En lo tocante al campo, el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución. Por esos mismos años, la reforma a la Ley minera, que concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra. Veinte años después, el ciclo está concluyendo con la reforma energética por la que las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre cualesquiera otras. Lo que falta ahora es incorporar a las leyes y procedimientos agrarios los cambios necesarios para que se facilite aún más el tránsito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado. Por si quedara alguna duda, están las declaraciones de Mireille Roccatti abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el primer foro temático para la reforma del campo.
“Hablamos de una reforma constitucional para (…) darle (al ejido) flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra”.
En el campo la expoliación tiene muchos filos. El territorial, cuando se arrebata a las comunidades la posesión sobre los lugares donde habitan y trabajan para franquearle el paso a minas, presas, carreteras, ductos, urbanizaciones, desarrollos turísticos. El hídrico, cuando se les roba el agua y su manejo. El biológico, cuando se las excluye de áreas de valor ambiental y de su cuidado. El genómico, cuando se les quita el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos. El productivo, cuando se desposee a los campesinos de sus recursos y capacidades agrícolas, para entregárselos al agro negocio. El mercantil, cuando las trasnacionales y los grandes comerciantes dominan en todos los ámbitos e imponen sus términos en todos. El cultural, cuando se mercantiliza su identidad usurpando significados y valores. El comunicativo,, cuando se les impide acceder a los medios electrónicos. El político, cuando se les niega el derecho a gobernar en sus jurisdicciones. El delincuencial, cuando los carteles del narco ocupan y mandan en los ámbitos rurales.
Estas vertientes del despojo tienen rato, pero ahora todo indica que la anunciada reforma del campo busca arrebatar a ejidos y comunidades la propiedad social de la tierra, derecho ancestral por el que hace un siglo dieron la vida un millón de mexicanos. Todo esto es grave, sin embargo la amenaza mayor, la más siniestra es que quieren despojarnos del futuro, quieren quitarnos la esperanza.
Tierra, agua, vida, simiente, producción, mercado, voz, identidad, autonomía, seguridad, propiedad social, esperanza… Van por todo. Pero no nos vamos a dejar.
Por fortuna muchos pueblos se alzan frente al despojo. En los lustros recientes se ha ido tejiendo redes de resistencia en las diferentes vertientes de la agresión: contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales, contra el fracking, contra la privatización del agua, contra los transgénicos, contra los megaproyectos…
Todas ellas enfocadas a contrarrestar amenazas importantes. Pero también definidas todas ellas por la particularidad de los temas de que se ocupan. Sin embargo, en la base de las diversas resistencias está la voluntad que comparten innumerables pueblos y comunidades de seguir usufructuando colectivamente espacios y bienes comunes. Y en términos de derecho, el trasfondo es la propiedad social de la tierra; conquista que resultó de una revolución que por un siglo hizo de México una nación excepcional.
Reivindicar la soberanía de los mexicanos y las mexicanas sobre nuestro territorio común y en particular defender la propiedad social de las tierras campesinas, es luchar por el patrimonio de nuestros hijos y nietos, pero es también una obligación para con nuestros ancestros que dieron la vida por tierra y libertad.
En el Foro Desarrollo Regional y Reconstrucciones Sociales, realizado en la ciudad de Oaxaca a fines de mayo, se exhibió el talante airado que impera hoy en el mundo rural. Había caficultores, representantes de pueblos indios y miembros de una coordinadora campesina. Pero el debate no se centró en la roya, los derechos autonómicos o los programas públicos para el agro, sino en las amenazas sobre la propiedad social de la tierra. Aquí mi versión de algunos consensos:
*La tierra es de todos los mexicanos, y la agrícola, de los campesinos que la trabajan. Es, pues, necesario defender la propiedad social contra la reforma del campo anunciada por el gobierno federal. Reforma que busca facilitar la privatización de ejidos y comunidades simplificando el procedimiento para llegar al pleno dominio y reduciendo las facultades de la asamblea y de los comisariados. Allanamiento de la propiedad social a favor del interés del gran capital privado que ya se apuntaba en la reforma salinista al artículo 27 Constitucional y a la Ley minera, así como en el VIII transitorio de la reforma energética peñanietista.
*La defensa de la propiedad social no se refiere sólo a la parcela familiar, sino también a las tierras comunes y en general a potreros, montes, ríos, lagos y otros bienes naturales de los que depende la vida de las comunidades, es decir los territorios de los pueblos. Ciertamente, los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, no a los núcleos agrarios, pero su aprovechamiento no puede pasar por encima de los derechos de quienes poseen y usufructúan la capa superficial.
*La gravedad de la reforma del campo que se vislumbra está en que sería un paso definitivo en el curso privatizador iniciado en los años 80’s por los gobiernos neoliberales. Proceso que compromete a la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, el patrimonio biocultural, el genoma, el sistema financiero, las comunicaciones y el espectro electromagnético...
*Los foros de consulta instrumentados por el gobierno federal y los estatales son una cortina de humo; un trámite formal en el que nada se decide pero que es necesario para pasar una reforma que ya está formulada en sus líneas generales y que ha sido pactada con trasnacionales y grandes agro empresarios.
*Los campesinos debemos conocer y discutir los graves problemas por los que pasa el agro. Pero así como se analizan las amenazas deben discutirse también las alternativas, las propuestas de los actores interesados en la recuperación de la agricultura, en la preservación de la soberanía y en general en la salvación del campo que es la salvación de México.
*El país necesita un golpe de timón y en especial el campo requiere una reforma profunda. No la neoliberal que anuncia el gobierno, sino una transformación justiciera y libertaria que restaure su vitalidad ambiental, social, económica, política y cultural.
*Una reforma que ponga de nuevo en el centro a los pequeños y medianos productores campesinos. Que reconozca la importancia y los derechos jurisdiccionales de los pueblos rurales, tanto indígenas como mestizos. Que valore el aporte de la milpa mesoamericana como forma de cultivo, pero también como forma de vida respetuosa de la diversidad. Que asuma el papel central de la comunidad como núcleo social, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos. Que visualice el papel productivo y reproductivo de las mujeres del campo, un trabajo no reconocido que hoy es aún mayor pues en muchos lugares la migración de los varones ha dejado en manos de ellas tanto las labores domésticas como las extra domésticas. Una reforma que debe surgir de un debate social verdadero: democrático, participativo, informado, en el que participen académicos, expertos, legisladores y funcionarios, pero donde la primera voz sea la de los campesinos y campesinas.
*Para frenar la contrarreforma neoliberal del agro e impulsar la buena mudanza del campo que necesitamos, hacen falta argumentos sólidos y propuestas técnicamente sustentadas. Propuestas que sin embargo ya existen y se han presentado en innumerables foros. Ahora lo que hace falta es la fuerza necesaria para hacerlas valer: la movilización social de los campesinos organizados y de los no organizados, que son la mayoría; la movilización de la opinión pública del campo y de las ciudades… Hay que tener la razón, pero también la fuerza. Las mudanzas históricas que cuentan resultaron de la activación de los ciudadanos, de la movilización social. La gravedad de la crisis que hoy nos acosa así lo requiere.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/19/cam-todo.html
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