sábado, 16 de julio de 2016

Venezuela ante la OEA....Editorial de “Punto Final”



Para el 23 de junio estaba convocado en Washington el Consejo Permanente de la OEA. El objetivo: debatir las acusaciones del secretario general de la Organización, Luis Almagro, contra la República Bolivariana de Venezuela.

Un primer intento de Almagro por aislar a Venezuela fracasó el 14 de junio durante la Asamblea General celebrada en República Dominicana. Para sorpresa de muchos observadores que pronosticaban una derrota para la diplomacia venezolana, 33 de los 35 países miembros de la OEA apoyaron el llamado al diálogo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que hasta ahora solo encuentra un intransigente rechazo del bloque opositor.

La oposición venezolana, desde su plaza fuerte en la Asamblea Nacional, está empecinada en derrocar por cualquier medio -incluyendo la intervención extranjera- al gobierno constitucional. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática desalojado del poder en las elecciones de 1999 por el comandante Hugo Chávez, anunció al asumir su cargo en enero que el presidente Maduro sería destituido en un plazo de seis meses. Ese plazo se cumple el próximo 6 de julio sin que el vaticinio tenga visos de realidad, a pesar de las graves dificultades que encara el gobierno debido al desplome de los precios del petróleo y al desabastecimiento, las colas y la inflación que castigan a los hogares venezolanos.

En República Dominicana surgió una resolución apoyando el diálogo en Venezuela que echó por tierra las maniobras de Almagro. Al mismo tiempo se produjo una reunión del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, que viene conduciendo con gran habilidad la dihttps://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4814960368259733285#editor/target=post;postID=3867119922851340021plomacia venezolana desde diciembre de 2014. De la reunión Rodríguez-Kerry surgió el acuerdo del viaje a Caracas del secretario de Estado adjunto, Thomas Shanon, lo cual podría ser un primer paso hacia la normalización de las relaciones diplomáticas.
Es necesario mencionar otro hecho significativo que ocurrió en la Asamblea General de la OEA. Fue aprobada una moción del presidente dominicano, Leonel Medina, para “desagraviar” al pueblo de la República Dominicana por el indigno papel que jugó la OEA en 1965 cuando se convirtió en cómplice de la invasión norteamericana que costó las vidas a miles de patriotas dominicanos.
Es aquel atávico espíritu intervencionista y atrabiliario de la OEA, que fue conocida como “Ministerio de Colonias” de EE.UU., el que resurge en el comportamiento grosero y majadero del secretario Luis Almagro, ex canciller de Uruguay.

Este funcionario pretende -a los empellones- que los Estados miembros apliquen a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. Llevado a su extremo, podría significar la expulsión de Venezuela, acusada de violar su propia Constitución, legitimando en esa forma otras acciones destinadas a derrocar al gobierno. De allí la gravedad de la actuación de Almagro, que excede por mucho los límites de prudencia e imparcialidad de un funcionario de su rango. Su virulenta odiosidad contra el gobierno venezolano ha traspasado la frontera de lo tolerable y hace necesaria su destitución. Los Estados miembros no pueden dejarse manipular por Almagro que intenta obligarlos a participar en una sórdida conspiración contra Venezuela. Está en el propio interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe -en su mayoría críticos al de Venezuela- impedir que la OEA se haga cómplice de la agresión a la soberanía y autodeterminación de una nación hermana.

Venezuela atraviesa serias dificultades agravadas por la baja del precio del petróleo. Sus problemas se remontan al inicio de la revolución bolivariana. Ese proceso, encabezado por el presidente Hugo Chávez, prematuramente fallecido, abrió una nueva ruta hacia lo que se definió como el socialismo del siglo XXI. Una revolución pacífica apoyada en la unidad del pueblo y las fuerzas armadas. Una experiencia inédita que desató la oposición de los partidos desplazados del poder y del imperio, atento a cautelar su dominio sobre las enormes reservas de petróleo y gas del país.

La revolución bolivariana inyectó nuevas energías al proceso de integración latinoamericana. A la actividad incesante de Chávez y de la diplomacia bolivariana se debe el rechazo del Alca -el plan de dominación imperialista que hoy revive ampliado en el TPP- y la creación de importantes organismos integracionistas como Unasur y Celac. La derecha venezolana y Washington lo intentaron todo contra Chávez, incluyendo un fugaz golpe de Estado y un prolongado sabotaje petrolero y empresarial. Sin embargo fue la muerte prematura -en condiciones muy sospechosas- la que hizo a un lado a Chávez. Su sucesor, Nicolás Maduro, comprometido a continuar su obra, ganó limpiamente las elecciones de abril de 2013. Pero su estrecha victoria (50,61%, o sea 7 millones y medio de votos) no fue reconocida por la oposición -que desató la violencia con resultado de 43 muertos y centenares de heridos-. Por eso fue procesado y condenado a prisión su promotor, Leopoldo López. El gobierno venezolano ha resistido una oposición violenta, una guerra económica -cuyas características: desabastecimiento, colas, inflación, etc., parecen calcadas del Chile de los años 70-, y una amenaza permanente de Washington que ha declarado a Venezuela una “amenaza a la seguridad de EE.UU.”, pretexto que ha servido para financiar y asesorar a la oposición.

Esa oposición, valiéndose de las penurias que provocan el desabastecimiento y la especulación, intenta la vía de una explosión social, atizando saqueos e incidentes en las colas. En paralelo se propone un referéndum para revocar el mandato de Maduro. El Consejo Nacional Electoral -en que participan representantes de la oposición- ha ido cumpliendo las etapas del proceso revocatorio. La iniciativa cuenta con el número necesario de firmas -aunque varios miles fueron impugnadas por vicios legales- y el referéndum será convocado. Sin embargo, el retraso en su presentación -debió hacerse en enero y sólo se hizo en mayo- hace que se convoque para comienzos del próximo año. En rigor debería ser el 1º de enero de 2017. La oposición quiere -violando la ley- que se realice este año, lo que permitiría, si es aprobado, convocar a elecciones. En cambio, si se cumplen todas las etapas que dispone la ley, el presidente Maduro, si pierde, podría designar como sucesor al vicepresidente ejecutivo para que termine su periodo constitucional en 2019. En estas maniobras para torcer las leyes entran Almagro y sus seguidores en la OEA. Por el bien de Venezuela y de América Latina, es de esperar que quede en claro que Almagro no es el titiritero de mandatarios latinoamericanos.

PF

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 854, 24 de junio 2016.

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