(Nueva York) - Las personas con discapacidad mental, entre ellas
ciudadanos estadounidenses, corren un mayor riesgo de ser deportadas de
manera errónea por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
de Estados Unidos, porque los tribunales no garantizan audiencias
justas para los que no pueden representarse a sí mismos, señalaron Human
Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un
informe conjunto publicado hoy. Las organizaciones instaron al Congreso a
que apruebe leyes que exijan la asignación de abogados a todas las
personas con discapacidad mental que comparezcan en los tribunales de
inmigración.
El informe de
98 páginas, "Deportation by Default: Mental Disability, Unfair
Hearings, and Indefinite Detention in the US Immigration System"
("Deportación por defecto: Discapacidad mental, audiencias injustas y
detención indefinida en el sistema de inmigración de EE UU") señala que
los inmigrantes con discapacidad mental suelen ser detenidos
injustificadamente durante años, a veces sin límites legales. El informe
documenta reiteradas situaciones en las que no se permitió que personas
con discapacidad mental presentaran argumentos contra su deportación
(incluso demostrando su ciudadanía estadounidense) porque no podían
representarse a sí mismas. Algunas de las personas entrevistadas para el
informe no sabían su propio nombre, tenían delirios, no podían
determinar el tiempo y no sabían que la deportación significaba la
expulsión de Estados Unidos.
"Poco
aspectos de la legislación estadounidense son tan complicados como la
deportación y, sin embargo, cada día tienen que comparecer ante los
tribunales personas con discapacidad mental sin abogados ni ninguna
salvaguardia que garantice una audiencia justa", señaló Sarah Mehta,
becaria Aryeh Neier de Human Rights Watch y la ACLU. "Algunos padecen
una discapacidad tan grave que no saben sus propios nombres ni qué es un
juez", agregó.
Al menos
57,000 de los inmigrantes detenidos y que enfrentaban deportación en
2008 (15 por ciento del total) sufrían de alguna discapacidad mental.
Conforme a la legislación y la práctica migratorias vigentes, los
detenidos por infracciones de inmigración no tienen derecho a un abogado
de oficio ni a otras salvaguardias, como evaluaciones de su competencia
para someterse a un juicio justo durante el proceso de deportación,
señalaron Human Rights Watch y la ACLU. Aunque algunas personas reciben
representación gratuita de organizaciones de servicios legales o pueden
pagar a un abogado con ayuda de sus familias, la gran mayoría no podrán
nunca costearse ni encontrar a un abogado, por lo que corren el riesgo
de una detención prolongada y posiblemente indefinida.
Por ejemplo,
un residente permanente legal que llevaba 40 años en Estados Unidos que
no podía recordar su fecha de nacimiento o por qué estaba tomando
medicinas podría ser deportado a México. Cuando fue entrevistado por la
autora del informe en un centro de detención de Texas, dijo que quería
la ayuda de un abogado.
"El juez sólo
me da prórrogas para ver si puedo conseguir un abogado... Es difícil
porque algo está mal en mi cabeza, y me cuesta trabajo saber qué
decirle", dijo. Cuando le preguntó por su discapacidad mental, contó que
había recibido varios impactos de bala en la cabeza y algunas balas
seguían alojadas dentro: "Creo que tuve que haber muerto porque recuerdo
que vi a niños con alas".
Cuando le
preguntó por su discapacidad mental, contó que había recibido varios
impactos de bala en la cabeza y algunas balas seguían alojadas dentro:
"Creo que tuve que haber muerto porque recuerdo que vi a niños con
alas".
El informe de
Human Rights Watch y la ACLU documenta los casos de 58 personas con
discapacidad mental que se enfrentan a la deportación y están detenidas
en Arizona, Texas, California, Florida, Illinois, Wisconsin, Carolina
del Sur, Pensilvania y Virginia. La mayoría son residentes permanentes
legales en Estados Unidos que se enfrentan a la deportación por delitos
penales no violentos, como allanamiento o posesión de drogas. Muchos de
ellos estaban recibiendo tratamiento psiquiátrico en la comunidad antes
de ser arrestados por el ICE. El informe revela cómo los inmigrantes e
incluso los ciudadanos estadounidenses con discapacidad mental están
especialmente expuestos a las redadas de inmigración.
"Nadie sabe
qué hacer con los detenidos con discapacidad mental, por lo que todos
los componentes del sistema de inmigración han eludido esta
responsabilidad", señaló Mehta. "El resultado es que las personas
languidecen durante años mientras sus expedientes (y sus vidas) se
transfieren de un lugar a otro o quedan paralizados indefinidamente",
agregó.
Human Rights
Watch y la ACLU señalaron que el 26 de julio de 2010 se cumple el
vigésimo aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad y un
año desde que el presidente Barack Obama firmó la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad. El Departamento de Justicia
de EE UU y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración
deben honrar el espíritu de dichos compromisos y desarrollar
procedimientos para garantizar la identificación de las personas con
discapacidad mental y que estas reciban asistencia durante sus procesos,
señalaron Human Rights Watch y la ACLU. El ICE debe revisar las
políticas existentes para que la detención de inmigrantes con
discapacidad mental no sea arbitraria ni indefinida.
http://www.hrw.org/es
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