fondos públicos, logística, comunicación, personal policial, así como de Policía Militar Y Tigres estructurados, financiados y entrenados por los Estados Unidos. No bastando con lo anterior, DESA y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera encabezada por el señor Raúl Pineda, alcalde nacionalista han procedido a contratar 50 personas activistas del Partido Nacional, empleados por la Alcaldía y la empresa pagándoles 200 lempiras diarios, más comida, manteniéndoles armados, y con apoyo desde la alcaldía.
DESA- Agua Zarca tiene contratados -como guardias-paramilitares- a reconocidos responsables de crimenes que incluyen asesinatos, que han amenazado constantemente a dirigentes comunitarios, nacionales y a compañeras comunitarias del COPINH y permanecen armados. Estos guardias-paramilitares incluso han sido detenidos por portación ilegal de armas como se demostró en las detenciones de uno de ellos el 28 de diciembre del 2015, quienes cobijados por la impunidad y el poder influyente de la empresa DESA fueron puestos en libertad por una fiscal y jueza de Intibucá, abiertamente apoyados con diligencias y dinero movilizando para eso al jefe de seguridad de DESA- PH Agua Zarca Jorge Ávila, sin importar los antecedentes delictivos como el de asesinato en el caso de Bernardo Pérez.


DESA-Agua Zarca está destruyendo el cauce natural del río que es un lugar sagrado para el Pueblo Lenca, está destruyendo ecosistemas únicos, la biodiversidad, la fauna de la zona, zonas de producción agrícola, de alimentación y medicinas naturales, los bosques que ya están arrasados por estas empresas.

DESA Agua Zarca, alega que rediseñó el proyecto, sin embargo queremos denunciar que el PH Agua Zarca está definido a construirse con las aguas del mismo Río Gualcarque, Río que es territorio del Pueblo Lenca, por el cual hemos emprendido una lucha de años, ante la amenaza de privatización.
 
Empleados y exempleados de DESA-AGUA ZARCA y de la empresa BLUE ENERGY que se ha adueñado y destruido el Río Cangel, igualmente importante como el Guacalque y que también nace en la cordillera de Puca Opalaca, produjeron una acción de irrespeto y amenaza a la delegación del COPINH que acompañaba el 07 de noviembre del 2015 a la Relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, igualmente a la delegación internacional que le acompañaba y a la misma Relatora la Señora Taulis Corpuz a quien retuvieron por algunos minutos.


Así mismo como en 2013, la alcaldía de Intibucá sirvió de testaferro de DESA-AGUA ZARCA, ahora lo hace la Alcaldía de San Francisco de Ojuera, a quienes se les dejó claro en una visita que hicieran a la comunidad de Río Blanco el Rechazo del Pueblo Lenca a este proyecto de acabar con el Río Gualcarque y sus funciones y ecosistemas, en esa reunión el Alcalde Raúl Pineda y su equipo fueron recibidos con respeto y amabilidad, mientras que cuando representantes indígenas nos movilizamos a San Francisco de Ojuera el 30 de noviembre del 2015 a la sede de la municipalidad, fuimos recibidos por parte de esa corporación municipal , sus empleados y manchas bravas del Partido Nacional con amenazas, machetes, armas, acusaciones e insultos racistas, de desprecio y odio a las mujeres del COPINH y por el hecho de ser mujeres indígenas, rebeldes y hacia sus liderazgos llegando a la ridiculez de hacer zanjas profundas a la principal carretera publica para impedir el paso de los buses en los que nos conducíamos, esto usando maquinaria de DESA-AGUA ZARCA.

Existe una amenaza permanente contra la vida, la integridad física y emocional de la población luchadora de Río Blanco e incluso contra la solidaridad, acompañantes, observadores de derechos humanos, periodistas, luchadores y luchadoras nacionales internacionales.
Denunciamos que la empresa DESA, no solo pretende acaparar y destruir el Río Gualcarque sino ahora va también sobre el Río Blanco otro afluente del Gualcarque, sobre el Río GUINSE con un complejo de represas que afecta a San Francisco de Opalaca, Intibucá y Santa Bárbara.


Rechazamos enérgicamente la campaña sucia, cínica que pretende difamar y quitar credibilidad a la lucha histórica del COPINH, igualmente criminalizar nuestra organización. Esta campaña que deslinda a DESA como ejecutora del PH Agua Zarca, se convierte en una herramienta de humillación para comunidades que las exhiben como trofeos dándoles regalías y arrebatándoles el verdadero desarrollo con soberanía, futuro digno y de vida con la complicidad de laAgencia para el Desarrollo del gobierno de Estados Unidos USAID-Proyecto MERCADO como mampara de “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social”.

 
DESA con una lógica militarista y de “inteligencia” militar, con estrategias que buscan quebrar la voluntad del Pueblo Lenca, la división, imponer terror usando todo tipo de estructura represiva, busca hacer creer ante la opinión pública nacional e internacional que lo existente es un “pleito” entre pobres y continúa negando el derecho y la existencia del Pueblo Lenca, minimizando al COPINH, usando leguajes “educados” y “respetuosos” con asesoría y equipo de publicidad y campañas mediáticas manipuladoras para elevar su perfil y perpetrar su objetivo de obtener millones de Lempiras en ganancias.

El COPINH reafirma su razón como organización Lenca que le apuesta a la descolonización, a la paz con justicia y a lucha contra la privatización y saqueo y reafirma su legado de dignidad y rebeldía de Lempira y de sus gestas emancipatorias y por la autodeterminación y soberanías de los pueblos.
El COPINH llama a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que contribuyan a frenar y a denunciar estos hechos y política de agresión y de estrategias de las empresas para acaparar y privatizar los bienes comunes y de la naturaleza y de violación sistemática de los derechos del pueblo Lenca.
Animamos a realizar comunicaciones de denuncia en estas instancias:
FMO-Holanda: Anna van Saksenlaan 71, 2593 HW Den Haag, Países Bajos // Teléfono: +31 70 314 9696


FInnfund-Finlandia: FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL COOPERATION LTD. (FINNFUND) Uudenmaankatu 16 B P.O. Box 391 FI-00121 Helsinki, Finland www.finnfund.fi // Teléfono +358 9 348 434 y Fax +358 9 3484 3346
USAID Honduras: James Watson // Teléfono 00504-236-9320 y Fax 00504-236-7776
USAID Washington, DC: Julie Ciccarone // Email: jciccarone@usaid.gov


vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Honduras_El_COPINH_denuncia_que_la_empresa_Desa-Agua_Zarca_embiste_al_pueblo_indigena_lenca_con_su_proyecto_hidroelectrico_ilegal