"La “masacre de Curuguaty” se ha convertido en uno de los casos más
graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas
sociales en América Latina, en cuyo trasfondo se encuentra la demanda
del acceso a tierra y a alimentación adecuada. La sociedad paraguaya
exige la aclaración de los hechos que ocasionaron la masacre, así como
la investigación y condena de sus responsables morales y materiales."
El día 15 de junio de 2012, 17 personas—once campesinos y seis policías—murieron durante un operativo fiscal‐policial con fines de desalojo, efectuado contra familias campesinas sin tierra que habían ocupado un predio conocido como Marina Kue, en el distrito de Curuguaty de Paraguay. Este hecho es ahora conocido como “la masacre de Curuguaty.” El informe “Conflictos Agrarios y Criminalización de Campesinos y Campesinas en Paraguay: El Caso Marina Kue y la ‘Masacre de Curuguaty’”—basado en las conclusiones preliminares de una Misión Internacional de Investigación sobre el caso Marina Kue llevado a cabo en septiembre de 2012—muestra evidencia de violaciones de derechos humanos, corrupción política y jurídica, y una campaña de criminalización en contra de los movimientos campesinos que luchan por acceder a tierras que necesitan para cultivar alimentos. La “masacre de Curuguaty” se ha convertido en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales en América Latina, en cuyo trasfondo se encuentra la demanda del acceso a tierra y a alimentación adecuada. La sociedad paraguaya exige la aclaración de los hechos que ocasionaron la masacre, así como la investigación y condena de sus responsables morales y materiales.
El caso tuvo un particular impacto político al haber sido utilizado como pretexto para la destitución del Presidente Fernando Lugo el día 22 de junio de 2012. Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierras en el mundo.
También figura en la actualidad como el tercer país más afectado por el hambre en América Latina y el Caribe (25,5% de su población). Dado este contexto, la falta de implementación de un programa de reforma agraria, junto con un ambiente de represión y falta de protección para los derechos de los campesinos, constituye una violación de la obligación del Estado paraguayo de realizar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada.
El informe—elaborado por la organización de derechos humanos FIAN Internacional y el movimiento campesino La Vía Campesina—es publicado por Food First/El Instituto para Políticas de Alimentación y Desarrollo como parte de la serie de publicaciones Tierra y Soberanía.
Para acceder al informe (formato PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Conflictos_agrarios_y_criminalizacion_de_campesinos_y_campesinas_en_Paraguay_El_caso_Marina_Kue_y_la_Masacre_de_Curuguaty
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